Voces

miércoles 18 may 2022 | Actualizado a 14:48

Aborto y homicidio involuntario

/ 21 de octubre de 2021 / 01:27

Brittney Poolaw, entonces de 19 años, acudió al Comanche County Memorial Hospital de Oklahoma el año pasado tras sufrir un aborto espontáneo en su casa. Tenía unas 17 semanas de gestación. Según una declaración jurada de un detective de la Policía que la entrevistó, ella reconoció ante el personal del hospital que había consumido metanfetamina y marihuana.

Un médico forense citó su consumo de drogas como una de las varias “condiciones que contribuyeron” al aborto espontáneo, pero la lista también incluía una anomalía congénita y un desprendimiento de la placenta. Poolaw fue detenida por un cargo de homicidio en primer grado y, al no poder pagar una fianza de $us 20.000, fue encarcelada durante un año y medio en espera del juicio.

El juicio se celebró este mes y duró un día. Según una televisora local, un perito que testificó por parte de la Fiscalía declaró que el consumo de metanfetamina podría no haber sido la causa directa de la muerte del feto de Poolaw. No obstante, tras deliberar durante menos de tres horas, el jurado la declaró culpable y fue condenada a cuatro años de prisión.

De la declaración jurada del detective se desprende que todo el calvario de Poolaw podría haberse evitado si hubiera tenido acceso a una atención médica reproductiva decente. Poolaw, escribió el detective, “declaró que cuando se enteró de que estaba embarazada no sabía si quería tener al bebé o no. Dijo que no estaba familiarizada con cómo o dónde tener acceso a un aborto”.

El caso de Poolaw es una injusticia, pero también una advertencia. Esto es lo que ocurre cuando la ley trata a los embriones y fetos como personas con derechos que están por encima de quienes los llevan en el vientre. Y ofrece una visión del tipo de juicios que podrían ser comunes en un mundo en el que se anule el caso Roe contra Wade; un mundo en el que podríamos vivir incluso a partir del año próximo.

Los antiabortistas suelen insistir en que no tienen intención de encarcelar a las mujeres que interrumpen su embarazo. Cuando Donald Trump era candidato presidencial y dijo que debería haber “alguna forma de castigo” para las mujeres que abortan, fue muy criticado por el movimiento antiabortista: Peggy Nance, directora de Concerned Women for America, lo llamó “la caricatura que la izquierda trata de pintar de nosotras”.

En 2013, un estudio arbitrado realizado por National Advocates for Pregnant Women, una organización de justicia reproductiva, encontró 413 casos entre 1973 y 2005 de mujeres arrestadas o privadas de su libertad de alguna otra manera porque fueron acusadas de poner en peligro a sus fetos o causarles daño. Desde entonces, el ritmo de los procesamientos ha aumentado; entre 2006 y 2020, National Advocates for Pregnant Women identificó 1.254 casos de este tipo.

En virtud del caso Roe contra Wade y el caso Planned Parenthood contra Casey, la decisión de 1992 que lo confirmó, solo un pequeño puñado de casos de mujeres procesadas por la pérdida del embarazo involucran a aquellas que tenían la intención de abortar.

No obstante, si se revoca la jurisprudencia que sentó el caso Roe, los fiscales tendrán vía libre para procesar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. El fin del caso Roe, dijo Lynn Paltrow, directora ejecutiva de National Advocates for Pregnant Women, “dejará en libertad a los fiscales justicieros para que apliquen el derecho penal en contra de las personas que buscan interrumpir su embarazo y lo sabemos porque ya lo hemos visto en todos los demás casos que lleva National Advocates for Pregnant Women”. Según la declaración jurada del detective en el caso de Poolaw, ella se sorprendió al enterarse de que era sujeto de investigación. Al parecer, no se dio cuenta de que Oklahoma consideraría su catástrofe como un delito. ¿Cómo podría haberlo hecho? Lo que le sucedió todavía no es normal. Pronto podría llegar a serlo.

Michelle Goldberg es columnista de The New York Times.

