Voces

jueves 20 ene 2022 | Actualizado a 07:03

No se crearon impuestos a servicios digitales

/ 30 de noviembre de 2021 / 00:39

Se ha especulado en las últimas semanas que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) puso en vigencia un “impuestazo digital” a través de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 102100000020, de 4 de noviembre de 2021; no se dejaron esperar opiniones erradas distorsionando esta norma administrativa. Por ello, es necesario realizar un análisis y corroborar si efectivamente se trata de un “impuestazo”.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Código Tributario Boliviano, solo la ley puede crear, modificar o suprimir impuestos, definiendo a su vez quiénes son los que lo pagan y el importe a cancelar (en términos técnicos: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base imponible, etc.), facultad que está reservada únicamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, según el artículo 158 de la Constitución Política del Estado.

En ese sentido, el SIN de ninguna manera podría haber creado impuestos o incorporar nuevos contribuyentes con la RND.

¿Entonces, qué es lo que hizo el SIN con esta resolución para dar pie a mal interpretaciones? La respuesta es que, desde agosto de 2020 (etapa del gobierno “transitorio”), el SIN homologa, equipara, compara, coteja, uniformiza, etc., su clasificador interno de actividades con el Clasificador de Actividades Económicas de Bolivia (CAEB) emitido por el Instituto Nacional de Estadística, con fines netamente administrativos de categorización.

Por lo tanto, con la RND el SIN únicamente actualizó su clasificador de actividades que deviene del Clasificador Industrial Internacional Uniforme (CIIU) que todo país aplica, y para el caso boliviano sirve para estructuración de estadísticas públicas y el Sistema de Cuentas Nacionales.

Como ejemplo de que no se creó un impuesto, ni mucho menos un “impuestazo digital”, mostremos un hecho similar suscitado en agosto de 2020 (gobierno “transitorio”):

La RND 102000000023, de 26 de agosto de 2020, adicionó más de 800 actividades para su homologación con la CAEB (Anexo II), entre las que teníamos servicios de “Educación secundaria de formación general”, “Educación secundaria de formación técnica y profesional”, “Educación superior no universitaria” y “Educación superior universitaria” que sean impartidas en aulas, televisión o por medio del internet (…), y como se pudo evidenciar, la aplicación de esa RND no significó la creación de nuevos impuestos o incorporación de nuevos contribuyentes; más claro aún, las actividades mencionadas ya pagaban y aún pagan sus tributos. Y en ese entonces nadie emitió un criterio tan mal fundamentado señalando un “impuestazo digital a la educación” o “impuestazo por internet”.

De esta manera, siguiendo la misma lógica que esa RND de 2020, el SIN homologó actividades con la clasificación de la CAEB, indicando las actividades que, de manera general, ya estaban contempladas. Esta acción no guarda relación con el espíritu del proyecto de Ley del Impuesto a los Servicios Digitales suspendido en el Legislativo, que pretendía gravar con un Impuesto al Valor Agregado a las grandes multinacionales que prestan “servicios digitales desde el exterior”.

En resumen, no existe un “impuestazo digital”, no se crearon nuevos impuestos y no se incorporaron nuevos contribuyentes con una RND; la RND 102100000020 del SIN simplemente uniformiza u homologa actividades económicas con el clasificador de la CAEB, para contribuyentes que ya emitían y emiten facturas actualmente.

Wilson Atahuichi es economista.

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Fisuras educativas

/ 20 de enero de 2022 / 03:29

A días del venidero martes 1º de febrero, ocasión de la inauguración oficial (desarrollo curricular) de la Gestión Educativa y Escolar 2022 en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio de todo el territorio nacional, la incertidumbre e improvisación se pone de manifiesto.

El ascenso descontrolado de casos positivos por COVID-19 (variante Ómicron) es determinante para que las autoridades del Ministerio de Educación, Viceministerio del Subsistema Regular, direcciones departamentales, distritales y de unidades educativas apliquen cambios imprevistos.

Tal es el caso de la modalidad de inscripción. El pasado 14 de enero, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma Velásquez, emitió el Instructivo IT/VER/DGES Nº 001/2022, en el cual detalle el procedimiento y requisitos que se deben cumplir.

No obstante, el 15 de enero, la misma autoridad emanó extemporáneamente el Circular CI/VER Nº 006/2022, instando a las autoridades educativas del nivel departamental y distrital, garantizar la implementación del formulario de inscripción que debe ser descargado (https://www.minedu.gob.bo/) y llenado por la madre, padre o tutor, para su posterior entrega en la unidad educativa, con el propósito de evitar aglomeraciones.

Otro tema que generará debate entre las autoridades educativas del nivel central, departamental, distrital y unidad educativa, con los entes sindicales del magisterio urbano y rural, será sin duda la elección de la modalidad de atención para el inicio del desarrollo curricular.

Al respecto, algunas federaciones departamentales y regionales de maestros urbanos y rurales emitieron manifiestos rechazando el retorno a las aulas en pleno rebrote de la cuarta ola, instando a las autoridades educativas a precautelar la salud de sus afiliados, de lo contrario, amenazaron con iniciar medidas de presión.

Por otra parte, en los contextos educativos rurales, las autoridades originarias emitieron votos resolutivos, exhortando a los maestros a retornar a las aulas desde el 1º de febrero, debido a la inviabilidad de la aplicación de la modalidad a distancia, por la carencia de acceso a internet y dispositivos móviles (celular – tableta).

Por consiguiente, la elección de la modalidad (presencial, semipresencial y a distancia) indudablemente será polarizada, en concordancia al artículo 5, de la Resolución Ministerial 001/2022, porque dispone que la o el director de la unidad educativa definirá, en atención al informe epidemiológico emitido por autoridad competente y en coordinación con maestros, madres y padres de familia, representación estudiantil, junta escolar y autoridades originarias en contextos rurales.

Luis Callapino López es magister en Políticas de Formación Docente.

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Críticas que desportillan a los críticos

/ 20 de enero de 2022 / 03:22

Críticas al Vicepresidente, a los ministros, exigencia de cambios de ministros por parte de las organizaciones sociales, de parlamentarios e incluso del Instrumento Político aparentemente estaría demostrando una pugna de poder en el interior del bloque popular que gobierna el Estado.

¿Cuál es el horizonte de este nuevo momento de la revolución democrática cultural liderada por Lucho y David?, ¿o solo tiene tareas inmediatas propias de la gestión pública y política?, ¿por qué critican los dirigentes al Gobierno: por abandonar el horizonte, por incumplir tareas? o ¿por qué?

Son interrogantes necesarias e ineludibles porque estamos hablando de la clase dirigente que está liderando nuestro país.

El momento político emergente del proceso constituyente con la interrupción del golpe de Estado, ha inscrito en reencauzar la construcción del Estado Plurinacional, con el horizonte ideológico del socialismo comunitario y civilizatorio del Vivir Bien. Las tareas inmediatas fueron determinadas por la forma violenta e inconstitucional como se resolvió la crisis de octubre-noviembre y la catastrófica gestión pública del gobierno de facto.

Las críticas amplificadas como titulares principales en los medios de comunicación privados que no dan cobertura a los mismos dirigentes para otro tipo de noticias, hoy son la fuente principal del hecho noticioso, pero ya no solo como crítica al Gobierno, sino que aparecen como la manifestación de fracturas, bloques, disputas por espacios públicos administrativos dentro del Estado.

Las críticas y autocríticas son necesarias e imprescindibles cuando se carece de este ejercicio deliberativo, abandonamos la reflexión y nos dejamos absorber por la monotonía del momento como verdad irrefutable. Pero, por el contenido de las críticas que vertieron los dirigentes, no están precisamente en la línea del horizonte y/o las tareas, sino hacia la actitud que tienen los ministros con las organizaciones sociales.

Este elemento es muy importante porque está interpelando la forma política de relación de las autoridades gubernamentales con el bloque popular, es decir, la relación no se agota en el tiempo electoral, tampoco en tener fuentes laborales —además que es legítimo— sino en la necesidad de constituir una articulación política efectiva. Las autoridades elegidas y designadas por la singularidad nacional popular del proceso deben descolonizar el sentido del ejercicio del poder, lo que nos obliga a ingresar en una nueva pedagogía política propia de nuestra sociedad pluri.

Pero lo que aún no se internalizó como sentido común en los bloques es el horizonte de este segundo momento de la revolución democrático-cultural. Pareciera que redujimos el norte a ganar las elecciones, llegar a los espacios administrativos públicos y disputar mayores espacios administrativos más influyentes. Es sobre este último elemento, como motivación de las críticas y exacerbadas por los medios, que existe una competencia interna para ver quién tiene un discurso más folklórico y sensacionalista que marque la diferencia y le permita tener una portada principal con su foto.

