Voces

martes 30 nov 2021 | Actualizado a 01:34

Cuando la persecución llegó al fútbol

/ 23 de octubre de 2021 / 01:35

Por lo menos dos pares de manos negras decidieron en 2015 manchar la pelota en Bolivia, 14 años después de que Diego Armando Maradona advirtiera en su mensaje de despedida de las canchas (noviembre, 2001) que en el fútbol todo podía permitirse, menos ensuciar el esférico que le da vida y sentido y que desata pasiones diarias en todo el planeta. Nunca sabremos con precisión de quiénes recibió instrucciones el entonces fiscal general, Ramiro Guerrero, que encargó a su fiscal superior, Iván Montellano, supervisar las acusaciones contra Carlos Chávez (+), Alberto Lozada, Jorge Justiniano, Pablo Salomón y Armando Canedo por legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, estafa agravada, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.

No hubo debido proceso en contra de estos dirigentes del fútbol boliviano que para comenzar fueron víctimas de una incorrecta aplicación de la ley, en tanto el uso indebido de influencias y los beneficios en razón del cargo son delitos exclusivamente inherentes a la función pública y bajo ningún punto de vista, a personas dependientes de entes privados como la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Tampoco era aplicable la figura de la organización criminal, ya que los estatutos del ente matriz del fútbol boliviano fueron aprobados en su instancia superior que es el Congreso, por lo que hasta parece que se tratara de una broma de mal gusto: Robarse a sí mismos.

El desenlace de esta seguidilla de atropellos contra estos ciudadanos fue, en primer lugar, el fallecimiento del que fuera presidente de la FBF, Carlos Chávez, aquejado por un cáncer de vejiga. Fue tan sañuda la manera en que fue acorralado que cuando se encontraba en una clínica en Brasil recibiendo tratamiento que en nuestro país no se lo podían ofrecer, uno de los fiscales intentó regresarlo al país porque se había fijado fecha para una audiencia en la que debía declarar. El 2 de agosto de 2018, Chávez murió en Sao Paulo. Tres años después, los acusados ya nombrados fueron absueltos de manera unánime por el Tribunal de Sentencia en lo Penal de Sucre. Para decirlo fácil y pronto, fueron declarados inocentes.

Armando Canedo era el contador de la FBF. Se encargaba de pagos y cobros de la institución. Jorge Justiniano, representante del fútbol pandino, fue presidente de las asociaciones departamentales, y Pablo Salomón representaba a la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF). Los tres sufrieron detenciones domiciliarias, mientras que Alberto Lozada, gerente de la Federación, estuvo recluido en Palmasola durante 36 meses con detención preventiva, penal en el que fue víctima de una golpiza que pudo haber acabado con su existencia.

Lozada tuvo que soportar, además, acusaciones sin sustento contra sus hijos y su esposa. Según el Ministerio Público, se habían llevado el dinero de la Federación hacia cuentas bancarias fuera del país, cuando era bien sabido por la dirigencia de la época que por sus relaciones empresariales, cuando las papas quemaban y no había recursos, con su firma como garantía, accedía a préstamos para paliar las dificultades de los clubes necesitados de liquidez para cumplir con las planillas mensuales de sus jugadores.

Los indicios no eran indicios. El debido proceso fue pisoteado sistemáticamente al extremo de allanamientos policiales para secuestrar computadoras en la sede de la avenida Libertador Bolívar de Cochabamba con la peregrina idea de que en ellas se encontrarían datos sobre el supuesto robo a manos llenas de estos dirigentes que tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir durante estos seis años, soportando ese inmisericorde acoso como otra prueba más de que la Justicia en Bolivia tarda demasiado en llegar.

Los dirigentes opositores a las gestiones de Chávez al frente del ente federativo, advirtieron en él un abierto prorroguismo que los sacó de las casillas. En efecto, el dirigente cruceño proveniente de las filas del club Oriente Petrolero consiguió un tercer mandato consecutivo en un accidentado congreso realizado en la ciudad de Trinidad con escenografía de contubernio entre sus enemigos y la mismísima Policía, que gasificó la sede del encuentro a fin de impedir la realización del acto reeleccionario, dando lugar a uno de los episodios más burdos de los que tenga memoria el fútbol boliviano. A Chávez se le había aconsejado en determinado momento que renunciara al cargo. Tal cosa no sucedió y ya se sabe que la búsqueda de forzadas prórrogas en el poder conlleva el riesgo de consecuencias funestas.