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Lo absurdo para el COVID-19

/ 14 de abril de 2022 / 01:19

El intento de Estados Unidos de vacunar al mundo contra el COVID-19 está a punto de terminar. “Estamos en un punto en el que, sin financiamiento adicional, vamos a tener que empezar a reducir nuestra programación”, dijo Jeremy Konyndyk, coordinador del grupo de trabajo para el COVID- 19 de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés). No parece que los fondos vayan a llegar. Nuestra atroz política disfuncional va a provocar más enfermedades y muertes en todo el mundo y estamos aumentando las probabilidades de que una nueva mutación viral del coronavirus nos vuelva a trastocar la vida. Si eso sucede, podríamos llamarla la variante filibustera.

Hasta para un organismo tan descompuesto e ineficaz como el Congreso de Estados Unidos, este nivel de autosabotaje es difícil de entender. “El mayor riesgo al que nos enfrentamos, tanto a nivel nacional como mundial, es la aparición de nuevas variantes”, dijo Konyndyk. Una parte de la culpa es de los demócratas de la Cámara de Representantes, que hicieron un mal cálculo el mes pasado cuando, en medio del disenso interno, eliminaron un paquete de ayuda para el COVID-19 de $us 15.600 millones del proyecto de ley de gastos generales de un billón y medio de dólares. Los republicanos del Senado insistieron en que la ayuda para atender el COVID-19 procediera de dinero ya asignado, pero aún no gastado. Así que los líderes del Congreso idearon un plan para extraer $us 7.000 millones de los fondos que ya se habían reservado para los gobiernos estatales y locales en el Plan de Rescate Estadounidense del año pasado.

Los demócratas de la Cámara de Representantes (así como gobernadores de ambos partidos) tenían buenas razones para oponerse, porque los legisladores estatales y locales habían elaborado sus presupuestos teniendo en cuenta ese dinero. Tras una revuelta entre sus propios integrantes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se vio obligada a retirar la ayuda para el COVID- 19 del proyecto de ley general.

Debido al filibusterismo —la técnica de obstrucción en el Congreso—, los demócratas del Senado necesitan que 10 republicanos apoyen un proyecto de ley independiente para el COVID-19 y los republicanos se resisten a destinar más dinero a los programas internacionales del COVID. “Para ser honesto, estoy batallando”, dijo Chris Coons, un senador demócrata conocido por su compromiso con el bipartidismo, sobre el intento de negociar un acuerdo. Según él, existe un conflicto de fondo entre los grupos legislativos acerca de la amenaza que supone el COVID-19. Coons mencionó que varios de sus colegas republicanos le han dicho: “En lo que a mí respecta, esta pandemia terminó”. Como a algunos republicanos les da igual que se aprueben fondos adicionales para el COVID-19, los están usando como moneda de cambio en su demanda de políticas fronterizas más estrictas.

Los fondos de la USAID no son fungibles: la agencia no puede limitarse a transferir recursos de otros programas para mantener su programa de vacunas ni para empezar a suministrar antivirales como el Paxlovid. Como resultado de esta intransigencia, muchas de las dosis de vacunas que Estados Unidos ya donó podrían desperdiciarse. Coons tiene la esperanza de que pueda haber un avance en el Senado en tres o cuatro semanas, después de que vuelva del receso. Pero no es fácil reanudar los programas una vez que se han detenido y, mientras tanto, estamos poniendo en peligro de manera innecesaria tanto la salud de los estadounidenses como la de las personas de todo el planeta.

El abandono del resto del mundo respecto al COVID-19 también tiene un costo político. En un momento de renovada competencia entre grandes potencias, las vacunas eficaces de Estados Unidos podrían darnos una ventaja diplomática. Como dijo Coons: “El año pasado, tanto Rusia como China hicieron grandes alardes sobre el envío de aviones cargados de vacunas a decenas de países del mundo en desarrollo. Esas vacunas son ineficaces contra la variante Ómicron del coronavirus. Nuestras vacunas son eficaces”. Por desgracia, nuestro Congreso no lo es.

Michelle Goldberg es columnista de The New York Times.

