Voces

martes 24 may 2022 | Actualizado a 12:02

Pregúntenle a Lucas

/ 27 de enero de 2022 / 01:22

Hace unos días causaron polémica los mensajes de Twitter del mandatario de Estado por su insatisfacción ante las proyecciones de crecimiento económico que lanzaron algunos organismos internacionales para Bolivia. Mientras que el Gobierno mantiene en firme su optimismo sobre la senda de recuperación que acompañará a 2022, los organismos se manifiestan más conservadores al punto que sus proyecciones fueron tildadas de especulativas. ¿Podría haber un interés en proyectar malos resultados, más allá del margen de error estadístico? ¿La economía boliviana sufrirá una fuerte desaceleración en 2022? o ¿podría volver a los puestos de privilegio en el ranking regional que tenía antes de la pandemia? Analicemos.

Según el Banco Mundial (BM), la economía boliviana se expandirá en 3,5%. A pesar de situarse entre los primeros puestos, el organismo predice que estará entre las pocas economías que aún no recuperará el nivel de actividad prepandemia. El organismo justifica sus menores previsiones para la región y Bolivia amparado en el lento retorno de los trabajadores al mercado laboral, la suavización de la demanda externa junto al de los precios de las materias primas, una política monetaria y fiscal más restrictiva en el primer caso por la reciente tendencia inflacionaria en la región y en el segundo por las medidas de consolidación fiscal que deberían encararse entre 2022 y 2023.

Existen al menos tres observaciones a los argumentos que sustentan las proyecciones del BM. Primero, el mercado laboral boliviano se ha demostrado bastante elástico a los cambios en la actividad y hasta el mes de septiembre ya superó la cantidad de ocupados que había a finales de 2019, además, la tasa de desempleo a noviembre de 5,2% está próxima a la de años atrás. Segundo, con una inflación anual de 0,9% es poco probable que el BCB encare una política monetaria contractiva como sí podría ocurrir en otros países donde existe un rebrote inflacionario, pero no es el caso boliviano. Tercero, la tasa de inversión pública es bastante más alta en comparación a la región y posiblemente la incidencia de la demanda interna en el crecimiento esté subestimada. Estos aspectos ¿podrían indicar un sesgo en las proyecciones del BM? De ser así ¿qué implicancias tendrían?

A los economistas nos fascina realizar conjeturas sobre el comportamiento futuro de las variables económicas, aunque rara vez acertemos. El economista estadounidense Robert Lucas ganó un premio Nobel por mostrar su relevancia con su conocida hipótesis de expectativas racionales. Según Lucas, los agentes son racionales si realizan predicciones utilizando toda la información disponible de forma eficiente. La racionalidad no implica ausencia de error de predicción, sino que no se comentan de forma sistemática. El supuesto de racionalidad puede resultar bastante extremo, pero no lo es. La capacidad de pronosticar no es exclusiva a los economistas. Todas las personas tomamos decisiones analizando posibles eventos futuros, entonces aprendemos a pronosticar, incluso a veces de manera inconsciente. Lo anterior implica que los agentes no necesitan conocer detalles del mundo complejo, ya que pueden tomar información de otros agentes mejor informados. Por brillante que resulte esta teoría no todos la cumplen. El BM ha subestimado las proyecciones de crecimiento boliviano consecutivamente al menos los últimos 10 años. ¿Se podría calificar este actuar de irracional? Pregúntenle a Lucas.

Predecir variables económicas no es igual que apostar resultados en partidos de fútbol porque sus implicancias son mayores, ya que a partir de ellas los agentes formulan sus expectativas. Las empresas las utilizan para tomar decisiones de inversión, las familias evalúan el nivel de consumo y ahorro en base al estado futuro de la economía. Las expectativas juegan un rol esencial en economía porque si los agentes esperan mejoras futuras, las acciones que realicen en el presente conducirán a reforzar las mejoras en el futuro, lo que se conoce en la literatura como profecías autocumplidas.

