La zona industrial de Karachipampa ha sido declarada zona franca, así dando actividad a la fundición de plomo y plata, con la internación temporal de concentrados desde Perú. Lo primero, que nos alegra, es que funcione; lo que nos preocupa es que sean minerales del Perú los que se refinen y no los de Bolivia.
Al respecto se ha explicado que no hay concentrados disponibles en el país, que todos están comprometidos (es decir, se exportan para su tratamiento). Cuando se encaró el proyecto originalmente, se justificaba con la existencia de una abundante reserva de estos minerales en el país —actualmente producimos 300.000 TMF por año, el doble de la capacidad de Karachipampa. La Constitución Política del Estado Plurinacional, en su política de superar la producción primaria, obliga a la provisión de estos concentrados a las fundiciones nacionales; tiene su precisión en la Ley de Minería como “a costo competitivo”.
Al parecer es este problema que se quiere superar, puesto que en zona franca se libera el pago de impuestos, fundamentalmente el Impuesto al Valor Agregado, el 13% sobre el valor internacional del producto. Este es un problema insoluble para empresas que no tienen capital suficiente como para esperar años para que Impuestos Internos devuelvan los famosos Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim); esta situación ha llevado a enfrentamientos entre productores y el fundidor, es el caso de Karachipampa y San Cristóbal, y de Vinto y la Comibol, a la que llegó a deber cerca de $us 80 millones.
Los productores peruanos se ven obligados a fundir sus minerales de plomo en Asia; una solución por lo tanto es la fundición en un país vecino para abaratar sus costos de transporte a un destino lejano; evitan un flete falso por una carga que tiene 40% de peso no mineralizado. Otros gastos se reducen, como el no pago de seguros, estibaje y el mismo costo de refinación, alto en los países del Primer Mundo. El costo de realización de los concentrados de plomo-plata en el exterior, en el caso de la minería boliviana, llega al 50% del valor bruto del mineral. Mientras tanto, la fundición en territorio boliviano tiene un costo del 10% del valor bruto del mineral, como el caso del estaño en Vinto.
La ley minera establece un contrato de explotación del Estado con el productor minero, por lo cual no pierde la propiedad sobre estos recursos naturales, sino cuando, a través del Senarecom, autoriza su exportación; mientras tanto el Estado tiene la facultad de disponer de este recurso. La misma Comibol, dueña de Karachipampa, tiene minas de plomo y plata dadas en contrato a empresas privadas: en el directorio del contrato tiene mayoría y de un análisis simple se puede determinar la conveniencia de fundir en el país.
Sin embargo, la fundición de Karachipampa, más allá de la falta de voluntad política para hacerla funcionar, tiene problemas estructurales en su tecnología. Construida en la década de los 80, fue la primera en utilizar, a nivel industrial, la tecnología Kivcet, de origen soviético y comprada por la Klockner de Alemania, pero nunca fue entregada en funcionamiento; esto se debió a que, en 1985, se privó a la Comibol de su capacidad productiva; así la fundición fue enmoheciendo mientras esperaba a un socio inversionista.
Desde 2011 se implementó un plan de rehabilitación de la fundición, con recursos propios; la Comibol llegó a ponerla en funcionamiento, estableciéndose la acelerada corrosión del caldero de enfriamiento. Se pretendió superar el problema con un reforzamiento antioxidante, en tres ocasiones con resultados negativos; la planta no llegó a funcionar tres meses, para volver a estar parada desde 2017 hasta el presente, cada reparación tenía un costo de cerca de $us 500.000. El problema es estructural: hay que controlar los gases en el mismo horno, como se viene haciendo en otras fundiciones del mundo. De todos modos, la planta mostró capacidad llegando a producir lingotes de plomo y plata, concentrados de óxidos de zinc, antimonio y bismuto, se avanzó en los ensayos para obtener estaño, indio, oro.
Una vez cumplido el ciclo productivo con los peruanos, nuevamente habrá que reparar el caldero y para ese entonces las ganancias no podrán cubrir una nueva reparación.
La fuerza laboral, acosada por la incertidumbre en la estabilidad en el trabajo, sabe que la única solución es la inversión en un nuevo horno, con un costo de $us 50 millones, que garantice un funcionamiento permanente, que sea una empresa rentable y competitiva y un eslabón para ampliar la cadena productiva. Esto ha llevado a que se plantee, en la Cumbre Productiva en Potosí, la rehabilitación integral de la Fundición de Karachipampa y no una solución parcial y monetarista.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.