Voces

miércoles 18 may 2022 | Actualizado a 18:23

La recuperación regional con orientación estratégica

/ 24 de octubre de 2021 / 01:08

El país está crispado. A poco de cumplirse un año de la posesión de Luis Arce persisten profundas discrepancias entre la atención prioritaria de los intereses excluyentes del MAS, que han dado lugar a movilizaciones y protestas de amplios sectores sociales y a un paulatino aislamiento de Bolivia en el escenario internacional, por un lado, y las prioridades de la sociedad boliviana, derivadas de las crisis sanitaria, económica e institucional, por otro.

La crispación social y la inestabilidad política caracterizan también a varios países latinoamericanos en esta época marcada por el deterioro de los mecanismos de mediación entre la sociedad y el Estado, atribuible en particular al descrédito en que han caído los partidos políticos. Se suma a todo esto la fragmentación regional debida a las divergentes orientaciones políticas imperantes en América Latina, que no expresan la disyuntiva entre derechas e izquierdas, sino entre autoritarismo y democracia.

Todo eso es tanto más preocupante ahora que es más urgente que nunca la cooperación regional efectiva ante las cambiantes circunstancias en el tablero de las relaciones internacionales y de las confrontaciones geopolíticas. En efecto, con un 8% de la población mundial, los países latinoamericanos registran el 20% de los contagios y el 30% de los fallecidos por causa del COVID- 19, siendo además la región que más daño ha sufrido en términos de empleo e ingresos.

A pesar de que la región en promedio ha hecho un esfuerzo fiscal comparativamente menor que los países desarrollados en la atención del COVID-19, el margen fiscal se ha estrechado y los niveles de endeudamiento externo han aumentado considerablemente, lo que coloca el tema del financiamiento externo como una de las prioridades de la región.

Al respecto conviene tomar en cuenta que la enorme emisión de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional ha sido acaparada por los países más ricos. De acá se derivan dos cuestiones importantes. En primer lugar, la necesidad de plantear una redistribución de dichos recursos en favor de los países de menor desarrollo, sin excluir a los países de desarrollo medio, que es la situación de la mayoría de los países latinoamericanos. En segundo lugar, se requiere reponer la discusión de la reforma de la arquitectura financiera internacional, que incluye el establecimiento de un sistema financiero latinoamericano y caribeño donde se articulen los bancos de desarrollo y los fondos de reserva regionales, entre otras entidades pertinentes. La viabilidad de tales iniciativas depende ciertamente de una gestión regional, y pierde posibilidades si es presentada por países individuales.

Es importante que el nuevo financiamiento se asigne principalmente a la transformación cualitativa de las economías latinoamericanas, con miras a superar la vulnerabilidad estructural ante los ciclos de los productos primarios, y en su lugar establecer la autonomía latinoamericana colectiva en el sector sanitario, farmacéutico y ambiental. A tales efectos, cabe señalar que la liberación de las patentes relacionadas con las vacunas anti COVID-19 en el seno de la Organización Mundial del Comercio, mejoraría sus perspectivas si es presentada por la región latinoamericana en conjunto.

La recuperación de América Latina no debería limitarse por consiguiente a restablecer las condiciones previas a la pandemia, sino contemplar como objetivos prioritarios la reorganización estratégica de las economías con la mira puesta en una pauta de desarrollo con bajas emisiones de efecto invernadero e impulsada por un incremento sustancial de las inversiones reales en las esferas de la infraestructura, la digitalización, la reingeniería del sistema educativo alrededor de las tecnologías informáticas y la creación de empleo decente para mujeres y jóvenes.

Horst Grebe López es economista.

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Diálogo y comunicación pública reducen la incertidumbre

/ 8 de mayo de 2022 / 01:13

En los últimos dos años y medio el país ha sido conmocionado por una serie de perturbaciones y calamidades que han dado lugar a una creciente inestabilidad institucional y altos niveles de incertidumbre respecto del futuro, agravados por la proliferación de interpretaciones divergentes sobre la realidad imperante y sus perspectivas.

