Desde el momento en que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó acerca de un plan para ejecutar un magnicidio contra el presidente Luis Arce (19 de octubre), los temerarios a la cabeza del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, bajaron los perfiles públicos ostensiblemente. Las voces que hasta ese momento asediaban al Gobierno por el finalmente desestimado proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero sobre todo las que mantuvieron a Bolivia entretenida en el esmerado afán de la falsa contraposición entre fraude y golpe, hicieron silencio, al punto que hoy por Comunidad Ciudadana (CC) su jefe nacional, Carlos Mesa, se limita a tuitear, aunque a la hora de poner la cabeza en la almohada debe recordar su protagonismo en la opereta de la sucesión inconstitucional de Jeanine Áñez.
A las oposiciones al Movimiento Al Socialismo (MAS) se les acabó la coartada sobre la eternización de Evo Morales en el poder. El momento en que se anularon las elecciones del 20 de octubre de 2019 y se produjo la renuncia de los primeros mandatarios se había terminado la aventura de “la reelección es un derecho humano”. Esa era la idea-fuerza con la cual se pretendió bañar de legitimidad la conspiración civil- militar-eclesial que depuso no al candidato Morales, sino al presidente Morales, lográndose que no solo renunciara a seguir postulándose a la presidencia, sino que se le arrebatara el derecho a concluir su mandato constitucional previsto para el 22 de enero de 2020.
Dados los nefastos resultados de lo que fue el gobierno transitorio a la cabeza de Áñez y considerando los grados de compromiso y responsabilidad de los actores que propiciaron la transición espuria, era necesario activar una maniobra distractiva que desviara la atención del recuento y el análisis de lo que fue un gobierno sistemático violador de los derechos humanos, de naturaleza violenta, represiva y además corrupta, y para eso ha servido a lo largo y ancho de 2021 utilizar el “fue fraude, no fue golpe” a fin de eludir astutamente el involucramiento de grupos de choque, candidatos adversarios del MAS, generales y coroneles, curas y embajadores con un gobierno que no solo vulneró el Estado de derecho, sino que tuvo la habilidad de hacerlo retrotrayéndonos a las prácticas persecutorias y represivas de las dictaduras militares de los 70 en América Latina, con el añadido del funcionamiento de un aparato extorsivo puesto en vigencia desde algunos lugares de la Justicia y del Ministerio Público.
El primer año del gobierno de Arce-Choquehuanca ha estado dominado por una discusión sin sentido, en un debate que se ha convertido en la perfecta excusa para no hablar de lo medular de un gobierno que hizo de la transición un asalto a la estructura de poder adaptándola a la codicia de su principal protagonista, el ministro de la muerte, Arturo Murillo; a la vocación militarista de su ministro de Defensa, Luis Fernando López; a la persecución financiera escondida debajo las sotanas del Opus Dei a cargo de Óscar Ortiz, y a la inconmensurable combinación de ingenuidad y rencor de Jeanine Áñez, que hoy reclama respeto a sus derechos, esos mismos que ella decidió pulverizar con decretos como el 4078 que habilitaban licencias a las Fuerzas Armadas para matar en Sacaba y en Senkata.
De la coartada sobre el desconocimiento a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, se produjo un salto con garrocha hacia la coartada del “fraude no golpe”. Con ese artilugio se evidenció la descarada astucia de eludir referirse a los negociados repletos de indicios que comprometen a la expresidenta Áñez y a varios de los que fueron sus ministros. Con ese señuelo se inauguraron Derechos Humanos VIP versus Derechos Humanos plebeyos de los que no se dijo una sola palabra desde escenarios paraestatales del gobierno transitorio como el Conade en los que se defendió abiertamente a la Resistencia Juvenil Cochala con la participación de la republicana española Amparo Carvajal, que más parece hoy una vieja militante de la dictadura franquista.
Cautelosas ante el descubrimiento de un posible caso Terrorismo 3, las oposiciones de la derecha boliviana saltan de coartada en coartada para mantener vigencia. Se niegan a intentar estudiar e incorporar en su comprensión del país a la Bolivia popular ahora prevenida ante cualquier nuevo brote desestabilizador de la democracia. Es más fácil inventar trampas a instalarse en escenarios mediáticos y de redes sociales que les son afines, que una lecto-escritura de un proyecto político alternativo.
La nueva coartada ya está en marcha. Y para intentar su instalación figuran los comités cívicos a la cabeza del Pro Santa Cruz que dice que el autoritarismo del MAS prepara una batería de leyes para controlar el Estado de arriba abajo, de izquierda a derecha, a través de la siempre destemplada vocería ejercida por su mandamás Rómulo Calvo.
Julio Peñaloza Bretel es periodista.