Voces

Monday 5 Dec 2022 | Actualizado a 19:54 PM

PDES y el arte de la mentira política

/ 29 de noviembre de 2021 / 01:51

Un elemento que no pasó desapercibido en las últimas semanas dentro la actual coyuntura política que vive el país es la manipulación de la información, debido a que circularon noticias sobre el supuesto tratamiento del proyecto de ley del inquilinato, de Derechos Reales y hasta la creación de un impuesto con resolución administrativa, las cuales después de haber generado zozobra en la población fueron desmentidas desde las instancias competentes. Ello demuestra que actualmente faltar a la verdad se convirtió en otra herramienta política. Como bien lo señaló en su momento el escritor satírico John Arbuthnot, “un arte tan útil y tan noble como el de mentir debería tener, al igual que el resto de las artes y las ciencias, su propia entrada en la enciclopedia, y poder así servir de ayuda para todo político que pretenda alcanzar la gloria en los siglos venideros”.

Esta semana le tocó ser objeto central de cuestionamiento a la Ley 1407, de cuyos análisis sesgados llamó la atención el realizado a la estructura del Plan de Desarrollo Económico y Social-PDES (2021-2025), referente a la acción de “coordinar y armonizar el régimen tributario municipal, para que los gobiernos municipales cumplan con sus atribuciones conferidas por ley, en el marco de la formulación y suscripción de compromisos anuales”, afirmando que con dicha redacción se estarían vulnerando competencias municipales.

Previamente, es importante considerar que el Gobierno formula y suscribe convenios anuales de compromisos por resultados únicamente con las entidades públicas que se encuentran bajo su tuición, como es el caso del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), conforme lo previsto en el artículo 2 de su DS 27665, del 10 de agosto de 2004, e inciso g) del artículo 54 del DS 29894, del 7 de febrero de 2009, de Organización del Órgano Ejecutivo, no así con los gobiernos autónomos municipales. Consecuentemente, dicho eje no establece acciones para los municipios, menos aún invade su competencia exclusiva en materia de tributos; por el contrario, constituye lineamientos de política fiscal destinados a brindar apoyo a favor del gobierno subnacional para la generación de sus recursos propios, estableciendo metas para que el sistema informático RUA.net, administrado por el RUAT, amplíe su cobertura a aquellos municipios que aún no cuentan con sistemas para el cobro de tributos, como es el impuesto que grava la propiedad de vehículos automotores terrestres, lineamiento que corresponderá ser incorporado dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI) de dicha entidad descentralizada.

En lo referente a la coordinación del régimen tributario municipal, comprende las acciones conjuntas y voluntarias entre el Gobierno nacional y los gobiernos autónomos municipales en el ejercicio de sus competencias exclusivas en materia tributaria, esto se hace evidente cuando el Gobierno nacional promueve acciones de apoyo a las diferentes instancias territoriales como capacitaciones técnicas permanentes, a fin de fortalecer sus capacidades de recaudación de tributos, lo cual se encuentra previsto en los artículos 52 y 54 del DS 29894.

Cuando hablamos de armonización del régimen tributario municipal, se refiere a la atribución prevista en el artículo 54 del citado DS 29894, que el Gobierno nacional tiene de vigilar la correcta aplicación de las normativas tributarias nacional y municipal, procurando que no sean contrarias entre sí, velando los intereses de la población y los recursos económicos de los distintos niveles de gobierno que permiten financiar sus competencias. Tal es el caso de la emisión de opiniones técnicas, análisis y evaluación de la compatibilidad del sistema tributario de los diferentes niveles territoriales con el del nivel nacional, en el marco de la estructura social, política y económica.

La mentira como herramienta política no solamente busca engañar al ciudadano, sino que también apela al miedo por lo desconocido. En consecuencia, es muy importante cumplir con del deber de todo boliviano de conocer las leyes, conforme lo prevé el numeral 1 del artículo 108 de la Constitución Política y no ser víctima del arte de la mentira política.

Yafar Rodriguez Ramirez es abogado.

