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jueves 20 ene 2022 | Actualizado a 07:48

Evolución del sistema financiero

/ 30 de noviembre de 2021 / 00:35

La Constitución Política establece como política que el Estado regulará el sistema financiero (SF) con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, priorizando la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción.

En periodos pasados regía la Ley 1488 de 1993, con enfoque neoliberal, por cuanto las entidades financieras (EF) pactaban libremente tasas, créditos y comisiones. La oferta de servicios financieros contemplaba una perspectiva proteccionista de éstas, omitiendo la atención y reconocimiento de derechos de los usuarios, así como el papel que debían desempeñar estas entidades en el desarrollo económico y social. Asimismo, la demanda de servicios estaba orientada a las grandes empresas privadas que requerían un conjunto mayoritario de operaciones, desconociendo la diversidad económica, productiva y cultural de las unidades económicas medianas y pequeñas.

A partir de la Ley 393 de 2013 y con base en pilares del modelo económico, social, comunitario y productivo (MESCP), se marcó un nuevo hito en la historia financiera de Bolivia, apostando por su desarrollo a través del apoyo financiero a la producción y la mejora de condiciones para la población, mediante la canalización de recursos en condiciones más accesibles para la vivienda, la transparencia de servicios, el fortalecimiento de las medidas prudenciales, la solvencia de las EF y la protección del consumidor financiero.

Dicha norma tiene un enfoque social y productivo, donde el Estado interviene para fijar tasas y niveles de cartera para el sector productivo, vivienda de interés social, y la regulación de comisiones y periodos de gracia. Se prioriza la universalidad de los servicios financieros, apoyando principalmente las actividades productivas, la inclusión financiera y la estabilidad del SF. Al respecto, se incorpora nuevas entidades con especialización en la prestación de servicios en el sector de pequeñas y medianas empresas, sin restricción para microempresas, así como instituciones comunales concebidas como organizaciones sin fines de lucro, creadas por organizaciones de productores u otros sectores, para el financiamiento de la actividad de sus miembros en condiciones de fomento.

Es así que en 2005 los depósitos y créditos del SF alcanzaban a $us 3.678 millones y $us 3.360 millones, y a septiembre de 2021, registraron $us 29.793 millones y $us 28.109 millones, un incremento considerable del 710% y 736%. El índice de mora del SF reportó 10,1% en 2005, reduciéndose a 1,7% a junio de este año.

Tras la asunción del gobierno del presidente Luis Arce se determinó el restablecimiento de las medidas de fomento al sector productivo, restaurando los límites de cartera productiva y de vivienda de interés social, reducidos por el gobierno de facto. Consiguientemente, y como medidas para la reconstrucción y reactivación de la economía, se crearon créditos destinados al sector productivo, con una tasa de interés anual de 0,5%, para el financiamiento de proyectos de impulso a la sustitución de importaciones (SIBOLIVIA), y el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública con la finalidad de otorgar créditos en favor de las entidades territoriales autónomas, para financiar contrapartes locales de proyectos de inversión pública que cuenten con financiamiento externo y/o interno, que sean concurrentes con el nivel central, con un plazo de hasta 18 años, tasa de interés del 2% y periodo de gracia de dos años.

Finalmente, resaltar que con la aplicación del MESCP y de políticas en el ámbito monetario y financiero, el SF boliviano es sólido y sostenible, lo cual permite canalizar de manera eficiente el ahorro hacia la inversión, contribuyendo al desarrollo integral del país, con importantes efectos sobre la actividad económica, el empleo, la disminución de la pobreza, la exclusión social y económica.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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Balance económico de 2021 y perspectivas para 2022

/ 13 de enero de 2022 / 06:44

Tras la ruptura del orden constitucional y la toma de mando del Gobierno de Facto (GF) debido a los conflictos sociales y políticos de octubre y noviembre de 2019, Bolivia inició un periodo de incertidumbre con terribles impactos negativos en su economía y en la calidad de vida de la población, sumado a este escenario el arribo del COVID-19 y la pésima administración pública del GF, llevando a la economía nacional a una profunda crisis con un acentuado decrecimiento económico.

Con el retorno de un gobierno elegido democráticamente, liderado por el presidente Luis Arce Catacora, desde noviembre de 2020 el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia implementó medidas económicas y sociales para la reconstrucción y la reactivación de la economía boliviana, con pilares basados en el restablecimiento del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), sin descuidar la salud de las bolivianas y bolivianos mediante la ejecución del plan estratégico de lucha contra el COVID-19.

