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miércoles 8 dic 2021 | Actualizado a 11:12

La recuperación regional con orientación estratégica

/ 24 de octubre de 2021 / 01:08

El país está crispado. A poco de cumplirse un año de la posesión de Luis Arce persisten profundas discrepancias entre la atención prioritaria de los intereses excluyentes del MAS, que han dado lugar a movilizaciones y protestas de amplios sectores sociales y a un paulatino aislamiento de Bolivia en el escenario internacional, por un lado, y las prioridades de la sociedad boliviana, derivadas de las crisis sanitaria, económica e institucional, por otro.

La crispación social y la inestabilidad política caracterizan también a varios países latinoamericanos en esta época marcada por el deterioro de los mecanismos de mediación entre la sociedad y el Estado, atribuible en particular al descrédito en que han caído los partidos políticos. Se suma a todo esto la fragmentación regional debida a las divergentes orientaciones políticas imperantes en América Latina, que no expresan la disyuntiva entre derechas e izquierdas, sino entre autoritarismo y democracia.

Todo eso es tanto más preocupante ahora que es más urgente que nunca la cooperación regional efectiva ante las cambiantes circunstancias en el tablero de las relaciones internacionales y de las confrontaciones geopolíticas. En efecto, con un 8% de la población mundial, los países latinoamericanos registran el 20% de los contagios y el 30% de los fallecidos por causa del COVID- 19, siendo además la región que más daño ha sufrido en términos de empleo e ingresos.

A pesar de que la región en promedio ha hecho un esfuerzo fiscal comparativamente menor que los países desarrollados en la atención del COVID-19, el margen fiscal se ha estrechado y los niveles de endeudamiento externo han aumentado considerablemente, lo que coloca el tema del financiamiento externo como una de las prioridades de la región.

Al respecto conviene tomar en cuenta que la enorme emisión de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional ha sido acaparada por los países más ricos. De acá se derivan dos cuestiones importantes. En primer lugar, la necesidad de plantear una redistribución de dichos recursos en favor de los países de menor desarrollo, sin excluir a los países de desarrollo medio, que es la situación de la mayoría de los países latinoamericanos. En segundo lugar, se requiere reponer la discusión de la reforma de la arquitectura financiera internacional, que incluye el establecimiento de un sistema financiero latinoamericano y caribeño donde se articulen los bancos de desarrollo y los fondos de reserva regionales, entre otras entidades pertinentes. La viabilidad de tales iniciativas depende ciertamente de una gestión regional, y pierde posibilidades si es presentada por países individuales.

Es importante que el nuevo financiamiento se asigne principalmente a la transformación cualitativa de las economías latinoamericanas, con miras a superar la vulnerabilidad estructural ante los ciclos de los productos primarios, y en su lugar establecer la autonomía latinoamericana colectiva en el sector sanitario, farmacéutico y ambiental. A tales efectos, cabe señalar que la liberación de las patentes relacionadas con las vacunas anti COVID-19 en el seno de la Organización Mundial del Comercio, mejoraría sus perspectivas si es presentada por la región latinoamericana en conjunto.

La recuperación de América Latina no debería limitarse por consiguiente a restablecer las condiciones previas a la pandemia, sino contemplar como objetivos prioritarios la reorganización estratégica de las economías con la mira puesta en una pauta de desarrollo con bajas emisiones de efecto invernadero e impulsada por un incremento sustancial de las inversiones reales en las esferas de la infraestructura, la digitalización, la reingeniería del sistema educativo alrededor de las tecnologías informáticas y la creación de empleo decente para mujeres y jóvenes.

Horst Grebe López es economista.

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Enfrentar las adversidades sin autoritarismo

/ 5 de diciembre de 2021 / 01:39

La propagación de la cuarta ola del COVID-19 y la aparición de la variante Ómicron a continuación de la variante Delta se suman este fin de año a los complejos problemas que se han venido gestando en el último trimestre en la economía internacional. Se trata, en efecto, de que al mismo tiempo que no ha concluido todavía la pandemia iniciada en marzo de 2020, ahora se hacen presentes en muchos países movimientos sociales de oposición a la vacunación, lo que se traduce en un factor amplificador del contagio, que requerirá probablemente la obligatoriedad legal de la vacunación, con las reacciones previsibles.

