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domingo 22 may 2022 | Actualizado a 13:20

K’ara simi (III)

/ 25 de enero de 2022 / 02:25

En el foro sindical de Huanuni, un compañero de interior mina preguntó: “¿Hasta cuándo va a continuar el prorroguismo de los dirigentes de nuestros entes matrices?” Los candidatos coincidieron en lo anómalo de la situación, desde hace seis años no se ha convocado al Congreso Nacional Minero, que debe realizarse cada dos años.

El movimiento sindical minero ha sido reconocido por la esencia de su democracia. Más allá del formalismo, su amplia capacidad deliberativa en los congresos y las asambleas de base constituía el cimiento de la unidad de diversas tendencias en torno a las decisiones tomadas, que se traducía en la unidad de acción del conjunto de la clase. Viene a la memoria la asamblea general en el Teatro al Aire Libre de La Paz, en las Jornadas de Marzo de 1985, cuando la dirección nacional estaba en capilla: 10.000 mineros deliberaron, conducidos por el Comité de Huelga.

La base de la unidad de los movimientos sociales es la línea política y su plataforma de lucha. En la dinámica social, estas no son permanentes y merecen ser ratificadas, actualizadas o finalmente cambiadas; solo un análisis dialéctico, con la participación de todos y todas, puede dar una línea correcta, por eso se impone el mecanismo deliberativo como eje articulador de la organización sindical. En la historia del movimiento minero, en momentos de crisis se hacían urgentes estos eventos: el primer congreso extraordinario minero (1946) se dio cuando la oligarquía asesinó a Gualberto Villarroel; desamparados de su tutor, los mineros buscaron su propia opción e incursionaron en la vida política, participando en las elecciones parlamentarias de 1947, ganando dos senadores y seis diputados. El segundo congreso extraordinario se realizó en 1986, después de la derrota de la Marcha por la Vida, cuando se había iniciado la debacle de aquel gigante de la historia nacional.

En todos los eventos de la histórica FSTMB, la comisión política era la que atraía la atención de todos, la dirigencia era producto de la construcción de la línea. El último congreso minero (San Cristóbal 2015) aprobó el documento Frente a la conspiración reaccionaria, los mineros en la lucha revolucionaria. En este documento explícitamente se apoya el proceso de cambio que, una vez aprobada la nueva Constitución, tiene un carácter anticapitalista, antiimperialista y su propuesta de vivir bien se identifica con las propuestas socialistas de los mineros.

Sin embargo, el documento condiciona la participación activa en el proceso a la elaboración por parte de los mineros de una política para el sector. Al presente no existe esta propuesta, la que debería salir de una conferencia. Sin embargo el movimiento minero ha ido tomando puestos de responsabilidad en varios eslabones del Estado, sin dar a estos órganos una orientación propia, siendo su acción, la mayoría de las veces, de adscripción a propuestas de la burocracia estatal. Por ello, pedir informe sobre lo realizado no tiene sentido si no se han fijado anteladamente los objetivos.

La gran victoria del neoliberalismo ha sido la orientación dada al sentido común, es decir, los propósitos que le damos a la vida; hay que alabar el individualismo, aprovechar la oportunidad, la acumulación de riqueza individual, aún a costa de pisotear a sus semejantes. En este contexto se relegó los principios del bien común, de la solidaridad, del cuidado de la vida y la dignidad. Reponer los valores del bien común y la solidaridad, hasta de la construcción de la Patria misma, requiere de una profunda reflexión sobre la crisis civilizatoria que vivimos, donde el crecimiento y la acumulación del capital destruyen sociedades y la naturaleza. Solo la reflexión, el debate y la lucha social (por una mayor igualdad, contra la corrupción, la ineficiencia, etc.) será capaz de generar un nuevo sentido común.

En esta búsqueda hay que definir cuál es el rol de la industria minera y de sus trabajadores; urge el debate.

