Voces

viernes 3 dic 2021 | Actualizado a 05:33

Libertad y democracia de Calvo

/ 25 de noviembre de 2021 / 01:26

Bolivia asiste desde 2005 a un nuevo escenario donde los actores de la política ya no son los partidos, sino las organizaciones sociales, sindicales, territoriales urbanas y rurales, los comités cívicos, empresarios, medios de comunicación, las iglesias evangélicas y católica.

La crisis estatal de comienzos de siglo, su superación vía Asamblea Constituyente, ha transformado sustantivamente los ejes y los sentidos políticos de la organización y funcionamiento del Estado y de la sociedad, afectando a los beneficiarios del viejo sistema liberal, republicano, colonial y confesional, esto explica los motivos ideológicos de quienes se autoidentifican como oposición.

Tomaremos dos ejemplos que son relevantes en esta coyuntura: democracia y religión. Con la vieja CPE, el alcance de la democracia liberal representativa llegaba solo a la elección de parlamentarios y concejales: los parlamentarios — 130 diputados y 27 senadores—, por disposición constitucional elegían al Presidente y Vicepresidente de la República; los concejales, de entre sus miembros al alcalde. Una cúpula minúscula se arrogaba la soberanía del pueblo para decidir. Los prefectos, desde la fundación de la República hasta 2005, los elegía el Presidente a dedo.

Los púlpitos de las catedrales, desde donde emitían los sermones políticos celestiales los obispos en cada aniversario cívico, eran los guías espirituales del poder, pero además tenían el mandato “constitucional” porque Bolivia se definía como un Estado confesional católico; intervenían en momentos de crisis para salvar no al oprimido, sino al amo estatal de clase que nos gobernaba.

En nombre de esa democracia restringida, de esa religión del viejo poder colonial, que hoy pregonan su lucha por la “libertad y democracia”.

Pero nuestra democracia, la que hoy tenemos, tan satanizada, ¿cómo funciona? El pueblo mediante su voto elige a todas las autoridades ejecutivas y legislativas que nunca eligió, es decir, Presidente, Vicepresidente, gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales. Qué malo es que el pueblo decida, por eso las derechas llaman a recuperar la democracia, pero la elitaria.

Nuestra Constitución dice que somos un Estado laico, que reconoce y respeta la libertad de religión y creencias espirituales, que se terminó el monopolio de nobleza eclesial de la Conferencia Episcopal Boliviana, por eso proclamaron en el golpe que Dios disfrazado de Jeanine y Camacho volvía a ingresar al Palacio, ingresaron a ese histórico epicentro del poder oligárquico neocolonial confesional para desatar la masacre y persecución de los profanos que solo enarbolaban la wiphala.

Lo nacional popular que se manifestó democráticamente en las elecciones para elegir a sus autoridades, fue condenado por los feligreses de las iglesias que no están inspirados en la fe del Mesías, fueron a las puertas de los cuarteles para arrodillarse, orar y pedir a los militares que impidan que los que fueron electos por los plebeyos vuelvan a gobernar, porque no nos consideran dignos de sus plegarias.

Las transformaciones constitucionales emergieron desde lo nacional popular, no fue ninguna concesión estatal, no vulnera derechos sino privilegios de una élite; hoy se sienten afectados, asumen como banderas suyas eslóganes genéricos que en el fondo están reivindicando lo anacrónico como sinónimo de “libertad y democracia”.

Pero los comités cívicos que pregonan la lucha por la libertad y la democracia no emergen de la democracia popular, sino de la democracia censitaria que es corporativa, empresarial y gremial, es decir que son elegidos por votos calificados y selectivos; la legitimidad surge de los acuerdos grupales y no así de la voluntad popular.

Los abanderados de la democracia censitaria, envueltos en las bendiciones celestiales de la nobleza, bloquean nuestro presente, proclaman la buena nueva con la represión a los habitantes del Plan Tres Mil en Santa Cruz, o golpeando y expulsando a los campesinos del centro urbano de la ciudad de Potosí, de la plaza 10 de Noviembre.

