Voces

viernes 3 dic 2021 | Actualizado a 05:52

Un año de resultados

/ 25 de noviembre de 2021 / 01:18

Democracia, algunos conceptos encontrados en la literatura la señalan como una forma de organización en un Estado, una forma de convivencia social, un modelo de gobierno, entre otros. Y cuando me refiero a estos significados es necesario remontarnos al 8 de noviembre de 2020, una fecha que quedará marcada en la historia de Bolivia porque se inició un nuevo ciclo democrático. ¿Por qué tendría que llamar la atención? Es innegable que se debe a los eventos por los que nuestro país tuvo que atravesar antes de ese hito. Si bien en el transcurso del tiempo muchas de estas experiencias quedarán olvidadas mientras que otras se mantendrán en la memoria del ciudadano de a pie, es importante recordar algunos de estos sucesos.

De noviembre de 2019 a noviembre de 2020, Bolivia estuvo a cargo de un gobierno transitorio que, por su carácter, no contaba con una estrategia. Las determinaciones asumidas se reflejaron en la paralización de proyectos que fueron iniciados en la anterior gestión gubernamental; se dio una decisión precipitada con la clausura del año escolar; se sumó la corrupción en el manejo de la crisis sanitaria como en el caso de los respiradores, dando lugar a una serie de improvisaciones, y como todo lo que se hace sin contar con un plan no siempre lleva a conseguir el objetivo, la población tenía que curarse con lo que podía, sin miras a contar con una vacuna para mitigar los efectos de la pandemia por el COVID-19.

Por otro lado, la economía fue seriamente afectada, sobre todo con la imposición de la cuarentena rígida con la que se paralizaron las actividades laborales, excepto aquellas que el gobierno de entonces realizaba en cuanto a supuestos cometidos de sedición y terrorismo, vulnerando derechos constitucionales como la libre transitabilidad y la libertad de expresión, características básicas de la democracia.

Sin duda, a un año de un nuevo inicio, en este 2021 nuestro país no se encuentra en la misma situación. Camino a la recuperación económica, la alternativa que el actual Gobierno aplica es el modelo económico social, comunitario y productivo, que antepone los objetivos sociales a los intereses individuales mediante el fortalecimiento de los sectores generadores de excedentes para así promover la redistribución de ingresos, entre otros, mediante programas sociales que reduzcan la pobreza.

Y si con el transcurrir de los días no nos ponemos a pensar en el esfuerzo realizado y todas las actividades que se tendrán que llevar a cabo para lograr un objetivo, es necesario dar una mirada a los resultados que medirán la gestión de gobierno en relación al impacto positivo que tuvieron en la población, entre los que podemos mencionar, el descenso de la tasa de desocupación en el área urbana, que hasta abril alcanzó al 7,6%, la más baja desde el pico de la pandemia en julio de 2020, de 11,6%, datos que fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE); asimismo, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una variación acumulada de 9,36% respecto a similar periodo de la pasada gestión, impulsado por la inversión pública, así como el dinamismo de la actividad privada de la construcción, comercio e industria; otro importante resultado con el cual se llegó a beneficiar a más de 4 millones de bolivianos, se refiere al pago del Bono contra el Hambre, que si bien tuvo como objeto paliar los efectos ocasionados por

la pandemia, dio inicio a la reactivación de la demanda interna y la dinamización de la economía nacional.

No sé qué piensa usted amable lector, pero yo prefiero vivir en democracia, espacio que me permite expresar lo que pienso con absoluta libertad y contar con la seguridad de que se están aplicando políticas en busca del bienestar de la población boliviana.

Osmara Morales Paredes es auditora.

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Una lucha en la que debemos entrar

/ 9 de octubre de 2021 / 01:57

Me llamaron la atención algunos artículos y comentarios acerca del proyecto de “Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”, realizados por diferentes sectores sociales. Para iniciar un análisis sobre este tema es importante hacer referencia a lo que es una ganancia ilícita, desde ya se refiere a un proceso en el que se esconde la existencia, origen, movimiento y el destino de bienes, recursos o derechos que se encuentran vinculados a una actividad criminal como el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de órganos, la venta ilegal de armas, la corrupción, entre otros.

Es este sentido, la promulgación de esta ley no debiera preocupar al trabajador gremial, las personas que tienen una empresa o aquellas que se dedican a una actividad comercial por cuenta propia, en el entendido de que el espíritu de la normativa señalada es investigar a quienes realizan actividades disfrazadas y cuyos movimientos económicos son inusuales, es decir que no van acordes con las actividades que realizan y que no cuentan con un respaldo de su origen.

Por otra parte, en este mundo tan cambiante no estamos solos, nuestro país forma parte de convenciones internacionales, tratados y otros instrumentos internacionales, entre ellos el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través del cual se combate el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, las actividades delincuenciales utilizadas para legitimar dineros, financiar la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la integridad del sistema económico y financiero internacional. Asimismo, es necesario hacer referencia a que en estas instancias internacionales se fijan lineamientos, estándares, compromisos, obligaciones mediante los cuales se busca promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir este tipo de flagelos.