Vivimos una revolución democrática, esta debería ser el parámetro para nuestra acción sindical. En ese sentido, debemos modificar las prácticas como el Congreso Minero, para centrarse en discutir los problemas del país y de los trabajadores, a formular una plataforma de lucha. Sus conclusiones debieran ser puestas a conocimiento de las bases, donde los postulantes al nuevo Comité Ejecutivo Nacional deberían explicar las conclusiones del Congreso, eligiéndose en forma directa por las bases a los hombres y las mujeres convencidos y capaces de ponerlo en práctica, sin cuotas ni privilegios para nadie. Este proceso es producto de la lucha de las organizaciones sindicales: debemos construir la más pura práctica democrática y participativa.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Autonomía: ¿castillo de marfil?

/ 17 de mayo de 2022 / 01:17

En 1930 se consagró por ley la autonomía universitaria, otorgándole la facultad de autodirigirse. Este objetivo fue fruto de la lucha del movimiento estudiantil que en 1928 emergió con la consigna “Reforma universitaria” y otras que aterrorizaron a la sociedad conservadora de entonces: “Tierra al indio”, “Minas al Estado” y “Guerra a la guerra”. La lucha no fue fácil, incluso se llegó al amotinamiento de los cadetes del Ejército, quienes apoyaron a los universitarios masacrados en La Paz; finalmente fue el pueblo boliviano que en referéndum aprobó el principio.

El objetivo es claro: el desarrollo y la transmisión de la educación superior, que en gran medida se da por la creación del conocimiento científico, no puede estar cercenado por dogmas religiosos, ni intereses personales o partidarios: debe realizar su labor desterrando estos intereses; su labor académica debe significar un aporte al desarrollo de la sociedad boliviana.

De la universidad surgieron objetivos nacionales de lucha: la nacionalización de las minas, la creación de las fundiciones, la reforma agraria, la defensa de los hidrocarburos, la seguridad social y tantos otros. La universidad era un foro de ideas y su confrontación fue creando la cohesión necesaria para que el pueblo se aglutinara y luchara por estos objetivos.

Sin embargo, como toda institución no está al margen de los males que la aquejan: el burocratismo, la rutina y el surgimiento de grupos de poder que, desnaturalizando los fines de la autonomía, ponen la institución a su servicio; este es un mal crónico que a veces requiere de remezones para volver al cauce. Esto ocurrió por ejemplo en 1970 con la llamada “revolución universitaria” que dispuso la vacancia de las cátedras para asignarlas por concurso de méritos y exámenes de competencia, creó la catedra libre y los exámenes de oposición para garantizar la renovación y la pluralidad de pensamiento. No solo se abrió la puerta al pueblo, sino que la universidad se propuso estar en el seno mismo del pueblo para ayudar a superar sus problemas, tomó en cuenta la formación técnica como eslabón de la formación integral. La osadía no duró mucho, la dictadura de Banzer intervino las universidades y las cerró por dos años; cuando las abrió no había autonomía, siendo designado por la dictadura un Comité Ejecutivo Nacional, que imponía a los rectores y disponía de las cátedras; García Meza fue más allá, nombró a rectores militares.

El retorno a la democracia no recuperó el espíritu de los años 70, la dictadura había inculcado algunos parámetros que hasta hoy perviven: el Comité Ejecutivo Nacional de la Universidad que coarta la autonomía de cada una de las universidades y las somete a un solo canon: la meritocracia y el ascenso social. El neoliberalismo, bajo los parámetros no-a-la-política y eficiencia, buscó ingresos económicos con la distribución de títulos, maestrías, diplomados, sin ver el contexto de las necesidades nacionales, ni sus propias capacidades. La burocracia se ha institucionalizado con la creación de grupos de poder, que dejan a un lado las normas mismas dirigidas a consolidar la universidad. La autonomía, ante la apatía de la mayoría de la comunidad universitaria, se ha convertido en la libertad de hacer lo que les parezca sin ningún tipo de control.