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Cómo hablar con una viuda

/ 5 de diciembre de 2022 / 01:34

La gente es amable. Algunas personas son maravillosas. Por un tiempo. Luego pasan a la siguiente viuda. Así es como debería ser. Pero me di cuenta de que no estaba preparada para eso después del siguiente intercambio de correos. Una amiga me escribió: “¿Cómo estás?”. “Estoy mejor”, le respondí. “¡Ay! No sabía que estabas enferma”, me contestó. Como enviudé hace más de un año, mi amiga había asumido que había superado el duelo y que me sentía mejor después de, quizás, un resfriado o de un reciente contagio de COVID. Pero quería decir que me sentía mejor acerca de mi viudez. Imagino que se suponía que ya me había recuperado de eso. Al parecer, el periodo adecuado es un año, más o menos. Al parecer no estaba haciendo bien la recuperación.

Si consideramos la cantidad de viudas que hay en Estados Unidos (11,4 millones frente a unos 3,4 millones de viudos), me sorprende que, con frecuencia, a la gente se le dificulte saber cómo hablar con nosotras, cómo estar con nosotras. Estados Unidos es, como nunca antes, un lugar sensible, incluso hipersensible: nunca habíamos tenido tantas conversaciones sobre las necesidades de salud mental, especialmente de los estadounidenses más jóvenes. Aunque muchas de nosotras estamos bien en comparación con otros grupos demográficos, necesitamos que las personas sepan de nosotras y sean conscientes de que no somos todas iguales y que no todas experimentamos la pérdida y el duelo de la misma manera. Y también tengo un mensaje para mis compañeras viudas: interactuar con las personas también requiere esfuerzo y creatividad de nuestra parte.

Primero que nada, debo decir un poco más sobre nosotras. La mayoría de las mujeres que enviudan cada año tienen más de 65 años, y por lo general sobreviven a sus parejas por muchos años. Las viudas tienen más probabilidades que las mujeres casadas de ser pobres. Es más común que los hombres viudos vuelvan a casarse (y suelen casarse con mujeres más jóvenes) que las mujeres viudas lo hagan. Los hombres y mujeres estadounidenses negros enviudan a edades más tempranas que los estadounidenses blancos. Cerca del 24 por ciento de los estadounidenses negros entre 65 y 74 años son viudas o viudos, comparado con solo el 15 por ciento de los estadounidenses blancos.

No todas las viudas sufren por su pérdida. Para algunas, la agonía de sus parejas fue tan terrible que la muerte es algo compasivo y, por lo menos al principio, lo que la viuda siente es alivio. Muchas de las viudas mayores tienen hijos adultos que pueden ayudar a sus madres a sentir que sigue habiendo alguien que las ama. Una de las principales maneras en las que yo soy distinta es que nunca tuve hijos (ni hermanos). Cuando tenía cerca de treinta años y me diagnosticaron cáncer de mama, un doctor me recomendó no tener hijos. Quizá no los hubiera tenido incluso sin su recomendación; era la década de los setenta y yo era lo que se conocía como una mujer enfocada en su carrera. Muchos años después, cuando descubrimos que un colonoscopista que consultó mi esposo, Ed, supuestamente no detectó la evidencia de un cáncer de colon avanzado y nos enteramos que Ed estaba desahuciado, bromeábamos con adoptar un hijo de 60 años.

Aunque estés sola, hay maneras de estar menos sola. Puedes ayudar a otras personas con alguna habilidad que posees. Puedes mantenerte en contacto con amigos, incluso si no son perfectos. Yo, además, sigo reuniéndome en Zoom con ellos, cosa que es mucho mejor que una llamada telefónica.

