En Bolivia, el tema de los incrementos salariales para los trabajadores es un asunto recurrente que se aborda cada año. La Central Obrera Boliviana (COB) presenta propuestas de aumentos salariales, basadas en porcentajes que consideran justos y necesarios para garantizar el bienestar de los trabajadores. Éstas son evaluadas por el Gobierno, que debe sopesar diversos factores económicos y sociales antes de tomar una decisión final.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) ha expresado que un aumento salarial resulta inviable y propone congelar los salarios durante 2024. Argumenta que un incremento podría impulsar la recesión económica, fomentar el contrabando, provocar la pérdida de inversión privada y la reducción de empleos. Por su parte, la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) y la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa La Paz (Fedemype) advierten que un alza sería inviable y podría llevar a recortes de personal. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) señala que en este momento no es adecuado adoptar posturas radicales, sino más bien buscar la articulación de demandas para encontrar equilibrios que satisfagan las necesidades de los trabajadores sin perjudicar la estabilidad de las empresas.

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El último decreto supremo relacionado con el incremento salarial fue aprobado en 2023, estableciendo un aumento de hasta 3% en el haber básico (HB) y de 5% en el salario mínimo nacional (SMN).

Cuando el presidente Luis Arce asumió el cargo en noviembre de 2020, la tasa de desempleo se situaba en un 8,4% y el incremento a los salarios se mantenía congelado. Sin embargo, gracias a las políticas y medidas económicas implementadas por el Gobierno para reconstruir la economía, se lograron reducir las tasas de desempleo y aumentar los salarios de los trabajadores, a pesar de las fluctuaciones y la recesión económica global.

Para demostrar que un alza salarial no necesariamente conduce al desempleo, como afirman los empresarios privados del país, consideremos los periodos de 2021 a 2023, años en los que se aplicaron incrementos. Durante este periodo, la tasa de desempleo urbano abierto disminuyó del 8,4% en 2020 al 3,6% en el tercer trimestre de 2023.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2021 se aumentó el SMN en un 2% respecto al año anterior, con una tasa de desempleo del 5,2%; en 2022, el alza fue del 4% y la tasa de desempleo se redujo al 4,3%; finalmente, en 2023, el incremento fue del 5% y la tasa de desempleo alcanzó el 3,6% en el tercer trimestre. Estos aumentos no se tradujeron en un aumento de la tasa de desempleo.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe titulado Panorama Laboral 2023-América Latina y el Caribe, Bolivia (3,6%), junto con Nicaragua (3,3%) y México (3%), registraron las tasas más bajas de desempleo en la región hasta el tercer trimestre de 2023. Las tasas más altas correspondieron a Colombia (9,4%), seguido por Chile (8,9%) y Costa Rica y Uruguay (8,1%).

La teoría económica nos indica que un aumento en la producción eleva el nivel de empleo, lo que resulta en una disminución de la tasa de desempleo. En este sentido, las políticas actuales del Gobierno se centran en la industrialización con sustitución de importaciones y una amplia diversificación de la base productiva del país, abarcando no solo el sector agropecuario, sino también la minería, los hidrocarburos, las manufacturas y los servicios. Se observa una diversificación en varios proyectos productivos, como las plantas de biodiésel, el Mutún y el complejo industrial de la química básica de los derivados del litio, entre otros.

En la gestión 2024 y en adelante es fundamental que los empresarios busquen el bienestar de sus trabajadores, ya que ello está directamente relacionado con su productividad y motivación. Los trabajadores que reciben incentivos salariales tienden a rendir mejor. Por lo tanto, existe una estrecha relación entre la inversión en salarios y los resultados obtenidos por la empresa. Además, los datos demuestran que los incrementos salariales durante el periodo analizado no han generado desempleo.

(*) Romer Bello Bernal es economista

El Presupuesto General del Estado (PGE) es la herramienta de gestión que tienen los gobernantes de turno para proyectar los ingresos y programar los gastos públicos (un año), esto les permite cumplir con la prestación de los bienes y servicios y cumplir sus políticas, planes, programas y proyectos que son indispensables para la satisfacción de las necesidades de la población.

En esta oportunidad quiero referirme al PGE de la gestión 2024, principalmente al presupuesto de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), qué está conformada por los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), regionales (GAR), municipales (GAIOC) e indígena originario campesinos (GAIOC).

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Los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado (CPE) establecen que el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas.

El parágrafo IV del artículo 114 de la Ley 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomía y Descentralización “Andrés Ibáñez”, señala que las ETA elaborarán el presupuesto institucional considerando la integralidad y articulación de los procesos de planificación, programación, inversión y presupuesto, incorporando los mecanismos de participación y control social, en el marco de la transparencia fiscal y equidad de género.

