Voces

viernes 3 dic 2021 | Actualizado a 01:05

Desarrollo minero y planificación regional

/ 26 de noviembre de 2021 / 00:56

En el vaivén del tiempo siempre se repiten sucesos y tendencias en todas las actividades de la vida, después de décadas hoy el tema recurrente es la planificación del desarrollo y su correlato con las autonomías consignadas en la Constitución Política del Estado (CPE). Hay condiciones relevantes en cada uno de estos contextos y lo primero es obviamente determinar qué se tiene para planificar, el área de influencia y las posibilidades de éxito dentro de un contexto de costo beneficio que justifique la inversión que sería necesaria para llevarla a buen puerto. Recuerdo que en años recientes se habló de planificar las actividades del sector minero para adecuarlas a la demanda actual de minerales necesarios para la transición energética en curso a nivel global, la revolución industrial conexa y paralelamente para diversificar nuestra propia producción. Se empezó a hablar de cobalto, níquel, platino, tierras raras, litio, potasio, boratos, etc., como prioridades para planificar la actividad del sector y la captación de nuevas inversiones, se hicieron algunos intentos aislados como iniciativa del sector estatal (v.g. litio y potasio) que se llevaron adelante sin una adecuada participación de las regiones y con la mira puesta en “quemar etapas” y tener resultados a corto plazo. Éstos resultaron hasta hoy frustrantes, no tenemos presencia internacional ni como productores ni como desarrolladores y hoy la industria está obviando al país como destino de nuevas inversiones y/o como parámetro de desarrollo industrial a corto y mediano plazo.

En una antigua columna mía en el semanario Pulso (29/06 al 05/07 de 2007), en tiempos donde se generaban la CPE y la legislación del sector (Ley 535 de Minería y Metalurgia), comentaba sobre re-inversión y administración regional en minería y concluía en la importancia de estos dos parámetros para armar una estructura de desarrollo eficiente. Sin una adecuada legislación que garantice la inversión en nuevos emprendimientos, sin un flujo sostenido de capitales y sin re-inversión de utilidades en rangos adecuados para reposición y generación de nuevas reservas de mineral, es imposible planificar el mediano y/o el largo plazo del sector o el de otros sectores económicos. Nadie va a disponer parte de sus utilidades para estos trabajos en un clima adverso como el actual y sabiendo que la renta generada por la actividad minera se dispone en todo menos en desarrollar el sector, concluían las recomendaciones de esa época. La administración de la minería nacional está hoy ajustada a la Constitución en su artículo 298 I y II y a la Ley 535 en su artículo 8, por tanto, la definición de políticas mineras es potestad privativa del nivel central del Estado como así también la creación de entidades y empresas públicas en toda su cadena productiva. Sin embargo y en mi opinión, la generación de proyectos mineros debería ser parte de la planificación regional del desarrollo y debería haber una estrecha relación entre ambos. No parece racional, por ejemplo, que regiones que tienen todavía grandes recursos de oro, plata y litio como Potosí y Oruro, de oro y hierro como Santa Cruz o de oro aluvional como La Paz, Beni y Pando, no puedan decidir ni administrar su patrimonio acorde a las expectativas regionales en cada caso y en cada época. Una cosa es ver un proyecto como un evento económico aislado y sin conexión con la dinámica regional que verlo como parte de una planificación e inmerso en la dinámica de desarrollo de infraestructura, servicios y control medioambiental. La rueda del tiempo volvió a detenerse en estas contradicciones, ojalá esta vez haya una luz al final del túnel y las regiones jueguen el papel que la historia les depara.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Nacionalización de las minas

