Voces

jueves 26 may 2022 | Actualizado a 03:21

Respondiendo a falacias sobre el proyecto de PGE 2022

/ 9 de diciembre de 2021 / 17:09

Después de que hace un par de semanas se presentara en conferencia de prensa el proyecto del Presupuesto General de Estado (PGE) 2022 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el cual fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional en octubre pasado, se han oído algunas voces cuestionando el mismo con argumentos completamente falsos y técnicamente equivocados, característica que, sin embargo y lamentablemente, pareciera tornarse común en el frente de analistas de oposición al Gobierno nacional, por lo cual es preciso realizar las siguientes puntualizaciones.

Primero, es importante aclarar que el presupuesto no alcanza a más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB) como erróneamente indican Carlos Armando Cardozo, Gonzalo Chávez y Antonio Saravia. Si se quiere ser precisos, el presupuesto consolidado significa el 78% del nivel del PIB nominal estimado para la gestión, ratio que es además el más bajo de los últimos tres años. Además, la comparación del presupuesto que realiza Saravia con otros países no corresponde dadas las características particulares del país, donde el Estado es el principal actor de la economía.

En este sentido, es preciso entender que la magnitud del presupuesto y su comportamiento en los últimos años está asociado al rol fundamental que desempeña el Estado en la economía nacional en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, particularidad que no es nueva, aunque pareciera que para Antonio Saravia sí, pues la muestra como un descubrimiento en su reciente artículo, aunque de una forma errónea, refiriéndose al Gobierno y no al Estado.

Desde 2006, con la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, se ha hecho énfasis en el nuevo rol que asumía el Estado, que tras el período de privatizaciones había quedado reducido y no había generado respuestas a las diferentes necesidades de la población, cuya mayoría se sumía en la pobreza y la desigualdad. El Estado se convierte en el actor fundamental en la economía y se inicia así la aplicación de un modelo y políticas que trajeron positivos resultados para el país en general y la población en particular, traducidos en los diferentes indicadores de progreso macroeconómico y en la mejora de la calidad de vida de la población, especialmente de la más vulnerable. Los niveles de pobreza y desigualdad descendieron de forma importante en el país, logro incluso destacado por organismos internacionales y expertos y académicos del exterior.

No obstante, el hecho que el Estado asuma la dirección de la economía no implica de ningún modo el aislamiento del sector privado, el cual, por el contrario, es respetado y fomentado por el Estado. De la misma forma, el tamaño del Presupuesto 2022 no significa el acaparamiento del sector público y la exclusión del sector privado en la economía, como equivocadamente señalan Chávez y Saravia. De hecho, si se considera la identidad macroeconómica fundamental, el sector privado tiene un amplio espacio para realizar inversiones y generar ahorro en el país. Igualmente, es preciso aclarar que del total de bienes y servicios producidos en la economía, contenidos en las 35 actividades económicas del PIB, el Estado no produce todos, gran proporción es producida por el sector privado.

Asimismo, es importante destacar las diferentes medidas del Gobierno nacional para el fortalecimiento del sector privado en el país. Además de aquellas implementadas a lo largo de la última década y media, recientemente en el marco de la reconstrucción de la economía se aplicaron varias medidas como la exención del IVA a la importación y comercialización de bienes de capital; se firmó el acuerdo con el sector cañero para la compra de etanol en 2022 que incentiva al sector y promueve la sustitución de importaciones; también se pueden citar los diferentes programas de apoyo a sectores productivos específicos; así como los créditos SIBOLIVIA, cuyo fideicomiso fue elevado en jornadas pasadas a Bs 1.261 millones, y que además flexibilizó las condiciones de acceso a estos recursos con garantías no convencionales. Estos programas en su conjunto benefician a micro, pequeños, medianos y grandes productores del sector privado del país.

En relación a los componentes del PGE 2022, uno de los elementos fundamentales es la inversión pública, que se ha constituido en uno de los principales instrumentos de la política fiscal por su efecto multiplicador en el crecimiento de la economía y la generación de empleo. En esa línea, el PGE 2022 prevé un fuerte incremento de la inversión pública, en 25% respecto al presupuestado en 2021, el cual será orientado principalmente al sector productivo (42,5% de participación). Así, la inversión pública contribuirá particularmente al proceso de industrialización, con énfasis en la sustitución de importaciones, y a garantizar mejores bienes y servicios, y mayor acceso a éstos para la población boliviana. Igualmente, se aclara que esta inversión no solo va dirigida a empresas estatales, que fortalecen el aparato productivo nacional, sino también al resto de los niveles de gobierno, como los municipios y las gobernaciones.

Por su parte, se espera un incremento de apenas 4% de los gastos corrientes, los cuales se explican principalmente por el sostenimiento del pago de salarios a importantes sectores como educación y salud, y por los gastos de operación de las empresas estatales, que finalmente garantizan la provisión de servicios y bienes necesarios para la población y mejoran la capacidad productiva del país.

Del 19% del presupuesto asignado a sueldos y salarios, más del 50% corresponden al pago a los sectores de educación, salud, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, el restante se dirige a universidades, gobiernos subnacionales, administración central y otros. Por lo cual, la insinuación de que el 50% del presupuesto en sueldos y salarios se orienta al nivel central es completamente falsa.

Sobre los ingresos, pareciera que analistas como Antonio Saravia y Jaime Dunn ignoraran o minimizaran la relación existente entre los ingresos tributarios y el desempeño de la actividad económica, al realizar insinuaciones de presión tributaria e incluso de creación de impuestos. Se aclara que el incremento de las recaudaciones previstas para 2022 está relacionada al mayor dinamismo esperado de la actividad económica. Asimismo, en relación a los ingresos por operaciones, que tienen una participación mayor incluso que las recaudaciones en el PGE, se aclara que en esta partida se aprecia el aporte de las operaciones de las empresas públicas y no sólo en las recaudaciones de hidrocarburos como erróneamente sugiere Saravia.

Por lo tanto, el proyecto del PGE 2022 se enmarca en el modelo económico vigente en el país, el cual considera como fundamental el papel del Estado en la economía, promoviendo de esta forma la continuidad del proceso de reconstrucción de la economía, la industrialización, la sustitución de importaciones y el fortalecimiento productivo, y la redistribución de los ingresos. Finalmente, el Presupuesto no acapara la economía nacional; el sector privado tiene un amplio espacio y es fomentado por el gobierno nacional para contribuir al proceso de recuperación de la economía boliviana que está en marcha.

Claudia Ramos es economista.

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Presupuesto 2022 y la continuidad del proceso de reconstrucción

/ 27 de enero de 2022 / 01:10

Habiendo finalizado la gestión 2021 que mostró una importante recuperación de la economía boliviana, los retos continúan este año 2022, y el principal y más urgente es obviamente afrontar esta nueva ola de la pandemia por COVID-19, pero también éste es el año de la consolidación de la reconstrucción económica y de seguir apostando por el fortalecimiento productivo del país y la redistribución de los ingresos. En ese sentido, uno de los principales instrumentos para dicho fin es el Presupuesto General del Estado 2022, que fue aprobado en diciembre pasado, sobre el cual se destacan algunos elementos adicionales en este artículo.

Después de la amplia discusión sobre el PGE 2022 previa y posterior a su promulgación, en la que ya se había aclarado que su tamaño en porcentaje del PIB es 78% y no más de 80% ni superior a 90% como fue y es vertido por analistas de oposición; que su dimensión está relacionada al importante rol que desempeña el Estado en la economía, lo cual no es nuevo, sino definido así desde 2006 en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo; sobre el papel fundamental de las empresas públicas, a las cuales no solo se dirigen recursos sino que ellas son generadoras de importantes ingresos para el país; entre otros; se enfatiza ahora en la distribución de la inversión pública y la importancia de la soberanía en la definición de políticas económicas.

Así, la inversión pública es uno de los principales elementos del PGE 2022. Se asignarán $us 5.015 millones, los cuales irán destinados prioritariamente a la inversión productiva, en 42,5%, en proyectos de infraestructura 29,9% y sociales 17,2%. El mayor porcentaje asignado a la inversión productiva se asocia al objetivo de continuar con la reconstrucción de la economía este año con énfasis en el fortalecimiento productivo y la industrialización por sustitución de importaciones, así se plantean importantes proyectos como la implementación del complejo industrial farmacéutico, de la industria de química básica, la planta de vidrio plano, la planta siderúrgica del Mutún, la industrialización del litio, la continuidad de construcción de plantas de energía renovable, la distribución de gas natural por redes a nivel nacional, entre otros.

Igualmente, se destinan importantes sumas a la inversión en infraestructura, donde en los años de vigencia del modelo se ha logrado un significativo avance, por ejemplo, entre 2006 y 2019 se construyeron 412 kilómetros de carreteras en promedio, muy por encima de los 177 kilómetros entre 2000 y 2005. Para 2022 se proyecta la construcción y continuidad de importantes carreteras como Rurrenabaque-Riberalta y la doble vía tramo central “El Sillar”. Asimismo, en el sector social destacan los proyectos de construcción y equipamiento del Instituto Gastroenterológico en La Paz y la implementación de los centros de medicina nuclear y radioterapia en Santa Cruz, El Alto y La Paz.

Finalmente, en relación a cuestionamientos respecto a que los supuestos datos de crecimiento e inflación, por ejemplo, deberían ser proporcionados por entidades independientes y comités de expertos y no por el Gobierno, pareciera que se recomendara el retorno de la sumisión de la política económica del país como sucedía antes de 2006, cuando organismos internacionales definían los objetivos y condicionaban la política económica boliviana. Los años de vigencia del Modelo Económico Social Comunitario Productivo han demostrado que los mismos bolivianos pueden administrar la economía de mejor manera y con mejores resultados, los cuales son innegables tanto en términos macroeconómicos como sociales.

Claudia Ramos es economista.

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La reconstrucción de la economía avanza

/ 25 de octubre de 2021 / 02:23

La economía boliviana continúa recuperándose, y uno de los principales indicadores que respaldan dicho avance es el repunte del nivel de ocupación urbana en el país, que entre agosto de 2020 y agosto de este año se incrementó en 917.225 bolivianos y bolivianas adicionales que tienen una fuente de empleo y generan ingresos. Estos resultados son innegables, contrariamente a lo que esperarían críticos a los indicadores de recuperación de la economía, como Gabriel Espinoza, que en una reciente publicación en redes sociales nuevamente arremete, esta vez contra las cifras de los avances en el ámbito laboral, con argumentos que no tienen validez técnica e insinuaciones de “manipulación de datos” y “desesperación” del Gobierno, que son completamente falsas.

Al margen de varias imprecisiones en el manejo de cifras y comparación de periodos por parte de Espinoza, el error fundamental de su razonamiento radica en intentar sumar el ascenso de la población ocupada y la tasa de desempleo, con el cual concluye un supuesto nivel de desocupación de alrededor de 22% el año anterior e insinúa que la cifra de incremento de la población ocupada señalada por el Gobierno no es cierta. Este planteamiento es técnicamente incorrecto.

Primero, es importante precisar la forma de cálculo de la tasa de desempleo, que corresponde al ratio entre la población desocupada y la Población Económicamente Activa (PEA), que en agosto llegó a 6,5%. Así, el resto, 93,5%, corresponde a la población ocupada. Es esta población ocupada la que mostró un incremento de 917.225 personas entre agosto de 2020 y agosto de 2021, desde 3.288.419 personas hasta 4.205.644, como se puede apreciar en las cifras del INE y que son de fácil acceso a la población a través de la página web de la institución. Así, añadir la proporción del incremento de ocupados a la tasa de desempleo no tiene lugar.

Una de las formas más precisas de ver esta relación sería, por ejemplo, calcular la diferencia de la proporción de la población ocupada respecto a la PEA en agosto de 2021 respecto a aquella en el mismo mes de 2020, que registra un ascenso de 4 puntos porcentuales, el cual está en línea con el descenso en los mismos 4 puntos porcentuales de la tasa de desocupación en el periodo mencionado.

El incremento de la población ocupada urbana en el país es evidente y varios sectores están mostrando esta recuperación. Por ejemplo, en el rubro de la industria manufacturera la ocupación creció en 28%, en el sector de comercio en 39%, en la construcción en 24%, en la actividad de alojamiento y servicio de comidas en 35% y en el sector de transporte en 17%. Igualmente, la tasa de desempleo se redujo desde el 11,6% que había alcanzado en julio de 2020 hasta 6,5% en agosto de este año, un significativo descenso.

A este resultado se suman muchos otros, como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 9,4% en el primer semestre del año en relación al mismo periodo de 2020; el ascenso de la recaudación tributaria en 17% a septiembre, con un importante repunte de las recaudaciones del IVA mercado interno que crecieron en 32%, reflejo del dinamismo de la actividad económica interna; el crecimiento de las operaciones del sistema financiero, con el ahorro que ascendió interanualmente en 8% a septiembre y que muestra la recuperación de la capacidad de generación de ahorro e ingresos de la población, y la mejora de los créditos; entre otros, que configuran los resultados del proceso de recuperación que actualmente vive la economía, y que son innegables, a pesar de voces que al parecer preferirían, por posiciones políticas, que el país no se recuperara.

Claudia Ramos es economista.

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Paro cívico, un atentado a la economía familiar

/ 11 de octubre de 2021 / 01:06

Mientras la economía boliviana va recuperándose y las familias bolivianas se esfuerzan diariamente por salir adelante y dejar atrás la crítica situación que el país vivió en 2020, un grupo de cívicos, políticos de oposición y algunos sectores amenazan con realizar un paro cívico este lunes 11 de octubre, que significa un completo atentado a la recuperación de la economía boliviana y, en particular, a la economía de los hogares.

La convocatoria al paro, que supuestamente pretende defender los derechos de la población, ha demostrado ser política. Por un lado, porque la propuesta del Gobierno nacional de la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales, contra la cual se estarían movilizando, tiene únicamente fines de regular actividades ilícitas en el país y no vulnera los derechos constitucionales de la población, los cuales están garantizados.

Por otro lado, el tratamiento del proyecto de norma que se estaba realizando en la Asamblea Legislativa Plurinacional en pasadas semanas fue puesto en pausa y claramente el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, manifestó la apertura a recibir observaciones y sugerencias. De igual forma, las autoridades del Gobierno han estado socializando la medida y aclarando las dudas sobre la misma en varios departamentos del país y a diferentes sectores.

Por lo mismo, si hay intenciones constructivas en el rechazo a la norma, sería sensato de parte de los sectores movilizados remitir sus observaciones y consultas sobre la misma, y contribuir en este proceso, y no insistir en la paralización del país que lo único que logrará es una fuerte afectación en la economía, y no solo en los sectores movilizados sino fundamentalmente en la población más vulnerable, la que vive del día a día.

En efecto, un día de paro genera para el país una pérdida potencial de aproximadamente $us 112 millones — con los departamentos de Santa Cruz y La Paz como los más afectados, con una pérdida de más de $us 30 millones cada uno— y un serio impacto en las actividades de transporte, comercio, restaurantes, turismo, establecimientos financieros, otros servicios y la actividad productiva.

El mayor impacto del paro, no obstante, se evidenciaría en la economía de los hogares bolivianos más vulnerables; en aquellos sectores de cuentapropistas, vivanderos, comerciantes, entre otros; en la población que día a día lleva el sustento a su hogar y que por un día no trabajado se vería impedida de atender las necesidades básicas de sus familias.

Por lo tanto, querer realizar un paro en pleno proceso de reconstrucción de la economía, de lucha de los hogares por salir adelante y de las diferentes actividades por reactivarse, es un atentado contra el país, contra la economía nacional y contra la población que depende de sus ingresos diarios. El paro no tiene justificación y solo muestra fines políticos de grupos que han estado generando confusión y desinformación en la población, y que aprovechan este elemento para conseguir adeptos a sus intereses que son visiblemente políticos, y generar así una dura afrenta al proceso de recuperación económica y a las familias bolivianas.

Claudia Ramos es economista.

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¿Responsables del ‘zafarrancho económico’?

Desde noviembre de 2019 el gobierno transitorio intentó desmontar el modelo dando como paso inicial la paralización de la inversión pública, una variable fundamental para dinamizar la economía.

/ 18 de diciembre de 2020 / 03:39

A poco más de un mes de haber recibido el país, el Gobierno nacional está realizando una serie de acciones encaminadas a la reactivación de la economía y al restablecimiento del modelo económico aplicado desde 2006, que fue interrumpido abruptamente en noviembre de 2019 y que significó el retroceso de los logros económicos y sociales que el país había alcanzado hasta ese momento, profundizándose aún más con el arribo de la pandemia.

En efecto, es importante recordar que desde 2006 el país aplicó el Modelo Económico Social Comunitario Productivo que permitió alcanzar logros económicos y sociales históricos. Durante este periodo el país registró un crecimiento sostenido de la economía —dinamizado por la demanda interna— y otros indicadores positivos que se tradujeron finalmente en avances sociales incuestionables como la reducción de la pobreza y la desigualdad, y la mejora de la calidad de vida de las y los bolivianos.

Este periodo no fue resultado total de un “súper ciclo” de precios de las materias primas como frecuentemente señalan los detractores del modelo como Carlos Jahnsen en un artículo de opinión. El positivo desempeño de las variables fue resultado del modelo y las políticas económicas y sociales aplicadas que permitieron aprovechar el favorable panorama de precios y aminorar el impacto en tiempos de contexto internacional adverso; efectivamente, aún en periodos de caída de precios internacionales la economía boliviana continuó creciendo y se posicionó por varias gestiones como la de mayor expansión en la región.

La situación actual de la economía boliviana, con variables deterioradas, como la contracción del PIB de 11% en el primer semestre y el elevado desempleo, son un resultado combinado del cambio de modelo y de la irrupción de la pandemia. Desde noviembre de 2019 el gobierno transitorio intentó desmontar el modelo dando como paso inicial la paralización de la inversión pública, una variable fundamental para dinamizar la economía. La economía ya estaba débil antes de la pandemia, en el primer trimestre de 2020 el PIB apenas creció en 0,6%, con un sector de la construcción que cayó en 20% y las demás actividades con bajo crecimiento. Obviamente la situación empeoró con la cuarentena total desde mediados de marzo y el crecimiento experimentó un retroceso histórico de 22% en el segundo trimestre y el consiguiente deterioro dramático de otras variables económicas.

Es preciso destacar también que los argumentos de “despilfarro del MAS” en el que tanto insistió el gobierno transitorio y sus seguidores, y que no lograron probar, y en el que aún insiste Jahnsen, no tienen justificación. El déficit fiscal observado en los últimos años del modelo fue resultado de la inversión pública, que se constituyó en uno de los impulsores del crecimiento. En este periodo se registraron superávits corrientes.

Sin duda, este año fue uno de los peores que ha vivido la economía y la población boliviana, azotadas no solo por la pandemia sino también por las acciones y omisiones de un gobierno de transición que intentó desmontar un modelo que había mostrado su efectividad en superar contextos externos desfavorables. Obviamente, la pandemia habría impactado en las actividades económicas, pero también se habrían aplicado medidas coherentes para su contención. La tarea está ahí, y ahora el nuevo Gobierno se encamina a restablecer el modelo y reactivar la economía, y de esta forma restablecer las condiciones de vida de la población boliviana.

Claudia Ramos es economista.

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