El 2022 arrancó con dos hechos que exponen a la justicia descarnadamente, aunque con impacto mediático y social diferente. En un caso, un inocente encarcelado preventivamente por casi cuatro años y acusado de un hecho de feminicidio estaba a punto de ser sentenciado a la máxima condena. Este hecho pasó casi inadvertido. Mientras el otro, un juez inescrupuloso liberó a un feminicida, sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, que generó un estupor porque volvió a cometer crímenes a otras mujeres.
Brayan Ríos, muchacho que trabajaba de payaso, a quien la Fiscalía le acusó de asesinar a una expareja sentimental. Las pruebas basadas en “estudios científicos de absorción atómica” determinaron que él disparó el arma. Cuando el juez iba a dictaminar la máxima sentencia de 30 años de presidio sin derecho de indulto, en un arrebato de culpa —cosa rara en estos tiempos— el verdadero responsable de este delito confesó su crimen. El segundo caso, Richard Choque Flores, feminicida serial gozó, al igual que otros sentenciados, imprevistamente de una liberación ilegal para dar rienda suelta a los instintos criminales. En ambos casos, hay un hilo en común: el accionar perverso del entramado judicial.
Ningún tema público concentró más esfuerzos en las últimas semanas que conocer que el proceder atroz de la justicia supera la imaginación. Obviamente, este tema es más complejo y entuerto de lo que mediáticamente se muestra. Gracias al horror que produjo conocer los asesinatos de mujeres de un feminicida y, sobre todo, por la complacencia de un juez que por un puñado de dinero y un whisky sacaban a sentenciados a 30 años de la cárcel sin ningún rubor. Asimismo, debería generar también horror por aquella gente inocente encarcelada que debe pagar por delitos que no cometió, inclusive con la pena máxima, gracias a la negligencia o la corrupción de fiscales, jueces y policías.
Obviamente, el asesino serial fue noticia por el peligro que generó en la sociedad, o sea, este caso está articulado al miedo producido porque los delincuentes estén sueltos, y en el caso de la condena injusta de inocentes en la cárcel, los mismos indignados se hacen a la vista gorda. Quizás, la empatía en la sociedad está a la deriva y valores como la solidaridad por el otro escasean.
Ni los medios, ni las autoridades, ni la misma sociedad se ruborizan por aquellos hechos injustos que derivan en inocentes en la cárcel, empero, la cobertura mediática es amplia en aquellos casos que hay que saber qué hizo y cómo hizo el criminal suelto, pero no en afán de informar responsablemente, sino con un sensacionalismo para saciar la morbosidad de la audiencia.
Mientras tanto, casi nadie se exasperó de que un inocente esté casi cuatro años en la cárcel o aún peor sea sentenciado a 30 años de cárcel injustamente debido al trabajo irresponsable de los mismos operadores de justicia que sueltan a culpables a la calle. En el caso del inocente casi condenado, los medios le dieron poca cobertura, las autoridades judiciales no se preocuparon en saber si hay más inocentes en la cárcel. Quizás, porque un inocente en la cárcel no es un hecho noticioso.
Gracias a esos asesinos condenados por las dádivas de los jueces quedaron libres, hay una aceptación social de una reforma judicial, pero no hay la misma dosis de indignación para solicitar la misma reforma por el proceder despiadado de sentenciar a inocentes para pagar por delitos ajenos. En todo caso, es doblemente indignante el accionar de la justicia: criminales sentenciados gozando de una libertad ilegal e inocentes detenidos injustamente.
Yuri Tórrez es sociólogo.