A nombre de su libertad y democracia han normalizado en su cotidianidad acciones de violencia simbólica, discursiva, religiosa y racial, como la única forma pública de aparentar acciones políticas de oposición, forzando y creando un clima constante de inestabilidad política; su estrategia es crear caos, anarquía, en el imaginario urbano imponer la idea falsa de ausencia de gobierno, es decir, su proyecto es la destrucción para presentarse en los momentos electorales como los paladines de la democracia y la libertad.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

Comparte y opina:

MacLean quiere debatir

/ 11 de noviembre de 2021 / 01:40

En el artículo de Ronald MacLean, exembajador de Banzer y exjefe de campaña de Camacho titulado Debatamos Héctor Arce: ¿quién dice la verdad?, del 31 de octubre, sobre el evento que organizó el Embajador ante la OEA, ¿Qué pasó en las elecciones de Bolivia 2019 y el informe de la OEA?, en la sede del organismo continental en Washington, contó con la participación diplomática de varios países, la exposición de expertos académicos que observan técnicamente el informe de auditoría electoral de la OEA; al mismo se invitó a la OEA, para que pueda explicar y defender su informe y las conclusiones, pero no asistieron y se ratificaron en la validez del documento.

MacLean parte descalificando a los organizadores del evento y los denomina “promotores de la gran mentira”, además acusa al embajador Arce de “sufrir de amnesia senil”, porque según el articulista, en las oficinas del exministro de Justicia se “evidenció el manipuleo de las actas electorales fraudulentas”.

Para no caer en la especulación como fuente de “veracidad”, al igual que el articulista, partamos por precisar que según la declaración de exfuncionarios del Ministerio de Justicia ante la Fiscalía en noviembre de 2019, revisaron las actas el 30 de octubre de 2019, pero cuáles, las de las mesas electorales que están en la página oficial del Órgano Electoral y son públicas, es decir accedieron a la información oficial a la que accedieron miles de bolivianos, medios de comunicación y los partidos políticos. Segundo, el cómputo oficial se desarrolló en los nueve TED del domingo 20 al 23 de octubre con la presencia de los partidos políticos, la MOE-OEA, la UE; el cómputo final se realizó en el TSE el 24 y 25 de octubre sobre la base de las 34.395 actas originales depositadas por los jurados electorales; el TSE proclamó los resultados el 25 de octubre, como establece la CPE y la ley electoral.

No solo que es contradictoria la afirmación de MacLean sino caricaturesca, porque cómo puede manipularse un resultado electoral que se presentó el 25 de octubre alterando las actas en las oficinas del Ministerio de Justicia el 30 de octubre: es magia de Disneylandia.

Pero además el articulista, como muchos defensores del fraude, no leyeron el informe de la OEA, o si lo hicieron no lo entendieron por sus propias limitaciones intelectuales. El informe final de la OEA presentado el 5 de diciembre de 2019 en Washington expresa en las páginas 81-82: “Al digitar las actas y al tener en cuenta las observaciones que éstas incluyen, se tomó nota de que la cantidad de votos asignados a cada partido político en el cómputo oficial coincidió en 34.495 imágenes de actas, 99,8%”, es decir los expertos de la OEA “digitaron las actas” electorales, incorporaron en su sistema las observaciones que presentaron partidos políticos, el Conade, comités cívicos, etc. (Anexo 7-OEA). Luego compararon con las actas del “cómputo oficial” del TSE y con las “imágenes de las actas” que son administradas por el TREP, y sorpresa mayúscula, coincidieron prácticamente en un 100%. Entonces dígame señor excanciller y exjefe de campaña de Camacho residente permanente en los EEUU, cuál es la prueba de la manipulación, alteración de las actas, si es la misma OEA que certifica la coincidencia de las mismas utilizando tres fuentes.