Y aquí hay otro consejo: si quieres mantener a esos amigos, no te olvides de preguntarles cómo están ellos. Es algo que a veces incluso las personas alegres se olvidan de hacer. Esta es una opción que quizá solo sirva para esta servidora: leo libros que no tienen nada que ver con la cotidianidad. Como a Anthony Trollope. Ver películas no me sirve mucho a mí, pero sé que sí le sirve a muchas otras. La actividad física puede dar ánimo. Hace que el corazón palpite de manera reconfortante. Y si nada de eso sirve, muchas viudas podemos considerar el hecho de que la parte principal de nuestras vidas fue una vida libre de COVID, de Vladimir Putin y de Donald Trump; un mundo mucho más bello que el de ahora.

Por último, amigos de las viudas, aquí hay unas cuantas pistas: la principal es que no manden un correo empático a su amiga que enviudó y después desaparezcan. No le cuenten historias tristes sobre sus otras amigas viudas. No asuman que, después de un año, la viuda estará de nuevo alegre (véase el primer párrafo). No asuman nada acerca de las finanzas de la viuda. Y ahora, hablando en lo personal: mis amigos cristianos mandaron flores; mis amigos judíos mandaron comida. La comida es mejor.

Betty Rollin es columnista de The New York Times.

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Una ley solidaria

/ 5 de diciembre de 2022 / 01:31

En pasados días se publicó en un medio de comunicación el artículo titulado “El sistema de pensiones es un sistema quebrado socialmente”, que menciona críticas mal intencionadas con relación a la Ley de Pensiones y a su vez cuestiona a los servidores públicos que se encargan de la emisión de la normativa en materia de Seguridad Social de Largo Plazo.

El hecho de la supuesta “quiebra social” hace deducir que se trataría de un rompimiento, distanciamiento, del sistema de pensiones y la sociedad (jubilados), no obstante, de las interpretaciones, la crítica versa con relación a la seguridad previsional en diferentes direcciones, criticando, entre otros, a la incidencia del Gobierno en el tema de las inversiones, la necesidad de entidades autónomas para la administración de los recursos de los Fondos de Pensiones, la devolución de aportes que habría dejado sin jubilación a los asegurados y el cuestionamiento a que los aportes estén principalmente en bolivianos.

Lo cierto es que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no prestan recursos de los Fondos de Pensiones al Gobierno, debido a que esta actividad no está comprendida dentro de su giro de negocio, por el contrario, realizan inversiones en Títulos Valores del Tesoro General de la Nación (TGN), operación que está abierta a cualquiera de las entidades habilitadas para participar de forma voluntaria y bajo la normativa vigente, pudiendo participar las empresas del Sector Financiero (Bancos), Sector No Financiero (Aseguradoras, Fondos de Inversión Cerrado, etc.) y por supuesto las AFP.

Se evidencia que, a septiembre de 2022, las inversiones de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) se encuentran en un 31% en el sector estatal, mientras que el restante 69% está distribuido en sectores privados de la economía, como ser el Financiero Bancario, Financiero No Bancario, Industrial, entre otros, aclarando que la rentabilidad de las inversiones es responsabilidad de las AFP debido a que dichos recursos están bajo su administración.

Por otra parte, la idea de generar instituciones autónomas, para la administración de los citados Fondos, contraviene la Carta Magna, la cual dispone que los servicios de la Seguridad Social no podrán ser privatizados ni concesionados y deben ser administrados por el Estado, creándose de esta manera la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) para tal propósito.

A su vez, la Gestora, en el marco del Artículo 156 de la Ley de Pensiones, contará con un Directorio profesional y especializado, considerando la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones en cuanto a inversiones, gestión administrativa, prestaciones y beneficios, entre otras, vale decir, ajenas a los temas políticos y que no contemplan injerencia alguna, situación similar a las entidades públicas que tienen competencias en materia de pensiones.

En referencia a la devolución de aportes de las AFP, observa que, producto de esta medida, muchos adultos mayores no se podrían jubilar; en tal sentido, aclarar que dicha política fue adoptada para apoyar e impulsar a las familias que se vieron afectadas por efectos de la pandemia, recursos que les permitieron reactivar su economía y con la posibilidad de restituir los mismos.