Estas discrepancias en proyecciones motivaron algunos economistas nacionales a descalificar las proyecciones oficiales, sin tener una cabal comprensión del sustento de las proyecciones foráneas, que los ha llevado a realizar declaraciones apresuradas e infundadas. Así como ellos, otros agentes podrían tomar decisiones equivocadas. Es por ese motivo que las proyecciones de los organismos internacionales deben jugar un rol responsable.

Omar Velasco Portillo es economista.

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La crisis del maíz y el modelo agrícola

La biotecnología genética como única vía para elevar la productividad en el campo es una ficción.

/ 22 de mayo de 2022 / 20:30

DIBUJO LIBRE

La escasez de maíz en el mercado boliviano ha abierto un debate profundo sobre el modelo de desarrollo agrícola. Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente se sostiene que la escasez es resultado de las restricciones a las exportaciones y el bajo rendimiento de las semillas no transgénicas. La Gobernación de Santa Cruz aduce la menor oferta a las pérdidas por sequía en el Chaco. El Gobierno acusa a los productores de especular con los alimentos. En estos breves párrafos se hace un análisis de estos argumentos.

Una de las leyes que rige el comportamiento de los mercados es el principio de la autorregulación. Cuando la demanda de un bien excede su oferta, el precio debe inexorablemente subir para reflejar la escasez relativa del producto. Esto no ocurrió con el maíz porque su precio subió de Bs 45 a Bs 100 el quintal pese a que la oferta anual estimada para este año de 1.029.179 Tm es mayor a su demanda 995.203 Tm. ¿Por qué esta aparente contradicción? ¿Podrían estar mal los cálculos del Gobierno? Si fuera el caso ¿Por qué en 2021 se exportó un nivel récord 57.000 Tm si no somos autosuficientes? O ¿qué o quiénes son los responsables? Para entender este enigma voy a recurrir a la teoría microeconomía.

Gracias a Arrow–Debreu (1954) y Walras (1874) sabemos que los mercados son interdependientes, que sus equilibrios se alcanzan de forma simultánea y que si todos a excepción de uno de ellos están en equilibrio el último mercado también debería estarlo. La teoría del equilibrio general asumía que todos los mercados operaban de forma eficiente. Sin embargo, no abordaron situaciones de desequilibrios simultáneos y cuando las fuerzas del mercado dejan de funcionar correctamente.

A nivel mundial existe escasez de algunos alimentos, como el maíz, que solían ser provistos por Ucrania y Rusia. Sin embargo, la guerra en el territorio del primero y la limitación para exportar dadas las restricciones financieras en el segundo, han reducido la oferta mundial de estos alimentos. En un mundo globalizado, el desequilibrio entre oferta y demanda se traslada rápidamente a otros confines del planeta, elevando los precios domésticos y generando asignaciones ineficientes, ya que habría consumidores incapaces de acceder a ellos o, para hacerlo, deben reducir el consumo de otros bienes; lo que en términos macroeconómicos se llaman inflación y caída de ingresos reales.

Los efectos del mercado no terminan allí, ya que cuando sube el precio en un mercado donde una empresa es demandante, traslada este costo a sus propios demandantes quienes a su vez podrían hacer lo mismo. Ésta es la razón de porqué la subida del precio internacional del maíz podría elevar el precio del grano nacional y éste a su vez el de otros productos como la carne de cerdo y de pollo, y que a su vez podrían trasladarse al precio de los almuerzos y embutidos. Quienes terminan pagando el costo de los desequilibrios de los mercados son siempre los mismos, los consumidores.

Ahora bien, parecería que el aumento del precio del maíz no solo responde a las fuerzas imperfectas del mercado sino al oportunismo económico. Considerando que los rendimientos por hectárea no cambian drásticamente de un año a otro, salvo que existan eventos climáticos de consideración como el efecto de la Niña, que hubo pero que afectó principalmente a las regiones de Argentina, Brasil y Paraguay y no así a Bolivia. De ser cierta esta sospecha, ¿podría la escasez de maíz deberse a la reticencia de los grandes productores de grano de vender su producción en el mercado nacional a Bs 100, siendo que el precio internacional equivalente es de Bs 180 por quintal (mercado de Rosario)?

