Voces

jueves 26 may 2022 | Actualizado a 23:51

Morales, Choquehuanca y Arce

/ 24 de noviembre de 2021 / 01:35

Bajo el mando de Morales, Bolivia mostró un buen desempeño de la economía, que crecía a tasas cercanas al 5%. La nacionalización de los hidrocarburos, la política de redistribución de la renta por medio de los bonos sociales, el énfasis en la inversión pública y el favorable contexto externo con elevados precios del petróleo, condujeron a aumentos del PIB per cápita, reducción de los niveles de pobreza y caídas en la desigualdad de ingreso. A nivel electoral, el apoyo a Morales desde 2009 fue reduciéndose elección tras elección; entre 2009 y 2019, la votación a su favor disminuyó del 64% al 47%; y entremedio, en 2016, hubo una derrota en el referéndum constitucional que no le permitía ser reelegido por cuarta vez (tercera con la nueva Constitución).

En noviembre de 2019, Morales con un apoyo mermado enfrentó un golpe de Estado que lo obligó a renunciar y exiliarse en Argentina, desde donde monitoreó su regreso al país. Mientras tanto, Áñez gobernaba de facto, apoyada por políticos reciclados de la década de los 90. La mala gestión política y económica de Áñez, la deficiente atención a la crisis del coronavirus, la aversión al mundo indígena, y la represión militar y policial, que se expresó con crueldad en las masacres de Senkata y Sacaba, provocaron que la población se aglutinara en contra del gobierno de facto y a favor del partido de Morales para las eventuales elecciones de 2020.

En enero de 2020, el Pacto de Unidad, instancia que agrupa a los sectores campesinos e indígenas que forman parte del MAS-IPSP, propuso a Choquehuanca y Rodríguez como candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente; sin embargo, en Argentina, Morales cambió la nómina y definió a Arce como presidente desplazando a Choquehuanca al segundo lugar. Aun así, Choquehuanca fue una pieza clave para aglutinar al sector indígena y campesino a favor del MAS-IPSP; sin su participación no se concibe la victoria del partido de Morales en las elecciones de 2020.

En octubre de 2020, el MAS-IPSP obtuvo el 55% de la votación, que daba la oportunidad a Arce de dirigir el país; sin embargo, el apoyo electoral se redujo al 40% en las elecciones departamentales de 2021. En ese camino, y a lo largo de un año, las señas que ha dejado Arce en su primer año de gobierno pueden expresarse así: primero, el Gobierno ha preferido mirar a otro lado, dejando escapar a los operadores más visibles del gobierno de facto (Murillo y López); asimismo, ha permitido que Camacho, Reyes y Arias terminaran quedándose con gobernaciones y municipios, y ha dejado impunes a Mesa y Quiroga. Segundo, el Gobierno ha perdido el apoyo político de La Paz y El Alto, con el riesgo que ello implica en la estabilidad política de su gestión. Tercero, la política económica de Arce ha sido insuficiente y tímida para la recuperación: el Bono Contra el Hambre, el Impuesto a las Grandes Fortunas, la devolución del IVA, los fideicomisos para la sustitución de las importaciones y la baja ejecución de la inversión pública, no han logrado incentivar la demanda y oferta agregadas, de manera que en 2021 la economía pueda volver a los niveles de 2019. Cuarto, Arce al promover la Ley 1386 contra “ganancias ilícitas” ha provocado temor y confusión en los sectores populares de gremiales, comerciantes y transportistas, y le ha dado un buen pretexto a los grupos más reaccionarios y racistas del país para que exijan más concesiones y que revivan las ideas separatistas que se originaron en la primera década de 2000.

El primer año de gestión de Arce y la intransigencia de la oposición política han llevado al país a una situación delicada, donde la economía es precaria, la sociedad tiene un elevado riesgo de polarización, los partidos políticos han perdido credibilidad, y se han reactivado los regionalismos.

