El COVID-19 ha vuelto a cobrar vigencia en los titulares de los matutinos del país. Al cierre del segundo año de pandemia y comienzos del tercero se reportó un aumento alarmante de casos, principalmente en el departamento de Santa Cruz. En noviembre el índice de positividad subió y en diciembre los casos se dispararon considerablemente en la población no vacunada.
Esta tendencia hizo que las autoridades sanitarias y municipales endurezcan las medidas de control para inducir a la población a vacunarse, lo que a su vez ha generado bastante controversia en la población boliviana. Por un lado, están quienes califican a los no vacunados como principales responsables de este incremento y, por otro, hay quienes creen que no se debería obligar a la inoculación por ser un atentado contra las libertades individuales. Analicemos con un poco de profundidad este debate.
Según la página web Our World in Data, hasta finales del año viejo, la población boliviana —con al menos una dosis— se acercaba al 50% de vacunación y con el esquema completo rondaba el 40%. Estos porcentajes son bajos en comparación con la mayoría de los países de la región, donde las medias están en 76% y 64%. Según fuentes oficiales, la proporción de vacunados respecto a la población vacunable (mayor a 5 años) a principios de 2022 habría alcanzado a 68,6% con al menos una dosis y 59,6% con el esquema completo. El menor desempeño comparado tiene al menos dos explicaciones: ¿pudo la escasez de vacunas —originada en su desigual distribución en el mundo— haber retrasado el calendario de vacunación o son los prejuicios y desconfianzas de los propios bolivianos los que frenaron su avance?
Hay muchas razones para creer que la disponibilidad de vacunas fue suficiente. Si bien hubo algunas demoras al inicio de la campaña con las adquisiciones estatales de vacunas Sinopharm y Sputnik, las donaciones de cerca de dos millones —la mitad a través del mecanismo COVAX— recibidas de Pfizer y AstraZeneca provenientes de EEUU y varios países europeos, en el segundo semestre, garantizaron la inoculación prácticamente de toda la población objetivo —mayores de 18 años de edad y grupos vulnerables. Incluso se podría conjeturar que hubo una circunstancial sobreoferta de vacunas que adelantó el cronograma de inmunización hasta los menores de 5 años de edad, además que anticipó la autorización de la tercera dosis a todos los ya vacunados. En pocos meses, el desafío sanitario se inclinó de buscar vacunas a buscar personas no vacunadas.
Esta no es una mera especulación. Durante los primeros días del año se evidenció récords diarios de vacunación por la exigencia de portar el carnet de vacuna para realizar ciertos trámites, acceso a bancos y otros espacios públicos cerrados, lo que confirma que es una cuestión de demanda más que de oferta de vacunas.
La población no vacunada que ha apostado a la inmunización por contagio no internaliza los costos y beneficios de estar preventivamente inoculada. Recordemos que la vacuna produce un beneficio protector directo en favor del individuo inmunizado porque una vez expuesto al virus rara vez puede contraer la enfermedad y de hacerlo, la posibilidad de caer gravemente enfermo es remota y, por tanto, los costos médicos se reducen. A esta altura, está comprobado que la letalidad baja enormemente con la vacunación, lo que genera un ahorro al Estado por cama de UTI desocupada. Por otro lado, hay un beneficio indirecto y colectivo, la enfermedad no puede contaminar a nuevas personas y, por tanto, el virus deja de circular, alcanzando la famosa inmunidad colectiva. Pero para que esta estrategia sea efectiva se requiere que una porción grande de la población decida hacerlo.
Suponiendo que las vacunas tienen una eficacia promedio del 90%, es decir que 1 de cada 10 personas puede contraer el virus estando vacunada, que el parámetro (Ro) —que define el número de contagios— se encontrara entre 2 y 3 personas, que el número de inmunizaciones naturales al menos duplicaría las cifras oficiales —por falta de pruebas— y que los anticuerpos que se crean duren un periodo prolongado —los estudios afirman al menos un año— , para alcanzar la inmunidad de rebaño se debería vacunar como mínimo al 60,2%=((1- 1/Ro)-0,06)/0,9 de toda la población boliviana, es decir que aún nos falta un 20%.
La población de no vacunados podría no estar evaluando correctamente todos los costos de sus decisiones, por lo que las medidas correctivas se vuelven necesarias.
Omar Velasco Portillo es economista.