Por otra parte, la inyección monetaria en gran escala que se aplicó para sostener las actividades económicas y el empleo en los países desarrollados trae consigo ahora la agregación de una gran demanda líquida en manos del público, la cual encuentra dificultades de ser satisfecha porque la oferta está estrangulada por las repercusiones del confinamiento y la interrupción de los circuitos del comercio internacional, expresados, entre otras cosas, en un encarecimiento descomunal de los fletes del transporte marítimo internacional.

Las principales economías del mundo enfrentan, en consecuencia, una situación compleja de ruptura en las cadenas globales de valor, así como de aumento del ritmo inflacionario a niveles desconocidos desde hace mucho tiempo. En efecto, las tasas de inflación están muy altas en Estados Unidos (6,2%), y en Europa los precios en la eurozona se incrementaron en un promedio de 4,1% respecto del año anterior. El debate sobre las medidas apropiadas para abatir la inflación y no perjudicar la recuperación económica no ha concluido en absoluto, pero lo más probable es que a comienzos del próximo año suban significativamente las tasas de interés.

Por otra parte, se ha puesto claramente de manifiesto que la administración egoísta de la producción y distribución internacional de las vacunas y el bloqueo a la liberación de las patentes han facilitado ganancias exorbitantes de las grandes transnacionales farmacéuticas, al mismo tiempo que se ha desplegado una confrontación geopolítica que ha traído aparejadas severas repercusiones para muchos países y regiones con escasas capacidades de negociación internacional. La región latinoamericana, enfrascada en sus divisiones políticas internas, no ha podido realizar una gestión colectiva conducente a mejorar las condiciones de acceso a las vacunas, así como al establecimiento de una estrategia para asegurar su seguridad sanitaria en el corto y mediano plazo.

Poco o nada de estas cuestiones se menciona en los medios de comunicación y las redes sociales del país, pero lo más grave consiste en que tampoco parece que formen parte de los parámetros de contexto para la formulación de los planes y presupuestos de la actual gestión de gobierno. En los documentos principales de la programación estatal predominan unas pocas referencias sobre el crecimiento general previsto, algunas cifras globales sobre la inversión pública, la trayectoria programada del déficit fiscal y los parámetros referidos a la inflación esperada.

El supuesto de que nada de lo que ocurra en el ámbito internacional afectará al desempeño económico del país es particularmente equivocado y peligroso en las condiciones de incertidumbre que prevalecen en el contexto internacional. Por el contrario, sería ampliamente aceptado que el Estado cumpla con su función de proteger a la sociedad frente a las crisis que se avecinan, aplicando con autoridad los diversos dispositivos, expedientes y recursos que le facultan la Constitución y las leyes para enfrentar las crisis y sus consecuencias.Aclaremos, sin embargo, que el Estado no es sinónimo de gobierno, y que el ejercicio de la autoridad legítima no debe confundirse con el autoritarismo.

Horst Grebe López es economista.

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Un conflicto que ya se avecina

/ 21 de noviembre de 2021 / 00:44

Se puede afirmar con cierta certeza que el tema de un nuevo conflicto que se avecina será el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, contenido en calidad de anexo de la Ley 1407, aprobada sin consenso ni discusión suficiente en la Asamblea Legislativa. La materia es ciertamente importante porque se trata del documento de referencia de todas las políticas públicas en los próximos cuatro años, e involucra competencias y responsabilidades estatales, políticas, empresariales, académicas y sociales. Era la mejor oportunidad para someter la propuesta a un amplio proceso de consultas con todos los agentes institucionales públicos y privados concernidos, considerando que las entidades territoriales autónomas y los diversos sectores de la empresa privada tienen funciones relevantes en el cumplimiento de las metas previstas en el plan.

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) constituye el instrumento primordial de la gestión gubernamental a mediano plazo y sirve a su vez de orientación para los distintos agentes económicos. Por su propia naturaleza en el marco de una economía mixta, un documento de tales alcances requiere ser sometido a un amplio debate técnico, académico y político, y en particular en una época de complejas circunstancias e incertidumbres como las que imperan en la economía internacional.