Bajo este escenario, las soluciones a los problemas del país exigen a Choquehuanca y Morales que, con responsabilidad histórica, entiendan que el proceso de revolución cultural, económica y de soberanía de los pueblos, requiere un liderazgo con espíritu de unidad nacional; asimismo, tiene que ver con la aparición de una oposición madura, con política soberana, libre de racismo y regionalismo; y finalmente, demanda al gobierno de Arce corregir sus errores, para que en vez de poner piedras en el camino que dificultan alcanzar el fin del “vivir bien”, defina, sin endeudar el país, políticas a corto y largo plazos que conduzcan a la armonía social y al máximo bienestar de la población.

Fernando Torrejón Flores es profesor de Análisis Económico y Economía Aplicada.

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Apuntes del PGE 2022

/ 22 de diciembre de 2021 / 06:50

El presupuesto de 2022 del sector público registra un gasto total del 57,9% del Producto Interno Bruto (PBI). Esta cifra muestra el tamaño del Estado en el conjunto de la economía. Si se toma el gasto del sector público no financiero (SPNF), que excluye las instituciones financieras, el porcentaje llega solo al 46% del PIB (promedio del periodo 2006-2020), que es superior al de Estados Unidos (37%) pero menor que el de las economías europeas (eurozona 50% y Suecia 55%).

El presupuesto prevé un saldo público negativo de Bs -34.480 millones, pues los ingresos totales (Bs 139.514 millones) son inferiores a los gastos totales (Bs 173.994 millones). El déficit proyectado representa -11,5% del PIB, que es menor en el caso del SPNF (-8% del PIB).

Aparte de los ingresos propios, el presupuesto contempla financiación ajena (Bs 95.577 millones), que proviene del endeudamiento externo (Bs 36.649 millones) y fuentes financieras internas (Bs 58.928 millones), que en su mayor parte se originan del crédito del Banco Central de Bolivia (BCB). Asimismo, los Bs 95.577 millones se dirigen, por un lado, a amortizar la deuda externa y al pago de deuda interna (Bs 61.096 millones), y por otro, al financiamiento del déficit público (Bs 34.480 millones). El financiamiento del déficit indica que en 2022 habrá un incremento neto de la deuda externa en 9,4% del PIB y de la deuda interna en 2,1% del PIB.

El elevado déficit público y el incremento de la deuda externa previstos para 2022, tienen como origen un ambicioso programa de inversión pública de Bs 34.486 millones ($us 5.015,5 millones), que supone un 11,5% del PIB. Esta cifra desagregada revela, primero, que el grueso de la inversión se concentra en sectores que tienen una baja participación en el empleo y en el PIB; así el 56% de la inversión pública se reparte entre la minería del hierro, zinc y estaño (13%), infraestructura de carreteras y transporte (26%), e inversión social (17%) —la minería y la construcción de obra pública suponen menos del 10% del empleo y del PIB—. Segundo, solo un 2% de la inversión se dirige a la exploración de hidrocarburos. Tercero, se destinan pequeños porcentajes de inversión a sectores que tienen una gran participación en el empleo y la producción; así, bajos montos van al sector de los alimentos: transformación y almacenamiento (0,3%), apoyo a la producción nacional (1,4%) e industria alimentaria (1,7%); recursos hídricos: pozos (0,2%), riego (0,6%) y acumulación (2,2%); energía: hidroeléctrica (2,8%), eólica (0,3%), nuclear (1%), litio (0,3%); industria manufacturera: derivados de los hidrocarburos (0,4%) y manufacturas para la construcción (1%) — la agricultura, la manufactura y la energía, en conjunto, suponen más del 40% del empleo total y más de un tercio del PIB—.

A la luz de los datos, se ve que el presupuesto de 2022 favorece de forma desproporcionada la inversión pública destinada a los sectores de minería y construcción, que tienen una baja incidencia en el empleo y PIB, que dependen en elevado grado de las importaciones de insumos y de bienes intermedios, y de la participación de empresas extranjeras de baja tecnología. Asimismo, en la “inversión social”, no queda claro el peso que tiene la formación bruta de capital. Además, el presupuesto se ha quedado corto con la inversión destinada a los sectores de los alimentos y agricultura, industria manufacturera y energía, aun siendo estos de una elevada incidencia en el empleo y PIB, gran potencial de movilización de recursos endógenos con baja dependencia externa, y dinamizadores de otros sectores, como el comercio, transporte y almacenamiento.

