Democracia, algunos conceptos encontrados en la literatura la señalan como una forma de organización en un Estado, una forma de convivencia social, un modelo de gobierno, entre otros. Y cuando me refiero a estos significados es necesario remontarnos al 8 de noviembre de 2020, una fecha que quedará marcada en la historia de Bolivia porque se inició un nuevo ciclo democrático. ¿Por qué tendría que llamar la atención? Es innegable que se debe a los eventos por los que nuestro país tuvo que atravesar antes de ese hito. Si bien en el transcurso del tiempo muchas de estas experiencias quedarán olvidadas mientras que otras se mantendrán en la memoria del ciudadano de a pie, es importante recordar algunos de estos sucesos.
De noviembre de 2019 a noviembre de 2020, Bolivia estuvo a cargo de un gobierno transitorio que, por su carácter, no contaba con una estrategia. Las determinaciones asumidas se reflejaron en la paralización de proyectos que fueron iniciados en la anterior gestión gubernamental; se dio una decisión precipitada con la clausura del año escolar; se sumó la corrupción en el manejo de la crisis sanitaria como en el caso de los respiradores, dando lugar a una serie de improvisaciones, y como todo lo que se hace sin contar con un plan no siempre lleva a conseguir el objetivo, la población tenía que curarse con lo que podía, sin miras a contar con una vacuna para mitigar los efectos de la pandemia por el COVID-19.
Por otro lado, la economía fue seriamente afectada, sobre todo con la imposición de la cuarentena rígida con la que se paralizaron las actividades laborales, excepto aquellas que el gobierno de entonces realizaba en cuanto a supuestos cometidos de sedición y terrorismo, vulnerando derechos constitucionales como la libre transitabilidad y la libertad de expresión, características básicas de la democracia.
Sin duda, a un año de un nuevo inicio, en este 2021 nuestro país no se encuentra en la misma situación. Camino a la recuperación económica, la alternativa que el actual Gobierno aplica es el modelo económico social, comunitario y productivo, que antepone los objetivos sociales a los intereses individuales mediante el fortalecimiento de los sectores generadores de excedentes para así promover la redistribución de ingresos, entre otros, mediante programas sociales que reduzcan la pobreza.
Y si con el transcurrir de los días no nos ponemos a pensar en el esfuerzo realizado y todas las actividades que se tendrán que llevar a cabo para lograr un objetivo, es necesario dar una mirada a los resultados que medirán la gestión de gobierno en relación al impacto positivo que tuvieron en la población, entre los que podemos mencionar, el descenso de la tasa de desocupación en el área urbana, que hasta abril alcanzó al 7,6%, la más baja desde el pico de la pandemia en julio de 2020, de 11,6%, datos que fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE); asimismo, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una variación acumulada de 9,36% respecto a similar periodo de la pasada gestión, impulsado por la inversión pública, así como el dinamismo de la actividad privada de la construcción, comercio e industria; otro importante resultado con el cual se llegó a beneficiar a más de 4 millones de bolivianos, se refiere al pago del Bono contra el Hambre, que si bien tuvo como objeto paliar los efectos ocasionados por
la pandemia, dio inicio a la reactivación de la demanda interna y la dinamización de la economía nacional.
No sé qué piensa usted amable lector, pero yo prefiero vivir en democracia, espacio que me permite expresar lo que pienso con absoluta libertad y contar con la seguridad de que se están aplicando políticas en busca del bienestar de la población boliviana.
Osmara Morales Paredes es auditora.