En este orden de cosas, llama la atención que las principales variables macroeconómicas del PDES no consideren para nada las previsiones de los principales organismos multilaterales en cuanto a la considerable reducción de la dinámica global de crecimiento económico, las presiones inflacionarias que ya están presentes y los complicados problemas que confronta el comercio internacional y las cadenas globales de valor en particular. Tal como están las cosas, un crecimiento económico promedio de 5,1% de la economía boliviana entre 2021 y 2025 y un coeficiente promedio de inversión pública de 13,5% respecto del PIB, parecen muy poco realistas.

En segundo lugar, es imprescindible contemplar los potenciales dinámicos de los agentes primordiales de la inversión reproductiva. Respecto del enfoque de sustitución de importaciones a cargo del estrato de la pequeña y mediana, ya he comentado en anteriores ocasiones que de ahí no se pueden esperar potencialidades motrices que generen efectos multiplicadores sobre el resto del aparato productivo, al menos no mientras no se resuelvan las grandes debilidades que caracterizan a este estrato: informalidad, baja productividad y severas carencias en términos tecnológicos, gerenciales y de acceso al financiamiento.

Un sistema de parques tecnológicos, distritos industriales, aglomeración de servicios logísticos y mecanismos eficaces de capacitación, podría resolver las mencionadas carencias, pero eso toma tiempo y requiere una serie de acuerdos entre un variado conjunto de actores públicos y privados, además de importantes montos de financiamiento. Bajo un enfoque de importantes contribuciones (que habría que demostrar) a la lucha contra el cambio climático, se podría acceder a recursos de la cooperación internacional comprometidos en la reciente COP26 de Glasgow; pero Bolivia no ha firmado los compromisos referidos a esta posibilidad.

El potencial real de impulsar crecimiento dinámico y sostenible por parte de las empresas públicas realmente existentes en el país es otro asunto que merece una evaluación documentada, totalmente separada de consideraciones ideológicas.

Resulta poco recomendable que las cuestiones mencionadas y otras igualmente importantes se ventilen en medio de reclamos, protestas y conflictos. Sería deseable, en cambio, que se aproveche la tregua disponible para organizar una auténtica consulta nacional sobre el PDES.

Horst Grebe López es economista.

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Las razones de la conflictividad en ciernes

/ 7 de noviembre de 2021 / 00:42

El paro indefinido anunciado para este lunes por parte de gremiales, comités cívicos, universidades y otros sectores, pretende la abrogación de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y otras transgresiones fiscales, en razón de que otorga facultades inconstitucionales a la Unidad de Investigaciones Financieras, en desmedro grave de los derechos de los ciudadanos.

Por otra parte, también está cuestionado el plan nacional de desarrollo 2021-2025, aprobado hace pocos días por la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa, sin la imprescindible discusión de su contenido en detalle. Era de esperarse la reacción de los comités cívicos ante la imposición vertical de políticas que vulneran los principios básicos de las autonomías, consagrados constitucionalmente. Y algo parecido se puede afirmar también de la ley sobre el sistema de información estadística y de las atribuciones conferidas al Instituto Nacional de Estadística.

Se trata ciertamente de piezas fundamentales del estilo de gobierno vertical, centralizado y autoritario que se pretende instalar en el país para los próximos años. La política económica adoptada por el Gobierno consiste, en efecto, en retomar los lineamientos centrales de la época del auge externo de la primera década del siglo, bajo el supuesto de que también ahora se anticipan elevados precios en mercados internacionales que interesan a Bolivia. Se trata asimismo de responder a la caída de ingresos de divisas debida a la contracción de las exportaciones de gas natural, mediante la sustitución selectiva de importaciones. Las empresas públicas productivas y la demanda externa de minerales y productos agroindustriales proporcionarían la tracción para el crecimiento general de la economía. Para navegar las tormentas previsibles, mejor encerrar la información.

El enfoque de la sustitución de importaciones no es nuevo. Fue aplicado por varias décadas en América Latina y hoy en día lo han puesto en práctica varios países desarrollados para superar la dependencia de insumos y equipamientos importados, que se ha puesto de manifiesto durante la pandemia. La adopción de dicho enfoque forma parte generalmente de una estrategia de desarrollo específica, cuyos objetivos dependen de la colocación internacional de la economía en cuestión, de sus determinaciones estructurales internas, de la disponibilidad de instituciones idóneas para la sintonía fina de las políticas, así como de las capacidades efectivas de los agentes económicos instalados en el país.

