Voces

Sunday 26 May 2024 | Actualizado a 01:21 AM

PGE 2022 e ingresos

/ 14 de diciembre de 2021 / 03:25

El Presupuesto General del Estado (PGE) es el instrumento de política fiscal más importante, mediante el cual el Gobierno expone sus objetivos de gestión. Contempla la estimación de ingresos a generar por las 580 entidades (empresas públicas, municipios, gobernaciones, etc.) y el destino que se les dará para lograr metas económicas y sociales. La ley que lo aprueba cada gestión hace referencia a un importe consolidado y agregado, ¿qué significa esto?

El presupuesto agregado incluye la totalidad del importe de ingresos y gastos previstos por las entidades. Por ejemplo, en el caso de un país hipotético con tres actores: entidad A, con un presupuesto de Bs 30 millones; entidad B, con Bs 50 millones, y entidad C, con Bs 20 millones, tendrían un presupuesto agregado de Bs 100 millones.

Ahora, supongamos que la entidad A registró una transferencia de Bs 15 millones a favor de B, que es transferida por B a la entidad C. Por tanto, los Bs 15 millones de la entidad A también fueron considerados en el presupuesto de B y C, triplicándose su registro.

El presupuesto consolidado elimina esta triplicidad de registro, no considera la transferencia entre entidades. Siguiendo con el ejemplo del presupuesto agregado, se tiene que quitar Bs 30 millones (transferencia de la entidad A a B por Bs 15 millones más la de B a C por Bs 15 millones), por tanto, el presupuesto consolidado será de Bs 70 millones.

En el ejemplo, la entidad A generará los Bs 15 millones y la entidad C ejecutará el gasto final. Para realizar un análisis financiero del PGE, es importante diferenciar entre el importe agregado y consolidado; sin embargo, muchos analistas vierten opiniones sesgadas porque no conocen esta diferencia o lo hacen de forma mal intencionada, tergiversando los datos y desinformando a la población.

Se está afirmando que las empresas públicas tienen el triple del presupuesto que las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), realizando un análisis incorrecto por dos aspectos: primero, consideran un presupuesto agregado que tiene duplicidad de registros, y segundo, solo se enfocan en el gasto, sin considerar el origen del ingreso que financiará esas obligaciones.

Para 2022, el proyecto del presupuesto contempla un importe agregado de Bs 304.045 millones y un consolidado de Bs 235.090 millones, es sobre esta última cifra que se debe realizar un análisis imparcial, debido a que muestra las entidades que generan los ingresos y las que ejecutan el gasto final.

Las empresas públicas registraron recursos por Bs 72.896 millones, el 31,6% del ingreso total consolidado (Bs 235.090 millones), en tanto que su gasto final asciende a Bs 69.024 millones, el 29% del gasto consolidado (Bs 235. 090 millones). En el caso de las ETA, generan ingresos por Bs 10.000 millones y gastan Bs 24.597 millones.

De los citados Bs 72.896 millones de ingreso consolidado de las empresas públicas, el 93,4% proviene de las operaciones que realizan por el giro de su negocio, y representa el 29% del ingreso consolidado del PGE; por tanto, son recursos propios que generan por la venta de bienes y servicios. En este sentido, afirmar que el Órgano Ejecutivo asigna estos recursos (inyecta capital), o que su gasto asciende a Bs 79.000 millones, evidencia la excesiva carencia de criterio para analizar las cifras del PGE.

Las ETA gastan Bs 24.597 millones, 2,5 veces más que sus ingresos (Bs 10.000 millones); asimismo, por actividades propias generan solo Bs 8.353 millones, el 3,6% de recursos del PGE consolidado, esto muestra su poca capacidad para generar recursos, y la gran dependencia de las transferencias del Gobierno.

En este contexto, es necesario que las opiniones sobre las cifras fiscales del PGE sean analizadas de forma precisa, para que la información que llega a la población sea la correcta.

