La propagación de la cuarta ola del COVID-19 y la aparición de la variante Ómicron a continuación de la variante Delta se suman este fin de año a los complejos problemas que se han venido gestando en el último trimestre en la economía internacional. Se trata, en efecto, de que al mismo tiempo que no ha concluido todavía la pandemia iniciada en marzo de 2020, ahora se hacen presentes en muchos países movimientos sociales de oposición a la vacunación, lo que se traduce en un factor amplificador del contagio, que requerirá probablemente la obligatoriedad legal de la vacunación, con las reacciones previsibles.
Por otra parte, la inyección monetaria en gran escala que se aplicó para sostener las actividades económicas y el empleo en los países desarrollados trae consigo ahora la agregación de una gran demanda líquida en manos del público, la cual encuentra dificultades de ser satisfecha porque la oferta está estrangulada por las repercusiones del confinamiento y la interrupción de los circuitos del comercio internacional, expresados, entre otras cosas, en un encarecimiento descomunal de los fletes del transporte marítimo internacional.
Las principales economías del mundo enfrentan, en consecuencia, una situación compleja de ruptura en las cadenas globales de valor, así como de aumento del ritmo inflacionario a niveles desconocidos desde hace mucho tiempo. En efecto, las tasas de inflación están muy altas en Estados Unidos (6,2%), y en Europa los precios en la eurozona se incrementaron en un promedio de 4,1% respecto del año anterior. El debate sobre las medidas apropiadas para abatir la inflación y no perjudicar la recuperación económica no ha concluido en absoluto, pero lo más probable es que a comienzos del próximo año suban significativamente las tasas de interés.
Por otra parte, se ha puesto claramente de manifiesto que la administración egoísta de la producción y distribución internacional de las vacunas y el bloqueo a la liberación de las patentes han facilitado ganancias exorbitantes de las grandes transnacionales farmacéuticas, al mismo tiempo que se ha desplegado una confrontación geopolítica que ha traído aparejadas severas repercusiones para muchos países y regiones con escasas capacidades de negociación internacional. La región latinoamericana, enfrascada en sus divisiones políticas internas, no ha podido realizar una gestión colectiva conducente a mejorar las condiciones de acceso a las vacunas, así como al establecimiento de una estrategia para asegurar su seguridad sanitaria en el corto y mediano plazo.
Poco o nada de estas cuestiones se menciona en los medios de comunicación y las redes sociales del país, pero lo más grave consiste en que tampoco parece que formen parte de los parámetros de contexto para la formulación de los planes y presupuestos de la actual gestión de gobierno. En los documentos principales de la programación estatal predominan unas pocas referencias sobre el crecimiento general previsto, algunas cifras globales sobre la inversión pública, la trayectoria programada del déficit fiscal y los parámetros referidos a la inflación esperada.
El supuesto de que nada de lo que ocurra en el ámbito internacional afectará al desempeño económico del país es particularmente equivocado y peligroso en las condiciones de incertidumbre que prevalecen en el contexto internacional. Por el contrario, sería ampliamente aceptado que el Estado cumpla con su función de proteger a la sociedad frente a las crisis que se avecinan, aplicando con autoridad los diversos dispositivos, expedientes y recursos que le facultan la Constitución y las leyes para enfrentar las crisis y sus consecuencias.Aclaremos, sin embargo, que el Estado no es sinónimo de gobierno, y que el ejercicio de la autoridad legítima no debe confundirse con el autoritarismo.
Horst Grebe López es economista.