Parece evidente que la política económica en vigor no está enmarcada en una tal visión estratégica de largo plazo, ni toma en cuenta factores externos como el cambio climático y los compromisos internacionales que se negocian en estos momentos en Glasgow para combatirlo. Peor aún, por razones doctrinales o de intereses de grupos afines al MAS, Bolivia ha negado su firma al pacto referido a la reversión de la deforestación y la degradación del suelo, así como también a la aplicación de mecanismos de mercado para la reducción de gases que impulsan el calentamiento global, lo que podría afectar el acceso del país a los recursos que se comprometan en la COP26.

La ley del INE, por su parte, cierra el flujo de información estadística dentro del Órgano Ejecutivo, sin tomar en cuenta que la información estadística constituye un elemento de las decisiones ciudadanas, además de que dicha información le pertenece a la sociedad en cuanto son sus datos los que recopila y procesa el aparato estadístico del Estado.

Por último, no se puede olvidar que el acceso a la información pública constituye uno de los fundamentos de la democracia contemporánea, que implica además la participación de la sociedad en el control y fiscalización del uso de los recursos públicos por parte de los órganos del Estado.

Horst Grebe López es economista.

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La recuperación incierta de América Latina

/ 17 de julio de 2021 / 23:27

En un reciente documento con el inquietante título La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad, la CEPAL describe la situación de las economías latinoamericanas a mediados de 2021 y sus perspectivas de desempeño en los años siguientes. Después de una contracción sin precedentes del 7% del PIB en 2020, se pronostica un crecimiento del 5% en 2021, del 3% en 2022, seguidos luego de varios años de un crecimiento mediocre. Dichos promedios se componen por cierto de comportamientos muy dispares de los diferentes países.

Para la economía mundial se espera un crecimiento del 6% en 2021, que supera con creces la caída del 3% en 2020. Este resultado se atribuye al enorme dinamismo de Estados Unidos, China, India y la Unión Europea, lo cual explica a su vez el aumento del 8% del volumen del comercio mundial.

En consecuencia, el sorprendente crecimiento de la región latinoamericana en 2021 responde en gran medida a la recuperación en las economías desarrolladas, con el impulso consiguiente al aumento de los precios de las materias primas y los productos básicos. Esto trae aparejado que el notable aumento de las exportaciones de la región latinoamericana se componga principalmente de un aumento de los precios de exportación y mucho menos de mayores volúmenes exportados. Por otra parte, vale la pena tomar en cuenta que el mencionado crecimiento de este año no compensa en la mayoría de los casos la caída ocurrida en 2020. Dicho de otra manera, no se espera que la recuperación del nivel del PIB registrado en 2019 ocurra en muchos países antes de 2023 o incluso más tarde.

El magro desempeño de las economías latinoamericanas en el horizonte de mediano plazo no será suficiente, según la CEPAL, para recuperar los estragos ocasionados por el COVID-19 en los ámbitos del empleo, las caídas de los ingresos, los aumentos de la pobreza y la desigualdad, que se sumaron a los problemas estructurales que limitaban el crecimiento de la región antes de la pandemia.

En conclusión, en términos de ingresos por habitante, retrocesos en niveles de pobreza y desigualdades sociales que afectan principalmente a las mujeres, la región latinoamericana está en una trayectoria que conduce a una nueva década perdida, quizás de más graves consecuencias que la de los años 80.

Para enfrentar el lúgubre panorama descrito, las economías latinoamericanas requieren generar fuerzas motrices internas que impulsen un crecimiento sostenido, al mismo tiempo que se ponen en funcionamiento nuevas iniciativas de integración regional a geometría variable con miras al establecimiento de capacidades tecnológicas en sectores críticos como los de salud y medio ambiente. En este orden de cosas debe contemplarse también la negociación regional conjunta con los organismos multilaterales de financiamiento para que no se excluya a los países de ingreso medio (casi todos los latinoamericanos) de los programas de tratamiento financiero preferencial. Otra necesidad imperiosa se refiere a las reformas fiscales que aumenten sustancialmente la recaudación con impuestos a los estratos más acomodados pari passu con una efectiva racionalización del gasto público.