Grover Tapia Alcázar es economista con especialidad en presupuesto público.

Comparte y opina:

La subvención beneficia a las familias

Aclarar que la política social de subvención a la gasolina y diésel oil llega a toda la población

Grover Tapia Alcázar, analista económico

/ 5 de mayo de 2023 / 10:35

En los últimos días, analistas, opinadores y hasta políticos mal intencionados hicieron comentarios sobre la subvención a la gasolina y el diésel oil, sin realizar una evaluación de sus beneficios, tanto así que se atrevieron a pedir su eliminación. Estos personajes no piensan en el bienestar de la población boliviana, solo buscan ser protagonistas para ganar cinco minutos de fama y tratar de conseguir réditos políticos. Por tanto, es necesario que la población conozca que la subvención es una ayuda económica que beneficia significativamente a todos, principalmente a las familias más vulnerables.

Se debe recordar que la guerra entre Rusia y Ucrania impactó negativamente en la economía mundial, encareciendo las energías como el petróleo y sus derivados (gasolinas, diésel oil, entre otros), este mayor costo se trasladó inmediatamente a los productos y servicios de consumo masivo, como las verduras, frutas, transporte y otros, por tanto, en los mercados internacionales se observa una inflación elevada que está causando mucho sufrimiento a sus habitantes.

Lea también: Bolivia continuará creciendo en 2023

En Bolivia los precios se mantienen estables, es así que en 2022 se registró una inflación del 3,12%, siendo una de las más bajas de la región, este resultado fue gracias a las subvenciones de los combustibles, que amortiguó los impactos negativos de la guerra entre Rusia y Ucrania, siendo una medida que beneficia de manera directa a todas las familias del país, garantizando que los bienes y servicios que consumimos lleguen a un precio razonable y accesible a nuestros bolsillos.

Es importante aclarar que la política social de subvención a la gasolina y diésel oil llega a toda la población, sin importar su nivel de vida, se benefician las familias de altos ingresos (que tienen la capacidad de pagar un precio mayor) y las de menores ingresos. Por tanto, ésta debe ser considerada como un patrimonio de las familias bolivianas, porque vela por su bienestar y ayuda con la seguridad alimentaria del país.

Seguramente muchos se preguntarán, ¿cómo contribuye a mantener estable los precios? y ¿cómo beneficia a las familias? Para responder estas interrogantes, tomemos el ejemplo de un producto que es altamente consumido por las familias bolivianas, el pan nuestro de cada día.

Para la elaboración del pan, primeramente, se debe producir el trigo, para lo cual se tiene que preparar el terreno, sembrarlo, cuidarlo y cosecharlo, estas tareas requieren el uso intensivo de maquinaria agrícola que funciona con gasolina o diésel adquirido a un precio subvencionado; posteriormente se deberá transformar el trigo en harina y elaborar el pan, que debe ser transportado a los mercados o tiendas de barrio, utilizando vehículos que funcionan con combustibles subvencionados. Como se puede ver en este ejemplo, la gasolina y el diésel oil son una parte fundamental dentro la estructura de costos de producción del trigo y el pan, la subvención es vital para que se mantenga estable, asimismo es una medida social que permite garantizar la venta del producto final en el mercado nacional a un precio bajo y justo.

De esta forma, la subvención a los combustibles llega a beneficiar de manera directa a todas las familias del país, por tanto, es una política social que debemos cuidarla entre todos porque coadyuva a garantizar estabilidad económica y seguridad alimentaria. Sin embargo, algunos antipatriotas se aprovechan de todos los bolivianos, debido a que el diésel y la gasolina son utilizados ilícitamente, acumulan grandes cantidades y las destinan al contrabando.