El mencionado beneficio, alcanzó a más de 313.000 asegurados del SIP con un monto total de Bs 1.068,9 millones, y es importante aclarar que existieron límites para la devolución de los aportes, precisamente para evitar que los asegurados no se vean afectados en su etapa de jubilación y puedan contar con una vejez digna.

Ahora bien, con relación a que el 90% de los recursos de los aportes de los asegurados están en bolivianos y que existen riesgos de inflación y devaluación, no se comprende dicha afirmación, considerando que Bolivia tiene una de las tasas más bajas de inflación del mundo, alrededor del 2%. A su vez, es conocido que en zonas limítrofes de nuestro país las familias extranjeras prefieren ahorrar en bolivianos, demostrando de esta manera la confianza hacia nuestra moneda, que además no se devaluó en comparación con otras de países vecinos, y que por el contrario se mantiene estable con relación al dólar estadounidense.

En este marco, se hace notar los aciertos de las medidas adoptadas y el principio solidario que contempla la Ley de Pensiones, priorizando la calidad de vida de los jubilados con el reconocimiento de sus años de trabajo y la otorgación de los beneficios correspondientes, favoreciendo principalmente a los asegurados que tienen ingresos bajos.

Es importante la expresión de ideas y comentarios mediante medios de comunicación, pero resulta fundamental que, previo a esto, se informen, a efectos de emitir criterios responsables con relación a diferentes temáticas, en este caso en lo referente a pensiones.

Gustavo Gómez es economista.

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Violencia digital de género

/ 5 de diciembre de 2022 / 01:25

La Ley 348 integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia identifica 16 tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres, desde la violencia física hasta la violencia institucional pasando por violencia psicológica, económica, laboral, sexual, simbólica, mediática y de salud, entre varios otros aspectos. Sin embargo, no incluye en esta tipificación de violencias a la violencia digital. Como consecuencia, cuando una mujer quiere denunciar que alguien la contacta insistentemente con ofertas no solicitadas o con amenazas, o que alguien ha compartido imágenes íntimas sin su consentimiento, o incluso un caso de linchamiento digital no es posible porque la Policía, Ministerio Público, SLIM u otro servicio público no tienen una categoría para recibir esa denuncia.

El entendimiento común acerca de la violencia digital de género, compartida por la Policía y los otros servicios públicos, es que no es importante porque es virtual, porque sucede en Internet, porque parece que no hay ningún daño físico y no solo es un tipo de violencia muy extendido sino que afecta seriamente en el ejercicio de derechos de las mujeres. Quien logra que tomen su denuncia tiene que hacerlo con otra categoría como la violencia psicológica o la violencia contra la dignidad.

La invisibilización de la violencia digital de género entre otros tipos de violencia evita que se dediquen recursos para entender su extensión, formas y efectos; y sobre todo, que se desarrollen políticas públicas de cuidado y restauración.

Hace unos meses tuve el privilegio de realizar junto a un gran equipo un estudio para ONU Mujeres, el Ministerio de Justicia y AGETIC que identificó las formas de violencias digitales de género en el país e identificó algunos aspectos de las instituciones a cargo de la implementación de la Ley 348 al respecto de esta faceta digital de las violencias de género. El estudio se llama “Aproximaciones de la Violencia de Género en Internet durante la Pandemia en Bolivia” y muestra que no existe solo una categoría que recibe el nombre de “violencia digital de género” sino que existen al menos ocho tipos de violencia digital y 25 formas de expresión de estas violencias. Los tipos de violencia digital de género identificados son: abuso de datos personales usando TIC, abuso sexual relacionado a las TIC, acceso o control no autorizado, acoso, afectaciones a canales de expresiones, brecha digital, deslegitimación vía TIC y omisiones por parte de actores con poder regulatorio.

Existe un proceso de mejora de la Ley 348 que ya ha anunciado que incluirá este tipo de violencia, ese sin duda será un importante paso para garantizar una vida digital sana y productiva para las mujeres.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata.blog: www.internetalaboliviana.word-press.com.