/ 29 de octubre de 2021 / 01:51

A días de recordar un año más del evento fundacional de la minería boliviana como fue la nacionalización de las minas ordenada por el DS 3223 de 31 de octubre de 1952, cabe reflexionar sobre lo que después de 69 años de ese hito histórico, hemos alcanzado como país y como sector minero. En esta columna se ha tratado de analizar la coyuntura y también la proyección de la industria madre desde que el Estado asumió la responsabilidad de su desarrollo; el lector acucioso puede encontrar detalles en mi libro De oro, plata y estaño (Plural Editores, 2014 y 2017). A lo largo de este sinuoso camino, hemos sido testigos de más de 30 años de dominio estatal del sector, de más de 20 de dominio empresarial, liberal y privado y ya van más de 15 años del actual sistema político que devuelve el control del sector al Estado esta vez denominado plurinacional. Hasta hoy las recetas que se aplicaron en ambos casos no funcionaron, el país sigue siendo un enclave de producción de materia prima, exportador de capitales y cada vez más dependiente del subsector informal para su subsistencia. En casi 70 años no hemos podido insertar al país al circuito global de capitales y a la generación sostenida de un portafolio de proyectos que genere desarrollo y riqueza. Un solo proyecto de clase mundial (San Cristóbal), algunos de mediana escala (Khory Khollo, San Bartolomé, Puquío Norte, Don Mario), muchos sueños y elefantes blancos (Mutún, los Salares, Karachipampa, las fundiciones de zinc, etc.) y un paquidérmico subsector cooperativo aurífero, son la síntesis de lo que se generó, muy lejos del sueño primigenio de los nacionalizadores. En algún escrito puntualizaba que con la nacionalización se estatizaron minas pero no el imperio industrial minero que habían erigido Simón I. Patiño y en menor grado Mauricio Hochschild y Avelino Aramayo, y que debiera haber heredado el Estado.

La razón subyacente de esta situación hay que buscarla en el manejo político del sector minero que de una manera u otra es el poder tras el poder, la lucha del día a día nos aleja cada vez más de lo formal, lo razonable y lo correcto, las decisiones de políticas sobre recursos naturales son cada vez más improvisadas, de corto alcance y de tinte rentista. Los tecnócratas y los intelectuales que deberían ser los protagonistas de primera línea prefieren la seguridad del low profile a los riesgos de la lucha. Parafraseando a J. M. Vargas Vila: “La vida es un erial inconmensurable como el desierto. No hay en toda su desolación sino una cima y un oasis… la cima para las águilas y la fronda para las palomas”. Ya va siendo hora de que los intelectuales asuman el rol que la historia les ha señalado. Es necesario que las organizaciones académicas y profesionales sean el faro que guíe, la decisión que prevalezca; es volver a la cima de las águilas y dejar la comodidad de la fronda.

Este aniversario nos encuentra con una muy débil proyección de la minería estatizada en el mediano y largo plazos, el ambiente actual para inversiones en el sector es pésimo, el Estado no puede generar un adecuado flujo de inversiones sin la ayuda del capital privado nacional y transnacional, no hay un portafolio de proyectos que pueda ser factible a corto plazo y nos esperan años duros en los que si no damos un adecuado golpe de timón la minería se nos muere. Pareciera que un patético sino impide que un país con un gran potencial en recursos naturales y extraordinario en minerales y metales, esté en las ligas mayores de la industria por su larga historia de país minero. Pero aún queda la esperanza de que las águilas vuelvan a ser protagonistas para darle sentido a la nacionalización de las minas.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Minería y áreas fiscales

/ 15 de octubre de 2021 / 01:07

En un clima político muy enrarecido que vive el país, quiero referirme a un tema pragmático que pretendo sea un escape a los problemas de coyuntura y abra perspectivas de debate sobre el patrimonio físico con que cuenta el sector minero estatal administrado por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en toda la cadena de producción, beneficio y comercialización de minerales y metales, que salen de esas áreas mineras calificadas genéricamente como fiscales y cuyo origen se genera en los grupos mineros nacionalizados (DS 3223 de 31-10-1952 elevado a rango de ley en 29-10-1956), concesiones adquiridas posteriormente, residuos mineros en superficie originados por estos dos grupos, 26 áreas de uso exclusivo de la Comibol (DS 1369 de 10-08-2012), áreas que pasaron a su administración por el DS 1308 del 1 de agosto de 2012, áreas de contrato según la Ley 845, áreas de contrato con cooperativas, etc. Esto constituye un gran patrimonio corporativo cuyo manejo es obviamente difícil y aunque la Comibol es una empresa grande, hoy está lejos de ser una gran empresa como querían sus fundadores y cuyo fin debiera ser promover negocios mineros rentables.

