Voces

jueves 19 may 2022 | Actualizado a 15:30

La pobreza intelectual de la derecha

/ 29 de enero de 2022 / 02:15

Nunca antes la derecha boliviana había sido tan escuálida en ideas y en formulaciones programáticas para el país desde el regreso a la democracia en 1982. Basta recordar que fue precisamente el banzerismo el que introdujo al economista de Harvard Jeffrey Sachs en Bolivia para escribir y desplegar el 21060, decreto con el que funcionaría la economía boliviana durante dos décadas y que contó con ejecutantes que sabían hacer su trabajo en función de sus intereses de clase: el propio Banzer, Paz Estenssoro, Sánchez Lozada e incluso Paz Zamora, que terminó absorbido por el neoliberalismo luego de sus años de militancia en la izquierda con influencia social demócrata europea.

Desde el día en que Evo Morales ganó por primera vez la presidencia, quedó sellado el colapso de un sistema de partidos que quedó agotado, producto de las nunca satisfechas demandas ciudadanas durante esos 20 años de políticas económicas en los que mandaba el mercado, la fuga de capitales y el achicamiento del Estado. Durante todo ese tiempo las organizaciones sociales resistieron despidos masivos, gasolinazos y otras medidas de “ajuste estructural” hasta que tradujeron sus largas luchas en una participación electoral que situó por primera vez en la historia a un dirigente sindical en el gobierno. No lo había podido lograr Juan Lechín en los 60, y grandes dirigentes de formación socialista y comunista habían sido expulsados del firmamento político boliviano con encarcelamientos (Irineo Pimentel, Federico Escóbar de la Federación de Mineros) y asesinatos como el de Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1980.

Cuando en Bolivia mandaba la derecha en el poder tutelada desde el norte imperial, combinando esfuerzos e ideas con un nacionalismo revolucionario culipandero como el que manejaron a su antojo según conveniencias de coyuntura, Paz Estenssoro y Siles Zuazo, una Bolivia paralela siguió soportando políticas represivas de acallamiento, suavizadas con el retorno a la democracia si se las compara con la policía secreta y los campos de concentración de Claudio San Román durante el periodo revolucionario del 52, y las prácticas represivas de terrorismo de Estado a cargo de las dictaduras militares.

Una larga e incansable lucha de resistencia durante el republicanismo neocolonial se desarrollaba en esa Bolivia paralela a la que se le prestaba una atención secundaria en las esferas informativas oficiales de las ciudades hasta que se instaló una nueva configuración de las prácticas políticas y del ejercicio del poder con un instrumento que hoy día no puede pensar su funcionamiento sin la interpelación, los reclamos y los pedidos de ajuste de sus organizaciones colectivas expresadas en primer lugar en el Pacto de Unidad que hace un par de semanas se sentó en una reunión con el Presidente y el Vicepresidente del Estado para hacerle conocer sus criterios con respecto al equipo de ministros con el que el Gobierno funciona desde hace casi 15 meses.

No conocemos otro país en que los colectivos organizados de campesinos, indígenas, mujeres, obreros y una significativa diversidad gremial tiene hoy la posibilidad de pedirle cuentas al poder político de manera directa, de demandar espacios de decisión, naturalmente con resultados desiguales entre la eficiencia de éxito y la burocratización que puede conducir a la corrupción, pero que se ha convertido en la estructura participativa de un Estado que ha recuperado su tamaño e incidencia en la vida del país y que tiene enfrente a esa derecha que, obsesionada con la desaparición del MAS, ha logrado vaciarse completamente de contenidos propios, privándonos de un juego político en el que la alternativa sea parte fundamental del debate y no esa postura reactiva que está exclusivamente dedicada a referirse a lo que pasa o deja de pasar en la estructura masista.

Cuando se produjo el triunfo de Arce-Choquehuanca el 18 de octubre de 2020, me apresuré a predecir un regreso a la democracia de pactos, a la búsqueda de consensos para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Me equivoqué de cabo a rabo porque ninguna de las dos formaciones opositoras con presencia parlamentaria tienen perfil para convertirse en verdaderas fuerzas con discurso alternativo al nacional popular que sostiene el MAS desde su llegada al poder que ya se acerca a las dos décadas de vigencia con la breve y devastadora interrupción del golpe de Estado de 2019.