Según la Real Academia Española, especular significa efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios, aprovechando las variaciones de precios. La teoría económica justifica y reconoce a la especulación como un comportamiento racional de los agentes que buscan maximizar su rentabilidad. Se podría decir que especular es un arte. Hay que saber el momento exacto para hacerlo y cuándo retirarse. Pero más allá de ser un acto racional, es un acto criminal que atenta contra el bolsillo de la población, porque se beneficia a partir de una situación ficticia que crea el mercado.

La necesidad de una empresa estatal que regule los precios para corregir las fallas del mercado y el potencial riesgo de especulación es inmediata. La estatal Emapa compra el producto a un precio mayor (Bs 100) incentivando su producción y la vende a un precio más bajo (Bs 65) limitando el poder de los especuladores y evitando que los efectos distorsivos del mercado se trasladen a los consumidores finales como ocurriría en una economía de libre mercado, donde las ganancias se individualizan, pero las pérdidas se comparten.

Empero, la intervención estatal no está exenta de críticas que arguyen su baja capacidad de intervención y que compite con las labores privadas. En realidad, Emapa no tiene como objetivo abastecer a todo el mercado, sino solo a pequeños y medianos productores porque —a diferencia de los grandes— no cuentan con la capacidad financiera para comprar sus suministros por adelantado. Es así que los grandes productores no debieron verse afectados por el alza de precios internacionales porque la mayoría compra sus insumos con muchos meses de anticipación. Por otro lado, la creación de una empresa estatal agropecuaria no busca competir con el sector privado sino garantizar el suministro para pequeños productores, que las grandes empresas agroindustriales no están dispuestas a cubrir por los menores retornos que ofrecen al ser productos regulados. Como parte de la política de sustitución de importaciones también se ha promovido la producción interna de maíz tradicional a partir de créditos a bajas tasas de interés y de programas para mejorar el rendimiento.

Pero más allá de lidiar con la especulación, hay un desafío mayor que es superar, el patrón de acumulación de riqueza extractivista vinculado al auge de la agricultura. Desde los sectores económicos del oriente se propone que —ante el desabastecimiento de maíz— se autorice el uso de semillas genéticamente modificas para elevar el rendimiento. El uso de semillas transgénicas está prohíbo por la Ley de la Madre Tierra, por ser una amenaza a la diversidad y existencia de otras especies nativas. Pero las élites agropecuarias del oriente han encontrado en esta coyuntura internacional de precios, el pretexto ideal para reafirmar su demanda.

Los altos precios de los alimentos están promoviendo un nuevo ciclo de extractivismo en el sector agrícola boliviano, cuyo objetivo es expandir desproporcionalmente la frontera agrícola y elevar los rendimientos a costa del daño al medio ambiente y que podría comprometer la salud de los bolivianos a largo plazo, de admitirse el uso de transgénicos. La biotecnología genética como única vía para elevar la productividad en el campo es una ficción y apesta como el estiércol porque no busca contribuir a resolver la crisis alimentaria mundial, sino en como llenarse los bolsillos de dinero por abono.

 (*)Omar Velasco es economista  

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El costo de mantener ‘dinosaurios’

/ 20 de mayo de 2022 / 01:27

Fui dirigente universitario. Por aquellos años raudos cuando todavía la política se mezclaba con la ideología y la academia, participé de una de las últimas huelgas de hambre estudiantil que posibilitó alcanzar un acuerdo entre la UMSA y la UPEA por la distribución de recursos del IDH. Esas épocas, ser representante estudiantil era motivo de orgullo porque no se reducía a ganar una elección y convertirse en el estudiante “de moda”, sino que brindaba una satisfacción moral al poder ayudar a otros estudiantes. Esta actividad es hoy cuestionada por nuestra sociedad, porque se la ha deformado con el tiempo, creándose posibles focos de corrupción a su interior. En estas breves líneas comparto mi análisis sobre ¿cuál es el costo de mantener estudiantes “dinosaurios” en la universidad pública?