Solamente las áreas de uso exclusivo del DS 1369 añadieron en 2012 al patrimonio de la estatal minera 33.564 cuadrículas, equivalentes a 839.100 hectáreas. Esta política de acumulación de áreas mineras a lo largo de los años ha generado un patético contrasentido en una empresa que controla la mayor parte del potencial minero del país y que paradójicamente no tiene la capacidad de desarrollarlo y generar nuevos proyectos mineros, porque en los años 80 se destruyó su Dirección de Exploraciones y Proyectos (hoy en proceso de reestructuración) y también porque se redujo al mínimo la capacidad del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeomin), el otro brazo operativo y de servicios encargado de la investigación geológica-minera de áreas fiscales. En un trabajo de investigación sobre este tema (Comibol un sueño inconcluso, en: ¿De vuelta al Estado Minero? Fundación Vicente Pazos Kanki, La Paz, Bolivia, 2013) detallo estas cosas y propongo algunas soluciones para estructurar una Corporación moderna y eficaz que sí podría revertir la situación y sacar provecho para el país de su inmenso patrimonio. La solución pasa por segmentar la corporación en unidades especializadas y no en grupos de minas, transferir las actividades y servicios de utilidad pública hacia áreas de acción del gobierno (salud, educación), permitir la participación de terceros en campos específicos y también en el desarrollo de nuevos proyectos, generando un clima apropiado a las inversiones de riesgo (v.g. exploración), y en el caso específico de áreas fiscales, alivianar la tediosa y burocrática tramitación de contratos de terceros con el Estado, entre otras medidas.

En las dos décadas precedentes no se han generado nuevos proyectos estatales en áreas fiscales que tengan una proyección significativa a corto y mediano plazos, muchas de estas áreas tienen trabajos previos de privados que no se finalizaron por los cambios frecuentes de la legislación del sector, la falta de seguridad jurídica que genera avasallamientos y estatizaciones, y por una inadecuada ley sectorial (Ley 535) que debería adecuarse a las necesidades actuales, como es el caso de las modificaciones que ya se han hecho por la presión social del sector cooperativo. El potencial minero soterrado en las profundidades de la corteza terrestre no tiene ningún valor, éste se consigue cuando se genera, con trabajo intelectual e inversiones, un proyecto minero que tenga cuando menos un estudio de prefactibilidad (PFS), que lo haga de interés. Lo contrario significaría seguir la moraleja de la fábula El perro del hortelano.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Informalidad y… ¿felicidad?

/ 3 de septiembre de 2021 / 02:03

Se escribe mucho sobre la informalidad y muy poco sobre la felicidad que es entre otras cosas el fin primordial que todo ser busca en su paso por este valle de lágrimas, como dirían algunos agoreros. Cuando se dice que en Bolivia el sector informal de la economía ya sobrepasa el 80%, cabe preguntar: ¿por qué además de la innata necesidad de sobrevivencia, la gente prefiere alejarse de los cánones y reglas de la economía formal para cumplir su cometido? Observe a la gente en un banco, en una oficina de impuestos o en una dependencia oficial, observe los rostros serios, las cejas fruncidas, la impaciencia en sus movimientos y compare con los rostros de la gente en una feria, en una kermés o en un mercado vecinal, vea los rostros alegres de los que compran y de los que venden, su comportamiento relajado, sus movimientos amigables, su felicidad. ¿Por qué la diferencia?

La economía y especialmente el comercio, nacieron informales, desde el trueque de especies y objetos de valor de los primeros grupos humanos, pasando por el tiempo de conquista de tierras de los imperios primigenios y hasta la colonización de éstos por las potencias militares emergentes en cada época, toda la economía se movía en base a valores relativos y a la supremacía del más fuerte. Pero había que financiar las aventuras de reyes y soberanos y de la burocracia de los gobiernos de turno después; la fuente de este financiamiento no podía ser otra que la generación de tributos y después de impuestos y así, se formó el entramado complejo que hoy denominamos “economía”. No es objeto de esta columna el entrar en mayores detalles sobre este asunto, solo puntualizar que con el paso del tiempo este entramado se complejiza cada vez más y las obligaciones crecen para la gente en relación inversa a los beneficios que obtiene por ejercer una actividad económica formal. Ese es, en mi opinión, el origen de lo que después se llamó informalidad: renegar del sistema y sus obligaciones para obtener mayor beneficio personal. Se la puede calificar como se desee pero está ahí gozando de buena salud y creciendo, de manera especial en los países en vías de desarrollo, eufemismo que engloba a países pobres, subdesarrollados y “bananeros”. Ese es el reto al que como país nos enfrentamos si no queremos terminar siendo un Estado informal.

