Educación es lo mismo que escuela? ¿Los sistemas educativos estatales reconocen y asumen la responsabilidad de “una sola educación”? ¿La educación formal, regular o escolarizada es la única? En los tiempos actuales, a fuerza de repetirnos y de construir falsos imaginarios, con rasgos coloniales que establecen supuestas jerarquías y validez entre distintas acciones de la sociedad, se ha llegado al convencimiento de que la única educación válida es la escolarizada y, lo que es peor, se considera que escuela es sinónimo de educación. La otra educación, pese a su importancia, en los hechos es reconocida con un aire asistencialista y no cuenta con significativa preocupación de las políticas públicas.
Esa otra educación, desde las políticas públicas e inclusive desde la falsa percepción de ciertos sectores de la sociedad, es negada en su identidad propia, es más, se la subordina a la educación escolarizada. Un ejemplo puede confirmar esta argumentación. La Reforma Educativa boliviana, nacida en las políticas neoliberales y puesta en práctica entre 1994 y 2005, en uno de sus principales instrumentos normativos, el Reglamento sobre Organización Curricular promulgado por Decreto Supremo 23950 de 1 de febrero de 1995, en su artículo 58, de manera textual señala: “La Educación Alternativa es un área suplementaria y complementaria a la educación formal…”, luego en el artículo 60 determina: “La organización curricular y los planes y programas de la Educación Alternativa, sobre todo en sus modalidades de Educación de Adultos y de Educación Especial se rigen en términos generales por lo estipulado por la Educación Primaria, la Educación Secundaria y la Educación Técnica de la Educación Formal…” Los hechos también pueden confirmar el supuesto carácter asistencial, remedial y supletorio asignado a esa otra educación cuando la gestión educativa e institucional es desarrollada como remedo a la educación formal; cuando se nombra directivos y educadores al margen de la valoración de su experiencia y formación en esta otra educación; cuando los presupuestos a esta educación son asignados como remanentes de otras políticas; cuando las políticas de manera excesiva se concentran en la educación escolarizada; cuando no se atienden las necesidades y expectativas emergentes de la población, etc.
No se trata de una disputa con la educación regular, formal o escolarizada, es cuestión de asegurar el derecho a la educación de toda la población a lo largo y ancho de la vida como lo establece el artículo 1, numeral 3, de la Ley 070 de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, aprobada en diciembre de 2010 que, ratificando el mandato de la Constitución Política de Estado, determina que “El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación”. Resalto el mandato de la Ley 070 que afirma que el sistema educativo debe desarrollarse “sobre la base de criterios de armonía y coordinación”. También se trata de poner en práctica lo dispuesto por la Constitución promulgada el 7 de febrero de 2009, que en su artículo 90, parágrafo III, manifiesta: “El Estado, a través del sistema educativo, promoverá la creación y organización de programas educativos a distancia y populares no escolarizados, con el objetivo de elevar el nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional del pueblo”. Norma que reconoce de manera plena los programas educativos a distancia y populares no escolarizados.
Aún más, valorar la otra educación supone hacer realidad el derecho a la educación pertinente y con valor social de las personas con discapacidad y de las personas mayores de 15 años que quieren dar continuidad a sus estudios, de las organizaciones sociales, pueblos indígena originario campesinos, productores, adultos mayores, personas que por su situación de salud no pueden asistir a una unidad educativa, personas en situación de encierro, etc. También es la valoración y homologación de los aprendizajes desarrollados en la vida y el trabajo; de las metodologías, espacios (no siempre en la infraestructura de una escuela) y actores en su diversidad. Al final de cuentas, es una cuestión de equidad e inclusión, de justicia social, y de acercar la educación a la vida y al pueblo.
Noel Aguirre Ledezma es educador popular y pedagogo. Fue ministro de Planificación del Desarrollo y viceministro de Educación Alternativa y Especial.