Es imprescindible que el presupuesto del Estado no se limite a ser un instrumento solo generador de gasto, endeudamiento externo y dependencia externa; sino que se convierta en un medio capaz de generar desarrollo endógeno (vivir bien) que lleve a la economía a ser competitiva y soberana en áreas como los alimentos, recursos hídricos, energía e industria semipesada y tecnológica.

Fernando Torrejón Flores es profesor de Análisis Económico y Economía Aplicada.

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Bolivia: la política económica y el inicio de la recuperación

La recuperación de la economía va a depender de la manera de gestionar la pandemia.

/ 11 de enero de 2021 / 03:38

Los datos del desempeño de la economía boliviana de 2020 reportarán un crecimiento del PIB negativo por debajo del -8% y una tasa de paro cercana al 9%. Esos malos resultados tienen mucho que ver con la deficiente gestión económica del régimen de Áñez, tanto antes como durante el periodo de la pandemia: cuando Áñez llega al gobierno, Bolivia crecía al 2,6%, cuando lo deja la economía se deprimía al -10%. Ante tal situación, la recuperación exige que se defina bien la política económica, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, es urgente reactivar la demanda interna y la oferta de los pequeños y medianos productores; a largo plazo es prioritario establecer bien las estrategias de desarrollo dentro del modelo social comunitario y productivo para los años que vienen.

A corto plazo, las medidas llevadas a cabo por el Gobierno van por buen camino, pues se han dedicado a fortalecer la demanda interna: por un lado, las transferencias de ingreso del Estado a las familias, a través del Bono contra el Hambre ($us 570 millones) y el reintegro de una parte del IVA a los habitantes de rentas bajas, ayudarán al aumento del consumo de los hogares. Por otro lado, la reactivación de la inversión pública con un monto de $us 4.011 millones, aparte de fortalecer la demanda interna, incentivará al sector privado, pues los proyectos de inversión implican que el Estado es comprador de bienes de la empresa privada a través de licitaciones públicas.

A largo plazo, el Gobierno y su Ministerio de Planificación aún no han comunicado las estrategias de crecimiento de la productividad, renta per cápita y PIB potencial. Es probable que este 22 de enero escuchemos cuáles son esas líneas maestras.

Aunque se ha arrancado bien, es imprescindible tomar en cuenta que la recuperación de la economía va a depender de la manera de gestionar la pandemia, y cómo y cuándo se solucionen los problemas políticos originados en el gobierno de facto de Áñez. Con respecto a la pandemia, el Gobierno no debería apostar exclusivamente a las vacunas como la única vía de solución, sino también fomentar, a través de protocolos estudiados y aplicados, la utilización de plantas medicinales que provienen de los usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas —el vicepresidente Choquehuanca puede dar más luces —, y la alimentación natural y saludable para fortalecer el sistema inmunitario de las personas. Con referencia a los problemas políticos, es necesario que la administración del Estado observe, por un lado, que el juzgamiento de los responsables del golpe de Estado de 2019 es una demanda pendiente que la población espera que se resuelva pronto; por otro lado, que es prioritaria la comunicación directa y fluida con el pueblo, para que el respaldo social pueda sostener las medidas  de política económica; adicionalmente, no debe descuidarse la adecuada elección de los empleados públicos, exigiendo que se valoren cualidades como la lealtad (no tránsfuga) al compromiso de reconstrucción del país, responsabilidad, incorruptibilidad, mérito académico y profesional, e identidad cultural.

La política económica del Gobierno alcanzará sus objetivos de recuperación para 2021 si se combina con medidas adaptadas a la realidad boliviana en el campo de la salud en tiempos de pandemia, y si se tiene la voluntad política para cumplir las promesas electorales. Así, la economía se pondrá a punto para su despegue a largo plazo para un horizonte de cinco o 10 años.

*Es doctor en Economía. Profesor de Macroeconomía y Economía Aplicada

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