El llamado modelo cruceño debería ser una referencia central para construir un discurso alternativo al MAS, pero la coyuntura lo tiene prisionero en una guerra interna de acusaciones y contraacusaciones donde campea la corrupción institucional como nunca antes había sucedido. Mientras Santa Cruz no supere el resquebrajamiento de su gobernación y su principal municipio atestados de corruptos con distintas especialidades se hace difícil establecer una interlocución que permita instalar una mesa plural acerca del destino del país.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Aymara francés

/ 7 de mayo de 2022 / 01:54

Cuando alguna vez me preguntaron si pertenezco a algún pueblo indígena de Bolivia respondí: aymara francés. Parece una broma para salir del paso, pero basé mi respuesta en una lección que el antropólogo Xabier Albó me transmitió en 2007, basada en el concepto de autoidentificación y que significa que uno es lo que quiere ser, aunque mi ocurrencia no forme parte de las categorías contempladas en un censo nacional de población y vivienda.

En buenas cuentas soy aymara francés porque se me viene en gana. Porque tengo una relación sociocultural esencial con los andinos originarios de la actual Bolivia desde mi nacimiento y porque tengo antepasados por el lado materno que de ninguna manera tenían sangre azul, para decepción de mis parientes reaccionarios y con ínfulas de copetudos a quienes alguna vez les dije en franca provocación que seguramente los breteles de los que somos descendientes eran panaderos, obreros o campesinos de la campiña francesa, y que a mí de Francia me interesó siempre Mayo del 68, así como películas de la Nouvelle Vague, sobre todo las de Truffaut y el cerebro futbolístico del francés argelino Zinedine Zidane.

Considero irrelevante que mi condición mestiza no figure en la boleta censal. Y esto sencillamente porque hay conceptos universales implícitos en nuestra vida diaria. Sí, en cambio, creo fundamental que los bolivianos originarios, esos que hacen de nuestro país una plurinación única, reafirmen sus orígenes precoloniales y prerrepublicanos, porque si existe un elemento que nos hace diferentes frente al mundo, en el mejor sentido de lo que significa ser diferente, es el marcado por el hecho de que nuestros pueblos indígenas inscriben las características y rasgos étnico ancestrales de la historia de la cultura indoamericana en lo que es el país como República y ahora, en primer lugar, como Estado Plurinacional.

Mestizas y mestizos que quieren estampar su condición en la boleta censal se encuentran atrapados en un proceso subconsciente de negación de los otros y las otras. De los indios. De los bolivianos de Omasuyos, de los bolivianos de Guarayos, de los bolivianos de Chiquitos, de los bolivianos del Chaco, de los bolivianos de Tarabuco… y así podría seguir hasta que el número de caracteres para este texto me diga que tengo que cortar por límite de espacio. Ese dispositivo ideológico está magistralmente explicado en El espejismo del mestizaje (2005) de Javier Sanjinés, doctor en literatura y docente de la norteamericana universidad de Michigan que señala: “En Bolivia, el paradigma del mestizaje no es más que el discurso letrado de las clases altas, cuyo propósito es justificar la dominación continuada del sector de los mestizo-criollos que asumieron el poder después de la Revolución Nacional de 1952”. Así de claro, contundente y terminante.

En el contexto de desmontaje en profundidad de Sanjinés, me provocaría vergüenza sugerir que por ser mestizo se me facilite la posibilidad de marcar tal “cualidad” en el cuestionario del censo. Sucede que este asunto pasa por una fobia ideológica y racializadora que consiste en rechazar de manera visceral todo lo que huela a proyecto masista. Con el interregno del golpe de Estado de 2019, el proceso político e ideológico que se fortaleció a partir de la agenda de octubre de 2003 ya lleva 15 años, tiempo en que las nuevas matrices estatales han facilitado la emergencia de nuevas referencias sociales y de participación política. Los mestizos que contribuyeron a sacar a Evo de la presidencia, vuelven a proferir alaridos porque fue otro espejismo el pretender que el partido azul desapareciera, y con él, todas las tareas multidisciplinarias y transversales relacionadas con la nueva agenda que aplastó al neoliberalismo más cuadrado y esquemático que dominó al país entre 1985 y 2005.

Acciones legales constitucionales se programan para encajar la categoría mestizo en el próximo censo. Los promotores de esta emotiva iniciativa quieren ser más que lo que representa el MAS. Quieren demostrar que la mayoría nacional es mestiza y no están dispuestas y dispuestos a aceptar la existencia de unas mayorías nacionales que forman parte de otro espectro, el relacionado con el campo popular en el que se mueve la Bolivia ahora visibilizada y participativa que continúa emergiendo progresivamente. Ya que no pueden ganar elecciones desde 2005, por lo menos quieren ganar a través del conteo en el nuevo censo. Parece ser una manera de mitigar penas y de negarse, una vez más, a comprender de qué está hecho el entramado país en el que vivimos.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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El lado B del progresismo

/ 23 de abril de 2022 / 03:13

Morir con detención preventiva prolongada por siete años tiene que indignar. Le ha sucedido a Marco Antonio Aramayo que en su calidad de administrador del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), cargó sobre su humanidad con todo el desbarajuste estructural producido en una entidad en la que campeó el desorden, el prebendalismo, la ineficiencia y la corrupción. Muchos de los dirigentes que recibieron apreciables montos de dinero, originalmente previstos para proyectos en sus comunidades, aprovecharon sus estatus y convirtieron al Fondioc en la expresión del otro lado del progresismo, ese que está vinculado a la vulneración de los postulados de las transformaciones relacionadas con el llamado “vivir bien”. Sí, “vivir bien”, en exclusividad para una rosca, mientras quienes debían aspirar a mejores condiciones, sus hermanos y hermanas de a pie, ni siquiera se enteraron de la descomunal impostura que decidieron protagonizar y que lastima la esencia de la “revolución democrática y cultural”.

Hay que abominar al izquierdismo tendencioso que mira al imperialismo, al fascismo, a las iglesias fundamentalistas, y a otras formas de amenaza planetaria, como las únicas explicaciones y justificaciones que dan lugar a la desigualdad, al agravamiento de la pobreza, y a la superlativización de las grandes fortunas concentradas en pocas manos. No es creíble la democracia de Daniel Ortega en Nicaragua, y tampoco lo son los corruptos que cometieron desmanes con PDVSA en Venezuela. Otra cosa es creer en los nicaragüenses y en los venezolanos que combaten el viejo orden, desde la autenticidad de la calle, desde los ideales que no se negocian con el FMI, el Banco Mundial y la OTAN.

Aramayo murió asediado por la infamia, por la utilización desalmada que se hizo de sus responsabilidades funcionarias, para concentrar solamente en él toda la mugre que significó el manejo del que debió ser modelo institucional económico social de emancipación honrando el sentido de equidad con el que Evo Morales encabezó la “agenda de octubre” (2003), consistente en la Asamblea Constituyente, la generación de inclusión social a partir de los preceptos de la nueva Carta Magna y la nacionalización de los hidrocarburos. Nada de eso sucedió con el Fondioc, porque se desfiguró en una agencia de favorecimiento de nefastos intermediadores sindicales, en uso abusivo de la representación de pueblos y naciones indígenas originarias campesinas.

Apenas vislumbró que la carga pesada de las responsabilidades administrativas y consecuentemente penales de sus actos recaería casi exclusivamente sobre sus espaldas, Aramayo debió dar un paso al costado. Debió decir “no pondré mi firma en documento alguno que luego me conduzca a la cárcel”. Ya se sabe de sobra que resultaba fácil y utilitario endosarle un manejo irregular sistemático que le desgració la vida hasta conducirlo a la muerte, resultado de las penurias soportadas bajo un régimen penitenciario que es la expresión más putrefacta de un sistema judicial que hace aguas por todas partes, que funciona descontrolado y no aparece hasta ahora un equipo de pensantes que empiece a enderezar las cosas, considerando, en primer lugar, que una reforma profunda pasa por una visión transversal que debe contemplar la educación, la formación académica y el entrenamiento concienzudo en materia de servicio público, y no por las vociferaciones de iluminados que juegan a espadachines salvadores.

