¿La Subasta Electrónica es una solución para evitar la corrupción? Antes de responder, primero debemos entender cómo funciona y los fines que persigue.

La Subasta Electrónica es un mecanismo que se emplea en las licitaciones públicas en que las empresas y personas naturales compiten en tiempo real y en línea, con la presentación de sus propuestas electrónicas y ofertas económicas cada vez más bajas durante un tiempo determinado. Es una subasta a ciegas, es decir, ningún proponente conoce la oferta que ha realizado otro proponente en la etapa de la puja, solo conoce si está ganando o no a través de semáforos. Al finalizar esta etapa se publica, en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), los proponentes que participaron y las propuestas económicas presentadas como mecanismo de transparencia.

Tiene como principales objetivos: incrementar la transparencia en las compras públicas, lograr mayor participación de los proponentes, obtener ahorros tanto para el Estado como para los proveedores y fomentar la sostenibilidad ambiental en las compras públicas.

Ahora, considerando que las contrataciones públicas tienen una relevancia político-social, ya que por medio de éstas se instituyen las políticas públicas sociales, medioambientales y económicas, se convierten en un punto muy sensible y un imán para la corrupción, las razones para esto incluyen tanto el “volumen de las transacciones y los intereses financieros en juego” como la “complejidad del proceso, la cercana interacción entre los funcionarios públicos y las empresas y la multitud de partes interesadas” (OCDE, 2016).

Sin embargo, la pregunta probablemente será si realmente la Subasta Electrónica evita la corrupción. Y ciertamente, el objetivo principal de la Subasta Electrónica es minimizar los riesgos de corrupción, a través de la integridad pública y la transparencia gubernamental, por medio de: primero, la publicación de la información de las contrataciones que realizan todas las entidades públicas a través del Sicoes, que permite conocer a cualquier ciudadano de a pie ¿qué?, ¿cómo? y ¿a quiénes? contrata el Estado y poder realizar el control social.

Segundo, la presentación de propuestas electrónicas y las ofertas económicas en línea, que evita el manipuleo de propuestas y favorecer a unos cuantos o a “amigos”, con lo que se da mayor seguridad y confianza a los potenciales proponentes para participar en las convocatorias del Estado.

Tercero, el uso de medios electrónicos facilita el acceso a la información y a la participación de los proveedores en las compras públicas, con lo que se incentiva a una amplia y sana competencia.

Cuarto, disminuye el contacto directo con el personal de la entidad y los proveedores que se tienta a corromper a los “servidores públicos” que se quieren favorecer del Estado, y los pongo entre comillas porque éstos no merecen llamarse servidores públicos, que es otro tema por tratar.

Finalmente, no permite las colusiones entre proponentes al contar con una subasta a ciegas, que de acuerdo a estudios de la OCDE se ha demostrado que cuando las empresas se coluden, el costo de los bienes y servicios puede aumentar en por lo menos un 20%.

A un año de la aplicación de la Subasta Electrónica se ha logrado importantes resultados en la transparencia de las compras públicas, considerando que el 76% de las propuestas de bienes han sido electrónicas, se ha logrado duplicar la participación de los proponentes en los procesos de contratación y debido a la mayor competencia entre empresas se ha lograda un ahorro de Bs 295 millones en las adjudicaciones de bienes.

Considerando los resultados obtenidos y que es un mecanismo efectivo para la lucha contra la corrupción, el Gobierno ha ampliado la aplicación de la Subasta Electrónica en la contratación de bienes y servicios generales, proyectando alcanzar el 99% de los bienes y el 97% de los servicios que contratan las entidades públicas.

Camelia Delboy Cuevas es administradora de empresas especialista en Compras Públicas.