Dado que resulta extremadamente complejo calcular el costo por estudiante en las universidades públicas que tienen fuentes de financiamiento diversas, una función de producción difusa y porque el precio de mercado para acceder a la educación (la matrícula) no refleja el verdadero costo para el Estado (sueldos y salarios a docentes y administrativos, infraestructura, otros gastos de funcionamiento), en su lugar analizaremos su costo de oportunidad.

El costo de oportunidad es aquello a lo que renunciamos por tomar una decisión diferente. En el tema en cuestión, representa lo que hubiera gastado el estudiante de no haber ingresado a la universidad estatal y en su lugar hubiera optado por la enseñanza privada.

Tomando la información del costo estimado de la colegiatura en nueve de las principales universidades privadas de la ciudad de La Paz para la carrera de Derecho, se encuentra que el costo promedio anual de educarse antes de la pandemia ascendía a $us 2.100. Por razones obvias no haré alusión a las casas de estudio, pero como todo promedio esconde valores extremos que van de $us 800 a $us 4.857.

A partir de la información de la UMSA sobre el número de estudiantes con más años en la universidad, a quienes irónicamente se los ha denominado “dinosaurios”, se puede estimar el valor actual del costo de oportunidad de educarse en una universidad estatal en lugar de una privada (descontado a la tasa de inflación por simplicidad). Los resultados son alarmantes. El costo acumulado de retener estudiantes con más de 10 años se encuentra entre Bs 142 millones y Bs 359 millones. Para hacernos idea de la magnitud, el monto más alto representa más del 40% del presupuesto de una gestión anual.

Es posible que el tiempo de permanencia de un estudiante en una universidad pública sea mayor al de una privada porque estudiar a expensas del Estado no tiene costo o es muy bajo, en cambio, las universidades privadas tienen la fama de cobrar hasta por lo que uno respira. Entonces, ¿se debería privatizar la educación para hacerla más eficiente? Por supuesto que no. Elevar el costo de ingreso a las universidades solo nos haría un país más pobre y menos educado.

¿Se debería suspender el derecho a estudiar a quienes superen una cantidad de años inscritos? La solución no es tan simple. Más allá de la vida política dentro la universidad a la que puedan optar algunos estudiantes como Max Mendoza, el retraso en la obtención del título académico es generalizado. En 2017, sobre un universo de más de 78.000 estudiantes de la UMSA, se graduó el 5%, que equivale a la mitad del nuevo número de inscritos.

Entonces, ¿cómo acelerar el proceso de titulación? El mayor incentivo de un estudiante para que complete sus estudios también es su costo de oportunidad. Al estar estudiando y no titularse, deja de recibir un salario alternativo o éste es inferior a lo que podría ganar obteniendo el grado académico. La mayoría de los estudiantes no hace una correcta evaluación de su costo de oportunidad ya que tienden a subestimarlo, con lo cual se reducen los incentivos suficientes para acumular capital de prisa o porque el mercado laboral no está diseñado para absorber una gran cantidad de mano de obra calificada, lo que infravalora su costo de oportunidad. Este no es el caso de Max, pero sí el de muchos estudiantes que abandonan prematuramente sus estudios a cambio de un salario mediocre.

Espero que estas breves reflexiones aporten a la discusión en el XIII Congreso Nacional de Universidades.

Omar Velasco Portillo es economista.

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Campeones en inflación

/ 3 de mayo de 2022 / 01:58

A poco más de dos meses de iniciada la guerra en Europa, sus efectos adversos no se sienten en la economía boliviana. Con una tasa de inflación acumulada a marzo de 0,4%, Bolivia ostenta en 2022 la cuarta inflación más baja del mundo, solo superada por Jordania (0,2%), las islas Seychelles (0,2%) y Palestina (0,3%) sobre una lista de 82 países publicada por datosmacro.com.

En un contexto de repunte inflacionario a escala global, los resultados en la región no dejan de ser preocupantes. Argentina encabeza la lista con un aumento de precios de 16%, seguido de Venezuela con 11%. Un poco más atrás se encuentran Uruguay y Colombia, ambos con 4,4%, Paraguay 3,7%, Chile 3,4%, Brasil 3,2%, Perú 1,8% y Ecuador 1,1%. Un hecho relevante es que por primera vez en mucho tiempo Venezuela dejó de ser el país más inflacionario.