Existen discrepancias, en efecto, respecto de la evaluación de la situación económica y financiera actual entre los analistas más mediáticos, las diferentes autoridades nacionales y de las entidades subnacionales, los gremios empresariales y los organismos internacionales, que contrastan todos con las percepciones cotidianas de la propia población. Esto se debe atribuir en parte a que existen condiciones diferentes en las principales ciudades, así como entre los diferentes sectores de actividad económica. Así, por ejemplo, los indicadores de desempeño en los últimos 12 meses son muy diferentes para las actividades mineras, la agropecuaria de exportación y la construcción, que ostentan elevadas tasas de crecimiento, en comparación con la hotelería, los restaurantes y el turismo, que se encuentran postrados.

Considerando que la estructura económica del país se ha tornado sumamente heterogénea, sería de la mayor importancia que la gestión del Gobierno incorpore entre sus responsabilidades el criterio de que las principales políticas públicas deben orientarse al fortalecimiento de las articulaciones entre sectores y regiones con miras a atenuar asimetrías y promover una mayor cohesión nacional, potenciando las industrias motrices con capacidad de aumentar la productividad general del país. Resulta a todas luces inconveniente que las políticas sociales de tipo asistencial tengan un carácter clientelar según magnitud de votantes, pero asimismo que se discrimen los estímulos disponibles a favor de empresas públicas de dudosa rentabilidad a la par que se ponen grandes obstáculos para la inversión privada reproductiva que mal que bien tiene que funcionar en un sistema de precios relativos que ya no corresponde a la situación del auge que le dio su origen.

Por otra parte, el Estado tiene la obligación de producir seguridad ciudadana, certidumbre institucional y orientación estratégica para toda la sociedad. Entre las diversas opciones para atenuar la incertidumbre que hoy por hoy afecta de manera negativa a las expectativas de los agentes empresariales y de los trabajadores, una de las principales es ciertamente el diálogo y la consulta transparente, acompañados de una comunicación apropiada, oportuna y confiable por parte de las agencias del Estado. El derecho de acceso a la información pública y la comunicación completa y veraz por parte del Estado son los dos componentes que proporcionan a los diferentes actores económicos y sociales las orientaciones imprescindibles para la adopción de sus decisiones a corto, mediano y largo plazo.

En este contexto, al Instituto Nacional de Estadística le compete una responsabilidad primordial en la generación de datos e indicadores confiables y oportunos respecto de las variables demográficas, económicas, sociales y ambientales, sin interferencias del poder político de ningún tipo. Por eso, en ocasión del Censo de 2012, las organizaciones agrupadas en la plataforma de La Ruta del Censo plantearon la necesidad de establecer un sistema nacional de estadísticas independiente, con autonomía de gestión, presupuesto suficiente y con participación de representantes de la sociedad civil, del sistema universitario y de los colegios profesionales. Además, en el campo de las políticas laborales sería altamente recomendable reponer la idea de la creación de un Consejo Económico Social, como fue propuesto en 2005, y que está todavía pendiente de ponerse en funcionamiento.

Horst Grebe es economista.

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La precaria coyuntura laboral

/ 24 de abril de 2022 / 00:11

En pocos días más se celebrará el Día del Trabajo, y como todos los años en esa oportunidad se anunciarán por parte del Gobierno medidas a favor de los trabajadores, previamente acordadas con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB).

Entre medio de una gran diversidad de aspectos que contiene el pliego de la COB, la cuestión más controvertida es comprensiblemente la que se refiere al aumento general de salarios. Y eso es así porque existen muy diversas situaciones, perspectivas y aspiraciones en la escena laboral. Como se sabe, la COB ha planteado un aumento de 7% al salario básico y 10% al mínimo nacional. Tales incrementos han sido inmediatamente desahuciados por los dirigentes del sector empresarial privado, con el argumento de que pocos sectores económicos ya han recuperado los niveles de actividad de 2019, en tanto que la mayoría no se ha recuperado todavía de los impactos causados por la pandemia del COVID-19 y sus diversas secuelas. Por consiguiente, se arguye que un aumento salarial obligatorio traería aparejado el cierre de cientos de empresas, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Si esto fuera así, el siguiente episodio consistiría en la dictación de resoluciones ministeriales que prohíban el retiro de trabajadores y en su eventualidad, la obligatoriedad de su recontratación.