Este muy ilustrativo ejemplo sirve para confirmar que ninguna reforma judicial podrá funcionar si no se mira con profundidad quiénes deben asumir los mandos del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Las transformaciones estructurales pasan por mujeres, hombres y nombres. Cualquier otro camino es seguir ladrando a la luna.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Izquierdos humanos

/ 20 de noviembre de 2021 / 02:28

La abrumadora mayoría de los caídos entre octubre y noviembre de 2019, perecieron baleados por militares y policías. Si Jeanine Áñez hubiera interceptado los ímpetus represivos para cometer las masacres de Sacaba-Huayllani y Senkata, probablemente su cuadro jurídico no sería tan comprometedor y no la tendría situada muy cerca de una sentencia condenatoria que según expertos bordearía una década de privación de libertad. Si el camino no hubiera sido el del ensañamiento persecutor y criminalizador, incluso el tema de su irregular e inconstitucional llegada al poder podría ser objeto de cierta condescendencia judicial.

El problema central de la discusión política en Bolivia es que los derechos humanos de muertos, heridos, detenidos, perseguidos y extorsionados por fiscales luego del golpe de Estado, se convirtieron en izquierdos humanos, en tanto los autores de ese bodrio al que sus gestores llaman gobierno de transición, padecen de disonancia cognitiva que consiste en el choque de dos creencias, y por ello los derechos humanos en Bolivia fueron convertidos en izquierdos, es decir en derechos para ciudadanos de segunda, esos que no tienen familiares con capacidad de pago para un aviso necrológico en algún diario y por lo tanto no son merecedores de un tratamiento prioritario en los estrados judiciales. El ejemplo más ilustrativo es el del jefe de CC, Carlos Mesa: De acuerdo a los valores inculcados por sus padres, insignes intelectuales, el respeto por la vida y las convicciones políticas no pasan por la militancia partidaria, pero como el excandidato profesa un obsesivo rencor contra el MAS (es feo perder por paliza), entonces opta por el silencio y mirar para otro lado. Conclusión: Vale más el rencor antievista que las convicciones humanitarias.

La disonancia cognitiva se manifiesta en la premeditada decisión de no referirse a los hechos luctuosos desatados a los pocos días en que Áñez-Murillo-Ortiz capturaron el poder. Ninguno de los actores de ese huachafo cambio de gobierno se refiere al dolor y la tragedia que se produjeron apenas lograron consolidar la sustitución de Evo Morales en la presidencia y esto alcanza a candidatos, abogados y asesores de campaña, dirigentes cívicos, embajadores, mandos militares y policiales, activistas paramilitares y parapoliciales, amigos de la Embajada de los Estados Unidos y jerarquía católica.

En este contexto, las movilizaciones producidas en Santa Cruz y en Potosí que derivaron en un paro de características similares al gestado en octubre-noviembre de 2019 sirvieron, por añadidura a la búsqueda de la abrogación de la Ley 1386, como maniobra distractiva para que el país no se enfocara en recordaciones y homenajes a los muertos y a las víctimas de una persecución judicial que todavía tiene consecuencias en quienes las padecieron. De esta manera vamos pasando de largo este noviembre de 2021 sin espacios y tiempos para evaluar como es debido el desastre gubernamental con el que se combatió el prorroguismo de un candidato-presidente.

El dilema fraude/golpe, en consecuencia, pasa a un segundo plano cuando somos testigos de la muerte de esos nadies que ejercían precisamente lo que se llama derecho a la protesta por la manera en que su líder fue defenestrado, ese derecho que ahora se reivindica como incuestionable por las formaciones políticas y cívicas opositoras al gobierno de Arce Catacora. Nadie quería volar la planta de Senkata y en el puente de Huayllani se abrió fuego contra unos manifestantes armados de palos y piedras. Eso es lo terrible e inadmisible de lo hecho por el gobierno de Áñez que creyó ciegamente en sus ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.

La corporación gagá de opinadores principalmente atrincherados en rabiosos diarios y ediciones digitales antimasistas, gran parte los responsables del tráfico informativo radiofónico, los presentadores de programas televisivos con dotes de maestros de ceremonias, los opinadores en redes sociales y alguna prensa transnacional hegemónica, no dirán jamás una palabra acerca de las atrocidades cometidas durante el régimen de facto al que ellos le llaman “gobierno de transición para la pacificación”, que consistió en eliminar físicamente a aymaras y quechuas, perseguir “masistas” en Montero o en Yapacaní, o plantar detenciones preventivas que todavía tienen consecuencias de espanto: Siguen sin llegar los sobreseimientos para las víctimas de un sinnúmero de delitos nunca cometidos.

Derechos humanos son los de la pobre Jeanine Áñez. Esos son verdaderos derechos humanos defendidos a capa y bastón por Amparo Carvajal, la prorroguista mandamás de la Asamblea Permanente fundada por Julio Tumiri que debe estarse revolcando en el más allá de cómo semejante institución ha sido malversada por ella y su guardaespaldas, Manuel Morales, del también malversado Conade. Los otros son izquierdos humanos, esos de menor categoría que corresponden a los desheredados de la tierra.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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La coartada del fraude/golpe

/ 6 de noviembre de 2021 / 02:35

Desde el momento en que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó acerca de un plan para ejecutar un magnicidio contra el presidente Luis Arce (19 de octubre), los temerarios a la cabeza del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, bajaron los perfiles públicos ostensiblemente. Las voces que hasta ese momento asediaban al Gobierno por el finalmente desestimado proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero sobre todo las que mantuvieron a Bolivia entretenida en el esmerado afán de la falsa contraposición entre fraude y golpe, hicieron silencio, al punto que hoy por Comunidad Ciudadana (CC) su jefe nacional, Carlos Mesa, se limita a tuitear, aunque a la hora de poner la cabeza en la almohada debe recordar su protagonismo en la opereta de la sucesión inconstitucional de Jeanine Áñez.

A las oposiciones al Movimiento Al Socialismo (MAS) se les acabó la coartada sobre la eternización de Evo Morales en el poder. El momento en que se anularon las elecciones del 20 de octubre de 2019 y se produjo la renuncia de los primeros mandatarios se había terminado la aventura de “la reelección es un derecho humano”. Esa era la idea-fuerza con la cual se pretendió bañar de legitimidad la conspiración civil- militar-eclesial que depuso no al candidato Morales, sino al presidente Morales, lográndose que no solo renunciara a seguir postulándose a la presidencia, sino que se le arrebatara el derecho a concluir su mandato constitucional previsto para el 22 de enero de 2020.

Dados los nefastos resultados de lo que fue el gobierno transitorio a la cabeza de Áñez y considerando los grados de compromiso y responsabilidad de los actores que propiciaron la transición espuria, era necesario activar una maniobra distractiva que desviara la atención del recuento y el análisis de lo que fue un gobierno sistemático violador de los derechos humanos, de naturaleza violenta, represiva y además corrupta, y para eso ha servido a lo largo y ancho de 2021 utilizar el “fue fraude, no fue golpe” a fin de eludir astutamente el involucramiento de grupos de choque, candidatos adversarios del MAS, generales y coroneles, curas y embajadores con un gobierno que no solo vulneró el Estado de derecho, sino que tuvo la habilidad de hacerlo retrotrayéndonos a las prácticas persecutorias y represivas de las dictaduras militares de los 70 en América Latina, con el añadido del funcionamiento de un aparato extorsivo puesto en vigencia desde algunos lugares de la Justicia y del Ministerio Público.

El primer año del gobierno de Arce-Choquehuanca ha estado dominado por una discusión sin sentido, en un debate que se ha convertido en la perfecta excusa para no hablar de lo medular de un gobierno que hizo de la transición un asalto a la estructura de poder adaptándola a la codicia de su principal protagonista, el ministro de la muerte, Arturo Murillo; a la vocación militarista de su ministro de Defensa, Luis Fernando López; a la persecución financiera escondida debajo las sotanas del Opus Dei a cargo de Óscar Ortiz, y a la inconmensurable combinación de ingenuidad y rencor de Jeanine Áñez, que hoy reclama respeto a sus derechos, esos mismos que ella decidió pulverizar con decretos como el 4078 que habilitaban licencias a las Fuerzas Armadas para matar en Sacaba y en Senkata.

De la coartada sobre el desconocimiento a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, se produjo un salto con garrocha hacia la coartada del “fraude no golpe”. Con ese artilugio se evidenció la descarada astucia de eludir referirse a los negociados repletos de indicios que comprometen a la expresidenta Áñez y a varios de los que fueron sus ministros. Con ese señuelo se inauguraron Derechos Humanos VIP versus Derechos Humanos plebeyos de los que no se dijo una sola palabra desde escenarios paraestatales del gobierno transitorio como el Conade en los que se defendió abiertamente a la Resistencia Juvenil Cochala con la participación de la republicana española Amparo Carvajal, que más parece hoy una vieja militante de la dictadura franquista.

Cautelosas ante el descubrimiento de un posible caso Terrorismo 3, las oposiciones de la derecha boliviana saltan de coartada en coartada para mantener vigencia. Se niegan a intentar estudiar e incorporar en su comprensión del país a la Bolivia popular ahora prevenida ante cualquier nuevo brote desestabilizador de la democracia. Es más fácil inventar trampas a instalarse en escenarios mediáticos y de redes sociales que les son afines, que una lecto-escritura de un proyecto político alternativo.

La nueva coartada ya está en marcha. Y para intentar su instalación figuran los comités cívicos a la cabeza del Pro Santa Cruz que dice que el autoritarismo del MAS prepara una batería de leyes para controlar el Estado de arriba abajo, de izquierda a derecha, a través de la siempre destemplada vocería ejercida por su mandamás Rómulo Calvo.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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El golpe comenzó en Facebook

/ 9 de octubre de 2021 / 02:07

Si el Movimiento Al Socialismo (MAS) no asume hasta ahora que el derrocamiento de Evo Morales se gestó, en primer lugar, desde las redes sociales y predominantemente desde Facebook, el único partido político con presencia absoluta en el territorio nacional está en serios problemas. Si el MAS y su institucionalidad gubernamental juegan todas sus opciones a la conformación de un ejército de guerreros digitales con cabezas de espadachines callejeros, significa que creen que se trata de un asunto de antiguos soldados y desconocen por completo la existencia del secretísimo algoritmo con el que opera ese nuevo amo del planeta llamado Mark Zuckerberg, más poderoso que por lo menos todos los presidentes de América Latina juntos.

La guerra por el affaire Gabriela Zapata, el MAS comenzó a perderla en las redes, e insisto, principalmente en Facebook, que en conexión con Instagram y WhatsApp ha amasado una megafortuna facilitada por 3.000 millones de usuarios de los más diversos intereses, lúcidamente acarreados como rebaño y agrupados como activistas de una idea, un producto, una causa o un odio. Bien compara la especialista Natalia Zuazo (Los dueños de Internet, Debate, 2018) el misterioso algoritmo feisbuquero con la pócima secreta de la llamada gaseosa negra del Imperio que ha producido generaciones de adictos, no sabemos —nunca lo sabremos— exactamente cómo y por qué. Lo que cuenta es que consumen Coca-Cola con devoción religiosa.

Facebook se cayó el lunes 4 de octubre durante casi siete horas, desaparición de la red que le significó $us 6.600 millones en pérdidas, mientras surgían detractores, exempleados, futurólogos, teóricos de la conspiración y otras calidades de brujos para fustigar la existencia de una herramienta ya adherida a las pieles y a las emociones de quienes se sumergen en ella entre una y 20 horas al día. Cuanto más tiempo se navegue por las aguas que ofrece Zuckerberg, más se afianza esta nueva manera de construir una sociedad global en la que los nacionalismos funcionan como activadores de debates y afianzadores de miradas y peligrosos comportamientos fundamentalistas.

