Todos los aspectos de nuestras vidas están atravesados por la tecnología. También, por supuesto, el indignante caso de Richard Choque Flores, el feminicida y violador que cuenta con sentencia de 30 años y que, a pesar de ello, estaba en libertad. Quiero repasar algunas de esas aristas tecnológicas porque pueden ser de ayuda para una imperiosa reforma de la justicia que debe incluir aspectos digitales.
Según la información pública con la que se cuenta hasta ahora, el feminicida Richard Choque Flores contactaba a sus víctimas (algunas menores de edad) a través de perfiles falsos de mujeres en Facebook, las convencía para un encuentro en el que obtenía material para extorsionarlas falseando su identidad como la de un policía y obligarlas a tener sexo con él. La Policía ha aprehendido a este criminal como resultado de acciones de ciberpatrullaje y ahora estamos siguiendo cada paso de las acciones judiciales y de presión social desde nuestros celulares.
En primer lugar, además de los crímenes de violación y feminicidio que son de los más graves, el criminal suplantó identidad digital y captó a menores con fines ilícitos a través de redes sociales, estas dos figuras de delitos digitales no están contempladas en el Código Penal, lo que significa que para iniciar un juicio contra alguien hay que esperar a que cometa otros delitos de mayor gravedad ya que los dos delitos digitales mencionados no cuentan como tales para la justicia boliviana.
Por otro lado, el uso del ciberpatrullaje por parte de la Policía tiene un gran resultado en este caso y lo celebramos pero con una preocupación, el ciberpatrullaje no tiene una regulación en el país por lo que no sabemos cómo, cuándo, quién y con qué objetivos se usa. Es decir, el ciberpatrullaje se está realizando contra civiles e ignoramos en qué condiciones.
Ante la impunidad de los delincuentes que violan y asesinan mujeres, la sociedad civil se está organizando para vigilar las acciones de los poderes estatales y exigir justicia. El resultado es un deterioro aún mayor de la institucionalidad democrática y, por otra parte, la legitimidad de las redes sociales como espacios públicos. Las redes sociales son privadas y funcionan con contratos sobre los cuales no tenemos ninguna influencia. Por otro lado, la conclusión ciudadana es que la vida de las mujeres le importa muy poco al Estado y que las autoridades son asquerosamente corruptas ¿Puede haber una conclusión más peligrosa para la legitimidad estatal? No estoy sugiriendo que se censure estas acciones sino que, al contrario, se debe entender estas manifestaciones como pruebas de la extrema urgencia de la reforma de la justicia para que recupere su rol social.
Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. wordpress. com.