A días de recordar un año más del evento fundacional de la minería boliviana como fue la nacionalización de las minas ordenada por el DS 3223 de 31 de octubre de 1952, cabe reflexionar sobre lo que después de 69 años de ese hito histórico, hemos alcanzado como país y como sector minero. En esta columna se ha tratado de analizar la coyuntura y también la proyección de la industria madre desde que el Estado asumió la responsabilidad de su desarrollo; el lector acucioso puede encontrar detalles en mi libro De oro, plata y estaño (Plural Editores, 2014 y 2017). A lo largo de este sinuoso camino, hemos sido testigos de más de 30 años de dominio estatal del sector, de más de 20 de dominio empresarial, liberal y privado y ya van más de 15 años del actual sistema político que devuelve el control del sector al Estado esta vez denominado plurinacional. Hasta hoy las recetas que se aplicaron en ambos casos no funcionaron, el país sigue siendo un enclave de producción de materia prima, exportador de capitales y cada vez más dependiente del subsector informal para su subsistencia. En casi 70 años no hemos podido insertar al país al circuito global de capitales y a la generación sostenida de un portafolio de proyectos que genere desarrollo y riqueza. Un solo proyecto de clase mundial (San Cristóbal), algunos de mediana escala (Khory Khollo, San Bartolomé, Puquío Norte, Don Mario), muchos sueños y elefantes blancos (Mutún, los Salares, Karachipampa, las fundiciones de zinc, etc.) y un paquidérmico subsector cooperativo aurífero, son la síntesis de lo que se generó, muy lejos del sueño primigenio de los nacionalizadores. En algún escrito puntualizaba que con la nacionalización se estatizaron minas pero no el imperio industrial minero que habían erigido Simón I. Patiño y en menor grado Mauricio Hochschild y Avelino Aramayo, y que debiera haber heredado el Estado.
La razón subyacente de esta situación hay que buscarla en el manejo político del sector minero que de una manera u otra es el poder tras el poder, la lucha del día a día nos aleja cada vez más de lo formal, lo razonable y lo correcto, las decisiones de políticas sobre recursos naturales son cada vez más improvisadas, de corto alcance y de tinte rentista. Los tecnócratas y los intelectuales que deberían ser los protagonistas de primera línea prefieren la seguridad del low profile a los riesgos de la lucha. Parafraseando a J. M. Vargas Vila: “La vida es un erial inconmensurable como el desierto. No hay en toda su desolación sino una cima y un oasis… la cima para las águilas y la fronda para las palomas”. Ya va siendo hora de que los intelectuales asuman el rol que la historia les ha señalado. Es necesario que las organizaciones académicas y profesionales sean el faro que guíe, la decisión que prevalezca; es volver a la cima de las águilas y dejar la comodidad de la fronda.
Este aniversario nos encuentra con una muy débil proyección de la minería estatizada en el mediano y largo plazos, el ambiente actual para inversiones en el sector es pésimo, el Estado no puede generar un adecuado flujo de inversiones sin la ayuda del capital privado nacional y transnacional, no hay un portafolio de proyectos que pueda ser factible a corto plazo y nos esperan años duros en los que si no damos un adecuado golpe de timón la minería se nos muere. Pareciera que un patético sino impide que un país con un gran potencial en recursos naturales y extraordinario en minerales y metales, esté en las ligas mayores de la industria por su larga historia de país minero. Pero aún queda la esperanza de que las águilas vuelvan a ser protagonistas para darle sentido a la nacionalización de las minas.
Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.