El escenario descrito no es ciertamente racional ni contribuye a la paz social que se requiere establecer con urgencia en el país. A tales efectos, el conflicto podría fácilmente evitarse mediante procedimientos de diálogo y concertación al menos entre los actores que tienen representación legítima para hacer conocer su situación y sus posibilidades. Obviamente esto no vale para el enorme sector informal, que tampoco es ni mucho menos homogéneo, aunque se necesitan políticas efectivas para su paulatina formalización, a partir de un mejor conocimiento de los indicadores que caracterizan la situación de los trabajadores informales.

Por el lado de las cifras que sustentan las demandas del incremento salarial, la única que se ha aplicado en los años pasados ha sido la tasa anual de inflación. Se trata ciertamente de un indicador que expresa la dimensión de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que es justo y necesario reponer.

Se puede admitir en consecuencia que la inflación es un punto de partida para examinar el incremento salarial, pero en modo alguno es el único indicador a considerar. Por principio de cuentas, debe tomarse en cuenta la enorme heterogeneidad de los sectores de actividad económica, que ostentan una gran disparidad en su desempeño debido a sus características estructurales, el daño desigual sufrido por la pandemia y la desigualdad de sus condiciones de exposición a la competencia externa o, en su caso, de beneficiarse de los aumentos de precios de los productos de exportación.

La situación del mercado laboral es una información importante en el tema que nos ocupa, puesto que las condiciones de la desocupación también son muy diversas por regiones, sectores e industrias. Por último, el indicador que nunca se toma en cuenta en el país es el que se refiere a las tendencias de la productividad. Difícilmente se lograrán aumentos sistemáticos de productividad si es que el esquema de precios relativos favorece a las importaciones legales y al contrabando, y castiga a la producción nacional y las exportaciones, excepto aquellas que son inelásticas a la oscilación de los precios internacionales.

Sin menoscabo de la responsabilidad de las autoridades en la gestión de las políticas públicas, en el ámbito laboral resulta imprescindible introducir un cambio relevante, que está incluido en los convenios de la OIT que ha ratificado Bolivia, y que consiste en la instrumentación del diálogo social y la concertación tripartita de las políticas laborales.

Horst Grebe es economista.

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Trastornos de la economía internacional

/ 10 de abril de 2022 / 02:22

Las consecuencias internacionales de la guerra en Ucrania serán de larga duración. En muchas interpretaciones no se aquilata suficientemente lo que está ocurriendo en la economía mundial ni las repercusiones de mediano y largo plazo que ya se anuncian. Los escenarios probables a mediano plazo no incluyen la posibilidad de un retorno a la situación prevaleciente antes del 24 de febrero. Además, nada hace pensar que se pueda restablecer las reglas de la globalización anterior, ni siquiera en un espacio geográfico más reducido.

No se debe olvidar que con anterioridad a la invasión de Ucrania por parte de Rusia ya se desplegaba la guerra comercial entre Estados Unidos y la China, con sanciones recíprocas, pero iniciadas por parte de los Estados Unidos bajo el supuesto de que la China representaba un rival estratégico para el ejercicio de su hegemonía internacional. La expansión de la influencia de China mediante el proyecto de La Nueva Ruta de la Seda corrobora tal interpretación, reforzada ahora por el hecho de que la China en ningún momento se ha alineado con las sanciones de todo tipo aplicadas por Estados Unidos y los demás países miembros de la OTAN a Rusia. China y Rusia postulan ciertamente importantes cambios en el orden internacional, pero cada uno sobre aspectos diferentes.

La inflación que se ha instalado en Estados Unidos y varios países de la Unión Europea debe atribuirse en primer lugar al exceso de liquidez inyectada a las economías respectivas durante las cuarentenas del COVID-19, con el objetivo de proteger las actividades económicas y el empleo. Dichos recursos constituyen ahora una formidable fuente de demanda en los mercados de bienes de consumo, los cuales confrontan, entre otras cosas, falta de mano de obra y la interrupción de las cadenas de suministro, debido al congestionamiento de los buques de containers en los puertos de China, Europa y Estados Unidos. El descongestionamiento de dichos puertos tomará todavía varios meses, y mientras tanto los fletes del transporte marítimo han escalado en ocho veces. Por lo tanto, se trata de una severa crisis de oferta que enfrenta una demanda líquida en gran escala.

A ello se añade que, por motivo de las sanciones comerciales y financieras aplicadas a Rusia, los precios internacionales del petróleo y del gas han aumentado hasta ubicarse en niveles por encima de los $us 100 por barril de petróleo equivalente.

