Voces

viernes 3 dic 2021 | Actualizado a 06:02

Expectativas y futuro

/ 25 de noviembre de 2021 / 01:22

Atravesamos en el país uno más de los recurrentes periodos de conflictos a los que lastimosamente vamos acostumbrándonos como sociedad, además de la zozobra que estos eventos nos causan y a veces hasta el conformismo cómplice que nos generan; es necesario en momentos como éste hacer una pausa, encomendar la conciencia al siempre bienvenido sentido común y apelar sin disimulo a la prudencia.

Cualquier paralización genera costos que deben ser asumidos por los instigadores y el resto, de esta ley no escapa nadie y representa una paradoja porque no está escrita en ningún papel; sin embargo, existe un costo adicional que no percibimos de manera tan directa pero que puede ser tan o más dañino, está relacionado a las expectativas personales y de grupo que se generan a partir de una situación de conflictividad permanente.

La sorpresa y la confusión no son precisamente amigas del porvenir ni del progreso, por esta razón el oportunismo político de algunos sectores para propagar riesgos y peligros donde no los hay es más que cuestionable, así como que la gente no se informe y actúe por reacción o reminiscencia de algo que ya no existe y que tampoco la representa.

Una ley contra ganancias ilícitas o su estrategia es bastante común en el planeta, su ausencia conduce a dificultades de diversa índole que debe enfrentar el país en su relación con el resto del mundo, no es algo que se haya descubierto hoy ni ayer. El hecho de cuestionarla tres meses después de su aprobación por la misma gente que la validó en su momento no es serio, muestra que hay otros intereses que amparados en un supuesto movimiento cívico tratan de favorecer las ganancias ilícitas o que evitan su reglamentación con fines de figuración política, esa que no pudieron consolidar cuando tuvieron el poder por unos meses.

Por otra parte, el vaticinio incesante de negros nubarrones para Bolivia en los años pasados y en los próximos se ha hecho reiterativo por parte de analistas y expertos, éste fomenta una sensación de que el único camino posible es el desastre y que por lo mismo todos estamos en la obligación de contribuir a que tarde o temprano esto se cumpla.

Para fortuna nuestra y desgracia de estos pequeños grupos, las cifras económicas agregadas de este primer año de gestión son positivas y abren el espacio al optimismo, estamos superando la pandemia y las actividades son cada vez más normales; sin embargo, las contradicciones de la vieja política continúan, se habla de reactivación y se paraliza, se habla de diálogo sin imposiciones y las demandas cambian a gusto de intereses sectarios, se habla de paz y se busca tumbar y darle una vuelta a la democracia.

La gestión económica ha sido la más apropiada según las circunstancias y es un tema que algunos no quieren reconocer, tergiversando todo lo que se propone y buscando cinco pies al gato, lanzando críticas sin fundamento y generando expectativas engañosas y apocalípticas que probablemente no se las crean ni ellos mismos.

Esta extraña complicidad entre figurones y comparsas o grupo de amigos ya no sorprende, queda en usted dilucidar los medios y los afanes ajenos, queda en nosotros no permitir que el futuro sea consumido por la confrontación y la discordia.

Franco Guzmán Bayley es economista.

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La larga noche

/ 31 de enero de 2021 / 00:15

En la novela de Humberto Costantini que hace referencia al título de este artículo se plantea el dilema moral que alguna vez confrontamos como seres humanos respecto a nuestra indiferencia o pasividad frente a la desgracia ajena. Es un fenómeno recurrente en la vida que debamos elegir entre actuar o mantener una prudente distancia, de alguna forma y haciendo un paralelo con la economía, este hecho se explica por el grado de aversión al riesgo que tengamos.

En un mundo simplificado en función al riesgo, las personas podrían dividirse entre las que prefieren tomarlo, aquellas a las que les resulta indiferente y finalmente las que procuran evitarlo; por supuesto que esta clasificación no debería utilizarse para medir sus méritos respecto al nivel de ingresos a los que puedan acceder o hayan accedido. La práctica cada vez más común en Bolivia de defender los derechos de los “prósperos arriesgados” frente a los “pobres cautos”, agregando además connotaciones regionales y hasta étnicas, denota una miopía preocupante, muestra además que no hemos superado por completo las barreras que impiden consolidarnos como país y sociedad.

Respetando nuestras diferencias, en una situación límite como la presente, es necesario que reflexionemos en relación al mañana, que el mundo como lo conocemos cambió y seguramente cambiará, que los privilegios de los más afortunados no pueden estar por encima de la sobrevivencia del resto y que los más necesitados requieren mejorar sus oportunidades en todos los ámbitos para alcanzar una sociedad más humana y solidaria.

El reconocimiento de nuestra propia debilidad ante la pandemia, y la crisis que ésta ha desatado, ha generado una nueva conciencia en la que incluso un organismo internacional reconocido por su ortodoxia en términos económicos y por la aplicación a ultranza de recetas, el Fondo Monetario Internacional, recomiende un análisis renovado del cumplimiento tributario, de impuestos más altos a las personas más acaudaladas y del ajuste de aquellos dirigidos a las empresas con mayor rentabilidad; el fin de esta sugerencia es la aplicación de medidas redistributivas que beneficien a los sectores más pobres.

En esta línea, el Gobierno proyectó la creación de un Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) que grava la fortuna de personas con una riqueza mayor a los Bs 30 millones, el objetivo es generar ingresos que puedan llegar hacia la población en su conjunto a través de medidas redistributivas, que alivien de alguna manera las dificultades a las que todos nos vemos expuestos.

La redistribución no es mala en sí misma a pesar de que motiva un temor infundado de parte de ciertos sectores, basta ver que algunos de los países con mayor desarrollo humano en el mundo, como son los nórdicos, han aplicado políticas fiscales redistributivas que le permiten a la mayor parte de su población acceder a niveles de bienestar que no se ven ni siquiera en los países de tradición capitalista más arraigada.

No se trata de un acto injusto o perverso contra el esfuerzo o trabajo individual, se trata del reconocimiento de que la vida en comunidad conlleva una obligación moral para con los demás, y que la subsistencia no puede depender únicamente de la buena voluntad del libre mercado, cuyas manos suelen ser cortas en los tiempos difíciles y particularmente largas en la bonanza.

Franco Guzmán Bayley es economista.

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