El lado B del progresismo le hace el juego a la corrupción y a la amenaza del retorno al viejo orden. El Fondioc pasó a formar parte de ese lado B y a continuación viene lo más nauseabundo: los adalides del neoliberalismo, los ladrones de cuello blanco, los vividores de la democracia pactada, los que venden apartamentos a policías de dudosa reputación evadiendo impuestos, los que negociaron para beneficio propio nuestros recursos naturales durante décadas, utilizan a Marco Antonio Aramayo como a un héroe. Manosean su nombre para embarrar al MAS, a los operadores de justicia y al Ministerio Público con ruines propósitos de descalificación de un proceso que es bastante más grande y complejo que el desastroso manejo de este fondo que ha llevado a la tumba a este pobre señor, para tristeza inconsolable de sus familiares.

“La estrategia de la izquierda es no robar”, dijo alguna vez el gran Pepe Mujica. En otras palabras, el progresismo, los instrumentos políticos para la liberación de nuestros pueblos, terminan pareciéndose a las oscuras corporaciones transnacionales, cuando quedan atrapados por la codicia y por el individualismo que enajena. Es la manera más fácil de hacerle el juego al establishment del primer mundo porque cedieron ante la frívola manera de acceder a Don Dinero a través del ejercicio del poder. Esos no son progresistas. Esos no son de izquierda. Son los impostores que hacen trizas los sueños de los que de verdad creen en las utopías del bien común.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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La quimera de García Márquez

/ 9 de abril de 2022 / 02:58

En base a una ponencia de Gabriel García Márquez (La procuración de justicia: problemas, retos y perspectivas presentada en México), la revista española Cambio 16 (diciembre de 1993) tuvo la iniciativa de recoger firmas en apoyo a la legalización de las drogas. Algunos de los nombres de quienes se adscribieron a semejante movida hablan por sí solos: Fernando Savater, Milton Friedman, Carlos Fuentes, Joan Manuel Serrat, Manuel Vásquez Montalbán, Antonio Escohotado, Daniel Samper, Carmen Rico-Godoy, Carlos Monsiváis, Mario Vargas Llosa. En la misma edición (Nº 1150) de la revista para América figura una entrevista de alguien que se oponía a tan ambiciosa idea. Se trata de quien fuera subsecretario de Defensa Social del Ministerio del Interior, Gonzalo Torrico, que ejercía como funcionario del gobierno de Jaime Paz Zamora, en representación del partido del general Banzer, Acción Democrática Nacionalista (ADN). Dice Torrico, entre otras cosas, “legalizar crearía gran adicción”.

La revista Cambio 16 asumió el texto de García Márquez que ya era Premio Nobel de Literatura como un “Manifiesto a favor de la Legalización de las Drogas” que en sus partes salientes dice: “La prohibición ha hecho más atractivo y fructífero el negocio de la droga y fomenta la criminalidad y la corrupción a todos los niveles. Sin embargo, los Estados Unidos se comportan como si no lo supieran. Colombia con sus escasos recursos y sus millares de muertos, ha exterminado numerosas bandas y sus cárceles están repletas de delincuentes de la droga. Por lo menos cuatro capos de los más grandes están presos y el más grande de todos se encuentra acorralado. (Para cuando se publicó este material, Pablo Escobar ya había muerto)/ En Estados Unidos, en cambio, se abastecen a diario y sin problemas 20 millones de adictos (en la actualidad la cifra bordea los 30 millones), lo cual solo es posible con redes de comercialización y distribución internas muchísimo más grandes y eficientes./ Puestas así las cosas, la polémica sobre la droga no debería seguir atascada entre la guerra y la libertad, sino agarrar de una vez al toro por los cuernos y centrarse en los diversos modos posibles de administrar la legalización. Es decir, poner término a la guerra interesada, perniciosa e inútil que nos han impuesto los países consumidores y afrontar el problema de la droga en el mundo como un asunto primordial, de naturaleza ética y de carácter político que solo puede definirse por un acuerdo universal con los Estados Unidos en primera línea./ Y por supuesto con compromisos serios de los países consumidores para con los países productores. Pues no sería justo, aunque sí muy probable, que quienes sufrimos las consecuencias terribles de la guerra nos quedemos después sin los beneficios de la paz. Es decir que nos suceda lo que a Nicaragua, que en la guerra era la primera prioridad mundial y en la paz ha pasado a ser la última.”