Generalmente se asocia el sistema de desarrollo actual con las catastróficas consecuencias ambientales y sociales que vivimos, y se añora la simplicidad y el calor humano que acompañaron al Medioevo y al Renacimiento, como describe W. Bluske en su libro humorístico Subdesarrollo y Felicidad (Khana Cruz SRL. 1976), las costumbres y el buen pasar de la gente en mi tierra Tarija cuando era un pueblo feliz anclado en el tiempo, tierra de bucólicos paisajes, de donde salieron poetas, cantores, también políticos e ilustres profesionales de fama y prosapia que dieron renombre a esas tierras. Pero eso es harina de otro costal, la informalidad no hace pueblos felices aunque aquellos que la practiquen vivan algo parecido a esas mieles. Como país debemos reconocer que es el sistema el que tiene que cambiar y debemos hacerlo, la lucha brutal por acumular riqueza a cualquier costo está llevando a la humanidad al borde del abismo. Estas líneas un poco diferentes a los comentarios habituales de esta columna, solo buscan generar un tiempo de reflexión sobre lo que como nación nos espera si no cambiamos positivamente.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Meditación en efemérides

/ 6 de agosto de 2021 / 00:17

Cada efeméride nacional llega acompañada de anuncios grandilocuentes y promesas de logros importantes por parte del gobierno de turno, este ejercicio de buenas intenciones ya no tiene repercusiones más allá de los ámbitos oficiales y de los grupos políticos. La gente común, generalmente adopta una posición ambigua o ignora los anuncios, que no tienen nada que ver con la lucha cotidiana de sobrevivencia de la mayoría del pueblo boliviano. La inversión estatal de miles de millones de dólares en proyectos del sector extractivista de la economía (upstream en minería e hidrocarburos) es reiterativa en la economía nacional del último siglo; no tuvo buenos resultados precisamente porque no se acompaña de la inserción del país a los flujos de capital y a los mercados donde se generan. Tampoco hay relación con la infraestructura industrial existente o planeada para añadir valor a lo que se produce ni con la infraestructura vial, de servicios y de comercialización; esto produce un intrincado esquema de distribución del excedente, en actividades paralelas comerciales y de servicios, dejando para el operador primario y para el Estado, un reducido margen de ese excedente. Así hemos dilapidado nuestro potencial en plata, estaño, wólfram, bismuto, etc.; lo estamos haciendo con el oro y hemos convertido al país en un enclave de generación de materia prima y exportador de capitales. No parece coherente seguir en este camino, ¿verdad?

Los paradigmas económicos, sociales y ambientales en la minería actual, tienen que ver con un nuevo esquema de precios y costos, la preeminencia de la minería de metales tecnológicos, la transición energética en el sector, la lucha de los gobiernos por una mayor participación del excedente minero, la demanda de responsabilidad social empresarial (RSE), la escasez de profesionales y mano de obra calificada con nuevas habilidades tecnológicas y financieras, y el riesgo país. Nuestra legislación sectorial (Ley 535), en contrasentido, plantea una minería de actores diversos y de amplia participación social, con muchos derechos y muy pocas obligaciones, alienta la minería de pequeña escala e informal, ahuyenta inversiones empresariales y prohíbe el juego bursátil como fuente de financiamiento de nuevos proyectos. Las instituciones del sector, que fueron destruidas en los periodos de lo que se llamó neoliberalismo en los años 80 y 90, languidecen todavía a la espera de mejores días que no llegan por la elevada injerencia política en su administración. Así las cosas, pareciera aventurado emprender un programa de inversiones del calibre que se anuncia sin correr los riesgos inherentes a este tipo de proyectos. No olvidemos los anuncios de años anteriores de “un mar de gas” o de “un lago de petróleo” que desembocaron en rotundos fracasos de los programas de exploración de YPFB o las idas y venidas de la minería estatal por resucitar elefantes blancos como el Mutún o Karachipampa.

Hay un marcado desfase entre las tendencias actuales de la minería en el mundo, preocupada en el upstreamy el suministro de metales para garantizar la energía verde del futuro (v.g. Platinoides, tierras raras, cobre, grafeno, etc.) y los planes ya añejos que se quiere actualizar en el país, la Comibol se dedica al estaño, zinc, plomo y plata, soñamos con reabrir minas de antaño como Mesa de Plata en los Lípez y dejamos para la minería informal de pequeña escala, yacimientos aluviales de oro del noreste del país. Todo en aras de la reactivación económica, a cualquier precio y de la mano de lo que se llama democracia participativa.