De la normativa anteriormente señalada, se puede deducir que el presupuesto 2024 aprobado por las ETA tuvo una participación muy importante de la sociedad civil organizada, que como representación del pueblo boliviano y en coordinación con los órganos ejecutivo y deliberativo de las ETA, incorporaron sus demandas a dicho presupuesto, sea para programas o proyectos de inversión pública en temas de salud, educación, caminos, sector productivo, saneamiento básico, empleo, infraestructura u otros.

De acuerdo con información obtenida del proyecto del PGE 2024, presentado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y aprobación, se puede señalar que el presupuesto de las ETA de 2024, con relación a 2023, presenta un incremento del 4,1%, es decir, de Bs 30.257,1 millones a 31.510,1 millones, este aumento se debe principalmente a la fuente de financiamiento de la coparticipación tributaria que reciben los municipios, y según la normativa vigente, el nivel central del Estado recauda estos recursos para distribuir a cada municipio a través del sistema bancario.

Ahora bien, respecto al destino del presupuesto 2024 de los GAD y GAR (sin considerar recursos del TGN), principalmente va dirigido a los sectores de salud (19,9%), transportes (18,3%) administración general (16,5%), agropecuario (6,5%), multisectorial (6,8%) y deuda pública (5,7%), es decir que se prioriza el gasto en el sector salud. De igual manera en los GAM y GAIOC, el presupuesto es destinado a la administración general (20,9%), salud (17,4%), urbanismo y vivienda (14,7), educación (9,8%), saneamiento básico (8,1%) y multisectorial (7,5%), entre los más representativos.

A través de mecanismos de participación para la sociedad civil organizada y el control social, los órganos ejecutivo y deliberativo de las ETA aprobaron ese presupuesto, para que sea tratado y aprobado por los diputados y senadores que se encuentran en la Asamblea, quienes en realidad son los representantes y la voz de cada región del país.

Se espera que los asambleístas se pongan las manos sobre el corazón, reflexionen y aprueben el PGE 2024, y no actúen políticamente como lo hicieron con la ley de modificaciones al PGE 2023, la cual fue dilatada y boicoteada, perjudicando únicamente a la población en general, puesto que dichos recursos eran para ser ejecutados oportunamente por las gobernaciones y municipios, en programas, actividades y proyectos.

(*) Romer Bello Bernal es economista

Se dice que la inversión pública tiene el potencial de generar empleo, al poner a las personas en movimiento y darles un salario; al requerir equipos y materiales que, si se producen localmente, crean otro círculo virtuoso de generar trabajos indirectos; y al motivar el gasto que se destina a proveedores de servicios.

De acuerdo con el artículo 300 de la Constitución, los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) tienen 36 competencias exclusivas (exclusivas: aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva), entre las cuales se encuentran: la promoción del empleo; construcción, conservación de carreteras de la red departamental, incluyendo las de la Red Fundamental; proyectos de generación y transporte de energía; proyectos de infraestructura para el apoyo a la producción; desarrollo productivo y agropecuario.

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En el artículo 104 de la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, del 19 de julio de 2010, se establecen los recursos de las Entidades Territoriales Autónomas Departamentales y entre los principales se tiene a las transferencias del nivel central del Estado (NCE) por los impuestos Directo a los Hidrocarburos (IDH), Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) y las regalías departamentales.

Asimismo, el artículo 123 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz señala que el presupuesto departamental es el instrumento financiero para la ejecución anual de las políticas, programas y proyectos del GAD de Santa Cruz y el artículo 127 de dicho estatuto, manda a que las regalías departamentales deben financiar proyectos de inversión pública.

Ahora bien, traduciendo en cifras la normativa anteriormente señalada y tomando en cuenta el periodo de las nuevas autoridades subnacionales, se tiene lo siguiente:

De acuerdo con los datos de la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las transferencias de recursos del NCE, por concepto del IDH, IEHD y las regalías alcanzaron en 2021 a Bs 882,4 millones; en 2022 a Bs 1.199,9 millones y para este año el techo presupuestario es de Bs 1.056,5 millones; sin embargo, el presupuesto aprobado y asignado por el GAD de Santa Cruz para inversión pública en 2021 fue de Bs 315 millones; Bs 256,7 millones en 2022 y para 2023 presupuestaron Bs 230,5 millones. Se puede concluir que existe una reducción de asignación de recursos para la inversión pública por parte de la Gobernación de Santa Cruz, a pesar de que el Gobierno central hizo y hace todos los esfuerzos para generar mayores recursos y reciban más ingresos las gobernaciones.