Ese es el contexto en el que se construyó un imaginario digitalizado que en lenguaje tuitero podría traducirse en hashtags: #Evomeharobadoelvoto. #Evodictador. #Evonocreeendios. Charles Arthur, otro experto en la materia, acaba de publicar Social warning (Calentamiento social), que valiéndose de un paralelismo con el concepto que compromete el calentamiento del planeta producto de la devastación medioambiental, analiza el socavamiento de las democracias del nuevo siglo con la utilización del perverso mecanismo carente de transparencia consolidado por Facebook y sobre el que sus cerebros y todos sus trabajadores están terminantemente prohibidos de hablar.

Este hilo crítico nos conduce a comprender cómo los “pititas” urdieron sus amarres en sus computadoras y en sus celulares. Cargaron las tintas persecutorias con instrucciones de horarios, direcciones y métodos de ataque para finalmente saltar desde sus mullidos sillones giratorios hacia las calles donde comenzarían a traducir ese calentamiento social al que se refiere Arthur con lujo de detalles, en acciones de amenazas, amedrentamientos, ultimátums y vigilias en inmediaciones de los domicilios de los demonios masistas a los que había que cazar. A dos años de tales acontecimientos, las consecuencias de las acciones perpetradas entre octubre y noviembre de 2019 son terminantes y objetivas: El perfil del clasemediero, profesional o intelectual con militancia en el partido azul ha dejado de figurar en tareas de contraataque y contención. Como bien dice Marcelo Arequipa en su columna del pasado jueves, han desaparecido los mensajeros políticos mientras el ahora gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha pasado al frente con esa garra tan característica del falangismo que resistió al MNR de 1952. El fascista tiene a miles que teclean por él.

No hay guerrero digital que funcione si no es con la dirección de expertos en marketing digital capaces de producir microtargeting, que por ejemplo le generó a la candidatura de Donald Trump (2016) 647 millones de menciones gratuitas en los medios equivalentes a $us 2.600 millones. En otras palabras, si se trata de encarar en serio la guerra por redes es la hora del rigor y la alta calificación técnica porque con el entusiasmo militante ya no alcanza. Debe quedar meridianamente claro: Para lograr la renuncia de Evo Morales, todo comenzó en Facebook, donde se fue gestando a fuego lento en el imaginario que Dios y la democracia no pueden pertenecerle en exclusividad a un caudillo autócrata. No importa cuán cierto sea esto. Son creencias, y las creencias son verdades absolutas. Aunque sean mentiras.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Comunistas

/ 25 de septiembre de 2021 / 01:22

Hace algunos días, luego de superar una intervención quirúrgica de colon, el papa Francisco declaró que lo habían tachado de comunista. Tan temeraria calificación fue respondida con la astucia de un buen jesuita: “Yo hago lo que creo que debo hacer”. Revisando el archivo encontré una declaración del entonces vicepresidente Álvaro García Linera (2017), a través de la que se autodefinió como “comunista, guerrillero y conspirador, así me voy a morir”. Tan desafiantes declaraciones terminan costándoles caro a quienes abrazan las ideas del progresismo, la igualdad social y la inclusión democrática y que para pesadilla de los neoliberales de los 90, han sido representados por exitosos gobiernos populistas que han gestionado con astucia y eficacia las políticas económicas, por ejemplo, de Bolivia (Morales), Ecuador (Correa), Brasil (Lula) y Uruguay (Mujica-Vázquez).

Hasta la llegada del MAS al poder, la izquierda tenía como último referente a la hiperinflacionaria e inepta UDP del 1982-1985 de Siles Zuazo, pero el día en que esa otra izquierda nacional con visión de lo multiétnico boliviano empezó a obtener resultados nunca vistos en la redistribución del ingreso que permitieron salir de la pobreza extrema a miles de bolivianos como nunca antes había sucedido, las cosas empezaron a tornarse peligrosas, en la medida en que el nuevo marketing político aplicado por los representantes de las corporaciones transnacionales y los capitales privados criollos, decidió que se necesitaba trabajar en el sistema de creencias del ciudadano y ya no más en las plataformas de los programas de gobierno en todas las materias de la gestión pública.