Lo que sí merece un análisis ideológico muy importante es la descalificación más que crítica del vicepresidente Gerardo García del MAS al vicepresidente Choquehuanca; es la manifestación política de ausencia de horizonte por cierto nivel dirigencial, porque no está planteando un problema, sino que está instalando un problema contra-revolucionario en el interior del bloque como posible normalidad política.

La respuesta y/o defensa desde parlamentarios y autoridades gubernamentales no parte del horizonte sino que cae en el juego reaccionario y altamente dañino para el Gobierno, el proceso y el bloque.

Defienden, pero descalificando al líder histórico del proceso, como si en ese acto se estaría exponiendo la importancia del debate. Por el contrario, lo que aflora es la autojustificación para atacar denigrando la imagen y la importancia de ese liderazgo para los pueblos no solo de nuestra Bolivia.

Esta etiquetación que descalifica, más que una caracterización que explique, nos está demostrando que necesitamos institucionalizar en el corto tiempo un escenario político donde se articule gobierno, legislativo, organizaciones sociales e instrumento político para el debate/análisis constante.

El proyecto estatal descolonizador que estamos impulsando es un proyecto de vida, la organización política del bloque, el liderazgo(s) indígena, popular y antiimperialista. El horizonte es la trilogía que nos permite ser hegemónicos, por ello no podemos caer en discursos, slogans sensacionalistas que alimentan a los medios privados y les dan argumentos a los opositores para sobrevivir en los noticiosos.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

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Cuando un analista se equivoca

/ 20 de enero de 2022 / 03:18

En principio, me gustaría empezar con la siguiente frase: “Cuando el herrero no da en el clavo, ha errado”. Esto nos debe llevar a la reflexión de que no todos los “analistas” que escriben lo están haciendo bien, es necesario surtirnos de información proveniente de fuentes oficiales que nos permita llegar a conclusiones precisas.

Para poder entender y realizar críticas constructivas es importante conocer que el Presupuesto es un instrumento de planificación económico- financiero de corto plazo, en el que se expresan objetivos y metas del sector público que son traducidos en programas operativos anuales; en este entendido, todas las entidades públicas, incluidas las empresas públicas, formulan su anteproyecto de presupuesto en base a la estimación de sus ingresos.

No obstante, tras opiniones desacertadas, carentes de análisis técnico y con evidentes sesgos políticos sobre el Presupuesto General del Estado (PGE) de la Gestión 2022, las cuales manifiestan que únicamente se refuerza a las empresas públicas, es totalmente falso, toda vez que en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, las empresas públicas son las generadoras de excedentes y el Estado redistribuye estos ingresos para financiar proyectos, reducir la pobreza y generar empleo. En este contexto, el PGE 2022 destina recursos del 10% a salud, 10,8% a la educación, entre otros, para beneficio de la población. Además se aclara que las empresas públicas generan Bs 74.250 millones por el lado del ingreso, que se constituyen en una de las fuentes principales de financiamiento del PGE.

Asimismo, es preciso recordar que durante el periodo Neoliberal solo existían siete empresas públicas, en su mayoría de participación residual y administradoras de servicios, y las empresas estratégicas estaban privatizadas y/o capitalizadas. Con el Modelo Económico Social Comunitario Productivo se logró nacionalizar los recursos naturales (hidrocarburos, minerales, energía y otros), recuperar y fortalecer a las empresas públicas con el objetivo de industrializar el país, dejando atrás la dependencia de un patrón de desarrollo monoproductor. Desde este enfoque la participación del Estado es crucial en la economía para una adecuada asignación de recursos en Bolivia.

Por lo expuesto, se aclara que las empresas públicas representan una de las fuentes de ingresos más importantes del país, constituyendo para el 2022 el 31,6% de los ingresos consolidados del PGE y actualmente son la pieza clave para poder continuar invirtiendo en el desarrollo de Bolivia, no olvidemos que las empresas públicas pertenecen a todos los bolivianos y depende de nosotros hacer caso o no a los analistas que se equivocan en sus apreciaciones, más aún considerando que estamos viviendo una etapa de reconstrucción de la economía y debemos apostar por nuestro Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

Gabriela Alanoca Flores Es economista e Ingeniera.

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El limbo de Ómicron

/ 20 de enero de 2022 / 03:13

Se supone que no hay que querer contagiarse de la variante Ómicron solo para olvidarse de esta enfermedad. En un artículo tras otro, los expertos advierten del peligro de intentar contagiarse del virus con la esperanza de dejarlo atrás.

Podrías acabar contribuyendo a la insostenible carga del sistema sanitario, dicen, o contagiar a alguien más vulnerable que tú. Los tratamientos estarán más disponibles dentro de unos meses. Así que, aunque mi impulso, ante algo tan sombrío como en apariencia inevitable, es superarlo lo más rápido posible, he seguido con obediencia todas las precauciones que me han dicho que tome e incluso otras más.

Mi hijo de nueve años dio positivo la mañana del martes de la semana pasada, después de que, al levantarse, se quejara de un ligero dolor de garganta. El esfuerzo por evitar el COVID-19 se ha apoderado de nuestras vidas, en mayor o menor medida, durante casi dos años, y ahora, pensé, podía por fin dejarlo atrás. Supuse que, dada la extrema capacidad de contagio de la variante Ómicron, todos acabaríamos enfermos en poco tiempo. Mi hija dio negativo, pero me pareció responsable que no fuera a la escuela.

Esperaba que después de un par de semanas terribles, saldríamos de esto. Me imaginaba un invierno lleno de cenas cálidas en el interior, películas y citas para jugar con familias que no tendrían que preocuparse de que nosotros los contagiáramos de COVID-19. Así que hemos estado esperando. Y hasta ahora, no ha pasado nada.

Esta es la parte en la que reconozco mi situación privilegiada. Mi familia está sana, vacunada y asegurada. Los síntomas de mi hijo duraron menos de un día. Ahora estamos bien y es probable que sigamos estando bien si nos enfermamos de COVID-19.

Pero este limbo —por el que está pasando todo tipo de familias— es espantoso. Es difícil valorar que uno está bien cuando la enfermedad parece inminente. Dicen que la gente puede contagiar el virus uno o dos días antes de presentar los primeros síntomas y dos o tres días después, y que el virus tarda unos tres días en incubarse. Así que, aunque me sorprende que el resto de mi familia no lo tenga todavía, es muy posible que lo tengamos pronto. Por temor a la cuarentena, no había considerado la peor posibilidad, las cuarentenas sucesivas, que cada uno de nosotros se enferme con días de diferencia. Solo quiero que ya pase esto.

Desde que Ómicron apareció en mi casa, he aprendido algo raro sobre la enfermedad. Es, como todos sabemos, muy transmisible, lo cual es catastrófico. Sin embargo, después de hacer algunas indagaciones, me ha sorprendido la cantidad de familias que conozco, todas vacunadas, en las que unos se han contagiado y otros no.

Hablamos tanto de que Ómicron elude las vacunas que es fácil olvidar que a veces no lo hace.

Así que uno de los problemas de intentar acabar con Ómicron es que podría no depender de ti. Si vives con otras personas, no basta con apretar los dientes y decidir que por fin te vas a enfermar.

Dios sabe que entiendo el anhelo de hacerlo. Después de 22 meses de esta pandemia estoy al borde del colapso psicológico. A estas alturas, unas pocas semanas de incluso una mala gripe parecen preferibles a la ansiedad perpetua, la fatiga de tomar decisiones en esta mala racha y a considerar a los demás como vectores virales por reflejo.

Tal vez sea fácil para mí decirlo ahora, pero un breve periodo de enfermedad (si las probabilidades están a mi favor y no padezco del COVID-19 prolongado) parece más fácil de tolerar que una lucha prolongada y quizá inútil por evitar enfermarme. En pocas palabras: no puedo aguantar más. Estoy dispuesta a rendirme.

Pero al virus no le importa. El deseo de olvidarse de la variante Ómicron es un deseo de ejercer una medida de control en una situación incontrolable. Este interregno, de esperar a ver si el resto de mi familia va a enfermar o no, es un recordatorio del poco control que tenemos en realidad. Ahora mismo me siento bien. Y eso es terrible.

Michelle Goldberg es columnista de The New York Times.

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Del Buey al Tigre: desafíos 2022

/ 19 de enero de 2022 / 03:00

Desde la antigüedad los chinos realizaron estudios muy detallados sobre el movimiento del sol, de la luna y de la tierra alrededor del astro rey, y determinaron una serie de ciclos que se convierten en lo que hoy conocemos como el Año Nuevo Chino. Este 1 de febrero de 2022 dejamos atrás al Buey para ingresar en la etapa del Tigre de Agua, según la ciencia Bazi, que se conoce popularmente como astrología china.

El tigre es el animal que representa la astucia y el sigilo. Se espera que este 2022 el año del tigre de agua será el más guerrero para definir el rumbo de gran parte de la humanidad después de dos años consecutivos de pandemia de COVID- 19. Este nuevo año trae consigo una serie de desafíos ambientales, vinculados a una pandemia que nos ha hecho repensar la relación del ser humano con la naturaleza, pero al mismo tiempo plantea una necesidad de reactivación económica urgente, y ambas dimensiones no están siendo consideradas en su justa dimensión en los planes de recuperación a nivel global.

Cambio climático, el desafío desapercibido. Se considera que la crisis climática es una de las peores crisis que experimentará la humanidad. Incansablemente se ha advertido que si no se toman medidas drásticas hoy, será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro. Sin embargo los esfuerzos mundiales por frenar el calentamiento global son insuficientes. Si bien Bolivia no es uno de los causantes del cambio climático, necesitamos reforzar nuestro compromiso de contribución a la lucha del cambio climático en los sectores de cambio de uso de suelo e incendios forestales. También es urgente movilizar financiamiento climático y encarar la adaptación al cambio climático en todas las escalas y dimensiones, y dejar de tratar a los efectos del cambio climático solamente a través de la atención a desastres.

Los incendios forestales de 2019 pusieron el tema en la agenda ambiental. Y aunque en 2020 y 2021 la cantidad de área quemada ha ido disminuyendo, no significa que hemos hecho lo suficiente por responder a esta problemática tan compleja. Los regímenes de incendios están cambiando los paisajes de todo el mundo, y los efectos combinados del cambio climático y el uso del suelo son factores principales en la duración más prolongada de las temporadas de incendios. Es urgente una revisión de la normativa actual y abrogación de las normas contraproducentes. Las políticas públicas deben ser consistentes para atender el problema adecuadamente. Las respuestas efectivas al problema deben estar incorporadas en instrumentos de políticas públicas, que a su vez estén integrados en un contexto más amplio de gestión del territorio y contribuyan al manejo sostenible de los recursos naturales, el desarrollo local y la conservación del medio ambiente, donde la articulación entre los diversos sectores y actores es clave y, por el momento, aún es incipiente.

En el país la deforestación es uno de los desafíos más importantes en materia ambiental. Mientras en Bolivia seguimos viendo cifras de incremento de deforestación que nos posiciona entre los países con mayor deforestación a nivel regional y mundial, existe un consenso de más de un centenar de países de que es necesario tomar las medidas necesarias para frenar la deforestación e inclusive ponerle fin hasta 2030, del cual Bolivia no ha formado parte. Existe una evidente no-articulación intersectorial en la agenda de tierras y bosques, y una delicada situación en cuanto a los avasallamientos. La lucha contra la deforestación no es tarea de una sola institución, necesita ser abordada de manera transversal e intersectorial por todo el Estado y en todos sus niveles: municipal, departamental y nacional. A esto se suman las políticas de apertura de nuevos mercados para los commodities relacionados con la deforestación en Bolivia —carne y soya— sin explicitar claramente cómo se evitará el aumento de la frontera agrícola y las exigencias de sostenibilidad de estos mercados.

Áreas protegidas bajo presión. En Bolivia, nuestra Constitución Política del Estado (CPE) reconoce que éstas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país, ya que cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. Sin embargo, la viabilidad y permanencia de estos espacios hace mucho tiempo que están en riesgo debido al aumento de las presiones como asentamientos no controlados, tala ilegal, comercio ilegal de fauna silvestre, narcotráfico, los devastadores incendios forestales y el cambio climático, además del evidente y continuo debilitamiento de su gestión.

Estos son algunos de los desafíos ambientales más importantes en el país. Esperamos que transitemos de la lentitud del buey a la agilidad del tigre a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con los principales desafíos ambientales que enfrenta el planeta y nuestro país.

Natalia Calderón es Directora Ejecutiva Fundación Amigos de la Naturaleza.

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