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Reprogramación de créditos

/ 5 de diciembre de 2022 / 01:17

Entre las principales alternativas que tienen los prestatarios cuando sus ingresos o capacidad de pago son afectados temporalmente, se encuentra la solicitud de reprogramación de deuda. Sin embargo, cómo saber si dicha decisión será la más conveniente para el prestatario, y si la misma brindará una solución efectiva a la problemática que atraviesa su actividad económica.

La principal ventaja de la reprogramación, a diferencia de otras alternativas, es que se ofrece una solución personalizada y a la medida de las necesidades del prestatario, puesto que si bien pueden producirse situaciones coyunturales que afecten a todo un sector o región, como fue el caso del paro y bloqueos de 36 días suscitados en Santa Cruz de la Sierra, no todas las actividades económicas sufrieron exactamente el mismo efecto, es decir la gravedad de los daños es distinta y depende del tamaño de la empresa, el sector económico y otras características especiales que tiene cada negocio, incluyendo a las personas asalariadas. Es por ello que, en estos casos, es pertinente que los prestatarios tomen contacto con su entidad financiera, reportando su situación económica y de esta forma encontrar las mejores opciones para dar solución a su problemática.

Es así que la reprogramación de la deuda debe entenderse como el proceso que permite modificar las condiciones de una operación crediticia, tales como el plazo, la tasa de interés, las garantías, entre otros aspectos. Asimismo, según la normativa vigente en nuestro país, las solicitudes de reprogramación pueden contemplar la inclusión de periodos de gracia, prórroga y otros aspectos que coadyuven a los deudores a cumplir con sus obligaciones.

Según las buenas prácticas en materia financiera, la reprogramación de la deuda es recomendable cuando el prestatario presenta problemas para cubrir la cuota del crédito, ya sea por razones coyunturales de corto plazo o dificultades estructurales que afecten a su actividad económica. También se considera adecuado solicitar una reprogramación cuando el prestatario se encuentra en una situación de sobreendeudamiento, al mantener diferentes obligaciones financieras de forma simultánea en el sistema financiero y no se cuenta con la capacidad de pago suficiente para el cumplimiento de dichas deudas.

En ese contexto, cabe recordar que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) emitió la Carta Circular ASFI/DNP/CC- 13514/2022, de 11 de noviembre de 2022, la cual establece que las entidades de intermediación financiera deben atender y analizar las solicitudes de reprogramación de aquellos prestatarios y sectores que hubiesen sido afectados en su actividad económica tras los hechos suscitados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, debiendo realizar una evaluación individual de la situación económica de cada caso.

Por todo lo señalado precedentemente, es importante que cada prestatario efectúe un análisis de su situación económica, y según corresponda, solicite a su entidad financiera una reprogramación de su deuda, con el propósito de que dicha entidad efectúe una evaluación de la viabilidad de la misma, en función de la nueva situación de la capacidad de pago y perspectivas futuras sobre el nivel de ingresos a ser percibidos por el deudor.

Franz Apaza es administrador de empresas.

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¿Cómo China perdió la guerra contra el COVID?

/ 4 de diciembre de 2022 / 01:08

¿Recuerdas cuando el COVID iba a instaurar a China como la potencia dominante del mundo? Todavía a mediados de 2021, mi bandeja del correo estaba llena de alusiones a que el aparente éxito de China en contener el coronavirus mostraba la superioridad del sistema chino respecto al de las sociedades occidentales que, como dijo un analista, “no tenían la capacidad de organizar con rapidez a todos los ciudadanos en torno a un objetivo particular”.

En este momento, sin embargo, China se tambalea mientras otros países están regresando, más o menos, a la vida normal. El país continúa con su política de cero COVID, imponiendo restricciones draconianas en las actividades cotidianas cada vez que surgen casos nuevos. Esta situación está provocando grandes dificultades personales y entorpeciendo la economía; las ciudades en confinamiento representan casi el 60% del PIB de China.