Por lo tanto, el cambio de la matriz energética acordado entre los temas referidos al cambio climático se aleja en el tiempo, lo que agrava por supuesto las repercusiones correspondientes en materia de desastres naturales.

La nueva carrera armamentista, la necesidad de atender a un enorme contingente de refugiados y la reconversión de varias industrias de los países de la Unión Europea determinan a su turno un cambio importante en las prioridades del gasto fiscal de los países de la OTAN, lo cual implica que muchos programas de ayuda al desarrollo para los países del Sur global tendrán que ser postergados sin fecha fija.

El alza de las tasas de interés para enfrentar la propagación de la inflación, elevará los costos de financiamiento, en particular para aquellos países que están urgidos de reprogramar sus deudas internacionales para no caer en situaciones de insolvencia.

La mayor parte de estos trastornos e inconvenientes que se anticipan para el futuro inmediato de los países latinoamericanos, podrían atenderse mucho mejor si se retoma en serio la iniciativa de establecer un sistema financiero regional relativamente independiente, que incluya a entidades financieras regionales como la CAF, el BCIE, el FLAR. A tal efecto, bastaría que se establezcan acuerdos circunscritos a cuestiones financieras, y se superen por ende las actuales incompatibilidades ideológicas.

Horst Grebe es economista.

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Es la hora de ajustes pactados

/ 26 de marzo de 2022 / 22:50

La guerra en Ucrania tendrá importantes consecuencias sobre el sistema global, y algunas señales ya anuncian la dirección que adoptarán los nuevos acomodos en el orden internacional. En efecto, las medidas adoptadas por los Estados Unidos y la Unión Europea consisten en sanciones económicas destinadas a bloquear el acceso de los bancos rusos al sistema de pagos internacionales, así como la congelación de los activos localizados en el exterior del banco central ruso, y la aplicación de sanciones a decenas de empresas de defensa rusas. Un conjunto de grandes empresas de origen estadounidense ha suspendido por su parte operaciones en Rusia.

Como resultado de dichas medidas, los precios internacionales de algunos cereales, del petróleo y de ciertos minerales han aumentado en magnitudes inusuales, todo lo cual está impulsando una ola inflacionaria, de manera adicional a las presiones inflacionarias derivadas de la liquidez inyectada a las economías para combatir el COVID-19, y también debido a los cuellos de botella en las cadenas internacionales de suministro.

Para contrarrestar la inflación se ha iniciado el alza programada de las tasas de interés por parte de las autoridades monetarias de Estados Unidos y otros países. Esta medida traerá aparejada una reducción del crecimiento económico global y, por consiguiente, también una disminución y reorientación de las corrientes del comercio internacional.

Las señales externas para la gestión económica de corto plazo en Bolivia apuntan por tanto en varias direcciones. El alza de los precios de los hidrocarburos, los minerales y los alimentos parece a primera vista una señal favorable. Para aprovechar ese auge inesperado, Bolivia tendría que disponer de volúmenes considerables de esos productos, a fin de colocarlos prontamente en sus respectivos mercados internacionales. Ocurre, sin embargo, que los mencionados productos requieren ser extraídos, procesados, producidos o preparados para su venta externa. Por consiguiente, los beneficios a corto plazo se derivarán, si acaso, del aumento de los precios, pero no necesariamente de mayores volúmenes exportados.

A mediano y largo plazo, la situación es muy diferente puesto que una de las mayores consecuencias ya anunciadas de la guerra en Ucrania consistirá en la adopción de medidas de seguridad energética y alimentaria por parte de la Unión Europea y otros países, con la correspondiente reconfiguración de los flujos del comercio internacional en dichos rubros, y la eventual instalación de grandes zonas comerciales protegidas.

Como ya se experimentó en el país a partir de 2014, los ciclos internacionales de las materias primas y de los productos básicos, para ser aprovechados en términos estratégicos, requieren ser complementados con políticas contracíclicas e incentivos eficaces para la inversión en las industrias motrices de la transformación productiva.