En este contexto, el GAFI emite recomendaciones destinadas al fortalecimiento de medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, que de no ser cumplidas podrían afectar la evaluación de nuestro país en el contexto internacional, y por ende en el ámbito económico, comercial y financiero de nuestro país, por ejemplo, en el uso de tarjetas de crédito en el exterior, operaciones con bancos corresponsales y otros.

Finalmente es importante mencionar que, en el contexto internacional, no seríamos el primer país que cuente con este tipo de normativa, Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Ecuador, República Dominicana son algunas de las naciones que ya cuentan con normativas similares y de esta forma protegen sus actividades económicas.

Osmara Morales Paredes es auditora.

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¿Jubilación o devolución de aportes?

/ 27 de julio de 2021 / 00:45

Para muchas personas en edad de jubilación, esto representa pasar de una vida laboral activa a una situación pasiva tras haber cumplido con los requisitos exigidos por la seguridad social de largo plazo. En nuestro país, el Sistema Integral de Pensiones (SIP), vigente a partir de la Ley 065 de Pensiones, establece que la prestación de vejez se constituye en un medio de subsistencia en la tercera edad e implica contar con la cobertura de salud, aspectos que cobran mayor importancia considerando que el adulto mayor, en el transcurrir del tiempo, se hace vulnerable, ya sea por aspectos fisiológicos, sociales o culturales.

Sin duda, los factores a los cuales se hace referencia se encuentran relacionados con la política previsional aplicada varias décadas atrás, cuando la seguridad social de largo plazo se encontraba reservada para aquel trabajador que desempeñaba una actividad laboral bajo relación de dependencia de un empleador privado o público; por lo que es oportuno hacer referencia a las políticas sociales impulsadas por el actual Gobierno, que han permitido universalizar la seguridad social de largo plazo, como ser el beneficio de la Renta Dignidad y la incorporación de los trabajadores independientes.

En este contexto, los aportes que realiza el trabajador al sistema de seguridad social de largo plazo y sus rendimientos tienen por objeto financiar el pago de las prestaciones de vejez y solidaria de vejez, o, en caso de fallecimiento, pensiones por muerte a sus derechohabientes. Asimismo, en la eventualidad de la ocurrencia de un accidente o enfermedad del trabajador, la normativa vigente dispone, al cumplimiento de requisitos, el pago de pensiones por invalidez, sean originadas por riesgo laboral, común o profesional, así como los pagos derivados de esta prestación a los derechohabientes en caso de fallecer el titular.

Es así que, cuando nos referimos al proyecto de ley que haría posible la devolución de aportes realizados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el asegurado debería pensar que al efectuar el retiro de sus aportes existe la posibilidad de no llegar a contar con una pensión de jubilación a futuro, considerando que el saldo acumulado podría ser insuficiente y que la cantidad de recursos devueltos dejaría de generar rendimientos; o en caso de acceder a dicha prestación, la cuantía pueda ser menor a la que hubiera accedido de no haberla solicitado.

En síntesis, no se puede discutir la urgencia de atender las necesidades de las personas que han perdido su empleo o reducido sus ingresos por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, será necesario que el asegurado pueda considerar los efectos contraproducentes que podría generarle a futuro el solicitar la devolución de sus aportes fruto del esfuerzo realizado durante varios años de trabajo.

Osmara Morales Paredes es especialista en pensiones

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Sobre las pensiones de jubilación

/ 27 de febrero de 2021 / 01:18

En pasados días, en un medio de comunicación se ha tocado el tema de los montos de las pensiones de jubilación, haciendo referencia a que los asegurados no se jubilan porque los montos son bajos.

Sobre este tema, es necesario indicar que el monto de las pensiones de jubilación se encuentra en función del saldo acumulado en la Cuenta Personal Previsional de los asegurados, en relación directa con los aportes que realizó el trabajador desde que ingresó a la actividad laboral. En este sentido, se afirma que un asegurado con un salario de Bs 7.000 contaría con una pensión de Bs 2.000, haciendo pensar que sería como una regla, lo cual no es cierto, ya que para el cálculo de una Pensión de Vejez o Pensión Solidaria de Vejez se toman en cuenta, entre otros elementos, los años de trabajo, el rendimiento generado por los aportes y el salario del trabajador, el cual por lo general es relativamente bajo en los primeros años de la actividad laboral, incrementándose de forma progresiva en algunos casos, y en otros, se mantienen uniformes o existen periodos de cesantía, dejando de representar un incremento en su saldo acumulado.

De igual forma, en cuanto a que la rentabilidad de los Fondos de Pensiones es baja (2%), se da a entender que ésta se mantendría en el tiempo; sin embargo, la rentabilidad se encuentra sujeta a una continua variación por los diferentes niveles de riesgo que los portafolios de inversión tienen, esto de acuerdo a la realidad de cada país. Si bien la rentabilidad de los fondos bajó hasta 2% en promedio en 2018, ésta ya se encuentra en franca mejoría, llegando a casi a 5% en promedio, a diciembre de 2020.