A 29 años de tan grande iniciativa que por supuesto no prosperó en ningún sentido, las cosas siguen exactamente igual. O peor. Las ficciones televisivas seriales han convertido a los narcotraficantes en los portaestandartes de la épica de moda. Trabajar en el narco significa el sueño de alcanzar poder y dinero transitando por la avenida más corta, cuando en términos generales significa autocondenarse a una vida de clandestinidad y sobresaltos, con la muerte acechando a toda hora. Está claro: las políticas de lucha contra el narcotráfico sirven para tapar dos agujeros cuando en ese mismo instante se están abriendo seis en lugares próximos en los que se capturan narcotraficantes. Se trata de una guerra inútil, sin fin y que a estas alturas sirve para que algunos liberales contradictorios desde sus espacios periodísticos usen el tema para autocalificar a nuestro país en su calidad de productor de hoja de coca como un narco Estado y para estigmatizar al principal dirigente campesino que representa a las organizaciones de productores en la zona del Chapare como al “cocalero Morales”.

La lucha contra la producción y comercialización de las llamadas sustancias controladas continúa siendo un entramado dispositivo de control político a cargo de los gobiernos estadounidenses, en el que además sus propios combatientes suelen transgredir la delgada línea que los lleva a usufructuar de conexiones con los capos de la droga y de generar sistemas informativos dentro las fuerzas regulares represivas para ayudar a estos empresarios ilegales a tomar recaudos cada vez que un operativo es inminente.

Quienes siguen desgañitándose acerca de los países a los que periódicamente se pretende arrinconar por su calidad narco, no comprenden que éste es un asunto que no pasa por la moral, sino por la compleja condición humana. Si algún día llegáramos a aceptar la iniciativa de García Márquez y los intelectuales que lo respaldaron en 1993, seguro que se trataría de una contribución para hacer de este planeta un lugar más habitable y menos absurdo.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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El movimiento de Kiro Russo

/ 26 de marzo de 2022 / 01:28

En otros tiempos se hubiera dicho que Elder Mamani tiene la cara y el gesto de “un artillero de la Buenos Aires”, la interminable y populosa arteria de la ciudad en la que se cruzan la modernidad metropolitana y la ancestralidad aymara repleta de khatus en la que sobreviven en el amontonamiento de talegos de papas y cebollas, esos condenados a cargar sobre sus espaldas desde tubérculos hasta muebles, para descender, por ejemplo, la calle Los Andes, tosiendo y soportando humillaciones de las caseras que se burlan del aparapita siglo XXI y que se constituyen en comerciantes de orígenes étnicos parecidos pero ya con estatus de exitosas propietarias.

De su natal y minera Huanuni (Viejo calavera, 2016), Elder aparece tres años después incrustado a la mala en esa La Paz del estruendo marchista cada vez que los mineros se apoderan del luminoso centro de la ciudad. Un par de explosiones de dinamita y una consigna — “sangre de minero, semilla de guerrillero”— significan el apunte preciso y único para situar el contexto histórico político del que emerge este antihéroe proveniente de las entrañas de la mina y de los tugurios en los que aprende a alcoholizarse con puntualidad autodestructiva y a partir de este prolegómeno, Kiro Russo y su banda conformada por Pablo Paniagua en la fotografía y Miguel Llanque en la música, nos internan en un viaje tan infernal como alucinante hacia los recovecos de la ciudad pesadilla escondida detrás de la mentira político propagandística que la estereotipa con frivolidad turística como ciudad maravilla.

