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Sunday 14 Aug 2022 | Actualizado a 09:02 AM

El PFF, una carta de navegación

/ 17 de febrero de 2022 / 02:35

Cuentan entendidos que durante los años 90 y principios de los 2000 (años del modelo neoliberal), los responsables de la conducción de la economía nacional (ministros de Economía y presidentes del Banco Central de Bolivia) no veían la hora para que la “visita de los del Fondo” (en alusión a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional) llegue a suelos bolivianos y con ellos trajesen las recetas/ lineamientos que debía seguir la economía durante el año. Éstos fueron los famosos Memorándums de Entendimiento (Stand by Agreements), donde se fijaban las metas macroeconómicas elaboradas y aprobadas por funcionarios del FMI, sin que profesionales bolivianos intervengan para su elaboración.

En estos “acuerdos” se “imponían” a los gobiernos de turno (que muchas veces aceptaban sin el menor reparo) una serie de paquetes y medidas económicas, además de la dirección que debía seguir la administración de finanzas públicas: el control del resultado fiscal (déficit), la inflación, etc., para beneficiarse del financiamiento del organismo internacional. Lo cierto es que estos créditos externos, en muchos casos, solo priorizaban la asignación de recursos para el gasto corriente —pago de sueldos del sector público— y una ínfima proporción para la inversión pública.

A partir de 2006, bajo la constitución de un gobierno legal y legítimamente elegido, la conducción de la economía dio un giro de 180 grados. Se recuperó la plena participación del Estado en la economía de forma soberana y libre de la injerencia de organismos internacionales. Esta soberanía se plasmó en la firma del “Acuerdo de Ejecución del Programa Fiscal Financiero” entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia, el cual remplazó los Memorándums de Entendimiento del FMI.

Así, el Programa Fiscal Financiero (PFF) se constituyó en un instrumento de planificación y coordinación de las políticas económicas, donde se establecen los objetivos y metas de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, para preservar la estabilidad macroeconómica, promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, en los días precedentes, algunos analistas han cuestionado al PFF-2021 por no haber alcanzado las metas señaladas en tal documento.

Se nota que estos analistas vienen de una antigua tradición económica donde lo que importa es el dato frío y muerto, como si las metas macroeconómicas estuviesen grabadas en piedra y no reflejasen el comportamiento de personas de carne y hueso. Olvidan, intencionalmente, que la actual administración viene realizando esfuerzos en la reconducción y reconstrucción de la economía, mediante el impulso de la inversión pública y otras medidas redistributivas, tras la gestión improvisada del gobierno de facto en 2020; y que la pandemia por COVID-19 ha limitado el crecimiento de las economías del mundo (salvo China).

La mayoría de los Estados, bajo el contexto de la pandemia, han hecho uso de una política fiscal expansiva para aminorar los efectos sobre la población y que, en los siguientes años, su intervención será aún más decisiva en la economía ante posibles amenazas de otras pandemias. Se debe comprender, en ese sentido, que el PFF antes de ser algo sacramentado, como en tiempos del FMI, es una carta de navegación, que cobra vida, a medida que se avanza en la reconstrucción de la economía.

Charls Ticona Rojas es economista.

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RIN, inversión privada e industrialización

/ 23 de junio de 2022 / 02:04

Según una definición convencional sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN), son activos financieros que representan el poder de compra internacional que tiene un país, que puede ser empleado en caso de contingencias. Actualmente son administradas por el Banco Central de Bolivia (BCB) y están compuestas de oro y monedas extranjeras.

Históricamente existen tres motivos para mantenerlas: i) el orientado a garantizar los pagos internacionales por bienes y servicios importados; ii) por motivos precautorios frente a crisis financieras (para el pago de la deuda en el exterior); y iii) según el régimen de tipo de cambio y monetario que adopte la economía, respaldando la confianza que tienen las personas en sus monedas nacionales.

Mientras una economía pueda atender estos tres motivos, una menor proporción de RIN no conllevará a desequilibrios internos ni externos per se. Así, según el documento Administración de las Reservas Internacionales, del BCB, de marzo de 2022, “al 31 de diciembre de 2021, el ratio de cobertura de las RIN en relación con el PIB alcanza a 12% y el nivel de reservas permite cubrir seis meses de importaciones de bienes y servicios; y cuatro veces el servicio de deuda externa de corto plazo, por encima de los umbrales referenciales internacionales en materia de administración de reservas” (tres meses de importación y una vez el pago de la deuda externa de corto plazo).

Ahora, pensar que la economía deba acumular más RIN de las que necesita, no tiene en sí sentido, porque se incurriría en un costo de oportunidad por tener inventarios por encima de los requerimientos del ciclo de la economía. Entonces, cuál es la intención que tienen ciertos analistas para indicar que vivimos en una economía del gasto producto de la utilización de las RIN.

Decir que en 2014 teníamos RIN cercanas a $us 15.000 millones y que ahora están cerca de $us 4.000 millones, no implica una mala conducción de la economía, mientras se mantenga los niveles necesarios, como se indicó líneas arriba.

Bien podría haberse decidido no tocar los $us 15.000 millones y recibir el pago de intereses por haberlos depositado en mercados internacionales o ver acrecentar su valor por el alza en las cotizaciones del oro, por ejemplo; sin embargo, se las utilizó para el proceso de industrialización, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 que demandó una fuerte inyección de inversión pública, cercana a $us 20.000 millones durante esos años. Además, en dicho plan ya se tenía prevista una disminución de las RIN y una corrección paulatina de los resultados fiscales por esta inversión.

En última instancia, el reclamo de estos analistas no es tanto por el uso de las RIN, sino que, según ellos, estos recursos debían ser empleados en favor de la iniciativa privada, a través del mercado, como asignador de recursos, y dejar al Estado, la educación y la salud como principal función. Uno podría estar de acuerdo, si no fuera que nuestros empresarios nacionales tienen una visión pequeña, rentista y dependiente del Estado.

No podemos olvidar ciertos eventos de la historia, especialmente si no fueron casos aislados, donde un reducido grupo de “grandes” empresarios privados se benefició de la dotación de tierras públicas en el oriente, además de acceder a “créditos generosamente subsidiados” (para la producción algodonera) por parte del Banco Agrícola Boliviano entre 1972 y 1975, pero al no darse los resultados esperados terminaron en “mora con el Banco Agrícola sin hacer mucho ruido, y el gobierno absorbió las perdidas sin tratar de cobrar los préstamos ni rematar ninguna propiedad” (Morales & Sachs; 1987).

La posibilidad más clara que tuvo y tiene el país de industrialización, no viene por el lado de la inversión privada, ni siquiera de la inversión extranjera directa, sino por el Estado, he ahí la justificación del uso de las RIN bajo el actual modelo económico.

Charls Ticona Rojas es economista.

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El ave de la tristeza y el constructor de molinos

/ 6 de abril de 2022 / 02:19

Un antiguo proverbio chino dice: “No puedes evitar que el ave de la tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí que anide en tu cabellera”. Dicho proverbio nos enseña que la tristeza es algo que siempre está presente en nuestras vidas, pero depende de nosotros que tal sentimiento se apodere, permanezca y marque nuestro camino.

En los días precedentes, muchos economistas y opinadores políticos han sostenido una serie de malos augurios para nuestra economía, tratando de impregnar en la población boliviana una especie de zozobra y tristeza. Lo cierto es que este 2022 la economía boliviana nuevamente mostrará buenos indicadores, a pesar del contexto externo de pandemia y del conflicto entre Rusia y Ucrania.

En el Programa Fiscal Financiero (PFF) 2022, que se firmó en estos días, las autoridades económicas señalaron que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzará al 5,1% (resultado de la inversión pública), con una inflación moderada del 3,3% (dependiendo mucho de los efectos que tenga el alza de precios internacionales de ciertas materias primas, como los cereales, por efectos de la guerra); y un déficit controlado de 8,5% del PIB (por debajo al registrado en 2021 de 9,3% y mucho más respecto a 2020, cuando éste llegó al 12,7%).

Entonces, lo que se espera en el resto del año es que se reactiven aún más las actividades económicas, y que producto de tal acontecimiento se dé una mayor reducción del desempleo, que a diciembre de 2021 cerró en 5,4%. Así quedará en el recuerdo el 11,6% alcanzado en julio de 2020, donde malas decisiones en el manejo de la pandemia afectaron los bolsillos de la población y de las empresas.

Parte de la reactivación de la economía se deberá a la redistribución de los ingresos vía la otorgación de los bonos, como el bono Juana Azurduy, el Subsidio Universal Prenatal por la Vida (el cual consiste en una canasta de productos necesarios para la madre y el niño en formación), la Renta Dignidad, el bono Juancito Pinto y el bono para la población con discapacidad grave y muy grave.

Igualmente, la inversión pública juega un rol muy importante en la dinamización de la economía. Los cerca de $us 5.015 millones que se inyectarán en esta gestión, permitirán que sectores como construcción, comunicación, transporte y almacenamiento mejoren aún más el performance alcanzado en 2021. Asimismo, las empresas públicas comenzarán a reportar mayores utilidades y quedarán atrás aquellos rumores que decían que no eran rentables.

Es por los buenos resultados de gestiones pasadas que los bolivianos votaron en octubre de 2020, legitimando el modelo económico “hecho en Bolivia”, y que con la firma del PFF 2022 renuevan las esperanzas y el compromiso del Estado de construir una economía libre y soberana. Es la certeza y la estabilidad política, económica y social que las familias bolivianas necesitan en tiempos de COVID-19.

Para terminar, otro proverbio chino dice a la letra: “Cuando sopla el viento, algunos construyen muros y otros molinos”. Son algunos opinadores que prefieren hacer muros y pintar nubarrones de tristeza, pero es la inmensa mayoría de la población boliviana que apuesta por crear molinos con base en su esfuerzo y trabajo.

Charls Ticona Rojas es economista.

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El PFF y el peso de la historia

/ 22 de marzo de 2022 / 02:11

El Programa Fiscal-Financiero (PFF) es un instrumento de planificación y coordinación de las políticas económicas, donde se establecen los objetivos y metas de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, para preservar la estabilidad macroeconómica, promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de la población. Es totalmente opuesto a los memorándums de entendimiento (Stand-by Agreements) firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante los años neoliberales.

¿Qué es lo que le hace distinto al PFF de los acuerdos del stand-by con el FMI? La respuesta está en la historia. Se debe recordar que durante la vigencia del modelo neoliberal, lo único importante para las autoridades económicas era la estabilidad macroeconómica, porque todo lo demás lo proveería el mercado. En esos años, de 1985 a 2005, se tuvo una relativa estabilidad macroeconómica: se alcanzó una inflación elevada, de hasta dos dígitos en algunos años, la cual mermaba el poder adquisitivo de la población mes a mes. Asimismo, todos los días los bolivianos debían estar atentos a la cotización del dólar, ya que si querían comprar algunos bienes (muebles, electrodomésticos, etc.), éstos estaban indexados al precio del dólar, por lo que, nuevamente, percibían que sus ingresos no les alcanzaban y veían lejana la posibilidad de comprar los bienes, porque sus salarios tampoco aumentaban.

Durante el periodo neoliberal se registraron altos déficits fiscales, explicados por el gasto corriente —principalmente destinado al pago de sueldos y salarios—, la posición comercial del país era deficitaria (se importaba más de lo que se exportaba); las Reservas Internacionales Netas (RIN), en promedio bordeaban los $us 1.000 millones, salvo en 2005 cuando se alcanzó los $us 1.700 millones.