Por otro lado, para 2023, el presupuesto total del GAD de Santa Cruz asciende a Bs 1.628,1 millones (sin considerar recursos 41-111 TGN), de los cuales en primer lugar se encuentran los recursos destinados a Sueldos y Salarios de la institución por Bs 420,5 millones, seguido de Construcciones con Bs 246,9 millones y Servicios No Personales, por Bs 196 millones, entre los más representativos. Nuevamente me atrevo a afirmar que la inversión pública no es prioridad para las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz, incluso incumplen su propio Estatuto Autonómico.

En el caso del GAD de Santa Cruz, no sería un justificativo señalar que por falta de recursos no se hacen obras o no se ejecuta lo planificado conforme a las 36 competencias que tiene, cuando en realidad los recursos transferidos fueron mayores y se mostró que para este año la gobernación prioriza recursos para sueldos y salarios.

Adicionalmente se encuentran los saldos no ejecutados de cada gestión; por ejemplo, de acuerdo con datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep), en 2022 el GAD de Santa Cruz no ejecutó recursos por Bs 414,6 millones y a la fecha tiene en efectivo en su cuenta corriente fiscal más de Bs 500 millones, los cuales pueden ser utilizados para el cumplimiento de sus competencias y beneficiar a la población cruceña.

Las actuales autoridades de la Gobernación de Santa Cruz se están aplazando en la gestión pública, más aún en inversión pública, es necesario recordarles que tienen la obligación de trabajar en beneficio de la población, puesto que fueron elegidas por voto popular para atender las demandas de esa misma población.

Quiero culminar con unas líneas de nuestros amigos Izquierdo de Bartolomé y Vassallo Magro (2010), quienes afirmaban que “la inversión pública promueve el crecimiento económico, a través de la construcción de infraestructura, entre otros; eleva la productividad y la eficiencia de diferentes sectores y regiones; además, ayuda a la vertebración del territorio y mejora la cohesión social”.

(*) Romer Bello Bernal es economista

Hace un par de años, cuando visité un municipio de nuestro país, poco poblado y desarrollado, observé que tenía varias necesidades insatisfechas, toda vez que no contaba con servicios básicos, puentes, caminos asfaltados, internet, unidades educativas de secundaria, entre otros.

En el transcurso del día, mientras caminaba para comer algo, me pregunté: ¿por qué sucedía eso? —aunque la respuesta era obvia—, necesitaba saber la razón por alguien que vivía en el lugar, y bueno, en el momento del almuerzo una persona me comentaba que el problema era la falta de recursos económicos y, ante esa situación, el alcalde del municipio hizo los esfuerzos y gestionó recursos ante el Gobierno y organismos externos para ejecutarlos y beneficiar a la población; sin embargo, un grupo de personas del Concejo rechazó esos recursos, simplemente porque ellos no lo gestionaron y porque el alcalde era de otra línea política.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿quiénes son los principales perjudicados por el rechazo de esos recursos?

Casi la misma situación está sucediendo a nivel macro, a nivel país. Lastimosamente, nuestros queridísimos diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que supuestamente nos representan, estarían entorpeciendo u obstaculizando la aprobación de leyes que son financiamientos gestionados por el Órgano Ejecutivo a través de sus ministerios para programas y proyectos que beneficiarán a la población.

Según el artículo 145 de la Constitución Política del Estado (CPE), la Asamblea está compuesta por dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para el territorio boliviano.

El numeral 8, parágrafo I, artículo 158 de la CPE establece que es atribución de la Asamblea aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social.

El numeral 24, artículo 172 de la CPE señala que es atribución del Presidente del Estado presentar proyectos de ley de urgencia económica, para su consideración por la Asamblea, que deberá tratarlos con prioridad.

De acuerdo con los datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, a la fecha se tienen leyes de financiamiento externo para programas y proyectos estancados en la Asamblea, que ascienden a más de $us 779 millones, entre los cuales se encuentran:

a) Programa de conectividad territorial y desarrollo para Bolivia-Construcción del tramo carretero Botijilaca-Caquiaviri ($us 58 millones); b) Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II ($us 52 millones); c) Programa Multisectorial de Preinversión II ($us 30 millones); d) Proyecto de apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por el coronavirus II ($us 500 millones); e) Proyecto construcción y asfaltado tramo 2 La Joya-Chuquichambi, Huayllamarca- Totora y los puentes vehiculares la Joya, el Crucero en la Red Vial Fundamental ($us 101,2 millones); f) Proyecto construcción carretera doble vía Oruro-Challapata tramo I: Oruro-Cruce Vinto- Cruce Huanuni ($us 73 millones); y g) Construcción y ampliación del hospital de tercer nivel de la ciudad de Oruro ($us 75 millones).

La otra pregunta que debemos hacernos es ¿para frenar estos programas y proyectos se los eligieron senadores y diputados?, ¿acaso no nos representan?, ¿no quieren ver el desarrollo de nuestro país?, ¿no quieren hospitales para nuestros enfermos?; ¿no quieren carreteras y puentes vehiculares?, ¿no quieren que se atienda las necesidades de la población?; al contrario, ya deberían estar aprobadas estas leyes y ejecutándose, se debe dejar de lado el color o intereses políticos que no le hacen nada bien al país.

Se tiene que entender que, en el marco de las competencias establecidas en la CPE, el Gobierno está implementando políticas públicas para beneficiar a todos los departamentos y como señala el profesor Manuel Tamayo Saez (1997): “Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios”.

Romer Bello Bernal es economista.

Hace un par de días escuchaba a personajes del departamento de Tarija decir que el presupuesto 2023 para dicho departamento era insuficiente e incluso discriminatorio y señalaban que no es la primera vez, que siempre fue así; es por esa razón que me tomé un tiempo para averiguar si esas aseveraciones eran correctas o no.

Según varios economistas, la Economía la definen como la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran los recursos que son escasos, con objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de una sociedad.

El Presupuesto General del Estado (PGE) es un documento que recoge las estimaciones de ingresos y gastos del sector público para una gestión fiscal (un año). El mismo representa los objetivos que deben cumplir las distintas entidades públicas para satisfacer las múltiples necesidades de la población (como salud, educación, carreteras, seguridad ciudadana, medio ambiente, gestión de riesgos, etc.).

Para esta oportunidad tomaré en cuenta el presupuesto de las prefecturas departamentales (actuales gobiernos autónomos departamentales).

En la Ley Financial del PGE 2004 de 30 de diciembre de 2003, cuando en ese momento era presidente de Bolivia el señor Carlos D. Mesa Gisbert, de acuerdo a la página del Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), las transferencias por concepto de Regalías, Fondo de Compensación y del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) a las prefecturas departamentales, ascendían a Bs 1.569,7 millones, correspondiendo a la Prefectura de Tarija Bs 543,2 millones, seguido de Cochabamba Bs 278,8 millones y Santa Cruz con Bs 276,8 millones, entre los más representativos.

En el PGE 2023, gracias a la nacionalización de los hidrocarburos y a las políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Luis A. Arce Catacora, se está proyectando transferir recursos a los gobiernos autónomos departamentales (GAD) Bs 4.662,4 millones (casi tres veces más que el 2004), representando un incremento de 197%. Del PGE 2023 para los GAD, Bs 1.081,5 millones corresponden a Tarija (incluye la provincia Gran Chaco), Bs 1.056,5 millones a Santa Cruz y Bs 693,2 millones a Potosí.

Se puede evidenciar que Tarija es el departamento que más recursos recibirá por concepto de las transferencias del nivel central del Estado y regalías.

Ahora bien, ingresando específicamente al destino del gasto del Presupuesto total 2023 del GAD de Tarija, el 21% (Bs 154,5 millones) son destinados para cubrir el personal de dicha institución (de planta, eventuales y consultores), 9% (Bs 69 millones) para proyectos de inversión, 9% (Bs 65 millones) para el Programa Solidario Comunal (Prosol), 1% (Bs 10 millones) para beneficios sociales, 1% (Bs 8,2 millones) para pasajes y refrigerios y el restante 58% para programas y actividades de acuerdo a las competencias y atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.

Entre los proyectos de inversión más representativos que se pretenden ejecutar el 2023, se encuentran: el equipamiento complementario hospital San Juan de Dios, construcción de asfaltado del tramo Bermejo San Antonio, Saladito – Timboy – Tabasai, la construcción de obras de conclusión piscina olímpica y la rehabilitación del puente San Telmo sobre la Ruta D621.

Es necesario mencionar que conforme a Ley 031 es responsabilidad del GAD de Tarija (órgano ejecutivo y deliberativo) la planificación, programación y ejecución de la gestión política, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social. Asimismo, conforme el Artículo 62 del Estatuto Autonómico Departamental de Tarija, es atribución del Gobernador elaborar la programación operativa anual y el presupuesto anual del departamento y sus modificaciones y remitirlas a la Asamblea Legislativa Departamental para su respectiva aprobación.

Con todo lo expuesto, no es correcto afirmar que el departamento de Tarija es discriminado respecto al presupuesto, cuando se evidenció que es el departamento que más recursos percibe. El tema pasa por la gestión de las autoridades subnacionales, las cuales deben programar y ejecutar obras, programas sociales y políticas que coadyuven al crecimiento económico del departamento, beneficiando a la población en general y dejar de lado los intereses políticos.

Romer Bello Bernal es economista.