Se aplicaron las siguientes medidas por el lado de la demanda: Reactivación de la Inversión Pública con un presupuesto de $us 4.011 millones; Bono contra el Hambre de Bs 1.000, con más de 4 millones de beneficiarios, desembolsando $us 588 millones al 31 de mayo de 2021; aumento adicional y extraordinario de 1,5% a las rentas de 219.963 los jubilados; reintegro al Impuesto al Valor Agregado con un importe devuelto de Bs 25,1 millones al 31 de diciembre de 2021, beneficiando a 67.755 personas naturales; Impuesto a las Grandes Fortunas cuya recaudación asciende a Bs 240,1 millones; incremento del 2% del salario mínimo nacional a Bs 2.164; creación de 2.500 ítems para salud y 1.700 destinados a educación; y la devolución total o parcial de los Aportes de Pensiones.

Por el lado de la oferta: fortalecimiento y reactivación de empresas públicas; restablecimiento de límites de cartera para apoyar al sector productivo; refinanciamiento y/o reprogramación de créditos y periodo de gracia; apoyo al sector productivo y promoción de la Política de Sustitución de Importaciones mediante el Crédito SIBOLIVIA con más de Bs 911 millones; Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional por Bs 150 millones para cubrir el 50% de la garantía de créditos SIBOLIVIA; Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva, que destina hasta Bs 1.500 millones a los gobiernos subnacionales para proyectos de inversión; fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública con un importe de hasta Bs 2.000 millones; Ley de incentivos tributarios para el sector agropecuario e industrial; entre otras.

La economía boliviana cerraría el 2021 con un crecimiento cercano al 6%, con una participación importante de los siguientes sectores: manufactura, construcción, transporte y minería. Al respecto, es necesario aclarar que dicho porcentaje es mayor al crecimiento de la economía de 4,4% establecido en el Programa Fiscal Financiero 2021, así como las cifras proyectadas del 4,7%, 5,1% y 5,5% por el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el Fondo Monetario Internacional, respectivamente. Las exportaciones incrementarían en más de $us 10.000 millones, a octubre de 2021 se tiene un balance comercial positivo por $us 1.584 millones y una reducción en la tasa de desempleo de 5,2% con más de 1,1 millones de personas reinsertadas en el mercado laboral; asimismo, se tiene una inflación controlada y un menor déficit fiscal al previsto.

Para 2022 se debe dar continuidad a estas medidas en el marco del MESCP, junto al plan de lucha contra el COVID-19, por lo que el Presupuesto General del Estado 2022 contempla cifras alentadoras, con un crecimiento económico del 5,1% y una inversión pública de $us 5.015 millones, que permitirá fortalecer la matriz productiva para la sustitución de importaciones e industrialización a través de los sectores productivo e infraestructura, generando excedentes y fuentes de empleo. Así se garantiza recursos para salud, educación, transferencias condicionadas y la redistribución de ingresos, dando la seguridad a la población que Bolivia está saliendo adelante.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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SOAT: Un seguro con carácter social

/ 28 de diciembre de 2021 / 15:35

En la Ley de Seguros, el seguro se define como un contrato donde el asegurador está obligado a indemnizar un daño o a cumplir la prestación convenida al producirse la eventualidad prevista, y el asegurado a pagar la prima.

Mediante la Ley 737 de 21 de septiembre de 2015 se modificó la Ley 1833 de 25 de junio de 1998, estableciéndose como obligatorio que todo propietario de un vehículo en el Estado Plurinacional cuente con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), aclarando que este será indisputable, irreversible y su acción será directa contra la entidad aseguradora.

El SOAT tiene como objetivo otorgar una cobertura de gastos médicos por accidentes y la indemnización por muerte o incapacidad total permanente a cualquier persona que sufra un accidente provocado por un vehículo automotor en el país. Es así que el capital asegurado para gastos médicos asciende hasta Bs 24.000 por persona afectada por cada evento, sin límite de personas cubiertas. Y el capital asegurado para las eventualidades de muerte y/o incapacidad total permanente alcanza a Bs 22.000 por persona afectada por evento, sin que exista límite de personas cubiertas.

Aparte, y según la normativa señalada, el SOAT podrá ser contratado o comercializado a distancia a través de medios electrónicos y teleinformática, utilizando documentos y firmas digitales; en este contexto, el seguro para 2022 incorpora la roseta digital, dando un salto tecnológico al digitalizar la tradicional roseta física. Al tratarse de un documento digital, puede ser portado por los propietarios de los motorizados en sus teléfonos móviles, sin la necesidad de que sea pegado en el parabrisas del vehículo.

Independientemente del medio o canal por el que el dueño del vehículo adquiera el seguro, la Compañía de Seguros y Reaseguros Personales UNIVida SA le entregará la factura y el comprobante, y este último lleva un código QR único e irrepetible que, al ser escaneado por un dispositivo móvil, descargará en formato JPG (imagen fotográfica) la roseta digital con todos los datos del motorizado, exponiendo la placa, tipo, uso y departamento de circulación.

Un aspecto a resaltar y con el objeto de no generar confusión es sobre los precios del SOAT y si estos han subido o no. Al respecto, aclarar que, emergente de la pandemia del COVID-19, la vigencia del seguro de 2020 fue ampliada hasta abril de 2021, es decir que la cobertura normal de 12 meses aumentó a 16, sin incrementar costos. Consiguientemente, el SOAT 2021 comienza en mayo y culmina el 31 de diciembre de 2021, lo cual significa una vigencia de ocho meses y, por ende, su precio se ajustó a dicha periodicidad.

En este contexto, el seguro 2022 contempla una cobertura de 12 meses y su costo corresponde al mismo periodo, sin existir alza en los precios del SOAT, más al contrario, fueron uniformados a nivel nacional, mediante estudios socioeconómicos y de siniestralidad en los 15 tipos de vehículos, entre públicos y privados, resaltando que las personas, independientemente del lugar en el que se encuentren en el territorio nacional, podrán comprar el seguro al mismo precio.

Finalmente, al contar un vehículo con el SOAT y ante un posible accidente de tránsito, el seguro atiende de manera inmediata otorgando un auxilio oportuno a los accidentados, considerando al conductor, pasajeros y peatones, razón por la cual es necesario que los bolivianos protejamos a los bolivianos, actuando con mayor conciencia y responsabilidad, mediante un proceso permanente de instrucción y aprendizaje de educación vial.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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18-O, Bolivia recupera su crecimiento económico

/ 12 de octubre de 2021 / 00:25

El 10 de noviembre de 2019, se produjo la interrupción de 37 años de democracia continua en nuestro país, provocando un quiebre constitucional liderado por las élites oligárquicas tradicionales y asentado en sectores de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, que rompieron la cadena de mando, forzando la renuncia de las autoridades electas para instaurar un régimen no constitucional, sustentado en el temor por el uso de la fuerza.

Los acontecimientos marcados por la conflictividad social y política de octubre y noviembre de 2019, desembocaron en la ruptura del orden constitucional y la toma de mando del gobierno de facto, caracterizado por su corrupción, crisis política, económica, sanitaria y abuso de poder de las autoridades por la necesidad de controlar la pandemia, aspectos que debilitaron catastróficamente la democracia de Bolivia.

Se recuerda al lector que el gobierno de facto postergó en tres ocasiones las elecciones generales de 2020 bajo argumentaciones insuficientes e infundadas, e instrumentalizando políticamente la pandemia. En este contexto, el movimiento social y popular impidió con movilizaciones que ese gobierno pueda prorrogarse indefinidamente en el poder, logrando que los comicios se realicen el 18 de octubre de 2020 (18-O). Es así que, el Movimiento Al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), al ser el único partido hegemónico y estructurado de la política boliviana con una militancia y un voto fidelizado, obtuvo el respaldo mayoritario del pueblo con el 55,11% de los votos, recuperando de esa manera el orden democrático constitucional.

A partir de noviembre de 2020 y a la cabeza del presidente Luis Arce, el Gobierno viene implementando medidas económicas y sociales para la reconstrucción y reactivación de la economía, que estimulan la demanda y oferta con pilares basados en el restablecimiento del modelo económico social comunitario productivo, sin descuidar el tema sanitario mediante la ejecución del plan estratégico de lucha contra el COVID-19.

En este sentido, por el lado de la demanda se tienen las siguientes medidas: Reactivación de la inversión pública con un presupuesto de $us 4.040 millones, cuya ejecución repunta a agosto en 106% respecto al mismo mes de 2020; Bono contra el Hambre de Bs 1.000, beneficiando a 4.035.773 personas, con total de Bs 4.036 millones; aumento adicional y extraordinario de rentas para los jubilados; reintegro al Impuesto al Valor Agregado con un importe devuelto de Bs 13,1 millones a julio; Impuesto a las Grandes Fortunas, cuya recaudación asciende a Bs 240,14 millones a mayo; incremento de 2% del salario mínimo nacional, a Bs 2.164; creación de ítems para salud y educación; y la devolución total o parcial de los aportes de pensiones.

Por el lado de la oferta se tiene el fortalecimiento de empresas públicas mediante aportes de capital; apoyo al sector productivo y promoción de la política de sustitución de importaciones mediante el crédito SIBOLIVIA con más de Bs 911 millones; Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional por Bs 150 millones, para cubrir el 50% de la garantía de créditos SIBOLIVIA; refinanciamiento y/o reprogramación de créditos y periodo de gracia; restablecimiento de límites de cartera para apoyar al sector productivo; ejecución de la subasta electrónica y el Mercado Virtual Estatal; Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCIPP), el cual destina hasta Bs 1.500 millones en favor de los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos, para financiar proyectos de inversión para la sustitución de importaciones, infraestructura productiva y proyectos productivos; Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), con un importe de hasta Bs 2.000 millones, entre otras medidas de gran importancia.

Finalmente, y en el marco del plan de lucha contra el COVID-19, el Gobierno asignó Bs 2.268 millones para la adquisición de vacunas, pruebas de detección, medicamentos, equipamiento de hospitales y contratación de personal médico, logrando al 29 de septiembre inmunizar a 6.780.455 personas, garantizando el abastecimiento suficiente para cubrir el 100% de dosis para la población vacunable.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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Presupuesto público boliviano

/ 16 de septiembre de 2021 / 01:30

La Constitución Política establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto; en este contexto, el Presupuesto General del Estado (PGE) se constituye en el instrumento más importante de la política fiscal para reconstruir y reactivar la economía boliviana, priorizando la asignación de recursos a la inversión pública, así como los gastos en los sectores de salud y educación, políticas sociales, alimentos, servicios básicos, entre otros programas de interés social y de necesidad poblacional.

Desde una perspectiva estructural, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, por lo que el PGE incorpora a las empresas públicas, entidades de seguridad social, universidades públicas, entidades descentralizadas, los Órganos del Estado; gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales, indígenas originarios campesinos y entidades de control y defensa del Estado, entidades públicas financieras y no financieras, los cuales suman 579 instituciones que elaboran su presupuesto institucional de manera anual, en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo (MESCP) y la normativa presupuestaria vigente.

Al respecto, el PGE se compone de dos grupos de cuentas. Por un lado, los ingresos, que corresponden a la estimación de recursos que podrían ser captados por las actividades que realiza cada entidad, ingresos por recaudación tributaria, regalías, donaciones y otras fuentes financieras. Y por el otro lado, los gastos, que constituyen las erogaciones recurrentes basadas principalmente en la administración y operación de la institución pública, como ser sueldos y salarios, servicios básicos, materiales y suministros, impuestos, así como gastos destinados a proyectos de inversión orientados a la creación o adquisición de bienes de capital, como ser la compra de maquinaria, construcción de edificios, entre otros que contribuyen a la formación bruta de capital fijo.

En el periodo neoliberal (1985- 2005), los gobiernos de turno elaboraban el Presupuesto General de la Nación (PGN), el cual respondía a un modelo neoliberal y tenía carácter regulador, discrecional y solo administrativo del Estado, cuyo principal objetivo era reducir la participación pública en la economía local en beneficio de las empresas transnacionales que operaban en el país.

Asimismo, el PGN se elaboraba con base en las recetas dictadas por los organismos internacionales, no existía claridad en los gastos, presentaban constantes déficit, y otras deficiencias, por ejemplo los gastos no se transparentaban, evidenciando la existencia de los gastos reservados, cuyos recursos económicos eran asignados al Ministerio de Gobierno sin fiscalización, o el pago de sobresueldos a ministros, viceministros y otras autoridades estatales, con dinero proveniente del exterior; otro ejemplo, en dicho periodo se recurría a préstamos externos para el pago de salarios o aguinaldos de los empleados del sector estatal, maestros del magisterio fiscal y trabajadores en salud.

A partir de 2006, el PGE refleja el impacto de la intervención del Estado en la economía boliviana, asumiendo con responsabilidad el papel protagónico para la implementación y aplicación del MESCP, convirtiendo al sector estatal en planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero del país, a cuyo efecto, el PGE consolidado y agregado para la gestión mencionada alcanzaba a Bs 46.332 millones y Bs 59.834 millones, respectivamente. Para la presente gestión fiscal, el PGE aprobado asciende a Bs 228.357 millones (consolidado) y Bs 295.600 millones (agregado), es decir que, el presupuesto público en los últimos años ha cuadruplicado sus cifras.

Sin duda, este aspecto incremental del PGE ha permitido a nuestro país la obtención de los siguientes logros: crecimiento económico sostenido, acumulación de niveles récord de reservas internacionales, reducción de la deuda externa, inflación controlada, bolivianización de la economía, incrementos de los depósitos y créditos en el sistema financiero, aumentos salariales, nivel de ejecución alta de inversión pública, reducción de la pobreza extrema, redistribución del excedente económico a sectores desprotegidos, disminución del desempleo y de la desigualdad económica.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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Vamos a salir adelante

/ 21 de agosto de 2021 / 02:40

En los últimos años, Bolivia alcanzó niveles históricos de crecimiento económico al cuadruplicar su Producto Interno Bruto (PIB) por la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), logrando el liderazgo de la región sudamericana, aspecto que posibilitó la generación de estabilidad económica y mejoramiento en el nivel de vida de la población boliviana, ostentando una economía que iba creciendo más que el resto de América Latina.

Sin embargo, tras los conflictos sociales y políticos de octubre y noviembre de 2019, que desencadenaron en la disrupción del orden constitucional y la toma de mando del gobierno de facto, se inició en el país un periodo de incertidumbre con terribles impactos en la economía del país, deteriorando la calidad de vida de los bolivianos, sumado a este complejo escenario el arribo del COVID-19.

Desde noviembre de 2019, el gobierno de facto marcó la interrupción abrupta del MESCP, mediante determinaciones de políticas neoliberales y en contra de los logros alcanzados por el modelo, paralizando principalmente la inversión pública y las operaciones de las empresas públicas, entre otras medidas que impactaron negativamente en la economía del país.

En consecuencia, en la gestión 2020 la economía boliviana mostró su más grande contracción, alcanzando una tasa negativa de 8,2% hasta noviembre según cifras del Índice Global de Actividad Económica (IGAE), con una fuerte caída de la demanda interna, lo cual incidió en la disminución del consumo de hogares, reducción de la inversión pública y el retroceso de las actividades económicas, adicionando la pésima administración pública y medidas improvisadas.

Por otra parte, y con la asunción de un gobierno elegido democráticamente, comandado por el presidente Luis Arce Catacora desde noviembre de 2020, el Gobierno se enfocó en la implementación de medidas para la reactivación y reconstrucción de la economía boliviana, con pilares basados en el restablecimiento del MESCP y la lucha contra el COVID-19.

En este contexto, entre enero y abril de 2021, la economía boliviana logró un crecimiento estimado del 5,3% con una importante dinámica de la minería, construcción, hidrocarburos, industria manufacturera y comercio, entre los principales rubros, según datos estimados del IGAE; no obstante, durante el mismo periodo de 2020 dicho indicador mostraba una variación acumulada negativa de -7,5%.

Actualmente, se registra una recuperación de los indicadores de comercio exterior, donde las exportaciones, en promedio, llegaron a $us 3.096 millones, con un crecimiento de 34%, mientras que las importaciones alcanzaron a $us 2.643 millones, con un ascenso de 15,8%, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), logrando una balanza comercial positiva; asimismo, el índice de desempleo bajó 4 puntos porcentuales, de 11,6% registrado en julio de 2020 a 7,6% en abril de 2021.

Con relación a la lucha contra el COVID-19 y de acuerdo con el plan estratégico, el Gobierno asignó recursos adicionales por Bs 1.709,7 millones para la compra de insumos, equipamiento y personal médico, a cuyo efecto se tiene ocho millones de vacunas garantizadas, ampliando el rango de edad de vacunación desde los 18 años.

En el marco del Programa Fiscal Financiero 2021, suscrito por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia, se proyecta un crecimiento de la economía de 4,4% para la presente gestión, estimación que es ratificada por organismos internacionales como el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el Fondo Monetario Internacional, que proyectaron un crecimiento para Bolivia de 4,7%, 5,1% y 5,5%, respectivamente, ubicando a Bolivia entre los 10 países que más van a crecer en América Latina.

Finalmente, con la aplicación del MESCP y la soberanía de las políticas económicas y financieras, queda demostrado que Bolivia está retornando a la senda del crecimiento económico, a través del fortalecimiento de la industrialización, sustitución de importaciones, promoción de la actividad económica y la redistribución de los ingresos en favor de la población más vulnerable, garantizando a los bolivianos que vamos a salir adelante.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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