MacLean desafía a un debate al embajador Arce, considero que es el tiempo de este debate imprescindible, no solo entre ambas personalidades sino entre muchos actores para poner frente a los ojos de nuestro pueblo cuál es la verdad de lo que sucedió en 2019. Propongo que establezcamos un temario: i) TREP: Alcances informáticos y legales sobre el cómputo electoral; ii) Actas electorales: manipulación, alteración y efecto sobre el cómputo; iii) Cambio de tendencia en el último 5% de los votos que favoreció al MAS: mesas y recinto electoral; y iv) Voto en el exterior, principalmente de Argentina, donde se encontró la alteración del índice del padrón electoral en 66 mesas, y las 1.577 actas del TREP utilizadas del exterior para el cómputo.

Estos son los ejes principales que la OEA identifica para afirmar que hubo “manipulación dolosa que alteró el cómputo final”. Sobre la cancha que rayó la OEA debatamos, esta página crítica de nuestra historia democrática no puede quedar a la deriva e incertidumbre y a la vez ser el justificativo discursivo recurrente de un libreto lleno de eslogan. Debatamos dejando a un lado las vuvuzelas del sensacionalismo, sino con la madurez, la solidez argumentativa, documental, técnica e informática, porque la memoria de nuestros mártires, el dolor y sufrimiento de los perseguidos, detenidos, torturados no es solo estadística violatoria de derechos humanos, sino una realidad que debemos evitar que vuelva a suceder.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

Comparte y opina:

Octubre

/ 28 de octubre de 2021 / 00:45

Octubre es un mes en el que se inscribieron muchos hechos históricos que marcaron y definieron el curso de la historia.

1492. La invasión española a costas caribeñas el 12 de octubre, de nuestra Abya Yala, es el inicio del colonialismo con la explotación, saqueo de nuestros recursos naturales, exterminio de los pueblos.

1952. Para la revolución del 52 la nacionalización de las minas de propiedad de los “barones del estaño” y propietarios de nuestra Patria era un eje fundamental. La COB movilizada le exigió al gobierno del MNR la nacionalización. El 3 de octubre se fundó la Comibol y el 31 de octubre, en los Campos de María Barzola, se firmó el decreto de nacionalización de las minas. Esta decisión marcó uno de los sentidos históricos del nacionalismo revolucionario.

1967. El Che, uno de los símbolos de la izquierda marxista más influyente del siglo pasado, fue rodeado y detenido en la Quebrada del Churo, en La Higuera, el 8 de octubre por el Ejército boliviano. El presidente, el general Barrientos Ortuño, por instrucción y en complicidad de la CIA, ordenó su asesinato el 9 de octubre en la escuela de La Higuera. Como dice el poeta Guillen, “no porque haya caído tu luz es menos alta… no porque te quemen… van a impedir que te encontremos Che comandante amigo.

” 1969. El gobierno nacionalista de Ovando Candia designó a Marcelo Quiroga Santa Cruz ministro de Minas y Petróleo, que impulsó la derogatoria del antinacional Código del Petróleo y el 17 de octubre, se decretó la nacionalización de la Gulf Oil Company.

1970. En el gobierno de Ovando Candia, el general Juan José Torres fue designado comandante de las Fuerzas Armadas. Militares de derecha se levantaron contra Candia, una movilización popular liderada por la COB impidió el golpe e impuso a Torres como presidente el 7 de octubre. Torres exigió la retirada del Centro de Transmisiones Estratégicas de los EEUU, expulsó al Cuerpo de Paz, organismo de voluntarios de EEUU que tenían enfoque antinatalista; concentraron sus acciones en disminuir el crecimiento de la población indígena, esterilizando a las mujeres indígenas en contra de su voluntad. También liberó a Regis Debray, condenado a 30 años de prisión, y a Ciro Bustos, ambos juzgados por su participación en la guerrilla del Che.