Aparte, es necesario hacer referencia que la Pensión Solidaria de Vejez, financiada por el Fondo Solidario del Sistema Integral de Pensiones (SIP), fue establecida en la Ley 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010, con el objetivo de que los asegurados puedan mejorar su jubilación cuando el monto se encuentre por debajo de los límites solidarios previstos. Para el cálculo de la Pensión Solidaria de Vejez se considera como referente los 24 últimos periodos aportados, se reconoce los periodos aportados por el asegurado (mayor tiempo, mayor pensión), permitiéndole llegar inclusive al 70% de su promedio salarial; por lo tanto, aseverar que llegará a contar con una pensión de 20 o 30% no tiene sustento. Por ejemplo: un trabajador del sector magisterio que tiene una edad de 60 años, con 35 años de trabajo, alcanzó a una Pensión Solidaria de Vejez de Bs 4.200, equivalente al 70% de su referente salarial (Bs 6.000).

En este sentido, a partir de la incorporación del pilar solidario en el Sistema Integral de Pensiones, la Pensión Solidaria de Vejez alcanzó a más del 66% del 100% de la población jubilada, de esta forma se llegó a la mayoría de los trabajadores con ingresos bajos durante su vida laboral.

   Osmara Morales Paredes es especialista en pensiones.

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Renta Dignidad, beneficio universal

La principal característica de la Renta Dignidad es su universalidad, pues beneficia a todos los mayores de 60 años.

/ 19 de abril de 2019 / 04:18

En Bolivia hay personas que emiten opiniones en las que todavía confunden la Renta Dignidad con el extinto Bonosol, por eso es necesario aclarar que no hay punto de comparación entre ambos bonos. Con el Bonosol solo la población mayor de 65 años se beneficiaba. En 2007, con la promulgación de la Ley 3791, nace la Renta Dignidad. Su principal característica es la universalidad: los beneficiarios son todos los adultos mayores a partir de los 60 años, sin necesidad de haber realizado aportes a la seguridad de largo plazo. Además por su periodicidad, una vez al mes, este beneficio puede ser considerado como una renta, que incluso incluye el pago den un 13 bono denominado aguinaldo.

Desde su implementación en 2008 hasta 2018, el número de beneficiarios se ha incrementado a una tasa promedio anual de más del 3%, casi el doble del crecimiento vegetativo actual del país, pasando de 752.000 a más de 1 millón en este periodo. El monto dispuesto inicialmente en 2008 también se ha incrementado de manera sustancial. La Renta Dignidad para los no rentistas subió de Bs 2.400 a Bs 3.900, en tanto que para los jubilados pasó de Bs 1.800 a Bs 3.250 anuales. Tales incrementos se dieron mediante la aprobación de diferentes leyes, lo que da cuenta de que este beneficio se ha constituido en una política de Estado, sin discriminación alguna; por lo que el país se perfila como una de las pocas economías que tiene una cobertura y protección del 100% de su población.

En otras naciones que asumieron políticas similares la cobertura y los beneficios distan mucho de lo que se ha conseguido en Bolivia, a través de la implementación del modelo económico social comunitario productivo. Por ejemplo Perú tomó como modelo la Renta Dignidad con estudios de caso en 2009, y recién en 2011 lanzó el bono “Pensión 65”, con muchas diferencias respecto a los beneficios que otorgamos en nuestro país. Este beneficio se focaliza únicamente en las personas en condición de vulnerabilidad, que no reciben una pensión, y se otorga previa calificación socioeconómica, cuando el adulto mayor cumple 65 años, implementado progresivamente en los distritos más pobres, según reporta el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, y cuya información está disponible en su página web www.pension65.gob.pe.

Chile también ha utilizado nuestra política de cobertura y protección para las personas de la tercera edad como modelo. El país trasandino implementó la política denominada “Pensión básica solidaria de vejez” que, según señala el Instituto de Previsión Social chileno (www.ips.gob.cl), entre otros requisitos establece que el beneficiario no tenga derecho a una pensión, integre un grupo familiar que pertenezca al 60% más pobre de la población y tenga más de 65 años de edad.

Tanto en el caso de Perú como en el de Chile las pensiones están orientadas a grupos considerados de extrema pobreza, lo que no permite llegar a la totalidad de adultos mayores, pese a referirse a beneficios no contributivos para este grupo etario.

De allí que Bolivia se convierte en un referente internacional en materia de políticas de seguridad social de largo plazo, por cuanto es imitada por otros países, aunque no igualada, por las diferencias antes mencionadas. Por lo que nuestro Estado, en el marco de las políticas de redistribución implementadas por el Gobierno Nacional, llega al 100% del universo de adultos mayores, lo cual se constituye en una política de Estado.

* Especialista en pensiones.

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