En la década de los 80, propuesto por el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, sale a la luz el conocido como efecto derrame, que en esencia propugnaba la idea de que los impuestos que son cobrados a los agentes económicos sean en menor proporción a los que tengan mayores riquezas, esto con la idea de que la capacidad de ahorro de estos últimos es mayor que la del resto y que, dándoles la oportunidad de que paguen menos al Estado, podrían invertir más y de esta manera mejorar la economía de todos, incluyendo a los más pobres.
En el mundo después de la crisis de la burbuja inmobiliaria quedó demostrado lo perverso de un sistema que alienta a los que tienen más a poder encontrar mecanismos que les faciliten aún más recursos, sin importar su procedencia o si éstos pudieran ser utilizados para fines mucho más productivos o en su defecto para programas sociales de un gobierno, de esta forma la canibalización de la economía encontró su fin al entender que el dinero se lo producía con el trabajo de la gente.
Esta versión economicista de la sociedad era planteada para alcanzar mejores niveles de desarrollo para los países e imponer la idea de que las inversiones de los más ricos y sus dádivas resultaban ser la mejor estrategia, misma que se implementó en nuestro país a finales de los años 80 y principios de los 90.
Los resultados de la implementación del efecto derrame en Bolivia fueron totalmente desalentadores para sus impulsores y toda la sociedad, además de dejarnos en la cola del crecimiento de la región, ensanchó las brechas de desigualdad, dejó al 66,4% de la población bajo umbrales de pobreza (dato para el año 2000) y logró la dependencia en extremo de las políticas que se generaban desde los Estados Unidos, ya que no existiendo recursos para financiar incluso los salarios, no quedaba de otra que estirar la mano para contar con préstamos condicionados del Fondo Monetario Internacional controlado por el país del norte.
Después de 2006 y la implementación de una nueva política de redistribución de los recursos, con la cual se logró sacar a 3,5 millones de personas de la pobreza, se ha marcado historia y que además ha hecho que las últimas votaciones en Bolivia tengan como ganador al partido político generador de este resultado social por demás importante.
La creencia de que los que “tiene más recursos” pueden administrar mejor el dinero, aún tiene en la cúpula cruceña a sus mejores exponentes. Lo lamentable es que el convencimiento de muchos sobre estas capacidades que tienen supuestamente los más ricos, ha logrado simular un modelo de desarrollo liderado por estos “mandraques” de la administración pública, hecho que llama por demás la atención, tomando en cuenta que, el que en su momento fue Ministro de Economía y Finanzas Públicas del gobierno de Áñez, fue durante mucho tiempo responsable de las finanzas en la Gobernación de Santa Cruz. Si este actor clave regional fue trasladado para que se encargue de los recursos a nivel nacional, y tomando en cuenta que venía de implementar un modelo exitoso, lo menos que se hubiera esperado era que Bolivia no cierre el 2020 con una tasa de menos 8,9 del PIB.
Por otro lado, los recientes hechos de corrupción descubiertos donde dinero público destinado a pagar sueldos y salarios de la administración pública en la Alcaldía fueron desviados por autoridades de este municipio y utilizados para fortunas personales, campañas políticas, compra de conciencias y por sobre todo para financiar el golpe cívico policial militar de finales de 2019; ha dejado claro que la presencia de un actor clave como es el aparato público en un modelo ha sido totalmente ineficiente en el manejo de recursos, beneficiando solo a algunos que eventualmente han ocupado puestos de decisión.
Santa Cruz ha sido y es uno de los departamentos con mayor nivel de productividad, pero hay que entender que esto lo hace bajo un esquema nacional, donde si bien produce, el resto de los departamentos adquiere y que eso al final cierra un círculo virtuoso de relaciones económicas en nuestro país. Con el escándalo desatado en torno al mal uso de los recursos públicos de la ciudad cruceña, se ha truncado un proceso de enriquecimiento ilícito de actores políticos, un resurgimiento del efecto derrame y por sobre todo se ha dejado instaurada la necesidad de implementar mejores controles en la gestión del municipio.
Mike Gemio es economista.