En el vaivén del tiempo siempre se repiten sucesos y tendencias en todas las actividades de la vida, después de décadas hoy el tema recurrente es la planificación del desarrollo y su correlato con las autonomías consignadas en la Constitución Política del Estado (CPE). Hay condiciones relevantes en cada uno de estos contextos y lo primero es obviamente determinar qué se tiene para planificar, el área de influencia y las posibilidades de éxito dentro de un contexto de costo beneficio que justifique la inversión que sería necesaria para llevarla a buen puerto. Recuerdo que en años recientes se habló de planificar las actividades del sector minero para adecuarlas a la demanda actual de minerales necesarios para la transición energética en curso a nivel global, la revolución industrial conexa y paralelamente para diversificar nuestra propia producción. Se empezó a hablar de cobalto, níquel, platino, tierras raras, litio, potasio, boratos, etc., como prioridades para planificar la actividad del sector y la captación de nuevas inversiones, se hicieron algunos intentos aislados como iniciativa del sector estatal (v.g. litio y potasio) que se llevaron adelante sin una adecuada participación de las regiones y con la mira puesta en “quemar etapas” y tener resultados a corto plazo. Éstos resultaron hasta hoy frustrantes, no tenemos presencia internacional ni como productores ni como desarrolladores y hoy la industria está obviando al país como destino de nuevas inversiones y/o como parámetro de desarrollo industrial a corto y mediano plazo.
En una antigua columna mía en el semanario Pulso (29/06 al 05/07 de 2007), en tiempos donde se generaban la CPE y la legislación del sector (Ley 535 de Minería y Metalurgia), comentaba sobre re-inversión y administración regional en minería y concluía en la importancia de estos dos parámetros para armar una estructura de desarrollo eficiente. Sin una adecuada legislación que garantice la inversión en nuevos emprendimientos, sin un flujo sostenido de capitales y sin re-inversión de utilidades en rangos adecuados para reposición y generación de nuevas reservas de mineral, es imposible planificar el mediano y/o el largo plazo del sector o el de otros sectores económicos. Nadie va a disponer parte de sus utilidades para estos trabajos en un clima adverso como el actual y sabiendo que la renta generada por la actividad minera se dispone en todo menos en desarrollar el sector, concluían las recomendaciones de esa época. La administración de la minería nacional está hoy ajustada a la Constitución en su artículo 298 I y II y a la Ley 535 en su artículo 8, por tanto, la definición de políticas mineras es potestad privativa del nivel central del Estado como así también la creación de entidades y empresas públicas en toda su cadena productiva. Sin embargo y en mi opinión, la generación de proyectos mineros debería ser parte de la planificación regional del desarrollo y debería haber una estrecha relación entre ambos. No parece racional, por ejemplo, que regiones que tienen todavía grandes recursos de oro, plata y litio como Potosí y Oruro, de oro y hierro como Santa Cruz o de oro aluvional como La Paz, Beni y Pando, no puedan decidir ni administrar su patrimonio acorde a las expectativas regionales en cada caso y en cada época. Una cosa es ver un proyecto como un evento económico aislado y sin conexión con la dinámica regional que verlo como parte de una planificación e inmerso en la dinámica de desarrollo de infraestructura, servicios y control medioambiental. La rueda del tiempo volvió a detenerse en estas contradicciones, ojalá esta vez haya una luz al final del túnel y las regiones jueguen el papel que la historia les depara.
Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.