1982. La derrota de la dictadura militar de García Meza implicó el retiro de los militares del poder político. Los parlamentarios electos en 1980 sesionaron en octubre de 1982, el día 6, y proclamaron ganador de las elecciones al frente de izquierda UDP y presidente de la República a Hernán Siles Zuazo, y vicepresidente a Jaime Paz Zamora. El 8 de octubre, Siles retornó al país del exilio y el 10 de octubre fue posesionado después de 18 años de dictadura. La democracia tiene en el proletariado y el movimiento campesino sus abanderados principales.

2003. La movilización nacional en octubre para impedir la exportación de gas a EEUU por territorio chileno. El gobierno del MNR ordenó la represión militar contra el pueblo. El saldo fue el asesinato de decenas de bolivianos y bolivianas en El Alto, pero el pueblo no fue acallado, exigió la renuncia del presidente. Sánchez de Lozada dimitió y huyó del país hacia EEUU el 17 de octubre. Se cerró el ciclo del neoliberalismo.

2008. El 13 de octubre se inicia desde Caracollo la marcha más grande en la historia de la democracia convocada por la Conalcam y la COB para exigir la convocatoria a referéndum para aprobar la nueva Constitución Política. El 20 arribaron a la ciudad de La Paz, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de Ley de Referéndum Constitucional, un día después Evo Morales promulgó la norma. Este hecho histórico cerró el ciclo del Estado liberal, colonial y republicano, y marcó el nacimiento constitucional del Estado Plurinacional.

2019. El 20 de octubre, Evo ganó su cuarta elección presidencial consecutiva, la Misión de Observación Electoral de la OEA intervino violando nuestra soberanía, denunciando manipulación del resultado electoral sin pruebas, y ordenó la segunda vuelta sin respetar el procedimiento electoral establecido en la CPE. Fue el inicio del justificativo para el golpe de Estado.

2020. El pueblo organizado y movilizado tuvo la capacidad de resistir el golpe de Estado, proponer una candidatura única para enfrentar por la vía democrática a la dictadura. En agosto, la gran movilización popular impuso al gobierno de facto la fecha de las elecciones, el 18 de octubre. Por decisión democrática recuperamos el gobierno que nos arrebató por la violencia fascista la derecha local e internacional.

Octubre tiene múltiples significados por la importancia histórica de los hechos suscitados, marcaron definitivamente el curso de nuestra historia, desde la invasión española hasta los últimos acontecimientos del presente.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

Comparte y opina:

Color ideológico de los evangélicos

/ 14 de octubre de 2021 / 01:02

Los pastores y las iglesias evangélicas o neopentecostales no están ausentes de la dinámica política como actores directos por la posición que asumen en coyunturas decisivas e importantes de nuestro país y dentro el continente.

Como bien expresa Calderón Castillo, los evangélicos utilizan su poder simbólico y retórico para vincular las creencias de la fe a las ofertas políticas, de tal manera que combinan el poder de convicción de la predestinación religiosa de la salvación posexistencial al discurso político de un porvenir moralizador y bíblico como redención terrenal.

Los rasgos distintivos de la participación política de los neopentecostales y sus pastores se pueden sintetizar en cuatro: i) posturas ultraconservadoras en relación con la familia y restrictivas de las libertades sociales; ii) abiertos defensores del neoliberalismo y la sociedad de consumo; iii) gran capacidad económica ligada al aporte-convicción de sus feligreses; y iv) despliegue mediático a partir de sus propias emisoras, canales de televisión y redes sociales.

En nuestro continente existen 19.000 iglesias pentecostales, tienen cerca de 100 millones de creyentes, la mayor concentración se encuentra en Brasil y Colombia; de acuerdo con reportes periodísticos, en 2015 movilizaron cerca de $us 12.000 millones producto de los “diezmos” que aportan religiosamente sus feligreses.

En Colombia, se articuló una movilización política liderada por el expresidente de ultraderecha Uribe con las iglesias neopentecostales para oponerse al Acuerdo de Paz que fue promovido por el expresidente venezolano Chávez y el gobierno de Cuba, entre las FARC y el gobierno colombiano liderado por el presidente Santos.

