La relación entre el sector privado y los gobiernos masistas siempre tuvo sus claroscuros. En la actual coyuntura, no parece particularmente cercana. De por medio, hay cuestiones de confianza y de estilo de comunicación, pero quizás también la dificultad para renovar una agenda concreta de convergencias sustantivas que vaya más allá de repetir ciertos lugares comunes.
El punto de partida debería ser obvio, las relaciones entre los dueños del capital y la izquierda política siempre serán difíciles, unos interesados, por ideología o interés, en ampliar su autonomía y campo de acción, y los otros en regular y/o conducir la actividad económica. Sin embargo, entre esas posiciones, los matices y combinaciones son innumerables, no hay ningún fatalismo ni predeterminación.
La historia reciente lo ha mostrado, durante el gobierno de Evo Morales varios segmentos del empresariado privado transitaron de ser considerados contrincantes políticos a cuasi aliados en las postrimerías de esa administración. Y otros tantos, calladitos ganaron plata como no lo habían hecho en ningún otro periodo. Paradójicamente, el cambio más relevante se produjo en Santa Cruz, donde la confrontación había sido inicialmente más dura, que en otras regiones.
Esos vínculos no fueron homogéneos, siempre hubo temas sobre los que no se podía conversar y no todo el empresariado fue tratado de la misma manera. La relación fue a geometría variable en términos temáticos, sectoriales e incluso personales. Y tampoco fue asumida plenamente por el gobierno quizás para no inquietar a sus primeros amores sindicales y porque, de todas maneras, había nomás desconfianza. Es decir, era una relación de esas que llamaríamos “complicaditas”, pero existía.
Para el pragmático presidente cocalero, el sector privado tenía su lugar en el Estado plurinacional, por supuesto subordinado a un proyecto nacional-popular, por su peso en la economía real, por la necesidad de inversiones para la modernización del país y porque sospechó que entendía que su existencia, en su versión formal y particularmente informal, está mucho más asentada en la estructura social y la cultura nacional de lo que suponen algunos teóricos de la izquierda radical.
Hoy las cosas se han vuelto más difíciles por las inocultables rupturas emotivas y políticas que implicó la participación, real o percibida, de muchos empresarios en el quiebre constitucional de noviembre de 2019 y en el nefasto gobierno de Áñez. Hay pues confianzas a restablecer y aclaraciones a realizar antes de sentarse a conversar de cosas serias. Eso no es menor.
Pero, quizás el problema no es solo relacional, sino de fondo: ¿cuál es la agenda sobre la cual ambos pueden reencontrarse para buscar algún acuerdo o trabajo conjunto? Y no es suficiente apelar a la “reactivación”, “la diversificación” u otras generalidades. Tampoco ayuda mucho el aparente enamoramiento de varios empresarios por un insólito discurso y agenda libertaria de un simplismo que aturde, no tanto por su gran lejanía de la ideología de la izquierda gobernante, sino por su desconexión con la realidad social y política boliviana.
En los tiempos de Morales, la convergencia se produjo en torno a un impulso desarrollista, por eso el centro de ese diálogo fue Santa Cruz, porque ahí reside quizás la única verdadera burguesía con un proyecto productivo y de desarrollo territorial, que puede gustar o no, pero que existe. Frente a esa propuesta, la Agenda Patriótica no estaba muy lejos: se trataba de construir infraestructura, desarrollar y ocupar el territorio, ampliar la producción agropecuaria, compatible con los intereses de muchos sectores campesinos del MAS y acelerar las inversiones conjuntas que acompañen la expansión económica y demográfica hacia el este y el norte amazónico.
Sin descartar que la anterior agenda siga siendo válida, habría que preguntarse si no hay nuevos temas que surgieron o se reforzaron por la crisis que hemos vivido o por el agotamiento o al menos la insuficiencia de la modernización económica y social iniciada con el boom del gas de los dos primeros decenios de este siglo. Sin una claridad sobre lo que se busca construir y sobre las restricciones del otro para conversarlas, será difícil reconstruir una agenda de trabajo fecunda entre gobierno y sector privado.
Armando Ortuño Yáñez es investigador social.