Es importante que la población conozca que la política de subvención de hidrocarburos tiene un costo económico altísimo para el país, ya que para 2022 el Gobierno estimó un importe de $us 1.700 millones, por tanto, los verdaderos bolivianos debemos estar conscientes del sacrificio fiscal que realiza el Estado para garantizar esta medida social; en ese contexto, es importante contribuir haciendo un uso racional de la gasolina y el diésel oil. Es prioritario poner nuestro granito de arena para que nuestra Bolivia continúe con estabilidad de precios, crecimiento económico y, sobre todo, con seguridad alimentaria.

(*) Gróver Tapia Alcázar es analista económico

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Bolivia continuará creciendo en 2023

/ 29 de noviembre de 2022 / 01:51

El Presupuesto General del Estado (PGE) es el instrumento de política fiscal más importante; refleja los ingresos y asignación de gastos que el Estado prioriza dentro de una gestión, es así que, el 21 de noviembre, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentó las cifras para la gestión 2023, proyectando un presupuesto agregado de Bs 317.129 millones y un consolidado de Bs 243.950 millones.

Recordemos que en 2021, el Producto Interno Bruto de Bolivia creció en 6,1% y al primer semestre de 2022 registró un aumento del 4,13%, mostrando la efectividad de las medidas aplicadas en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) para la reconstrucción de la economía, lográndose reconducir al país hacia la senda del crecimiento económico sostenido.

Para 2023, se proyectó un crecimiento económico del 4,86%, reflejando que la actividad económica de Bolivia continuará con un dinamismo muy importante, pese al contexto externo adverso, que tuvo efectos negativos en las economías del mundo en general.

Otro aspecto importante a resaltar de las cifras del presupuesto de la gestión 2023, es la inversión pública que superaría los $us 4.006 millones, siendo una de las variables que impulsa el crecimiento económico, fortalece el aparato productivo y contribuirá en la política de industrialización con sustitución de importaciones. Del monto señalado, el 42% se destinará a proyectos productivos, el 26% al sector social, el 24% a infraestructura y el restante al multisectorial.

Asimismo, garantiza los recursos para dar continuidad a la ejecución de políticas sociales con la redistribución de excedentes generados principalmente por las empresas públicas, tal es el caso de la subvención a los hidrocarburos que beneficia a toda la población en su conjunto, permitiendo mantener la estabilidad de precios de los combustibles y reducción de los costos de producción de bienes y servicios, para lo cual el Gobierno proyectó un importe de Bs 7.642 millones, disponiendo los recursos necesarios para este fin, esta es una de las tantas medidas acertadas para la protección de la población más vulnerable.

La población boliviana continuará gozando del acceso universal y gratuito a la salud y educación, siendo una de las políticas del Gobierno orientada a mejorar la calidad de vida y formación del capital humano, que es fundamental para incrementar la productividad y el crecimiento económico del país. Para 2023, el importe asignado al sector educación representa el 10,8% del presupuesto consolidado y para salud se destinaría el 10,1%, demostrando la importancia que tienen estos sectores para el Gobierno del Estado Plurinacional.

Queda muy claro que el PGE está orientado a beneficiar a toda la población boliviana a través de políticas sociales y de fortalecimiento al aparato productivo, asimismo, tiene la finalidad de continuar por la senda del crecimiento económico, garantizando la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas; por tanto, podemos estar seguros de que 2023 será una gestión de buenos resultados para el país en su conjunto.

Gróver Tapia Alcázar es economista.

Comparte y opina:

Otra equivocación del FMI

/ 19 de septiembre de 2022 / 01:28

El Fondo Monetario Internacional (FMI) realiza visitas anuales rutinarias a los 190 países que forman parte del organismo internacional, entre ellos Bolivia como miembro fundador, dicha actividad es conocida como el Artículo IV, mediante la cual realiza un seguimiento de las políticas cambiaria, monetaria, fiscal y financiera.

En ese contexto, el 14 de septiembre concluyó con la misión realizada en Bolivia, efectuando recomendaciones antipopulares de corte estrictamente neoliberal que contradicen la política económica y social desarrollada por el Gobierno y los buenos resultados que beneficiaron a la población.

El FMI recomendó un ajuste fiscal significativo, mediante la reducción del gasto público, planteando la eliminación del aguinaldo. La medida propuesta por el organismo está orientada a sacrificar de forma directa a los trabajadores como los maestros, médicos, entre otros, violando derechos consagrados; asimismo es muy contradictorio a las políticas laborales implementadas por el actual Gobierno, que tiene como prioridad mejorar la capacidad adquisitiva y creación de fuentes laborales; en este sentido, la tasa de desempleo a junio de 2022 llegó al 4,3%, lo que muestra una notable disminución del 7,3% con relación a junio de 2020 (11,6%).

El FMI sugiere reducir las subvenciones a los combustibles, medida totalmente antipopular que afectaría significativamente a la población más vulnerable. El organismo se desmiente por sí solo, debido a que en anteriores ocasiones recomendó como una alternativa muy buena la aplicación de políticas de subvenciones para controlar la inflación. Esta política social del Gobierno boliviano tuvo buenos resultados y fue reconocido a nivel internacional, es así que la inflación acumulada a julio de 2022 llegó a 1,6%, siendo la más baja de la región.

Otro de los planteamientos del FMI es reducir la inversión pública, sugerencia que contraviene la política económica del país, recordemos que con la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) aplicado desde 2006 y retomado por el gobierno del presidente Luis Alberto Arce Catacora, la inversión pública se constituye en una de las variables fundamentales para desarrollar el aparato productivo y dinamizar la economía nacional, es la variable que impulsa el crecimiento económico, sus resultados se plasman en una mejora de los indicadores, en 2021 la economía nacional tuvo un crecimiento del 6,11% y al primer trimestre de 2022 se llegó al 3,97%.

Es preciso recordar que en los gobiernos neoliberales el FMI tenía sus oficinas en el edificio del Banco Central de Bolivia, y desde ahí dirigía el país sin considerar nuestras necesidades. Gracias a la implementación del MESCP, actualmente, los bolivianos definimos de forma soberana nuestras políticas económicas y sociales, no tenemos ningún sometimiento a organismos internacionales.

En este contexto, con la implementación del MESCP Bolivia avanzo mucho, en 2005 la pobreza moderada fue de 60,6%, lo que se logró reducir significativamente a 2021, cuando se llegó a 36,4%; de la misma forma, la pobreza extrema pasó de 38,2% (2005) a 11,1% (2021); asimismo, la desigualdad medida por el índice de Gini se redujo notablemente de 0,60 en 2005 a 0,42 en 2021. Estos indicadores son las pruebas irrefutables para afirmar que los bolivianos estamos saliendo adelante con nuestras propias políticas desarrolladas e implementadas de forma soberana y sin condicionamientos.

Finalmente, las recomendaciones realizadas por el FMI son medidas que no deben adoptarse por el bien común de la población boliviana, gracias al actual Gobierno el país no tiene ningún sometimiento al organismo internacional; por tanto, sus directrices no tienen ningún efecto. Desde 2006, nuestro país tiene toda la capacidad y soberanía para diseñar e implementar políticas económicas acordes a nuestras necesidades y prioridades, esto se refleja en los buenos resultados que alcanzó Bolivia, como la reducción de la pobreza, la disminución del desempleo, un crecimiento sostenido y estabilidad económica, asimismo se encuentra mejor preparado para afrontar la crisis mundial, como la guerra entre Rusia y Ucrania, aspecto que fue ampliamente reconocido por diversos organismos internacionales.

Gróver Tapia Alcázar es economista.

Comparte y opina:

¿Dónde está el maíz?

/ 27 de mayo de 2022 / 01:44

El maíz tiene un rol importante en la seguridad alimentaria del país; aparte de ser un grano de alto consumo humano, es alimento para la crianza de pollos, cerdos y vacunos; por tanto, influye en la oferta y demanda de productos básicos de la canasta familiar como la carne, huevo, leche y otros derivados.

En los últimos meses, la disponibilidad de maíz para el abastecimiento del mercado interno fue cuestionada. Resulta muy inusual y contradictorio que Bolivia tenga este problema, la oferta total que incluye la producción nacional e importación del grano, históricamente fue suficiente para atender la demanda interna. Entonces ¿dónde está el maíz?, la respuesta a esta interrogante puede tener varias aristas. Una posición intransigente es de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), ya que afirmó que se redujo la producción debido a la restricción para su exportación, algo totalmente falso; otra posición más racional y evidente es que los productores agroindustriales lo están usando como pretexto para presionar al Gobierno, para buscar una autorización del uso de biotecnología para cultivar transgénicos.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), en 2020 la producción de maíz llegó a 954.834 toneladas métricas (TM) y en 2021 se logró 981.254 TM, registrando un crecimiento de 26.420 TM, mostrando que la CAO miente a la población cuando afirma que la producción se redujo.

El MDRyT añade que Bolivia tiene una oferta nacional superior a la demanda interna de maíz, en 2019 se registró un superávit de 164.000 toneladas (t), en 2020 se tuvo un sobrante de 158.000 t y en 2021 de 145.000 t, y para 2022 estimaron un superávit de 34.000 t; por tanto, el Gobierno asegura que no hay desabastecimiento, más bien existe agio y especulación por parte de los agroindustriales, porque estarían ocultando el grano para comercializarlo cuando su precio suba.

Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 la exportación de maíz llegó a 3.464 t y en 2021 se exportó 57.703 t, incrementándose en 54.240 t. Los agroindustriales priorizan la exportación en desmedro del abastecimiento en el mercado interno y la seguridad alimentaria del país; en la presente gestión continúan dando mayor importancia al mercado externo, ya que a marzo de 2022 la exportación del grano ascendió a 2.874 t y el mismo periodo de 2021 fue de 731 t y en 2020 se vendió 311 t, representando incrementos de 293% y 825%, respectivamente, con lo que se vuelve a confirmar que la CAO miente.

La CAO y los agroindustriales crearon la escasez ficticia de maíz para presionar y chantajear a Bolivia, están pidiendo a gritos la inmediata liberación y autorización para la producción de maíz transgénico, argumentando que aumentaría la productividad y reduciría los costos de producción, lo que no fue demostrado. Al contrario, Pamela Cartagena, en su publicación denominada Producción de transgénicos en Bolivia: expectativas y problemas, advierte de los efectos perversos sobre la salud humana y ambiental, las desventajas económicas que representa, afirmando que existen evidencias de los serios riesgos que tiene en el medio ambiente y la biodiversidad.

En el fondo, el problema artificial generado por los productores se basa en intereses económicos mal intencionados de grupos de poder liderados por la CAO, que sueñan con semillas transgénicas que están prohibidas por la Constitución Política del Estado. Queda demostrado que los agroindustriales priorizan la exportación para tener mayores ganancias, que no está mal en sí, lo perverso se evidencia cuando estos intereses extremistas se anteponen a las necesidades de la población más vulnerable, poniendo en serio riesgo su alimentación y obligando a realizar mayores sacrificios económicos a las familias bolivianas.

De forma acertada, en el marco de la soberanía alimentaria, el Estado, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), está garantizando el abastecimiento de maíz a precio justo. Asimismo, la mencionada empresa produciría 46.000 toneladas adicionales a la producción actual. Otra noticia positiva para el país es que la Empresa de Producción Agrícola Boliviana sembrará y obtendrá 15.000 t del grano. Estas son algunas de las medidas que harán frente al agio y especulación del sector agroindustrial, con la finalidad de reducir impactos económicos negativos en la población de menores ingresos.

Gróver Tapia Alcázar es economista.

Comparte y opina: