Cuentan entendidos que durante los años 90 y principios de los 2000 (años del modelo neoliberal), los responsables de la conducción de la economía nacional (ministros de Economía y presidentes del Banco Central de Bolivia) no veían la hora para que la “visita de los del Fondo” (en alusión a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional) llegue a suelos bolivianos y con ellos trajesen las recetas/ lineamientos que debía seguir la economía durante el año. Éstos fueron los famosos Memorándums de Entendimiento (Stand by Agreements), donde se fijaban las metas macroeconómicas elaboradas y aprobadas por funcionarios del FMI, sin que profesionales bolivianos intervengan para su elaboración.
En estos “acuerdos” se “imponían” a los gobiernos de turno (que muchas veces aceptaban sin el menor reparo) una serie de paquetes y medidas económicas, además de la dirección que debía seguir la administración de finanzas públicas: el control del resultado fiscal (déficit), la inflación, etc., para beneficiarse del financiamiento del organismo internacional. Lo cierto es que estos créditos externos, en muchos casos, solo priorizaban la asignación de recursos para el gasto corriente —pago de sueldos del sector público— y una ínfima proporción para la inversión pública.
A partir de 2006, bajo la constitución de un gobierno legal y legítimamente elegido, la conducción de la economía dio un giro de 180 grados. Se recuperó la plena participación del Estado en la economía de forma soberana y libre de la injerencia de organismos internacionales. Esta soberanía se plasmó en la firma del “Acuerdo de Ejecución del Programa Fiscal Financiero” entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia, el cual remplazó los Memorándums de Entendimiento del FMI.
Así, el Programa Fiscal Financiero (PFF) se constituyó en un instrumento de planificación y coordinación de las políticas económicas, donde se establecen los objetivos y metas de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, para preservar la estabilidad macroeconómica, promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, en los días precedentes, algunos analistas han cuestionado al PFF-2021 por no haber alcanzado las metas señaladas en tal documento.
Se nota que estos analistas vienen de una antigua tradición económica donde lo que importa es el dato frío y muerto, como si las metas macroeconómicas estuviesen grabadas en piedra y no reflejasen el comportamiento de personas de carne y hueso. Olvidan, intencionalmente, que la actual administración viene realizando esfuerzos en la reconducción y reconstrucción de la economía, mediante el impulso de la inversión pública y otras medidas redistributivas, tras la gestión improvisada del gobierno de facto en 2020; y que la pandemia por COVID-19 ha limitado el crecimiento de las economías del mundo (salvo China).
La mayoría de los Estados, bajo el contexto de la pandemia, han hecho uso de una política fiscal expansiva para aminorar los efectos sobre la población y que, en los siguientes años, su intervención será aún más decisiva en la economía ante posibles amenazas de otras pandemias. Se debe comprender, en ese sentido, que el PFF antes de ser algo sacramentado, como en tiempos del FMI, es una carta de navegación, que cobra vida, a medida que se avanza en la reconstrucción de la economía.
Charls Ticona Rojas es economista.