Así que hoy ser comunista parece que podría resultar peor que cuando uno lo era en tiempos de las dictaduras militares de los años 70 y 80, aunque el comunismo haya quedado superado hace por lo menos tres décadas. De eso saben, y mucho, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Vox en España y aquí, Luis Fernando Camacho, el hijo espiritual del dictador Banzer, perteneciente a la extrema derecha civil militar. Hoy el ciudadano que no crea en Dios, en la tradición familiar, en la propiedad privada, en la libertad pregonada por las iglesias antiaborto y provida, en la heterosexualidad como única opción en que la reproducción de la especie y el placer se encuentran embutidos en la misma bolsa y el que no se adscriba a este modelo humano y ciudadano, puede ser pasible a persecuciones de consecuencias sangrientas y terminales.

Para decirlo desde los estigmas y los pecados: No serás comunista. No defenderás el aborto, aunque la mujer de turno haya sido víctima de una violación o de un embarazo no deseado. No nacionalizarás nada, porque eso es para comisarios que administran el Estado a través de policías de control político. No serás gay. No serás lesbiana. No serás chica trans. Y por supuesto que si se aspira a una ciudadanía modélica, no serás “masiburro”, no izarás la bandera de colores ajedrezada y si pasas cerca a los blancoides del Comité Cívico pro Santa Cruz, tendrás que aceptar que su presidente prehistórico, Rómulo Calvo, te dé la espalda y el culo y a continuación gire 90 grados para desinfectar el ambiente con alcohol medicinal, a segundos de haber desfilado por allí esos collas mugrosos que aman el autoritarismo de Evo y aceptan esa que ellos llaman persecución política, cuando se trata de perseguir judicialmente a los golpistas, a los masacradores de Sacaba y Senkata, o a los facinerosos de la Resistencia Juvenil Cochala que acuchillaron a un periodista y que tan entusiastamente defiende un exjefe de la Juventud Comunista de los 80 y exviceministro de Evo Morales, descendiente del lúcido Sergio Almaraz.

Hay que preguntarles a los estrategas. Lo saben muy bien. Para combatir al pueblo organizado, hay que tacharlo de comunista, autoritario, dedicado a la persecución política, que te va a quitar tu casa, se hará un pícnic con tu libertad, sustituirá tus símbolos republicanos y no te dejará leer la Biblia. Hay que tacharlos de castrochavistas que quieren una Bolivia como Cuba y Venezuela. Ya quisiéramos una educación y una salud como las que administran ellos o unas políticas de equidad de género como las alentadas y cristalizadas por los gobiernos de Hugo Chávez. En ese sentido sería muy bueno imitar las decisiones que históricamente se fueron tomando en La Habana y en Caracas, así como los cubanos y venezolanos quisieran una economía muy capitalista y pragmática, pero administrada desde el Estado, como la que manejó Luis Arce Catacora durante más de una década.

Así que estamos prevenidos. Si no quieres que te saquen fotos sin permiso en un aeropuerto, si no quieres que te amenacen en la sucursal de un banco, si no quieres que te persigan y te disparen porque llevas una wiphala… no seamos comunistas, ni siquiera lo aparentemos, porque ahora sí está muy claro que podemos morir en el intento: No somos lo que somos. Somos lo que creen.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Tiempos perversos

/ 11 de septiembre de 2021 / 02:23

Todo fluía en Bolivia con los códigos instalados por la democracia pactada, hasta que los pactos y su sistema de partidos terminaron en astillas cuando el Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) produjo en 2005 la primera victoria electoral por mayoría absoluta que inauguraba el tiempo de la irrupción de todos los actores sociales que hasta entonces eran ciudadanos solamente en breves lapsos de legalización y legitimación de candidatos y candidatas pertenecientes al Estado monocultural, al pensamiento económico único y excluyente, neoliberal de arriba a abajo, y a la utilización de lo indígena y campesino para la funcionalidad casi esclavizante de la producción de alimentos que pudiera satisfacer las necesidades de las urbes civilizadas, acostumbradas a la subordinación de todas las expresiones étnicas originarias a tareas menores, sin incidencia alguna en la determinación de las políticas públicas y en el destino del país.