Un aspecto de la mayor importancia en el horizonte estratégico consiste en el aumento significativo de la calidad de la acumulación de capital reproductivo público, privado y de inversión extranjera directa.

Por último, el enorme esfuerzo que demandan la recuperación económica y la transformación productiva debe contemplar como un componente imprescindible el establecimiento de un sistema de acuerdos y consensos entre los gobiernos, los gremios empresariales y las representaciones de los trabajadores.

Horst Grebe es economista.

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Prioridades discrepantes en el escenario nacional

/ 20 de junio de 2021 / 00:45

Las prioridades de la sociedad a corto plazo son el tratamiento de la pandemia del COVID-19 y la reactivación económica. La crisis sanitaria ya ha ocasionado cerca de 16.000 fallecimientos, que pueden aumentar dramáticamente en los próximos meses, si no se procede a organizar una eficaz vacunación masiva. En la esfera de las actividades económicas se registra, por su parte, una importante contracción de la producción, cierre de establecimientos, aumento del contrabando e incremento del desempleo, apenas disimulado por el aumento de la informalidad. Para enfrentar tales problemas, se requieren recursos financieros e institucionales, gestión pertinente y algunos acuerdos entre los diferentes agentes públicos y privados.

A mediano plazo, sin embargo, la agenda de prioridades del país incluye otros temas, a saber, un crecimiento dinámico, mejoras sustanciales en la calidad de vida y empleo, reducción de las desigualdades y supresión de las discriminaciones más odiosas, al mismo tiempo que se incrementa sustancialmente la capacidad de responder ante eventuales desastres naturales y efectos del calentamiento global. Para alcanzar tales objetivos se requiere una hoja de ruta de largo plazo, que podría tomar como referencia los Objetivos del Desarrollo Sostenible, e introducir las adecuaciones necesarias a la realidad económica, social y política del país.

Entre las adecuaciones imprescindibles se pueden mencionar el tratamiento de la informalidad y la superación del modelo extractivista de desarrollo. La informalidad porque ha llegado a tales niveles en Bolivia, que pone obstáculos significativos a las posibilidades de un crecimiento sostenido por aumentos sistemáticos de la productividad, al mismo tiempo que se generan eslabonamientos entre sectores económicos con repercusiones favorables en la cohesión social, y capaz de mejorar la calidad de los excedentes destinados a una acumulación creciente de capital humano.

En cuanto al modelo extractivista, está claro que los altos precios de los productos básicos están generando expectativas empresariales de corto plazo, discrepantes con el desarrollo sostenible del país a mediano plazo, puesto que se involucran actividades relacionadas con la deforestación en las tierras bajas del país, la cual trae aparejadas consecuencias negativas para los recursos naturales no renovables, además de aumentar la vulnerabilidad respecto del cambio climático.

Por otra parte, resulta imposible imaginar que se pueda llevar a cabo la reforma imprescindible en materia fiscal, consistente de una nueva pauta de recaudaciones tributarias, una racionalización del gasto público y un pacto fiscal para la redistribución de recursos entre los tres niveles del Estado. Una tarea de tal envergadura no tiene posibilidades en una economía que se encuentra en recesión. Casi se podría afirmar que ni siquiera existen holguras para abordar sin graves traumas los correctivos más importantes del déficit fiscal que se arrastra desde hace ocho años.

Por último, está claro que el país necesita desde hace tiempo una importante reforma de la vetusta normativa laboral, que data de 1942, para lo cual sin embargo no existen por de pronto las condiciones políticas apropiadas. A corto plazo bastaría que se cumpla con los convenios internacionales de la OIT que el país ha ratificado.

Todo lo anterior pone de manifiesto la discrepancia entre las prioridades urgentes de corto y las que son necesarias a mediano plazo, algo que es relativamente fácil de compatibilizar.

Lo que parece imposible de resolver es la discrepancia entre las aspiraciones y necesidades de la sociedad, por un lado, y los intereses y objetivos políticos del oficialismo, por otro, que no está dispuesto ni siquiera a pactar una tregua política para atender las crisis sanitaria y económica.

Horst Grebe López es economista.

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