A principios de noviembre, según informes, muchos trabajadores huyeron de las instalaciones de Foxconn, una enorme planta que fabrica iPhones, no solo porque temían quedar confinados, sino también por temor a pasar hambre. Y en los últimos días, muchas personas en ciudades de toda China se han enfrentado a una represión férrea por manifestarse en contra de las políticas gubernamentales.

No soy experto en China, y no sé qué consecuencias tendrá esto. Por lo que entiendo, los verdaderos especialistas en el país tampoco lo saben. Pero creo que vale la pena preguntarse qué lecciones podemos sacar del paso de China de ser un posible modelo a seguir a convertirse en un ejemplo de debacle.

Es importante enfatizar que la lección no es que no debamos implementar medidas de salud pública durante una pandemia. A veces esas medidas son necesarias. Pero los gobiernos deben ser capaces de cambiar las políticas públicas ante circunstancias cambiantes y a partir de nueva evidencia.

Lo que estamos viendo en China es el problema de los gobiernos autocráticos que no pueden admitir sus errores y no aceptan evidencia que no les gusta.

En el primer año de la pandemia, las restricciones severas, incluso draconianas, tenían sentido. Nunca fue realista imaginar que los mandatos obligatorios del uso de mascarilla e incluso los confinamientos podrían evitar la propagación del coronavirus. Lo que podían hacer, más bien, era ralentizarla.

En un inicio, el objetivo en Estados Unidos y en muchos otros países era “aplanar la curva” y evitar un pico de casos que desbordaran los sistemas de atención médica. Después, cuando quedó claro que habría vacunas efectivas disponibles, el objetivo fue o debería haber sido retrasar las infecciones hasta que la vacunación generalizada lograra brindar protección.

Vimos esta estrategia en lugares como Nueva Zelanda y Taiwán, que al comienzo de la pandemia impusieron reglas estrictas que mantuvieron los casos y las muertes en niveles muy bajos y luego, cuando sus poblaciones alcanzaron la vacunación generalizada, flexibilizaron las reglas. Incluso con las vacunas, la apertura derivó en un aumento pronunciado de casos y muertes, pero no tan grave como habría ocurrido si estos lugares se hubieran abierto antes, por lo que el total de muertes per cápita ha sido mucho más bajo que en Estados Unidos.

Pero los líderes de China parecen haber creído que los confinamientos podrían acabar con el coronavirus permanentemente, y han estado actuando como si todavía creyeran eso, incluso cuando hay una cantidad abrumadora de evidencia que prueba lo contrario.

Al mismo tiempo, China fracasó en diseñar un plan B. Muchos chinos de edad avanzada —el grupo más vulnerable— aún no tienen su esquema completo de vacunación. China también se ha rehusado a utilizar vacunas fabricadas en el extranjero, a pesar de que las vacunas creadas en el país, que no usan tecnología de ARNm, son menos efectivas que las que están recibiendo en el resto del mundo.

Todo esto deja al régimen de Xi Jinping en una trampa creada por él mismo. Está claro que la política de cero COVID es insostenible, pero eliminarla significaría admitir el error, algo que no les resulta fácil a los autócratas. Además, relajar las reglas significaría un aumento importante en los casos y muertes.

No solo muchos de los chinos más vulnerables no se han vacunado o han recibido vacunas de menor eficacia sino que, como se ha buscado erradicar el coronavirus, pocas personas tienen inmunidad natural. También el país tiene muy pocas camas de cuidados intensivos, lo que hace que China no tenga la capacidad de lidiar con una ola de COVID.

Es una pesadilla, y nadie sabe cómo terminará. Pero ¿qué es lo que el resto de nosotros podemos aprender de China?

Lo primero es que la autocracia no es, en realidad, superior a la democracia. Los autócratas pueden actuar con rapidez y decisión, pero también pueden cometer grandes errores porque nadie puede decirles que se equivocan. En un nivel básico, existe una semejanza clara entre la negativa de Xi a rectificar su política de cero COVID y el desastre de Vladimir Putin en Ucrania.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía y columnista de The New York Times.

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