Parafraseando a Octavio Paz: “…en nuestra región la democracia no necesita echar alas, lo que necesita es echar raíces. Antes de vender tiquetes al paraíso, preocupémonos primero por consolidar nuestras endebles instituciones”.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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La Paz en su mes festivo

/ 9 de julio de 2021 / 01:55

En una antigua columna (13/05/16) resumía en clave de cuentacuentos la historia del desarrollo de la minería nacional: “En un remoto lugar de los Andes Centrales y en tiempos donde la memoria se pierde entre la leyenda y la historia, germinó un país rico en oro, plata, estaño, bismuto, wólfram y otros metales. Riqueza de los reinos primigenios, fue saqueada a su turno por conquistadores hispanos que dominaron estas tierras, por una burguesía minero feudal en años republicanos y por transnacionales en el inmediato pretérito. Nunca se pudo implementar una industria minera en estas tierras, que signifique un desarrollo real de sus potencialidades. Siempre hubo un sino diabólico en las luchas intestinas por el control y usufructo de estas riquezas, que postergó las aspiraciones del país en aras de mezquinos intereses”. Hoy, recordando el mes de las gestas julias, cabe meditar sobre una realidad lacerante de intentos que siempre terminan en el área de influencia de intereses políticos de toda laya que postergan indefinidamente esas aspiraciones.

La Paz, tierra de legendarios imperios como el tiwanacota, el inca, el enigmático enclave aimara y de los pueblos originarios de tierras bajas: mosetenes, tacanas, lecos y otros, es tierra de grandes riquezas en oro en lo que hoy se conoce como la cuenca alta de los ríos Beni y Madre de Dios, de plata en la tierra de los Pacajakes en afloramientos con plata córnea o Querargirita de las minas Choquepiña, Jockolluni, Paco Kahua y Berenguela, la primera de ellas explotada desde la Colonia y aun antes del descubrimiento del Cerro Rico. Tierra de minas de cobre en sedimentos rojos como Corocoro, Chacarilla y Cosapa, tiene un gran potencial en estaño, wólfram, zinc, plomo y otros metales en la parte norte del Cinturón Estannífero. En sus tierras bajas hay pisos ecológicos con ganadería y agricultura subexplotadas y un potencial paisajístico y turístico importante. Sus grandes asentamientos urbanos, las ciudades de La Paz y El Alto son producto de los afanes de conquista la primera; fundada a orillas del río Choqueyapu por muchas razones, la principal, porque se encontraron pepas de oro en las gravas de ese río y por el desarrollo contemporáneo de alta migración campo-ciudad la segunda.

Sería muy largo seguir mencionando el potencial de estas tierras que hacen parte de dos cordilleras, del Altiplano y de las tierras bajas del Sub Andino. El departamento fue líder en áreas diversas de economía, política y cultura. Hoy, sin embargo, por su condición de sede de gobierno, se hace muy poco por mantener el liderazgo y desarrollar el potencial someramente descrito líneas arriba, el liderazgo político migra sin prisa pero sin pausa hacia el oriente, también el desarrollo cultural y de las artes. La marcha al norte y noreste del departamento se hace a tropezones, se anuncian proyectos carreteros que se inauguran periódicamente pero avanzan muy poco (v.g. Carretera 16, La Paz-Charazani-Apolo- Puerto Heath); la marcha del oro anunciada con bombos y platillos en los años 70 y 80 cuando Comibol tenía 600.000 hectáreas de concesiones en los ríos Madre de Dios y Beni, terminó con la reversión de las concesiones al Estado (¿?) y con el descontrol que vivimos ahora en el área por la minería informal con componentes de ilegalidad (v.g. Contrabando y blanqueo de activos) cada vez más obvios.

Pareciera que ya nadie recuerda la sentencia “Los discordes en concordia…” del escudo paceño, único camino para retomar la senda de desarrollo y progreso para estas tierras. Hoy domina la división campo-ciudad, originarios-foráneos, izquierda- derecha, ricos-pobres, etc. Sin embargo la esperanza siempre persiste y desde esta columna deseamos a todos los paceños Felices Fiestas Julias.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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