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Ucrania y la victoria

/ 15 de marzo de 2022 / 03:18

Conocí a Volodymyr Yermolenko, un filósofo ucraniano y editor jefe de UkraineWorld, un sitio de noticias en inglés, en Kiev en 2019. Fui allí para informar sobre cómo se sentían los ucranianos sobre los intentos de Donald Trump de extorsionar a su presidente, Volodimir Zelenski, y sobre la satanización de la derecha estadounidense de los ucranianos que habían trabajado contra la corrupción.

Yermolenko habló, entonces, de Ucrania como primera línea en la batalla global entre democracia y autoritarismo, con Europa de un lado y la Rusia de Vladimir Putin del otro, y el papel de Estados Unidos bajo Trump confuso y ambiguo. Volví a hablar recientemente con Yermolenko, mientras las tropas rusas sitiaban su país. “El espíritu es muy fuerte”, dijo. “No hay fatalismo, no hay voluntad de negociar en los términos de Rusia. Hay decisión”.

La autodefensa de Ucrania, dijo, era principalmente una cuestión de patriotismo, de personas que defendían su hogar y su forma de vida contra una potencia extranjera cruel. Pero también lo vio como parte de la gran contienda ideológica que habíamos discutido hace dos años y medio. “Hay una fuerte sensación de que si Ucrania gana, y estoy seguro de que gana, eso puede traer el fin de los regímenes de Putin y Lukashenko”, dijo, refiriéndose a Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia.

Su confianza me asombró, pero parece ser ampliamente compartida en todo el país: según una encuesta reciente, el 70% de los ucranianos fuera de los territorios ocupados por Rusia creen que prevalecerán contra Rusia.

Oleksandra Ustinova, miembro del parlamento ucraniano que se encuentra en Washington trabajando en relaciones diplomáticas, dijo que Putin pensó que fácilmente podría tomar el control de su país. “Los ucranianos han demostrado que no vamos a caer y creemos que ganaremos esta guerra”. No tengo ni idea de si tiene razón, aunque obviamente espero que la tenga. Rusia parece haber tropezado en los primeros días de la invasión, pero el ejército de Ucrania todavía está enormemente superado y Putin tiene el poder de hacer llover el infierno sobre el país.

Sin embargo, la fe incondicional de los ucranianos en su capacidad para resistir a Rusia es un hecho político importante, que las personas que predijeron una rápida victoria rusa no tuvieron en cuenta por completo. Es una fe que ha incitado a gran parte del mundo a unirse contra Rusia, revitalizando un internacionalismo liberal que hasta hace poco parecía agotado y flácido.

A pesar de lo inspiradora que ha sido la determinación ucraniana, tal vez no sea tan sorprendente. Cualquiera que haya visitado Kiev en los últimos años pudo ver cuánto orgullo sentía la gente por la revolución de 2014 que obligó a Viktor Yanukovych, el presidente cleptocrático respaldado por el Kremlin, a huir a Rusia. Ucrania ha tenido dos revoluciones en menos de dos décadas; también hubo la Revolución Naranja, que estalló tras que Yanukovych fuera acusado de intentar robar las elecciones en 2004.

Nataliya Gumenyuk, periodista ucraniana, me dijo que estas revoluciones han inculcado en los ucranianos un fuerte sentido de su propia agencia. Esto significa que incluso si una Ucrania democrática no era una amenaza existencial para Putin antes, lo es ahora, ya que su supervivencia significaría su humillación.

En 2019, me intrigó la seriedad con la que los ucranianos que conocí hablaban de democracia liberal. Su idealismo ha resultado ser una poderosa arma. Han mostrado a las democracias más antiguas lo que significa luchar por sus propios valores putativos, lo que ha llevado a una efusión mundial de apoyo casi exultante. Las probabilidades siguen en contra de los ucranianos. Pero su convicción les ha dado una oportunidad.

Michelle Goldberg es columnista de The New York Times.