Elder había perdido a su padre en Huanuni y se dedica a chupar como descosido. Con un salto hacia la ciudad prometedora que es en realidad un espejismo, llega junto a sus compañeros Gallo y Gato con demandas por trabajo y salario, para terminar estampillado en cualquier antro, zaguán o callejuela registrada con los inigualables adobes de Comanche que resplandecen hasta el enceguecimiento. Desde los sonidos iniciales en que la película es profundamente audio, se va abriendo firme y segura hacia una iconografía de la ciudad andina en la que se puede conjeturar por intuición cómo leía sus poemas Jaime Saenz masticando las palabras con los dientes amarillentos y el acento metálico, todo ello pronunciado por ese anciano y barbado curandero que dialoga con la naturaleza y que se autoidentifica como salvador de cuerpos y almas, paralelamente interceptado por un médico estudiado en universidad que rechaza las creencias y los rituales, y que dice que dolencias como las de Elder se curan a partir del diagnóstico científico.

El gran movimiento alude, sin proponérselo, a las dos expresiones político-partidarias más importantes y determinantes de nuestra historia contemporánea, pero en esta nueva audacia de Russo, esto es solamente telón de fondo, porque sus decisiones creativas vuelven a pasar por la relación de la existencia en crisis de un personaje con el entorno que queda confundido en callejones clandestinizados en los que hay que inventar in extremis momentos para danzar entre luces de discoteca ochentera, sillas y mesas de lata o entre chiwiñas nocturnas cuando el mercado ya ha dejado de atender, y las cholas vendedoras se transforman en bailarinas hiphoperas con esos movimientos rítmicos liberadores que prescinden del folklore dominante y millonario.

En un momento clave, del protagonista convaleciente emerge una luz blanca y circular que podría leerse como un mensaje de “te vas a morir Elder” y que termina arremolinada con un plano de los trencitos subterráneos que transportan el mineral, condensación visual del sacrificio colectivo y el resquebrajamiento personalísimo, toda una lección de síntesis visualaudio para comprender el ajayu de la narración.

Entre el trabajo insalubre y el desenfreno del bebedor consuetudinario, el camino hacia el deterioro físico y hacia el coqueteo con la muerte se hace prematuro en este Elder como en tantos de sus compañeros y amigos, que aparece postrado con el torso desnudo cual si fuera un Cristo yacente que evoca pinturas y esculturas barrocas de la Edad Media, composición con las que queda constatada la riqueza de una historia que se ramifica en significaciones y simbolismos.

La película incomoda y aprisiona. Desafía a salir del apoltronamiento citadino plano y aburrido, para sumergirnos en una atmósfera tan ajena a la vida normal del centro urbano, situada de espaldas a las periferias del tedio, el desempleo y el consumo de alcohol con militancia existencialista. No hay más nada que transcurrir, porque si algo hacen los personajes que van junto a Elder o detrás de él, es transcurrir comentando lo que les va pasando en el día a día, en climas que van desde el frío y descriptivo documental hasta la más riesgosa alusión onírica de una ciudad lúgubre, visualizada por una cámara capaz de poner en entredicho la indiferencia y la monotonía con la que sabe vivir el espectador desprevenido.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Una Defensora del Pueblo

/ 12 de marzo de 2022 / 01:25

La consigna y la obsesión antimasista se han estrellado contra Nadia Cruz, la defensora del Pueblo que debió asumir el cargo interinamente luego de la renuncia de David Tezanos Pinto hace algo más de tres años. Se la tacha, sin argumentación ni pruebas a la mano, de alineada con el partido azul y de haberse convertido en alguien que ha hecho de la institución un reducto para defender a los afines al nuevamente partido de gobierno que conoció el ejercicio del poder durante 14 años consecutivos.