Esta alianza entre la ultraderecha colombiana y las 226 iglesias que tienen cerca de 10 millones de feligreses impulsaron el voto No a los Acuerdos de Paz en el referéndum nacional; se impusieron e impidieron un reencuentro nacional.

En nuestro país, en las elecciones de 2019, el exvicepresidente Cárdenas postuló por plataformas evangélicas, su candidato a vicepresidente fue el pastor evangélico Peinado; en su acto de proclamación hizo mención especial al evangélico Mike Pompeo, congresista republicano, secretario de Estado de los EEUU, también designado por Trump para dirigir la CIA.

El Consejo Nacional Cristiano (CNC) tiene intervenciones públicas y políticas en momentos precisos. En 2019 interpuso un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Libertad Religiosa, que establecía el marco jurídico de derechos y deberes para el ejercicio de libertad religiosa y creencia espiritual, regulaba los recursos y el patrimonio que deben estar destinados al logro de objetivos de la iglesia y que no podrá ser distribuido directa o indirectamente entre la jerarquía de la iglesia; además obligaba a que las iglesias deban asegurar a sus trabajadores y aportar al seguro de corto y largo plazos. Es decir, no aceptan fiscalización de recursos y rechazan cumplir con obligaciones laborales.

El líder y fundador del CNC, a dos días de realizarse las elecciones nacionales, el 22 de octubre de 2019, expresó públicamente: “Estamos convocando a todo el pueblo boliviano, a las iglesias evangélicas, a la Iglesia Católica, a la desobediencia civil, a una resistencia civil, a una movilización permanente, hasta que este gobierno corrupto, fraudulento, salga”. En la misma sintonía de toda la derecha política y cívica, motivaron y exacerbaron a sus creyentes a la desobediencia civil contra una manifestación democrática del pueblo, exigiendo la renuncia del gobierno, y se acusó de fraude sin presentar una sola prueba más que su palabra celestial.

En los cabildos del 2 y 4 de noviembre de 2019 convocados por Camacho en Santa Cruz, al inicio se observó a pastores evangélicos orar por los asistentes, bendecir las conclusiones y obviamente absolver de culpas celestiales a las acciones de violencia.

Nuevamente aparece en la escena política el vocero evangélico, contra el proyecto de investigación de fortunas: “Esta ley está creando un Estado de persecución a toda la población boliviana, más de 17 artículos violan derechos individuales porque la UIF puede ingresar a su domicilio, vulnerar llamadas telefónicas, derecho a la intimidad, derecho al culto y a congregarse, y el derecho de recoger diezmo”. Lo evidente de esta afirmación es su preocupación por el diezmo.

Con los feligreses, infraestructura y recursos económicos que disponen, son un núcleo altamente influyente, alineados al movimiento opuesto a las grandes transformaciones progresistas, populares, sociales, ampliación y reconocimiento de derechos que se están instaurando por la vía democrática en la región, es una postura ideológica en sintonía a las corrientes de derecha en el continente.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

Comparte y opina:

Aureola racial Calvo-Camacho

/ 30 de septiembre de 2021 / 01:43

Las opiniones políticas y comportamientos públicos de Camacho, hoy como gobernador, y de Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz (CCpSC), merecen una valoración por lo que representan, pero no como principales autoridades políticas de un departamento sino como abanderados de la normalización discursiva y la praxis de la violencia racial y fascista en nombre de lo que es un demócrata camba.

El racismo se ha constituido en uno de los ejes ideológicos más importantes de la ultraderecha a nivel mundial, por lo que no es un hecho ajeno o aislado, es más, representa la forma política y pública de manifestación del establishment cruceño: el exponente mayúsculo de la violencia banal.