La inflación boliviana ha creado cierto desconcierto a nivel nacional e internacional. Analistas bolivianos y extranjeros se miran perplejos ante singular resultado y sus explicaciones son diversas. Le atribuyen la baja variabilidad de precios al régimen cambiario superfijo y las expectativas ancladas a éste, las generosas subvenciones desde tiempo inmemoriales —tan odiadas pero necesarias— y el incontrolable contrabando. Pero ningún mérito a las políticas económicas en curso.

En una reunión de amigos alguien lanzó una picardía. Me dijo que la política cambiaria había muerto porque ya no se movía. Mantener el tipo de cambio invariante fue duramente criticado más de una vez por analistas que hoy padecen del síndrome de Alzheimer y cuyo debate actual sería cuando menos infructuoso. Hoy se puede decir con bastante certeza que la apuesta por la estabilidad cambiaria fue acertada. Sin embargo, para mantener la inflación controlada no basta con congelar la relación de cambio de la divisa —al menos no en un periodo de euforia de los precios internacionales—, de otra manera Belice, Qatar, Eritrea, etc., deberían sumarse al cuadro de honor líneas arriba. El mismo silogismo también puede ser aplicado al contrabando comparando otros países.

La política de subsidios a la energía y los alimentos ha tenido su propio mérito, empero, hay economistas que piensan que los subsidios son un problema estructural de la economía boliviana y eliminarlos un deber. De haberse seguido las viejas recetas neoliberales, la inflación bien podría hoy rozar los dos dígitos como ocurre con la inflación interanual en varios países vecinos. Sin duda que la subvención tiene un costo —que la asumen el Estado y sus niveles—, pero a diferencia del modelo de mercado no se traspasa la factura a las familias. En todo caso, este es el peor momento para pensar en levantarlas.

El modelo económico entendió que la crisis alimentaria es un fenómeno inherente a las contradicciones del sistema capitalista, por eso ideó una empresa estatal con el fin de regular los precios en el mercado interno. Para los detractores, los déficits de caja son fiel reflejo de su ineficiencia, sin comprender que la naturaleza de esta empresa no es obtener ganancias. Las imperfecciones del mercado distorsionan los precios llevando a que algunos agentes experimenten pérdidas. Bajo el actual modelo, estas pérdidas son absorbidas por la empresa estatal sin que sean transferidas a los consumidores finales como ocurriría en una economía de libre mercado. Pocos países en el mundo tienen una entidad como Emapa que responde a cabalidad a este desafío, lo que pudo haber marcado la diferencia.

En suma, la baja inflación se explica por una acertada combinación de políticas de subvenciones, límites a las exportaciones —a la cual ya me referí en un artículo anterior—, regulación de precios internos, estabilidad cambiaria y un buen desempeño agrícola en lo que va del año.

Algunos esfuerzos últimos por desacreditar la estabilidad de precios ponen en duda su sostenibilidad, ya que ésta se mantendría a costa de incrementar los déficits fiscales y la pérdida de reservas. Como todo en economía, las acciones tienen costos y beneficios. Sin desconocer el enorme sacrificio fiscal que conlleva mantener una economía estable, en justo análisis, se debe reconocer los beneficios. Las empresas invertirían menos en un contexto de inflación alta, los trabajadores perderían más poder adquisitivo. Este primero de mayo los trabajadores tienen una razón más para festejar, porque somos campeones en inflación.

Omar Velasco Portillo es economista.

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La fórmula del 70-30

/ 13 de abril de 2022 / 01:25

Al mejor estilo hollywoodense, la Cainco premió a los mejores empresarios bolivianos del año. En dicho evento se posesionó a su nueva directiva presidida por Fernando Hurtado, quien lanzó duras críticas al modelo económico del Gobierno, en presencia de autoridades del Estado. Ese agravio pudo causar en el Ejecutivo el mismo efecto que el bofetazo que propinó Will Smith a Chris Rock, pues a nadie le gusta ser invitado para ser hostigado.

El Gobierno y el sector privado atraviesan un mal momento en sus relaciones. El primero optó por elaborar un plan de desarrollo en el cual los empresarios no fueron invitados y, en respuesta, organizaron su propia cumbre. El incremento salarial es otra fuente de tensión. Con la esperanza de que los canales de comunicación entre ambos sectores mejoren, ya que necesitamos de la unidad entre todos los bolivianos para encarar la reactivación, me voy a centrar en el discurso de Hurtado y su propuesta 70-30.

Hurtado sostiene que el modelo económico es cosa del pasado, pues se sigue gastando como en los tiempos de altos ingresos y que no responde a las necesidades de las empresas. Exige un trato equitativo entre empresas públicas y privadas. Cuestiona la eficiencia de la inversión privada respecto de la pública, la cual debe complementarse a la privada y no suplantarla. Sentencia que no se requiere un gobierno empresario, sino uno amigo.

El modelo económico concibe cuatro tipos de economías: la estatal, la privada, la mixta y la comunitaria. La economía estatal es la que lidera la transformación productiva del país y el proceso de acumulación del capital (limitado históricamente por el sector privado nacional que el modelo neoliberal les endilgó a las empresas extranjeras con pésimos resultados) y la coordina con las otras formas de economía. Hurtado se atribuye este rol para su gremio, desconociendo el aporte de la economía mixta y la comunitaria a las que no representa.

Las comparaciones entre producción e inversión entre sectores no son correctas. Así, la empresa Soboce que la Cainco ha premiado y puesto de modelo ha realizado inversiones desde 1925. Lógicamente, la ratio de producción e inversión de esta empresa hoy es alto porque ya superó la fase de inversión inicial. Como es natural, Soboce debió soportar bajas utilidades o pérdidas las primeras décadas de producción. En cambio, la fase de inversión del sector público ha recomenzado hace poco más de una década y por las mismas razones, no tiene por qué acompañar la producción. Pretender inferir que el sector privado es más eficiente porque invierte menos, solo deja en exposición la baja capacidad de inversión que tiene frente al estatal.

El modelo económico regentado desde el Estado ha permitido que las empresas privadas obtengan utilidades y los empresarios acrecienten sus fortunas. De no haberse estimulado la demanda interna en años pasados, la economía habría entrado en recesión mucho antes de la pandemia arrastrando al sector privado, por lo que su reclamo es contradictorio.

El modelo no está pensado para que la iniciativa estatal se complemente al mercado, sino a la inversa. Aun así, esta sinergia no puede ser reducida a una simple fórmula de exceso de Estado o falta de mercado como la del 70- 30, sino percibir el momento histórico y rol particular de cada uno de los actores. La industrialización no puede ser delegada exclusivamente al sector privado nacional porque no tiene la capacidad financiera y tecnológica de encararla y tampoco es de interés de las trasnacionales, es por ello que el Estado debe asumirla de forma temporal. Eso no quiere decir que el sector privado quede al margen. Se pueden beneficiar a través de empresas mixtas con participación estatal, recibiendo una justa retribución en virtud a los riesgos y el capital invertido. Por tanto, se requiere más Estado, pero también más apoyo privado, pero no hay una proporción ideal.

Hurtado cree que la redistribución proviene del mayor y mejor empleo. En realidad, el sector privado opera a través del mercado que, al contrario, es el origen de las desigualdades.

El sector privado tiene una deuda histórica con el país porque fue incapaz de resolver por sí solo los problemas estructurales de la economía boliviana como la reducción de la pobreza, la desigualdad y el rezago industrial. Son sus desaciertos los que han creado la necesidad de un Estado fuerte para afrontarlos. El señor Hurtado necesita entender mejor cómo funciona el modelo económico para salir de sus propias consignas.

Omar Velasco Portillo es economista.

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Guerra anunciada no mata soldado

/ 24 de marzo de 2022 / 00:50

A más de 11.000 km de la guerra en Europa, sus efectos también se hacen sentir en la economía boliviana. Algunas notas de prensa nacional y columnas de opinión se han concentrado en destacar los efectos negativos en el país con ciertas imprecisiones y soslayando los efectos positivos, por lo que es necesario hacer un balance más equilibrado.

El repunte del precio del petróleo se ha traducido como equivalente de más importaciones, lo que conduciría a un inevitable déficit energético. La subida del precio del trigo elevaría el costo del pan. Las limitaciones a las exportaciones impedirían el ingreso de divisas que bien podrían financiar el creciente costo de importar alimentos y energía. La política de subsidios y restricción a exportaciones son vistas como inconsistentes e insostenibles.

Estos argumentos que aparentan ser ciertos, son falaces. Los que conocen del sector petrolero saben que los contratos de exportación de gas están hechos de forma que reduzcan los cambios abruptos del precio del petróleo gracias a que opera en su cálculo un promedio móvil que se va actualizando. De tal manera, en el cortísimo plazo (tres a seis meses) la subida del crudo aumenta el costo de las importaciones —que debe comprarse a precios actuales—, mientras que en las exportaciones su efecto se siente meses más tarde.

Este desfase podría llevar incluso a que el valor de las importaciones supere temporalmente al de las exportaciones, lo que insinuaría que el alza del petróleo es perjudicial para la economía boliviana, cuando no lo es. En un horizonte mayor a un año los efectos en el comercio exterior se revierten. El valor de las importaciones comenzará a bajar en línea con la normalización del precio del petróleo, pero el de las exportaciones continuarán creciendo. La suma de ambos flujos en términos interanuales produce un efecto neto positivo en el balance energético, dejando de lado el falso debate que se ha abierto al respecto.

Por otro lado, la combinación de subsidios internos y restricciones a las exportaciones han resultado bastante efectivas para contener presiones inflacionarias de origen externo que no podrían ser encaradas desde el lado monetario. Si se compara el índice de precio de alimentos que publica la FAO y la tasa de inflación boliviana, ambas tienen una gran correlación durante los episodios de inflación de alimentos 2007-2008 y 2010-2011. Pero posterior a 2015 —una vez que estas medidas se han consolidado— se observa una ruptura entre ambas tendencias. En el contexto reciente, muchos países están evaluando adoptarlas.

La política de subsidios indudablemente conlleva sacrificios fiscales, pero por asombrosa que parezca son menos costosos de lo que aparentan. De no haber subsidios a productos sensibles de la canasta familiar, la inflación tendría que subir, lo que implicaría un mayor gasto fiscal porque este indicador es la base para la negociación salarial y tiene un efecto multiplicador en el presupuesto.

Se ha afirmado que las restricciones a las exportaciones limitan la entrada de divisas. Este argumento no es cierto porque una gran parte de los ingresos de exportación agrícola se queda en cuentas en el exterior y no suman a las RIN. Tampoco es cierto que los exportadores pierden con la medida, sino que dejan de ganar más. Que no es lo mismo. Levantarlas generaría un efecto redistributivo negativo, al beneficiar a unos pocos exportadores en desmedro de la mayoría de los consumidores.

La subida de tasas de la FED también fue motivo de pesimismo porque eleva el costo del dinero siendo éste un freno para el crecimiento, empero, hay un conocido refrán que dice “guerra anunciada no mata soldado”. El incremento de tasas ya fue anunciado meses atrás e incluso se esperaba un incremento más alto, en tal sentido los mercados ya internalizaron su efecto. La guerra en Europa, contrariamente a lo que se comenta, moderó el alza de tasas retrasando sus efectos perniciosos.

Un hecho no comentado pero relevante es que al ser la inflación externa —mayor a la doméstica manteniendo la paridad cambiaria al dólar—, se convierte en una depreciación real del boliviano, lo que ayuda a reducir las presiones sobre las RIN.

En suma, existen razones más que suficientes para advertir que el conflicto bélico no solo trae efectos negativos sino también positivos como casi todo en la vida. En la antigua Mesopotamia se colgaba a los mensajeros que portaban malas noticias para que éstas no volvieran a ocurrir. En esta columna solo llamo a la objetividad en el análisis.

Omar Velasco Portillo es economista.

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