Las universidades, despojadas de un ideario político, se han alejado del pueblo, que confió en ellas y les dio su autogobierno, y han vuelto a ser castillos de marfil aislados de su pueblo y la realidad nacional. No escapa a la memoria que fueron universidades, a través de sus autoridades y a veces de sus consejos universitarios, que entraron al esquema de la conspiración contra el sistema democrático nacional y se sumaron a los afanes desestabilizadores de los sectores más retrógrados del país. Es la hora de la rectificación interna, posteriormente será el repudio nacional.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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1º de mayo: Viva la clase obrera

/ 3 de mayo de 2022 / 01:47

La fecha se ha convertido en algo ritual, hasta formal. Su esencia es reafirmar la esperanza de una vida sin injusticias: la lucha continua.

El capitalismo industrial dio paso al nacimiento de la clase obrera, cuyos signos distintivos son la producción social que concentra en el taller a cientos de obreros, realizando diversas funciones, donde el resultado final es el trabajo de todos. Esta manera de producción rompió la producción individual del artesanado y parceló las tareas del trabajo para hacer de cada obrero un eslabón de la cadena productiva, creando un sentimiento de dependencia de unos y otros: sin el concurso de todos, de forma sincronizada, no hay producción. Esto, sumado a la utilización de energías no humanas, puede lograr índices de producción nunca imaginados. Sin embargo, esta inmensa riqueza es apropiada en forma individual por el patrón. El manejo de esta enorme maquinaria en forma parcelada le obligaba a explicar cada una de las tareas y su concurrencia en un solo fin, así fue conociéndose la ciencia y la tecnología.

El trabajador sometido a este sistema de trabajo fue adoptando formas de vida que le darían su propia identidad: la organización en el trabajo y sus horarios le obligaban a adecuar la vida familiar; la concurrencia de cientos de obreros en el centro de trabajo creaba una nueva comunidad: los barrios obreros. Así fue creando su propia identidad: un ser social, organizado, solidario y sediento de conocimientos, en lucha permanente contra la expropiación, por un mísero salario, de su trabajo.

La revolución industrial europea, iniciada en el siglo XVIII, llegó a nuestro país a principios del siglo XX; fueron los sectores minero y ferroviario los que merecieron la atención del capital foráneo; se introdujeron nuevos servicios como los tranvías, taxis, imprenta, etc. La organización sindical se amplió a estos sectores y tomaron nuevo carácter las asociaciones de artesanos, floristas y culinarias. Era el surgimiento del movimiento sindical boliviano. En 1919 se logró el primer acuerdo entre los trabajadores de Huanuni y la empresa Porvenir de propiedad de Simón Patiño, para establecer la jornada de ocho horas, conquista que se ampliaría a todos los sectores laborales en 1922, en el gobierno de Bautista Saavedra, y se consagraría en la Ley General del Trabajo en 1936. Al igual que todas las conquistas laborales, su logro fue fruto de una lucha larga y sangrienta.

El capítulo de la lucha por la jornada de ocho horas es un episodio en la serie de conquistas de los obreros. Salarios justos, educación para los hijos, estabilidad de los precios de artículos de primera necesidad, seguridad social, seguridad industrial, como la conquista de viviendas dignas, etc., le dieron el convencimiento de que con su lucha se podría lograr cada vez mejores niveles de vida. Sin embargo, sus conquistas eran amputadas con nuevas artimañas del patrón, así la jornada de ocho horas no tuvo sentido cuando el trabajador aceptó y luego se legalizó una remuneración doble para las horas extraordinarias, o la implantación de los trabajos a destajo, donde la jornada laboral no tiene límite y la remuneración se da por las metas de producción.

La lucha reivindicativa se convirtió en una rutina, cada año se lograba una conquista y el sistema se lo quitaba con el alza del costo de vida o nuevas leyes que limitaban las conquistas, lo que les llevó al convencimiento que el Estado tiene un sello de clase y era necesario pensar en un cambio político para garantizar la permanencia de las conquistas laborales. Es este grado de maduración que inscribió a la clase obrera en la historia nacional, luchando contra la oligarquía minero-feudal, la burocracia del capitalismo de Estado, las dictaduras militares, semejante osadía finalmente fue respondida con medidas neoliberales que socavaron las bases de sustentación de la organización sindical (DS 21060, 1985).

La lucha era por la sobrevivencia, les llevó a los relocalizados a buscar soluciones en forma asociada, se diseminaron en el amplio escenario nacional. Siguieron sus luchas por el trabajo, por la vivienda, por el agua, por el gas, la renta digna, la educación, la salud; valía mantenerse unidos, organizarse y luchar, como hijos e hijas de la clase obrera. Se convirtieron en parte del torrente del proceso de cambio.

Mientras los asalariados en su relación obrero-patrón son sometidos a un contrato civil, donde el patrón impone sus reglas, la masa laboral sindicalizada se disminuyó drásticamente y sus aspiraciones fueron reducidas a la estabilidad laboral y un salario digno. En su entorno subsiste una enorme masa de trabajadores informales cuyo sistema de contratación es la del mercado, lo tomas o lo dejas. Sindicalizarles y encontrar sus banderas de lucha, por un trabajo digno y permanente, es la tarea inmediata del ente matriz de los trabajadores: la Central Obrera Boliviana.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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COB: 70 años

/ 19 de abril de 2022 / 02:18

No dejaban de humear los fusiles, las masas eufóricas frente al Palacio Quemado esperaban al nuevo gobierno. Adentro se discutía ásperamente; el golpe de Estado había fracasado, los militares se habían echado hacia atrás, situación que llevó a sus inspiradores a refugiarse en las embajadas, mientras las masas no dejaban de pelear hasta poner de rodillas al ejército. Siles salió de la Nunciatura para firmar el pacto de Laja en el cual los militares aceptaron su derrota a cambio de su seguridad. Los triunfadores no eran los conspiradores, fueron desplazados por esas masas armadas. Los objetivos cambiaban, ahora no se trataba de respetar los resultados de las elecciones, la estructura señorial se había caído. Desmoronado el Estado oligárquico, surgía el Estado revolucionario; enterradas las leyes que consagraban la propiedad privada, se dieron transformaciones estructurales como la nacionalización de las minas y la reforma agraria.

¿Quién impuso estos objetivos? Eran las masas insurrectas encabezadas por Juan Lechín Oquendo, líder de los mineros, quienes en El Alto y Oruro dieron las batallas decisivas. La sangre de 3.000 personas obligaba a algo más que el cambio de personajes en la silla presidencial.

Desplazados los conspiradores del escenario, surgía la interrogante de quién representaba a esas masas armadas. Así nació la Central Obrera Boliviana (COB) el 17 de abril de 1952. Su fundación delinea sus objetivos: nacionalización de las minas e industrialización, revolución agraria y participación en el gobierno. Será este mínimo programa que le daría aliento para una vida larga de lucha.

La lucha interna se dio casi de inmediato: la demora en la elaboración de la ley fue suficiente para poner a buen recaudo los intereses de los barones del estaño, se nacionalizaron las minas el 31 de octubre de 1952, después de amenazas de huelgas; contra el criterio obrero se comprometió la indemnización; se creó el control obrero como fiscalizador. La reforma agraria se dictó recién el 2 de agosto de 1953, cuando fueron tomadas las haciendas por los sindicatos agrarios.

Así la lucha de la COB se movió entre las tensiones de defender la empresa estatal como germen de la independencia económica, con su extensión a la fundición e industrialización, y la visión reformista de hacer de los recursos del Estado la acumulación originaria del capital para el surgimiento de una burguesía nacional.