Todos los gobiernos neoliberales y sus administradores de la economía (léase ministros y demás jerarcas de la economía) indicaron que se crearía muchas fuentes de trabajo, y bajo esa promesa nos encajaron, primero, la privatización y, luego, la capitalización. Sin embargo, solo se enriquecieron los empresarios privados extranjeros (ni siquiera los nacionales), mientras que el pueblo se sumía en la pobreza. Cansada la población de que le den gato por liebre, decidió salir en protesta contra esos gobiernos de turno por las promesas incumplidas, recibiendo como respuesta: palo y represión.

Con la asunción democrática del Movimiento Al Socialismo (MAS) al gobierno, todo este panorama cambió. No solo era importante la estabilidad macroeconómica, sino que era necesario el desarrollo económico del país (vía inversión pública) y atender las necesidades de la población (mediante la redistribución de los ingresos). Esto se tradujo en una reducción de la pobreza moderada de 60,6%, en 2005, a 36,3% en 2021, al igual que la pobreza extrema, que pasó de 38,2% a 11,1% para similar periodo. Ni qué hablar del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el cual fue superior a los años neoliberales, y posicionó al país, por muchos años, como la economía de mayor crecimiento en la región sudamericana.

Todo esto se pudo lograr gracias a la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, con sus brazos operativos: el Programa Fiscal Financiero y los Planes de Desarrollo Económico y Social. Si en ese momento (los años 80, 90 y principios de 2000) se hubiesen preocupado ciertos economistas, tal como lo hacen hoy, por el conjunto de economía del país y su población, y no solo por unos cuantos indicadores, otro hubiese sido el cantar. Algunos preferían ver, desde lo más alto del Banco Central de Bolivia, la finitud del horizonte, antes que entender y proponer alternativas de desarrollo para el país.

Charls Ticona Rojas es economista.

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Caminando con orgullo y soberanía

/ 2 de abril de 2021 / 03:07

Nuestro Himno Nacional en su primera estrofa señala “Bolivianos el hado propicio coronó nuestros votos y anhelo; es ya libre, ya libre este suelo, ya cesó su servil condición”. Estas líneas deberían ser una constante en la vida de todos los bolivianos, sin olvidar por lo que pasamos desde la colonia, la república y la época neoliberal, donde la mayoría de la población se vio sojuzgada no solo por un orden interno, sino también externo.

No obstante, existen ciertos grupos de poderes políticos y económicos para quienes estas estrofas no les interpelan en lo absoluto en sus conciencias. A ellos les dictan más el afán de la ganancia, por lo cual no dudaron en entregar las riquezas económicas a intereses foráneos. Para alcanzar tales fines se sirvieron de los gobiernos de turno, con todo su aparato burocrático, fijando medidas económicas totalmente contrarias a los intereses nacionales.

En el ámbito económico, en un pasado reciente, las políticas económicas —que no se ajustaban a nuestro contexto y realidad— se definían desde el hemisferio norte, en organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por azares de la vida, por poco y se repite esa historia en 2020, cuando el gobierno de facto contrajo un crédito ilegal e ilegítimo, poniendo bajo servilismo nuestra economía ante el FMI y con la firma de un Programa Fiscal- Financiero, donde primó la reducción del déficit fiscal en desmedro de la inversión pública.

Esa situación cambió con la asunción de un gobierno legítimamente electo en octubre de 2020, con la suficiente autoridad y autonomía sobre los temas económicos. Tanto así que en los días precedentes se volvió a firmar de forma soberana un nuevo Programa Fiscal-Financiero para la gestión 2021, donde se establecen ciertas metas macroeconómicas a alcanzar. Es importante resaltar que el país recuperará la senda del crecimiento económico, ya que pasaremos de una caída de 11,1% del PIB, al segundo trimestre de 2020, a un incremento de la actividad económica del 4,4% para la presente gestión.

Para ello se recurrirá al principal motor del crecimiento económico que tiene nuestra economía: la inversión pública, la que bordeará los $us 4.011 millones. Cabe aclarar que el gobierno de facto no entendió la importancia de este componente y su efecto dinamizador en nuestra economía, por lo que la desdeñó desde un principio.

Asimismo, es importante mencionar que desde la asunción del presidente Luis Arce Catacora se han ido implementando medidas enfocadas en la reconstrucción de la economía nacional, entre las que destacan: el pago del Bono Contra el Hambre, el incremento de las rentas de jubilación, la promulgación de la Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas, el establecimiento de fidecomisos para la sustitución de las importaciones, la creación de un Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional (Fogadin), entre otras, cuyos resultados en el corto plazo están dando indicios de una recuperación de la economía.

Así, con la firma del Programa Fiscal-Financiero 2021, Bolivia vuelve a caminar con orgullo y soberanía, porque “es ya libre, ya libre este suelo, ya cesó su servil condición”.

 Charls Ticona Rojas es economista.

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¡Que coman pasteles!

Más impacto tendría el reintegro del IVA, por el cual se espera una recaudación de $us 115 millones, unas 7,7 veces más que el IGF.

/ 15 de enero de 2021 / 00:55

Cuenta una anécdota que días previos a la Revolución Francesa la reina María Antonieta consultaba a sus sirvientes por qué el pueblo francés se encontraba convulsionado, a lo que le contestaron que “piden pan para comer”, pero debido a la escasez de harina, no podían comprar dicho alimento y estaban muriendo de hambre. La “respuesta” que la reina dio a tal calamidad fue “¡que coman pasteles!”.

Más allá si es verdad lo dicho por su majestad o no, la frase atribuye un estado de ánimo compartido por las personas que comprendían la nobleza y la jerarquía religiosa de la época: la frivolidad e insensibilidad ante el sufrimiento de los pobres por parte de las poblaciones más acomodadas y ricas. En nuestros días, parece que dicho estado de ánimo/actitud persiste, solo que ahora se la trata de justificar bajo un discurso economicista.

El Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) ha saltado a la palestra y como era de esperar surgieron algunos “detractores”. La retórica que utilizan es que producto de este impuesto se desincentivará la inversión privada, que se está castigando el emprendedurismo y que estos recursos serán empleados para engrosar el aparato estatal, atribuyendo en última instancia un “odio” al sector privado.

Lo cierto es que se trata de un impuesto que en el mejor de los casos recaudará unos $us 15 millones, afectando a 150 familias adineradas. Más impacto tendría el reintegro del IVA, por el cual se espera una recaudación de $us 115 millones, unas 7,7 veces más que el IGF.

En conjunto, dichas medidas tienen por espíritu la solidaridad. Lo que buscan ambos impuestos es una mayor progresividad tributaria tanto de aquellos que ganan más como aquellos que ganan menos: a unos cobrándoles algo más, con la certeza de que ese “algo más” no afectará su modo de vida, y a los que ganan menos, devolviéndoles recursos para que puedan destinarlos a otras necesidades apremiantes. Pero entender esto resulta difícil.

Efectivamente, si a las élites más adineradas se les preguntase sobre la desigualdad en la población boliviana, ellas estarían casi de acuerdo que es un flagelo que hay que eliminar, pero cómo hacerlo, ahí está la dificultad.  Más de uno recurriría a la frase preelaborada de dotarles las oportunidades antes que darles alguna asistencia monetaria (enseñarles a pescar antes que darles el pez). Otros simplemente callarían y harían mutis por el lado derecho ante tal cuestionamiento.

Ahora bien, cuando las élites económicas piden apoyo al Estado vía la reducción de impuestos, devaluación de la moneda, apertura irrestricta al comercio internacional, asistencia financiera, leyes laborales flexibles, lo hacen en nombre de la productividad, en cambio, apoyar a los pobres es algo improductivo (esto no lo dicen de forma expresa, pero lo piensan en privado). Lo cierto es que ambos necesitan el apoyo necesario y no una actitud monárquica, se necesita la solidaridad, más necesaria en tiempos de una pandemia mundial.  

*Es economista

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