La identidad cruceña ya no descansa en lo “camba”, pues solo es el referente simbólico. Ésta misma ahora es impuesta como proyecto de sentido común, regionalizada desde la cruceñidad. Cuando Peña Hasbún menciona que la “cruceñidad” ha sido calificada como: i) La c. un mito ideológico: elemento unificador de la diversidad cruceña que ha delegado su poder a “una instancia local suprema, el CCpSC”, que representa los intereses de la “oligarquía cruceña”; ii) La c. es la ideología que ha desarrollado el CCpSC, basada en los valores empresariales y de audacia pionera apoyada por muchas clases que se sienten identificadas con el éxito cruceño y; iii) El discurso de la c., que no es otra cosa que lo regional, considera a la “cruceñidad” todo aquello como no-colla, pues la identidad no está en función de la diferencia como cualidad, ya que lo asumen —en su imaginario ideológico— como superioridad frente al otro, desde el interior del departamento contra los migrantes collas y fuera del mismo contra los otros departamentos, principalmente el altiplano.

La “normalización” del racismo desde la construcción-imposición en lo social-cultural significa el sentido o referente de cohesión territorial donde las élites tienen el liderazgo y control de la subjetividad, y en este caso la “cruceñidad” se presenta desde las creencias y predisposición de la violencia racial internalizada en —ciertos— grupos como forma de “defensa” (¿?) contra el Gobierno y los collas que son una amenaza —en su razonamiento impuesto—.

Este campo político que no es reciente, más sus manifestaciones públicas, fueron toleradas, fomentadas, amplificadas e incluso bendecidas desde inicios de siglo, donde coincidió con la crisis del viejo Estado republicano, liberal, colonial, la huida de Sánchez de Lozada y el desmoronamiento de los partidos de derecha que los representaba en el Estado.

La normalización de la violencia racial se expresa con la organización, apoyo y financiamiento a la Unión Juvenil Cruceñista como el brazo represivo del CCpSC, como parte del establishment son jóvenes que defienden la “cruceñidad”, por lo tanto, sus acciones son legítimas y legales.

La religión como creencia, la Iglesia Católica y las evangélicas como instituciones al igual que con la invasión y el colonialismo, bendijeron la explotación, el saqueo, el exterminio, y ahora bendicen y validan espiritualmente las acciones de violencia, finalizando en defender —sin ruborizarse— a militares, policías y políticos que reprimieron y asesinaron al pueblo colla.

Indígenas marginados, excluidos y explotados históricamente, ahora algunos dirigentes, son asimilados a la estructura, pero solo de manera simbólica, son críticos e incluso enemigos de los migrantes collas a los que califican de avasalladores, son complacientes con la oligarquía agroindustrial y son tratados como la decoración cultural de la “cruceñidad”.

Los medios privados de comunicación son propiedad de los grupos de poder que representan, defienden e impulsan la “cruceñidad” como el vehículo mediático-cultural para la transformación de su sentido común: el sentido de superioridad.

El racismo y la violencia como normalidad son el anti-valor que impide a las diversidades culturales propias de nuestra sociedad continental, como diferencia cualitativa, que sean la riqueza de nuestro tiempo; por el contrario, estamos asistiendo a la exacerbación de la violencia. Bolsonaro es el ejemplo más inmediato.

Camacho, que solo aparece en los medios cuando amenaza e insulta como acto de gloria, y Calvo, demostrando, haciendo gala de su mediocridad al desinfectar el ambiente por la presencia de campesinos e indígenas en el acto de 24 de septiembre ante el aplauso y la carcajada de políticos, sintetizaron lo que es hoy a la ultra y la derecha.

El racismo es una tara del neocolonialismo. Simultáneamente es el eje por donde circula del movimiento opositor a la plurinacionalidad como discursividad y praxis para expresar superioridad como sentido de —la mal llamada— gloria.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

Comparte y opina:

¿Oposición que agoniza?

/ 16 de septiembre de 2021 / 01:26

La última declaración de la senadora Barrientos en su condición de jefa de bancada de Comunidad Ciudadana sobre la aparente “coincidencia con el MAS, que con Creemos”, no fue respaldada por su propia organización, que posteriormente radicó en la renuncia a la jefatura; a esto se sumó la voz de sugestión de Camacho, para no perder brillo. En síntesis, esta fue la semana que caracterizó la agenda de la oposición.

En el funcionamiento de nuestra democracia representativa tenemos a las organizaciones políticas como los titulares —que si bien no solo son la disputa electoral— de la democracia como institución política, pues son el liderazgo y la administración de los gobiernos nacional, departamental, regional y municipal; las organizaciones, sean partidos, frentes o agrupaciones, deben ser la institucionalidad política en el sistema de gobierno.

Sin embargo, las organizaciones políticas con candidatos, sigla, color y eslogan se han constituido en un club de amigos electorales que viven, disfrutan y se realizan solo en el tiempo electoral; posteriormente, para subsistir públicamente su identidad política es ser nombrado oposición —concepto vacío—.

Es en este escenario el libreto improvisado que no está en función de un horizonte de país, por el contrario, solo se encuentra la posibilidad incierta del tiempo de ser un abanderado de las oposiciones.

La opinión política vertida por la senadora fue considerada desde CC como “una opinión personal que no involucra a la organización”, esto representa la orfandad política, es la característica que se ha ido repitiendo desde 2006 en todas las oposiciones: desautorizan una opinión política parlamentaria bajo el supuesto que no representa al partido, cuando en los hechos esta aparente organización es inexistente pues solo constituye una sigla —nostalgia electoral— y no una institución política.

Esto se convirtió un problema estructural de nuestra democracia representativa. Las organizaciones en la oposición tienen una aparente “institucionalidad” únicamente en la medida que lideren temporalmente un espacio subnacional, su justificativo discursivo no dejó de mirar alrededor de lo público-administrativo en lo coyuntural, ya que su subsistencia depende de la permanencia en ella. Sin este último objetivo en las próximas elecciones, agonizan.

Entre ellos citaremos al Movimiento Sin Miedo (MSM), reconvertido en Soberanía y Libertad (Sol.bo), que administró el gobierno municipal de La Paz por 21 años y en la elección de este año no logró obtener ni un solo concejal; en Santa Cruz, Rubén Costas lideró la gobernación desde 2006 hasta 2021 con su agrupación APB, que luego se transformó en Movimiento Demócrata Social, y en la última elección departamental Demócratas no pudo postular candidato propio a la gobernación y se limitó a una pírrica participación electoral municipal donde apenas obtuvo el cuarto lugar.

A nivel nacional, desde 2005 hasta esta última elección, la participación de los frentes electorales se constituyó en alianzas circunstanciales de siglas bajo el común denominador de ser oposición. Implícitamente formaron una costumbre política limitada en dos tiempos: primero, las fases pre y electoral que abanderan un eslogan coyuntural; segundo, poselectoral, como comportamiento mediático sin norte político circunscrito a los momentos de oportunidad política donde muchas de las y los actores limitan su opinión a los titulares de prensa, este hecho es una constatación de lo que percibimos diariamente.

Nuestra democracia representativa no tiene la institucionalidad partidaria para constituir un sistema político sólido. Hoy, éste gira bajo el paraguas monopartidario del MAS, es la única organización nacional que no cuenta con una estructura partidaria clásica; por el contrario, se construyó como la expresión política y electoral de una confederación de organizaciones de todo el país, que a diferencia de las oposiciones tiene un horizonte de país.

Este déficit en la institucionalidad partidaria opositora, lejos de ser superada, tiende a agudizarse, y se muestra en las miradas de los líderes políticos de las siglas electorales que están concentradas en mantener imágenes individuales como referente personal y no así como opción política de gobierno. Es por eso que la certidumbre para las oposiciones es incierta, pues dependen de los errores del Gobierno, del actuar político y articulador de algunos medios privados de comunicación, de cívicos, de movilizaciones indígenas y regionales para cabalgarse sobre banderas que no son suyas, pero que les son necesarias para subsistir; es la agonía de quienes aparentan ser oposición.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

Comparte y opina: