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domingo 22 may 2022 | Actualizado a 20:36

La intervención del Estado en la economía

/ 28 de enero de 2022 / 03:01

Se dice que la intervención del Estado en la economía puede solucionar problemas o causarlos, y no hay una receta ideal, puesto que cada país tiene su propia realidad y la política económica siempre está dominada por la ideología política, intereses y objetivos del gobierno de turno.

Varios economistas están de acuerdo en que el Estado debe al menos cumplir los roles que destacaba Adam Smith como: defensa, seguridad y justicia, y excepcionalmente la construcción de las grandes obras públicas. Asimismo, Smith también reconoció que existe fallas en el mercado y falta de competencia y describe a ese aspecto como un problema.

Otro gran economista, John Maynard Keynes, escribió al respecto en medio de la gran depresión de 1929, donde concluye que el Estado no solo debía intervenir para hacer frente a las depresiones económicas sino también que podía hacerlo. Keynes señalaba que los mercados tienen fallas y que, para hacerles frente, debe intervenir el Estado, y la herramienta es la Regulación Económica.

El Nobel de Economía de 2001 Joseph E. Stiglitz defiende la «opción pública», la posibilidad de que el Estado ofrezca una serie de servicios que implique más competencia e innovación, baje precios y haga más fácil la vida a los ciudadanos. Asimismo, asegura que al sector privado le gustan “los monopolios y la explotación” y teme a la competencia, y está convencido de que se puede “domesticar al capitalismo”.

Ahora bien, trasladándonos al caso Boliviano, hasta el 2005, se adoptaba una corriente de libre mercado (economía de mercado), donde el Estado adoptaba un carácter neutro o nulo en la economía y el mercado era el asignador de recursos y el que restablecía en forma automática el equilibrio del mercado de factores y recursos (Ley de la oferta y demanda).

Por otro lado, a partir del 2006, el Gobierno de turno, a través del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) adoptó la otra corriente que establece que la intervención del Estado en la economía (economía plural) es importante y determinante para restablecer el equilibrio y el crecimiento económico cuando la economía de mercado se debate en crisis.

Para medir el nivel de crecimiento de una economía utilizamos el Producto Interno Bruto (PIB) como un indicador —que mide la actividad productiva en unidades monetarias de todos los bienes y servicios finales producidos en un país—, el cual se utiliza desde los años 30 como indicador de crecimiento y bienestar de un país. Se reconoce al premio Nobel de Economía Simon Kutznets como el creador de este indicador.

Según datos de nuestro Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de crecimiento del PIB promedio entre los años 1992 al 2005 (14 años) era del 3,43%, equivalente a 6.724 millones de $us, mientras que entre el 2006 al 2019 (14 años) la tasa de crecimiento del PIB, en promedio fue del 4,67%, equivalente a 27.364 millones de $us, es decir en los últimos 14 años hubo un incremento del 36% en tasa de crecimiento y 307% en el tamaño de la economía boliviana. Para la gestión 2020 se tuvo una tasa decreciente del PIB, llegando a -8,83%.

Sobre los datos anteriormente descritos se puede señalar que la aplicación de una economía plural con intervención del estado a través del MESCP generó resultados positivos en nuestro país, los cuales incluso fueron reconocidos en varias oportunidades por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros, y por tanto deberíamos sentirnos orgullosos.

Finalmente, en el análisis macroeconómico de cualquier Estado, la interpretación del valor del PIB es fundamental para conocer el grado de desarrollo económico y sus tendencias. Se puede concluir que entre más y mejores bienes y servicios se generen, más trabajo y riqueza habrá para redistribuir entre la población y por lo general, cuando se habla de un aumento en el nivel de vida, éste viene acompañado de bienestar y crecimiento económico.

Romer Bello Bernal es Economista.

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Incremento salarial y desempleo

/ 5 de mayo de 2022 / 01:21

Se dice que un incremento al salario mínimo repercute negativamente en una economía, principalmente por el hecho de despedir trabajadores en empresas, generando desempleo, pero esta afirmación no pareciera ser tan cierta en nuestro país.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su preocupación por la demanda y pidió que se “congele el ajuste salarial” para precautelar la reactivación económica y la generación de empleo. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) alertó que el incremento se evidenciará en pérdida de fuentes de trabajo, informalización y precarización laboral, insostenibilidad económica y financiera, y la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones e inversiones, “lo que derivará en problemas sociales, ocasionados por la desocupación y sus secuelas”.

Para 2022, con el Decreto Supremo 4711 del 1 de mayo, se aprobó el alza salarial del 3% al haber básico (sector salud y educación) y del 4% al salario mínimo nacional.

Para esta oportunidad, tomaré en cuenta cinco años en los que se pudo evidenciar que no es tan cierto lo que señalan la CNI y la CEPB sobre el desempleo, más al contrario, en nuestro país, un incremento al salario mínimo no hizo aumentar el desempleo. Asimismo, en el periodo de 2015 a 2019 (años con incrementos salariales), la tasa de desempleo abierto urbana disminuyó de 4,6% en 2015 a 4,3% al tercer trimestre de 2019.

David Card, Nobel de Economía 2021, con su investigación Salarios mínimos y empleo estudió las consecuencias de la subida del salario y contradijo la teoría de que ésta acababa expulsando a los trabajadores, y demostró que un aumento del salario mínimo no incrementa el desempleo.

Según el INE, en 2015 hubo un incremento al salario mínimo nacional (SMN) de 15% con relación a la gestión anterior y la tasa de desempleo alcanzó a 4,6%; en 2016 el aumento fue del 9% y la tasa se redujo a 4,4%; en 2017 las cifras fueron 11% y 4,5%, respectivamente; en 2018, de 3% y 4,3%; a octubre de 2019, de 3% y 4,3%. Es decir, dichos incrementos no subieron la tasa de desempleo en el país, en promedio el aumento al SMN fue de 8% y la tasa de desempleo se redujo en 2%.

En 2020, la tasa de desempleo alcanzó a 8,4%; sin embargo, al primer trimestre de 2022, según las Oficinas Nacionales de Estadística (ONE), la tasa de desocupación en el área urbana alcanzó a 5,9%, siendo con la de Ecuador (5,5%) de las más bajas de la región. La tasa más alta es de Colombia con 13%, seguido por Brasil, con 11,2%.

La teoría económica nos dice que el aumento de la producción ofrecida eleva el nivel de empleo; en ese sentido, el Gobierno ha puesto a disposición de las empresas una serie de políticas económicas para mejorar su productividad, entre las cuales están el Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional (Bs 150 millones), para garantizar hasta el 50% para nuevos créditos productivos en el sistema financiero nacional; el Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin-SIBOLIVIA, con Bs 1.261 millones), destinado a otorgar créditos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a una tasa de interés del 0,5%; los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Gremial y el fortalecimiento del Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social, entre otros.

Las condiciones para mejorar la productividad de las empresas, industrias, están dadas, dependerá del interés de cada una de ellas hacerlo; por otro lado, se ha observado y evidenciado con datos que el incremento al salario mínimo durante los periodos de análisis, no generaron desempleo como señalan la CNI, la CEPB, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), etcétera.

Romer Bello Bernal es economista.

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Más recursos a universidades, menos resultados

/ 27 de febrero de 2022 / 00:26

El Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana establece que la “misión de las universidades públicas es formar profesionales idóneos de reconocida calidad y excelencia académica, con conciencia crítica y capacidad de crear, adaptar, transformar la ciencia y la tecnología universal para el desarrollo y progreso nacional…”, para lo cual, se requiere recursos económicos.

Actualmente, el Sistema de la Universidad Pública Boliviana está compuesto por 11 universidades, las cuales son: San Francisco Xavier de Chuquisaca, San Andrés de La Paz, Universidad Pública de El Alto, San Simón de Cochabamba, Tomás Frías y Nacional Siglo XX de Potosí, Técnica de Oruro, Juan Misael Saracho de Tarija, Gabriel René Moreno de Santa Cruz, José Ballivián del Beni y Amazónica de Pando.

Ahora bien, durante los últimos años, mientras las transferencias de recursos del Nivel Central del Estado (NCE) al Sistema Universitario se incrementaban, el número de estudiantes titulados disminuían con relación a los matriculados.

Según la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la demanda del Sistema de la Universidad Boliviana 2021, en la gestión 2016, las 11 universidades matricularon a 79.847 estudiantes nuevos, y considerando que la duración promedio de estudios en nuestro país es de cinco años (10 semestres), en 2020 apenas se titularon 14.830 estudiantes, representando un 18,6%; sin embargo, en el mismo periodo, las transferencias del NCE se incrementaron en un 10%, de Bs 3.501,4 millones a Bs 3.851,8 millones.

Cada año, las universidades públicas a través del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) envían su demanda al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas solicitando recursos adicionales (subvención) para cumplir y cerrar sus actividades académicas.

Si bien la Constitución Política del Estado reconoce la autonomía universitaria y establece que el Estado subvencionará a las universidades públicas, al parecer éstas no están mostrando resultados o cumpliendo con su rol o misión como función pública con recursos públicos, lo cual nos debe llamar la atención y preguntarnos cuáles son las causas que provocan este fenómeno.

Romer Bello Bernal es economista.

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¿Falta de coordinación y comunicación en el GAD de Tarija?

/ 19 de enero de 2022 / 02:52

Las recientes declaraciones del vicepresidente de la Asamblea Departamental de Tarija, Mauricio Lea Plaza, del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Tarija en diferentes medios de comunicación evidencian una falta de coordinación, comunicación con el Ejecutivo de dicha entidad.

Como fue de conocimiento público, el GAD de Tarija, desconociendo la normativa vigente nacional, subnacional y convenios para la gestión 2022, no transfirió el 45% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a favor del Gobierno Autónomo Regional de Gran Chaco (GAR Chaco), el cual ascendía a Bs 23,7 millones y, revisado el presupuesto institucional del GAR Chaco remitido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), estos recursos estaban destinados a cubrir gastos en Seguridad Ciudadana (Bs 2,9 millones), Hospital Fray Quebracho (Bs 5 millones), Caminos (Bs 2,1 millones), atención en Salud y Coronavirus (Bs 3,1 millones), Campus Universitario (Bs 2 millones), Defensa y protección de la mujer (Bs 1,1 millones), y transferencias a municipios del Chaco y el Fondo Rotatorio (Bs 4,9 millones, para programas y proyectos en salud, educación y sector productivo) entre los más importantes, es decir que la Gobernación de Tarija pretendía dejar sin recursos a la mencionada región para cubrir dichas obligaciones.

Por otro lado, ante los piquetes de huelga, declaratoria de emergencias, bloqueo de caminos y otras medidas de presión por parte de organizaciones sociales y personas que defendían el 45% del IDH de la región del Chaco, el nivel nacional, a través de los ministerios de Economía y Justicia y Transparencia Institucional, como mediadores de ese problema, llevaron adelante diferentes reuniones con las autoridades del GAD de Tarija y el GAR del Chaco, llegando a firmar ambas entidades un Acuerdo Intergubernativo en la gestión 2021, donde se reconoce la vigencia de la normativa que asigna el 45% del IDH a favor del Chaco y en su Cláusula Cuarta (Acuerdo de las Partes) establece que a partir de la gestión 2022 el GAD de Tarija en aplicación a la normativa vigente, transferirá el 45% del IDH, conforme a procedimientos aplicados en gestiones anteriores.

Ahora bien, si vemos cuánto representa ese polémico 45% del IDH con relación al total del Presupuesto Aprobado del GAD de Tarija gestión 2022, según datos de la página web del MEFP el Presupuesto Aprobado asciende a Bs 983,9 millones, mientras que el 45% del IDH llega a Bs 23,7 millones, representando apenas el 2% del total de presupuesto del GAD Tarija.

Por todo lo antecedido, llama la atención que el asambleísta departamental Lea Plaza no considere en su análisis los compromisos y acuerdos que firma el gobernador Óscar Montes, confundiendo a la población tarijeña, perjudicando la gestión departamental y denotando ausencia de coordinación y comunicación interna para la atención de la salud, contratación de personal y otras demandas en el departamento, puesto que existen diferentes mecanismos (modificaciones presupuestarias) para la reasignación de recursos, solo es cuestión de voluntad política y comunicación para efectivizarlo.

Romer Bello Bernal es Economista.

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