“Cansada, triste y contenta”, dijo que se sentía Diana Sofía Martínez a líderes políticos y representantes de la comunidad internacional en Bogotá durante la conmemoración el mes pasado del quinto aniversario del fin de un conflicto que marcó su vida.

“Cansada de la burocracia y el protocolo”, continuó. “Triste, porque los hechos de desaparición siguen ocurriendo y las garantías que da el Estado para dar el paso hacia el posconflicto no se dan y están cada vez más lejanas. Y contenta, porque pese a tanta adversidad seguimos aquí, soñando, sostenidos por la esperanza infinita”.

Sus conmovedoras palabras reflejan la esperanza que sintieron muchos colombianos cuando las FARC acordaron entregar sus armas a una misión de las Naciones Unidas hace cinco años. Sus palabras también evidencian las frustraciones que hoy enfrentan los colombianos.

Se suponía que el acuerdo, al cual se llegó tras cuatro años de conversaciones laboriosas, abordaría las causas fundamentales del conflicto: la pobreza, las terribles desigualdades en la Colombia rural y la ausencia de servicios gubernamentales. Su promesa sigue sin cumplirse.

Algunas de las disposiciones del acuerdo han tenido avances. Cerca de 13.000 exguerrilleros se han integrado a la vida civil y están participando en el sistema político. Un tribunal especial y una comisión de la verdad están esclareciendo los hechos y proporcionando justicia a las víctimas.

Las promesas clave para abordar las causas fundamentales del conflicto, como una mayor presencia gubernamental en las zonas rurales para apoyar a los pequeños agricultores y ofrecer alternativas al cultivo de coca, no se han cumplido. Están proliferando pequeños grupos armados que reclutan nuevos miembros. Los líderes sociales han vuelto a convertirse en objetivos de la violencia.

El gobierno del presidente Iván Duque nunca ha proporcionado fondos suficientes para implementar las disposiciones que beneficiarían a las zonas rurales. Acontecimientos recientes han hecho que sea aún menos probable que el gobierno invierta lo que se necesita. La disminución de los precios de los principales productos básicos de exportación —como el petróleo, el carbón y el café— ha impactado el presupuesto nacional, que se ha reducido todavía más por la necesidad de atender las necesidades humanitarias de casi dos millones de migrantes y refugiados venezolanos, además de los costos de lidiar con el COVID-19.

¿Puede Colombia permitirse abandonar la paz? Por supuesto que no: es espantoso siquiera contemplar el retorno a un conflicto que tuvo un saldo de más de 260.000 muertes, 80.000 personas desaparecidas y ocho millones de desplazamientos forzados.

En Colombia se realizarán elecciones presidenciales en mayo. Para acelerar la aplicación de los acuerdos, la nueva persona en el cargo deberá vencer la resistencia de quienes no estén dispuestos a reducir sus privilegios. Una manera de lograrlo es exigir que el sistema judicial investigue los vínculos entre el crimen organizado y los terratenientes, políticos y facciones de las fuerzas de seguridad, y procesar a quienes sea necesario. La oposición violenta a las reformas propuestas en el acuerdo por parte de estos grupos es una de las razones por las que Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos y los activistas ambientales.

El gasto debe duplicarse, a casi $us 3.000 millones por año, como se prevé en los planes de inversión a 15 años del gobierno. Eso equivaldría a entre el 0,5 y el 1% del Producto Interno Bruto, un porcentaje razonable para un país de ingresos medios con 50 millones de habitantes. No implicaría un sacrificio financiero para la mayoría de los colombianos: una de las naciones menos equitativas del planeta necesita aumentar los impuestos a sus ciudadanos más ricos y al patrimonio inmobiliario, al igual que confiscar los activos obtenidos de forma ilegal por individuos políticamente poderosos cuyas actividades se extienden de esferas legales a criminales. Por último, quien ejerza el futuro liderazgo del país deberá dejar claro a los habitantes de las ciudades (que han apoyado menos el acuerdo) que ellos también se beneficiarán de un país con zonas rurales pacíficas y bien gobernadas.

Los amigos internacionales de Colombia, en especial Estados Unidos, deben brindar mayor asistencia financiera para el desarrollo rural y dar más apoyo para encontrar a los responsables de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, y hacerles rendir cuentas por sus actos. Al eliminar recientemente a las FARC de su lista de organizaciones terroristas extranjeras, el gobierno de Estados Unidos dio la señal de que quiere que los esfuerzos de reconciliación avancen.

Las numerosas víctimas de Colombia necesitan poder dejar de sentirse “cansadas y tristes”. Merecen la oportunidad de que sus esperanzas se cumplan.

Carolina Jiménez Sandoval es columnista de The New York Times.