Así la lucha de la COB bajo la centralidad minera enfrentó a los planes de estabilización monetaria en 1957, al Plan Triangular en 1961, al Sistema de Mayo en 1965, a las dictaduras militares de Barrientos y Banzer, y finalmente su lucha alentó la reconquista de la democracia en 1982. La centralidad minera no fue un deseo, era la realidad de la sociedad boliviana, su aporte con el 75% del valor de las exportaciones del país lo decía todo. Por eso, para el imperialismo era necesaria su liquidación.

El modelo neoliberal asumió esta tarea. Destruyó todo el aparato productivo estatal, base de la economía del capitalismo de Estado, para privatizarlo y transnacionalizarlo. Los yacimientos petroleros y las minas se quedaron en manos de las transnacionales, al igual que los servicios: agua, comunicaciones, transporte; la nueva oligarquía acumulaba no solo el capital sino el odio de las inmensas masas marginadas.

Quebrado el movimiento minero, quedó la memoria histórica para hacer de los sindicatos y todo espacio de lucha social una acción de resistencia y a medida que crecían los marginados, crecía la lucha en base a un programa antineoliberal: recuperación de los recursos naturales, soberanía nacional, nueva Constitución Política, reconocimiento de los pueblos indígenas, largamente ignorados. Surgió un nuevo sujeto, los movimientos sociales.

La reforma agraria parceló la tierra y creó en el occidente el minifundio, unidad improductiva; mientras en el oriente se desarrolló una agricultura extensiva, con la garantía de un mercado cautivo en las pulperías de las minas y de todo el occidente, crecimiento que lo llevó a mercados internacionales sin preocuparse por la seguridad alimentaria del país.

La participación del pueblo en la conducción del Estado se centró en la universalización del voto que cayó en el pongueaje del MNR o la sumisión al pacto militar-campesino; finalmente se institucionalizó en el sistema de partidos como un mecanismo para votar, sin gobernar.

El proceso de cambio enfrentó estos desafíos sin lograr el plan inicial que planteó la COB hace 70 años: nacionalización de los recursos naturales y su industrialización, revolución agraria para la seguridad alimentaria y democracia directa y participativa. No ha terminado la lucha.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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1985: Jornadas de Marzo

/ 5 de abril de 2022 / 01:33

El 4 de marzo se recordó el inicio de las jornadas mineras de 1985, movilizaciones masivas cuestionando el adelanto de las elecciones. La batalla estaba perdida, pero la esperanza es lo último que se pierde.

El parto de la democracia fue con fórceps. Al triunfo inicial del campo popular con la huelga de hambre de las mujeres mineras (1978), que impusieron elecciones con amnistía, se vino los mecanismos de control a nuestra democracia: fraude electoral, fraccionamiento del campo popular, golpes de mano de los militares, asesinatos selectivos, represión masiva y masacres. Una y otra vez, la lucha del pueblo supo levantar el espíritu que bullía en su ser, para superar el oprobio, el entreguismo, la explotación, fuerza que se nutría de la esperanza de construir una sociedad justa, soberana y democrática.

La transición del 10 de octubre de 1982, vía Congreso elegido en 1980, preveía un nuevo empantanamiento o la liquidación de uno de los oponentes. Esta transición fue una derrota estratégica, el reconocimiento formal de la presidencia de Siles Zuazo dejaba el poder en manos del Congreso opositor. La posición de los mineros de llamar a nuevas elecciones fue desechada con la consigna rimbombante de “el hambre no espera”, así Siles entró al Palacio de Gobierno sin querer.

La herencia dejada a Siles implicaba una crisis política: los movimientos sociales constructores de la democracia fueron excluidos, para repartirse los espacios de poder entre los partidos de “vanguardia”. Instituido el sistema de partidos, en el Parlamento se puso de moda el transfugio a título de gobernabilidad y cualquier iniciativa popular era simplemente desechada. La crisis económica, heredada de la dictadura, implicaba un servicio anual a la deuda superior a las exportaciones bolivianas, así impusieron un tipo de cambio paralelo donde las empresas estatales recibían un cambio menor al real, para cubrir esta obligación.

Si bien el programa de la Unidad Democrática y Popular (UDP) era antimperialista y popular, su gestión en el gobierno dejó de serlo. Los consejos de los “sabios” llevaron a sostener una política monetarista, aumentando la circulación de dinero, así cada aumento salarial era respondido con el alza del costo de vida. Siles conocía la solución del shock devaluatorio, lo había practicado en 1956, sabía de sus consecuencias contra el pueblo y no tenía la convicción para aplicarlo. La otra solución: volcar los recursos económicos en la generación de riqueza con producción soberana y postergar el pago de la deuda externa era romper con el FMI y el BM, lo cual le parecía riesgoso para su permanencia política.

Los mineros lograron la co-gestión obrera en la Comibol, como respuesta a una huelga de los técnicos. Sus esfuerzos de racionalizar, aumentar la producción y combatir la corrupción no daban resultados económicos: fue víctima del dólar paralelo que hacía que un kilo de carne cueste más que un kilo de estaño. El subsidio al tipo de cambio era cubierto con préstamos en pesos bolivianos, que al final fue el justificativo para su cierre (DS 21060).

Por ningún lado se veía una solución desde el campo popular; al contrario, en diciembre de 1984 se logró un acuerdo con mediación de la Iglesia Católica para acortar el mandato de la UDP, condicionado a la habilitación para las elecciones del jefe del MIR. Asediado por la traición, Siles gobernó sus últimos meses solo con su partido, el MNRI. La suerte estaba echada, las próximas elecciones ganaría la derecha y la izquierda se convertiría en marginal en la vida política.

Acá surgen las Jornadas de Marzo, para reivindicar su planteamiento económico político de los trabajadores mineros, de apostar por la generación de riqueza, con el fortalecimiento de la producción; por eso el pliego petitorio ponía énfasis en la dotación de maquinaria y equipo, estos equipos llegaron en la época neoliberal y nunca se usaron.

La movilización de más de 5.000 trabajadores mineros en la sede de gobierno creó una situación cuasi insurreccional, aunque nadie lo decía, todos lo esperaban. La concentración de estos miles se propagó por toda la ciudad de La Paz —amplia y populosa—, en cada barrio se hacían mítines donde se explicaba los planteamientos mineros, el plan se llamó Las Mil Esquinas. La democracia directa, en asambleas masivas, sin ceder la palabra a los dirigentes, atrajo la simpatía de muchos; la solidaridad se manifestaba en almuerzos ofrecidos en mercados, alojamientos cedidos por organizaciones sindicales y estudiantiles, el apoyo de sacerdotes tercermundistas, de artistas y músicos en un concierto histórico en el Teatro al Aire Libre.

El retorno tuvo sabor a poco. El proceso inflacionario continuaba, las elecciones eran un hecho, la derecha se regocijaba, las cartas de crédito posibilitarían la llegada de maquinarias para después de las elecciones. La bronca se transformó en un grito: ¡Los mineros volveremos!

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Democracia participativa

/ 22 de marzo de 2022 / 02:21

La coyuntura pone en el orden del día al Instrumento Político MAS-IPSP como garantía de la continuidad del proceso de cambio. Tras su victoria del 18 de diciembre de 2005, se confirmó la validez de la nueva conducción política del pueblo boliviano; a esta conclusión se llegaba después de más de 100 años de la República.

La revolución de 1952 había destruido el voto calificado, donde estaban marginados quienes no sabían leer y/o no demostraban ingresos propios, así los destinos del país estaban en manos de una minoría a título de democracia. Desde vertientes nacionalistas y socialistas se fue cuestionando este entuerto, que negaba el principio de igualdad ciudadana e imponía mecanismos electorales para lograr la legalidad de los gobiernos de turno. Fueron los mineros que, superando la tutela partidaria, participaron en las elecciones parlamentarias de 1947 y lograron una victoria que les dio dos senadores y seis diputados; su decisión de usar el Parlamento como tribuna de denuncia y defensa de los oprimidos llevó a la rosca a expulsarlos en 1949, reafirmando que la democracia es una ficción cuando se afecta sus intereses.

La revolución de abril de 1952, que convirtió un golpe militar en una insurrección popular, impuso un gobierno revolucionario que se movió al compás de los combatientes en armas: la constitución de las milicias obrero-campesinas, la nacionalización de las minas, la reforma agraria y el voto universal. A medida que se institucionalizaba la democracia, también se fueron creando los mecanismos para salvaguardar los intereses de la nueva clase dominante. Se institucionalizó el sistema de partidos, marginando a los sujetos sociales y convirtiéndolos en beneficiarios y no protagonistas de la acción política estatal.

La contradicción entre los principios liberales: libertad, igualdad y fraternidad, y la práctica excluyente y dictatorial de los gobiernos, deviene en una crisis revolucionaria; su inminencia en Latinoamérica generalizó las dictaduras; la lucha contra éstas tuvo, de nuevo, como sujeto a los movimientos sociales encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB) y al retornar la democracia en 1982, igual que en 1952, fueron marginados de la acción política gubernamental y sustituidos por los llamados partidos populares. El fracaso del gobierno de la Unidad Democrática Popular arrastró a la crisis política al movimiento obrero, sobre cuyas espaldas se montó el neoliberalismo, que como primera medida se planteó liquidar al sindicalismo minero, columna vertebral de la COB.

El sistema de partidos funcionaba en una suerte de pasanacu rotándose en el gobierno y manteniendo las bases del neoliberalismo. Por su parte el movimiento popular, perdida la centralidad minera, fue constituyendo nuevas redes de resistencia a la opresión y la destrucción del patrimonio nacional. En su dilatada existencia, logró construir una práctica sindical que tenía como base la democracia participativa, surgida en asambleas donde se discutía los problemas sectoriales y nacionales: sus conclusiones eran elevadas a ampliados y congresos; tenía la capacidad de crear consensos y definir líneas de acción que guiaban al pueblo boliviano. Así surgieron documentos como la Tesis Socialista de la COB y la Ley Agraria Fundamental de los campesinos. No faltaba visión, ni táctica ni estrategia; era necesario un instrumento político que canalizara estas inquietudes. Así nació el MAS-IPSP: su programa y candidatos no eran sino la síntesis de las aspiraciones de campesinos, colonizadores, cocaleros, regantes, vecinos, rentistas, cooperativistas, etc.

El ejercicio del poder entró en una dinámica en que el partido gobernara y el movimiento social fuera el beneficiario: se hicieron muchas obras, pero se iba imponiendo la lógica burocrática; eran las autoridades locales las que solicitaban, mientras los movimientos sociales se contentaban con reivindicaciones sectoriales, que mal que bien eran satisfechas.

Este es el meollo del asunto, se niega su esencia, la capacidad propositiva de los sectores populares en el nuevo contexto de gobierno. Los congresos de las organizaciones sociales, si es que se realizan, acaban pidiendo espacios de poder sin explicitar qué harían desde el poder; la visión globalizadora de la política se pierde a cambio de pequeños espacios burocráticos. Así el IPSP se va convirtiendo en un partido y deja de ser el instrumento de los movimientos sociales. La continuidad del proceso se garantiza con el fortalecimiento orgánico y político de las instituciones que crearon el instrumento: Campesinos, Interculturales, “Bartolinas” y todos los que se adscribieron conscientemente al proceso de cambio. A esta labor debieran sumarse todos los intelectuales y políticos que creen en la revolución, que en esencia es la construcción del poder del pueblo desde abajo.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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