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El limbo de Ómicron

/ 20 de enero de 2022 / 03:13

Se supone que no hay que querer contagiarse de la variante Ómicron solo para olvidarse de esta enfermedad. En un artículo tras otro, los expertos advierten del peligro de intentar contagiarse del virus con la esperanza de dejarlo atrás.

Podrías acabar contribuyendo a la insostenible carga del sistema sanitario, dicen, o contagiar a alguien más vulnerable que tú. Los tratamientos estarán más disponibles dentro de unos meses. Así que, aunque mi impulso, ante algo tan sombrío como en apariencia inevitable, es superarlo lo más rápido posible, he seguido con obediencia todas las precauciones que me han dicho que tome e incluso otras más.

Mi hijo de nueve años dio positivo la mañana del martes de la semana pasada, después de que, al levantarse, se quejara de un ligero dolor de garganta. El esfuerzo por evitar el COVID-19 se ha apoderado de nuestras vidas, en mayor o menor medida, durante casi dos años, y ahora, pensé, podía por fin dejarlo atrás. Supuse que, dada la extrema capacidad de contagio de la variante Ómicron, todos acabaríamos enfermos en poco tiempo. Mi hija dio negativo, pero me pareció responsable que no fuera a la escuela.

Esperaba que después de un par de semanas terribles, saldríamos de esto. Me imaginaba un invierno lleno de cenas cálidas en el interior, películas y citas para jugar con familias que no tendrían que preocuparse de que nosotros los contagiáramos de COVID-19. Así que hemos estado esperando. Y hasta ahora, no ha pasado nada.

Esta es la parte en la que reconozco mi situación privilegiada. Mi familia está sana, vacunada y asegurada. Los síntomas de mi hijo duraron menos de un día. Ahora estamos bien y es probable que sigamos estando bien si nos enfermamos de COVID-19.

Pero este limbo —por el que está pasando todo tipo de familias— es espantoso. Es difícil valorar que uno está bien cuando la enfermedad parece inminente. Dicen que la gente puede contagiar el virus uno o dos días antes de presentar los primeros síntomas y dos o tres días después, y que el virus tarda unos tres días en incubarse. Así que, aunque me sorprende que el resto de mi familia no lo tenga todavía, es muy posible que lo tengamos pronto. Por temor a la cuarentena, no había considerado la peor posibilidad, las cuarentenas sucesivas, que cada uno de nosotros se enferme con días de diferencia. Solo quiero que ya pase esto.

Desde que Ómicron apareció en mi casa, he aprendido algo raro sobre la enfermedad. Es, como todos sabemos, muy transmisible, lo cual es catastrófico. Sin embargo, después de hacer algunas indagaciones, me ha sorprendido la cantidad de familias que conozco, todas vacunadas, en las que unos se han contagiado y otros no.

Hablamos tanto de que Ómicron elude las vacunas que es fácil olvidar que a veces no lo hace.

Así que uno de los problemas de intentar acabar con Ómicron es que podría no depender de ti. Si vives con otras personas, no basta con apretar los dientes y decidir que por fin te vas a enfermar.

Dios sabe que entiendo el anhelo de hacerlo. Después de 22 meses de esta pandemia estoy al borde del colapso psicológico. A estas alturas, unas pocas semanas de incluso una mala gripe parecen preferibles a la ansiedad perpetua, la fatiga de tomar decisiones en esta mala racha y a considerar a los demás como vectores virales por reflejo.

Tal vez sea fácil para mí decirlo ahora, pero un breve periodo de enfermedad (si las probabilidades están a mi favor y no padezco del COVID-19 prolongado) parece más fácil de tolerar que una lucha prolongada y quizá inútil por evitar enfermarme. En pocas palabras: no puedo aguantar más. Estoy dispuesta a rendirme.

Pero al virus no le importa. El deseo de olvidarse de la variante Ómicron es un deseo de ejercer una medida de control en una situación incontrolable. Este interregno, de esperar a ver si el resto de mi familia va a enfermar o no, es un recordatorio del poco control que tenemos en realidad. Ahora mismo me siento bien. Y eso es terrible.

Michelle Goldberg es columnista de The New York Times.

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Deberíamos saber menos de los demás

/ 4 de noviembre de 2021 / 01:45

En 2017, luego de la conmoción que causaron el brexit y la elección de Donald Trump, Christopher Bail, profesor de Sociología y Política Pública en la Universidad Duke, se propuso estudiar qué pasaría si se sacara a la gente de las cámaras de eco que son las redes sociales. Bail es el director de The Polarization Lab, un equipo de científicos sociales y estadísticos que estudia cómo la tecnología amplifica las divisiones políticas. Él y sus colegas idearon un experimento sencillo. Como Bail escribe en su libro más reciente, reclutaron a 1.220 usuarios de Twitter que se identificaban como demócratas o republicanos, y ofrecieron pagarles $us 11 para que siguieran una cuenta de Twitter específica durante un mes. Aunque los participantes no lo sabían, a los demócratas se les asignó seguir una cuenta operada por bots que retuiteaba mensajes de importantes políticos y pensadores republicanos. A su vez, los republicanos siguieron una cuenta administrada por bots que retuiteaba a demócratas.

En ese momento, gran parte de la preocupación sobre el papel del internet en la polarización política giraba en torno a lo que el activista digital Eli Pariser llamó filtros burbuja, que define la manera en que un internet cada vez más personalizado atrapa a las personas en silos de información que se refuerzan a sí mismos. “La idea de la cámara de eco estaba llegando a su apogeo en términos de su influencia pública”, me comentó Bail. “Explicaba muy bien cómo Trump había ganado, cómo el brexit había podido suceder”. El equipo de Bail quería ver si hacer que la gente se relacionara con ideas ajenas podía moderar sus opiniones. Sucedió lo opuesto. “Nadie se hizo más moderado”, dijo Bail. “Sobre todo los republicanos se volvieron mucho más conservadores cuando siguieron al bot demócrata, y los demócratas se hicieron un poco más liberales”.

Desde hace mucho, las redes sociales se han justificado con la idea de que conectar a la gente haría que el mundo fuera más abierto y humano. Después de todo, en la vida fuera del internet, conocer a diferentes tipos de personas suele abrirnos la mente, éstas dejan de ser caricaturas para convertirse en individuos complejos. Es comprensible que alguna vez muchos creyeran que lo mismo pasaría en internet. Pero resulta que la conexión no es buena por naturaleza, sobre todo en línea. En el internet, conocer a personas que no son como nosotros con frecuencia nos hace odiarlas, y ese odio está configurando más nuestras políticas. La corrosión social provocada por Facebook y otras plataformas no es un efecto secundario de las malas decisiones de gestión y diseño. Está integrada en las propias redes sociales.

Hay muchas razones por las que Facebook y las compañías de redes sociales que le siguieron están involucradas en la ruptura democrática, la violencia comunal en el mundo y una guerra civil fría en Estados Unidos. Son motores para difundir desinformación y combustible algorítmico para teorías conspirativas. Recompensan a la gente por expresar su ira y desprecio con el mismo tipo de dopamina que se obtiene al jugar a las máquinas tragamonedas.

Las políticas de derecha ahora se enfocan en hacer enfurecer a observadores liberales imaginarios. Es como si los conservadores enfadados vivieran todo el tiempo con un progresista hostigador en su cabeza. Tal vez las redes no crearon esta mentalidad, pero la exacerban mucho. Después de todo, no tiene sentido hacer quedar mal a los liberales si no se tiene un público.

El valor de la distancia psíquica puede aplicarse tanto dentro de las comunidades como entre ellas. En 2017, Deb Roy, director del Centro de Comunicación Constructiva del Instituto Tecnológico de Massachusetts y excientífico jefe de medios en Twitter, celebró reuniones informales en pueblos pequeños para hablar con la gente sobre las redes sociales. Varias veces, las personas le dijeron que habían dejado de hablar con los vecinos u otras personas del pueblo después de ver cómo expresaban sus opiniones en línea. Fue la primera vez, me dijo Roy, que escuchó de las personas mismas que las redes sociales “están bloqueando conversaciones que, de lo contrario, habrían sucedido de forma orgánica”.

Roy cree que existe el potencial de una red social saludable: señala Front Porch Forum, una plataforma moderada y localizada para los habitantes de Vermont. Pero es notorio que su mejor ejemplo sea algo tan pequeño, poco convencional y relativamente de baja tecnología. Claro que hay formas de comunicarse por internet que no promueven la animosidad, pero tal vez no con las plataformas que ahora predominan. En un país que se hunde cada vez más en un estado perpetuo de acritud estridente, quizá podríamos tolerarnos más si nos escucháramos menos.

Michelle Goldberg es columnista de The New York Times.

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El aborto en Texas

/ 16 de septiembre de 2021 / 01:20

En Texas, las adolescentes que necesitan abortar deben tener el consentimiento de sus padres, pero para muchas jóvenes eso no es una opción. Tal vez estén en un hogar temporal o sean menores no acompañadas en un centro de detención de inmigrantes, en cuyo caso el gobierno tiene autoridad jurídica sobre ellas. Tal vez sus padres son maltratadores o se oponen por completo al aborto.

La Corte Suprema dictaminó que los padres no tienen poder absoluto para obligar a sus hijas a continuar con embarazos no deseados, por lo que Texas, al igual que muchos otros estados, permite lo que se conoce como una dispensa judicial. Si una menor embarazada puede demostrarle a un juez que tiene la madurez necesaria para tomar la decisión por sí misma o que notificar a sus padres no es lo mejor para ella, puede obtener una dispensa que le permita abortar.

Sin embargo, la prohibición del aborto en Texas después de las seis semanas, que la Corte Suprema se ha negado a detener, acabó en la práctica con las dispensas judiciales. Incluso si una chica descubre que está embarazada en el momento en que una prueba casera puede detectarlo, superar el proceso de dispensa judicial y el periodo de espera de 24 horas del estado antes de las seis semanas de embarazo es sumamente difícil, si no es que imposible. Mientras la medida, conocida como el proyecto de ley 8 del Senado, siga vigente, el aborto no estará disponible para algunas de las adolescentes más vulnerables del estado. Según la ley, no importa si fueron violadas o si decirles a sus padres que están embarazadas las pone en peligro. Ni siquiera importa si su padre fue quien las embarazó.

Jane’s Due Process es una organización que ayuda a menores embarazadas a obtener dispensas. Rosann Mariappuram, su directora, me comentó que antes del proyecto de ley 8 del Senado, al menos una adolescente al día solía solicitar la ayuda del grupo.

Las mujeres mayores de edad con recursos pueden salir del estado para abortar. Las adolescentes que no cuentan con la ayuda de sus padres no pueden hacerlo. Si no puedes decirles a tus padres que estás embarazada, lo más probable es que tampoco puedas explicar un viaje en carretera a Nuevo México. Las personas detenidas por motivos migratorios obviamente no pueden viajar. “No hay opciones para ellas”, dijo Mariappuram.

Fue un escándalo menor cuando Scott Lloyd, un director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados durante la presidencia de Donald Trump, utilizó su autoridad para tratar de impedir que algunas niñas migrantes abortaran. Ahora lo hace todo el estado de Texas. La escalada de autoritarismo del Partido Republicano hace que las políticas que resultaban impactantes en fechas tan recientes como 2018, dentro de poco tiempo podrían convertirse en algo rutinario.

Como informó The Washington Post, los funcionarios republicanos de al menos siete estados están considerando imitar la ley de abortos de Texas. El costo humano que esto supondrá será terrible; un amplio estudio de mujeres que querían abortar, pero se les negó el procedimiento reveló que el parto forzado tuvo consecuencias desgarradoras para su salud física y mental, sus finanzas y los hijos que ya tenían. Hay una dosis adicional de crueldad en despojar a las jóvenes con menos control sobre sus propias vidas del control sobre sus cuerpos. El margen de maniobra para las adolescentes que se encuentran en condiciones desfavorables ya era pequeño. Texas lo ha reducido a casi nada.

Michelle Goldberg es columnista de The New York Times.

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