Cuando aymaras, quechuas, guaraníes y todos los bolivianos originarios de las tierras bajas comenzaron a ser visualizados en las coberturas televisivas, pero sobre todo a partir de la Asamblea Constituyente (2006-2009), es decir, cuando los indios comenzaron a sentar presencia en todas las instancias de la vida pública, la siempre apoltronada clase media sintió que se rompía ese orden cotidiano en el que los Mamani, Quispe o Tomichá empezaban a opinar y a intervenir sobre su presencia en el mundo, a partir de una fuerte presencia étnico geográfica que terminó haciendo de Bolivia un Estado Plurinacional a partir de febrero de 2009.

Un presidente de orígenes indígenas, un canciller y un ministro de Educación, aymaras, y así sucesivamente, representantes, hombres y mujeres de la plurinación empezaban a marcar las pautas de la visibilización del país escondido, hasta entonces enterrado en sus saberes ancestrales solo útiles para la arqueología y la antropología, lo que produjo el hartazgo y el pretexto ideales cuando Evo Morales decidió desconocer un referéndum con el propósito de ser candidato por cuarta vez consecutiva, craso error finalmente neutralizado con la anulación de las elecciones de 2019, pero que hoy día sigue siendo coartada para unas prácticas sectarias con dosis concentradas de odio y de impotencia ante un nuevo tiempo político en el que el MAS-IPSP supo demostrar que había otro camino en la búsqueda del tamaño exacto de lo estatal para una vida más equitativa e incluyente de la sociedad.

No son 14 los años que una izquierda nacional con fuerte acento identitario de sus expresiones étnico culturales gobierna Bolivia. Ya son 15, sin contar la interrupción de facto cometida por Jeanine Áñez y su banda, que nada más necesitaron 11 meses para demostrar cómo se puede retroceder al país incompleto de ayer, desde los erróneos enfoques de qué hacer con la economía hasta las prácticas más execrables de conculcación de las libertades ciudadanas. Ya son 15 los años que en Bolivia manda el Estado sobre el Mercado, y cuando la gestión Arce-Choquehuanca concluya, serán 19, con la posibilidad de que se extiendan a 24, si los números de la economía y la búsqueda de mejores niveles de calidad de vida convencen a la ciudadanía.

Los agentes opositores con auspicios internacionales, multi y bilaterales, creyeron que el proyecto político de las organizaciones sociales moriría con Evo. Resulta que no, y por ello tenemos un mapa de la conspiración cotidiana basado en el racismo y en la discriminación neocolonial que señala como inadmisible que los indios estén mandando en varias zonas de Bolivia, como sucede por ejemplo con los gobernadores Santos Quispe en La Paz, Jhonny Mamani en Potosí o Damián Condori en Chuquisaca.

En ese contexto, los desplazados actores de la política tradicional, muchos de ellos progresistas de los 70 y 80, han mutado y se han hecho conversos hacia la derecha. Por eso vivimos tiempos perversos por obsesividad contra la figura de Evo y el masismo, y contamos con personajes como Amparo Carvajal en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), indebidamente prorrogada en sus funciones, que reconoce en la Resistencia Juvenil Cochala a una “resistencia necesaria”.

La Carvajal es la representación paradigmática de quien se acomoda a los nuevos tiempos. Es la mejor expresión de la conversión de la defensa de los derechos humanos hacia territorios de exclusividad para privilegiados por su color de piel y estatus social, en el caso de Jeanine Áñez, violadora de esos mismos derechos por los que ahora se retuerce en su reclusión por considerarse estupenda e intocable. La perversidad racista, como se puede comprobar, ha llegado hasta extremos nauseabundos y por si fuera poco aplaudidos por tantos reaccionarios y reaccionarias que habitan Bolivia, que por si acaso, no son pocos y están siempre dispuestos a volver a la carga.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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