Esta debería ser en consecuencia la hora propicia para elaborar y consensuar estrategias y políticas de largo aliento, que indiquen los cambios necesarios para los ajustes en el esquema de precios relativos con horizonte estratégico. Un diagnóstico prospectivo certero sobre las tendencias internacionales proporcionaría la necesaria hoja de ruta para la gestión de los ajustes, sin perder de vista los objetivos de la transformación productiva en el mediano y largo plazo.

Una estrategia de tales características no puede ser instrumentada por el Gobierno en solitario. Tiene que ser, en cambio, la resultante de varias consultas con los protagonistas estratégicos de la economía, con los actores del ámbito socio-laboral y con las representaciones políticas, con miras a consensuar una visión de país que pueda desagregarse luego en una serie de pactos parciales sectoriales y regionales, para las siguientes etapas del trayecto hacia el desarrollo sostenible.

Horst Grebe es economista.

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Reflexiones sobre los acontecimientos en Ucrania

/ 27 de febrero de 2022 / 00:37

La invasión militar de Ucrania por parte de Rusia constituye una violación del derecho a la autodeterminación de los pueblos, y trae consigo una escalada en los niveles de inestabilidad e inseguridad de alcance mundial, y multiplica asimismo las tensiones geopolíticas y rivalidades hegemónicas derivadas del fin de la Guerra Fría primero, y alentadas luego por la emergencia de China en cuanto potencia desafiante del efímero orden internacional unipolar.

Es verdad que Rusia y China acaban de suscribir un tratado de amistad y asistencia recíproca, pero algunos comentaristas dudan de que esta alianza pueda prolongarse indefinidamente, así como tampoco es probable que los países europeos se mantengan alineados a largo plazo en un bloque encabezado por los Estados Unidos.

Aunque el agotamiento del orden internacional unipolar parece evidente, lo que sigue ahora es un desorden geopolítico mayúsculo, que tardará en generar un sistema multipolar y multilateral equilibrado de relaciones internacionales, el cual sería lo más apropiado para la distribución internacional del poder político, económico y tecnológico en los años venideros.

La instalación de bloques rivales encabezados por grandes potencias con sus respectivas zonas de influencia constituye un escenario que demanda una reflexión profunda respecto de sus consecuencias generales, su implicación para los países latinoamericanos y para Bolivia en particular.

La descripción de los acontecimientos, la búsqueda de explicaciones y la elaboración de escenarios probables en los próximos meses ocuparán seguramente los titulares de los grandes medios y los noticieros de las cadenas de televisión. En un mundo tan interdependiente como el actual, no basta sin embargo con recoger la información que circula en tiempo real por los medios de comunicación y las redes sociales. Es preciso en cambio contar con una robusta interpretación propia.

Por principio de cuentas, todo indica que América Latina no instrumentará una posición concertada frente a los acontecimientos en Ucrania, y tampoco parece probable que Brasil y México expresen en el Consejo de Seguridad de la ONU una posición consensuada regionalmente.

Bolivia tampoco cuenta con una posición de consenso amplio sobre los actuales problemas internacionales y sus perspectivas, no obstante que la política exterior debe ser una política de Estado y no del gobierno de turno.

Las voces expresadas por los líderes políticos apuntan en direcciones contrapuestas, y algunos comentaristas se han limitado a señalar que la situación es beneficiosa porque trae consigo un aumento sustancial de los ingresos de divisas en vista del alza de los precios de los alimentos, minerales e hidrocarburos.

Aunque dicha perspectiva podría aliviar temporalmente las estrecheces del financiamiento externo, es más probable que tenga consecuencias negativas.

El enorme aumento del precio internacional del oro no genera excedentes susceptibles de financiar inversiones reproductivas en gran escala, pero provoca la contaminación de los ríos con mercurio, además de que propicia la profundización de la informalidad, la corrupción y la violencia.

El aumento del precio de la soya induce a la ampliación de la frontera agrícola en las tierras bajas, con las consecuencias de atropello a los territorios indígenas de la zona y los inevitables daños ambientales.

El alivio que traería una mejora en los ingresos de exportación del país implica, por último, el riesgo de que se vuelva a postergar la necesaria transformación del modelo de desarrollo extractivista hacia un modelo fundado en aumentos sistemáticos de la productividad.

Éste y otros temas conexos tendrían que ser objeto de sendos debates en los ámbitos apropiados de la sociedad civil y, en particular, de las universidades.

Horst Grebe es economista.

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