La gestión de Cruz ha producido un extenso y pormenorizado informe defensorial que expone con notable rigor y apego a la veracidad de los hechos, lo sucedido en el peor año de este siglo que pudo vivir Bolivia en materia de violaciones a los derechos humanos, durante fines de 2019 y gran parte de 2020. Si se examina con detenimiento dicho documento, se comprobará que gran parte de sus contenidos coincide con lo hecho por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a nuestro país por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero como las maltrechas oposiciones privilegian el tirarle basura al MAS, descalifican la gestión de alguien que tiene trayectoria, conocimiento y compromiso en la gestión de defensa de los derechos humanos en el país.

A las puertas de un nuevo nombramiento en el cargo para la gestión 2022-2028, el escenario se presenta carnavalesco y anecdótico. Debe ser una broma que un converso como Manuel Morales Álvarez, del mal llamado Comité Nacional de la Democracia (Conade), aparato antimasista por sobre todas las cosas, pretenda considerarse habilitado para optar al cargo. No puede por requisitos. No debe porque jugó de manera sesgada y vergonzosa el papel de portavoz de Amparo Carvajal durante el gobierno de Áñez, mandamás de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que, entre varias de sus lamentables actuaciones, calificó como “resistencia necesaria” a un grupo irregular violento como la Resistencia Juvenil Cochala que ya tiene a un sentenciado por asesinato de un periodista y a varios otros procesados por desmanes, violencia, racismo y discriminación producidos entre octubre y noviembre de 2019.

Bolivia necesita una Defensora del Pueblo. No un Defensor. Debe ser mujer porque en tiempos de desenfrenada violencia de género, el activismo feminista debe profundizar el rol decisivo que juega, fortaleciendo su presencia en la administración de las instituciones estatales comprometidas por ley a luchar por los derechos ciudadanos en todas sus instancias. La Defensora del Pueblo no puede ser una militante del MAS, de Creemos o de Comunidad Ciudadana y por lo tanto tampoco una exdiputada o exsenadora que ejerció funciones con carnet partidario, según los requisitos en discusión para la selección de quienes cuenten con todas las credenciales de idoneidad y profesionalismo para ejercer al cargo. Tampoco parece sensato pensar en feministas que en el extremo de un posicionamiento “antisistema”, utilicen las armas de la violencia verbal patriarcal para combatir a machistas, feminicidas, violadores seriales y otras ramas que forman parte de la monstruosidad masculina.

La Defensora del Pueblo debe ser, en primer lugar, alguien con recorrido en el activismo y en la defensa cotidiana de los derechos humanos. Que conozca la problemática a fondo y que tenga en su espectro qué y cómo se debe gestionar la institución y para ello, como para ninguna otra instancia de alta responsabilidad pública, la elección debiera hacerse por consenso, producto de la unanimidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hacer lo otro, ajustando requisitos a la medida de la agenda política gubernamental, o a la de los intereses de las minorías parlamentarias, sería incurrir en tretas que inviabilizarían la elección. De la histeria, el griterío, el insulto y el jaloneo de diputados o senadores, hay que pasar a la mesa del razonamiento. El MAS debe ceder y por supuesto que sus oposiciones también.

En 2016, Rogelio Mayta debió haber sido elegido Defensor del Pueblo, pero no sucedió porque se impusieron criterios que superaron la rigurosidad de la convocatoria. Que no suceda otra vez. Que en esta oportunidad llegue la mejor opción por compromiso, conocimiento, dedicación y credenciales de transparencia. Figuran algunas candidatas, de las que hay que descartar a Nadia Cruz que ha manifestado no ser de su interés el tema. En ese conjunto de mujeres que trabajan a diario en temática tan sensible, debiera estar la nueva Defensora del Pueblo. Se trata de personas que no necesitan vociferar en las calles para demostrar cuánto se puede trabajar en esta materia con conocimiento, probidad y sentido de oportunidad.

La Defensoría del Pueblo tiene como misión prioritaria defender a la ciudadanía común de los abusos que comete el Estado contra ella. En otras palabras, su tarea pasa, en gran medida, por una necesaria y permanente interpelación al poder, tan saludable para cualquier democracia.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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