Voces

martes 24 may 2022 | Actualizado a 07:41

Entidades territoriales autónomas

/ 18 de enero de 2022 / 02:27

Algunos analistas de la rama económica confunden varios aspectos relacionados al presupuesto entre una empresa pública (EP) y una entidad territorial autónoma (ETA), por lo que abordaré algunos aspectos muy importantes que se deben tomar en cuenta a la hora de realizar alguna crítica.

Las EP se caracterizan por ser entes descentralizados institucionales que logran una gestión eficiente, eficaz y orientada a la generación de excedentes y utilidades, al incremento de su valor económico y al cumplimiento de los fines económicos, públicos y sociales para los que fueron creadas; por lo que una empresa tiene la finalidad de garantizar sus gastos de operación, inversión y funcionamiento con los recursos que generan de manera recurrente.

Las ETA deben garantizar el ejercicio pleno de su autonomía, generando las condiciones y los medios que contribuyan al logro de la justicia social, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad e integralidad de su desarrollo, que en el caso boliviano no se cumple, toda vez que dependen de las transferencias que realiza el nivel central del Estado.

Por otro lado, no debemos olvidar que de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, las autonomías departamental, regional, municipal e indígena originaria campesina tienen como principal finalidad impulsar el desarrollo económico, productivo, social, local e integral en sus jurisdicciones.

Por lo mencionado anteriormente, no corresponde realizar la comparación entre una EP y una ETA, dado que cada una de ellas tiene su función y su rol en el desempeño de la gestión pública y en la prestación de los bienes y servicios que la población necesita.

En el caso de las ETA, éstas no generan los ingresos suficientes para cubrir sus gastos, razón por la cual tienen una alta dependencia de las transferencias del TGN y regalías, es así que en la gestión 2022 sus recursos ascienden a Bs 10.000 millones y sus gastos a Bs 24.597 millones, mismos que tienen un incremento del 4,7%, con relación a la gestión 2021. En el caso de las EP sus recursos ascienden a Bs 74.250 millones y sus gastos a Bs 70.418 millones.

En cambio, las EP con su rol fundamental de generación de ingresos y mayor productividad, coadyuvan en la ejecución de los proyectos estratégicos orientados a seguir con la reconstrucción de la economía, transformar el aparato productivo con sustitución de importaciones, precautelar las finanzas públicas y continuar con las políticas sociales con redistribución de ingresos, siendo su participación fundamental en el fortalecimiento de la demanda interna. Recordemos que, en la gestión 2005, las empresas apenas generaban ingresos que representaba el 4% del Presupuesto General del Estado (PGE), porque estaban convertidas en empresas residuales y eran unas simples administradoras de contratos; sin embargo, a partir de la nacionalización, recuperación y fortalecimiento de las mismas, dicha participación en la economía se fue incrementando con la generación de ingresos, empleo y mayor productividad, siendo su aporte en el PGE en la gestión 2022, del 31,6% de los ingresos.

Ana María Conde Es licenciada en Auditoría.

Comparte y opina:

La economía de las gobernaciones

/ 25 de enero de 2022 / 02:22

Es importante conocer la composición de los recursos con que cuentan las entidades territoriales autónomas. Particularmente en este artículo se abordará el caso de los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), que forman parte de la organización administrativa del Estado boliviano.

Los recursos administrados por los GAD son aquellos generados y recaudados por la venta de bienes y/o servicios, por el cobro de impuestos, tasas, derechos y otros, más conocidos como recursos propios y aquellos que son transferidos por el nivel central del Estado, entre los cuales se encuentra el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), Fondo de Compensación Departamental (FCD) y Regalías.

Ahora bien, en el Presupuesto General del Estado de la gestión 2022 se puede observar que, del total de los ingresos de las gobernaciones, el 5% corresponde a recursos propios y el 86% a las transferencias del TGN y regalías, lo que nos dice que dichas entidades no generan recursos suficientes para cubrir sus gastos y son altamente dependientes del nivel central, por lo que se evidencia que no son autosostenibles, presentando una gran debilidad en su gestión fiscal.

Lo manifestado también se refleja en la generación de recursos por impuestos, por cuanto la Ley 154 de 14 de julio de 2011, de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, autoriza a los GAD a crear (desde la gestión 2011) el impuesto a la Sucesión Hereditaria y Donación de Bienes Inmuebles y Muebles sujetos a registro público, a la Propiedad de Vehículos a motor para la navegación Aérea y Acuática y a la afectación al Medio Ambiente; sin embargo, revisadas las estadísticas se puede observar que recién en la gestión 2016 solo las gobernaciones de Cochabamba y Santa Cruz programaron recursos por dichos conceptos, cuya recaudación alcanzó a Bs 21 millones.

De ahí en adelante, la creación de los mencionados impuestos en el resto de los GAD fue gradual pero no suficiente, por cuanto en la gestión 2022 la programación de todas las gobernaciones, con relación a este cobro, alcanza a Bs 76,9 millones. Esta situación muestra la necesidad urgente de que las gobernaciones deben enfocarse en la generación de recursos.

A diferencia de estas entidades subnacionales, el nivel central del Estado efectúa gestiones para recaudar mayores recursos en beneficio de los GAD, a través de políticas que, en el marco del Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, coadyuvan con la reconstrucción de la economía, como es el caso del Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCCIP), que apoya a las entidades territoriales con el único fin de garantizar el desarrollo local.

Ana María Conde Gálvez Auditora.

Comparte y opina: