La Constitución Política establece como política que el Estado regulará el sistema financiero (SF) con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, priorizando la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción.
En periodos pasados regía la Ley 1488 de 1993, con enfoque neoliberal, por cuanto las entidades financieras (EF) pactaban libremente tasas, créditos y comisiones. La oferta de servicios financieros contemplaba una perspectiva proteccionista de éstas, omitiendo la atención y reconocimiento de derechos de los usuarios, así como el papel que debían desempeñar estas entidades en el desarrollo económico y social. Asimismo, la demanda de servicios estaba orientada a las grandes empresas privadas que requerían un conjunto mayoritario de operaciones, desconociendo la diversidad económica, productiva y cultural de las unidades económicas medianas y pequeñas.
A partir de la Ley 393 de 2013 y con base en pilares del modelo económico, social, comunitario y productivo (MESCP), se marcó un nuevo hito en la historia financiera de Bolivia, apostando por su desarrollo a través del apoyo financiero a la producción y la mejora de condiciones para la población, mediante la canalización de recursos en condiciones más accesibles para la vivienda, la transparencia de servicios, el fortalecimiento de las medidas prudenciales, la solvencia de las EF y la protección del consumidor financiero.
Dicha norma tiene un enfoque social y productivo, donde el Estado interviene para fijar tasas y niveles de cartera para el sector productivo, vivienda de interés social, y la regulación de comisiones y periodos de gracia. Se prioriza la universalidad de los servicios financieros, apoyando principalmente las actividades productivas, la inclusión financiera y la estabilidad del SF. Al respecto, se incorpora nuevas entidades con especialización en la prestación de servicios en el sector de pequeñas y medianas empresas, sin restricción para microempresas, así como instituciones comunales concebidas como organizaciones sin fines de lucro, creadas por organizaciones de productores u otros sectores, para el financiamiento de la actividad de sus miembros en condiciones de fomento.
Es así que en 2005 los depósitos y créditos del SF alcanzaban a $us 3.678 millones y $us 3.360 millones, y a septiembre de 2021, registraron $us 29.793 millones y $us 28.109 millones, un incremento considerable del 710% y 736%. El índice de mora del SF reportó 10,1% en 2005, reduciéndose a 1,7% a junio de este año.
Tras la asunción del gobierno del presidente Luis Arce se determinó el restablecimiento de las medidas de fomento al sector productivo, restaurando los límites de cartera productiva y de vivienda de interés social, reducidos por el gobierno de facto. Consiguientemente, y como medidas para la reconstrucción y reactivación de la economía, se crearon créditos destinados al sector productivo, con una tasa de interés anual de 0,5%, para el financiamiento de proyectos de impulso a la sustitución de importaciones (SIBOLIVIA), y el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública con la finalidad de otorgar créditos en favor de las entidades territoriales autónomas, para financiar contrapartes locales de proyectos de inversión pública que cuenten con financiamiento externo y/o interno, que sean concurrentes con el nivel central, con un plazo de hasta 18 años, tasa de interés del 2% y periodo de gracia de dos años.
Finalmente, resaltar que con la aplicación del MESCP y de políticas en el ámbito monetario y financiero, el SF boliviano es sólido y sostenible, lo cual permite canalizar de manera eficiente el ahorro hacia la inversión, contribuyendo al desarrollo integral del país, con importantes efectos sobre la actividad económica, el empleo, la disminución de la pobreza, la exclusión social y económica.
Fernando Chuquimia es especialista financiero.