La invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero constituye uno de los acontecimientos de mayores consecuencias en la recomposición del orden internacional bajo nuevos términos políticos, económicos y geopolíticos. De hecho, ya ha provocado una crisis humanitaria que comprende una enorme cantidad de víctimas fatales, pérdidas de viviendas y hospitales, y dos millones de refugiados que han llegado a Polonia y Rumania, más todos los que seguirán buscando protección internacional mientras dure el conflicto armado.

Por otra parte, las condiciones que aduce Putin para justificar su invasión contradicen el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y varios acuerdos internacionales, tales como el Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa de 1975 y los acuerdos de Minsk, entre varios otros.

Dichas condiciones son también las que exige para suspender los bombardeos y pasar a la mesa de las negociaciones diplomáticas. Se trata de consagrar internacionalmente el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia y de la independencia de las repúblicas de Donestk y Lugansk en la zona del Donbás. Pero lo más grave estriba en la demanda de que Ucrania se abstenga constitucionalmente de ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Todo esto con miras a garantizar la seguridad de su país frente al incumplimiento de los compromisos de 1991 de que la OTAN no incorporaría a ningún país fronterizo de Rusia.

Circulan decenas de argumentos en contra de tales demandas, así como otras que hacen referencia a que el orden internacional y el trazado de fronteras no se pueden cambiar unilateralmente para satisfacer las aspiraciones de seguridad de una potencia, sino que todos los países tienen derecho a contar con garantías de su seguridad. De esto se trata, entre otras cosas, en la construcción de un nuevo orden internacional que proteja la seguridad de los países de todas las tallas frente a los abusos y agresiones de las grandes potencias en su competencia hegemónica.

Por otra parte, salvedad hecha de la posibilidad de una suspensión de los bombardeos y el inicio de negociaciones diplomáticas como consecuencia del daño infligido por las sanciones, otro desenlace podría consistir en la aceptación parcial de algunas demandas de Putin en relación a Crimea y las dos repúblicas independientes del Donbás, a cambio del retiro de las tropas rusas y un acuerdo con garantes internacionales sobre la neutralidad de Ucrania.

La modalidad y el desenlace de dichas negociaciones diplomáticas probables podría estar en manos de China. Sin poner en duda la relación particular establecida en el acuerdo de ambos países antes de los Juegos Olímpicos de Beijing, es de conocimiento público que China ha ofrecido su mediación para que el conflicto entre Rusia y Ucrania se resuelva mediante procedimientos diplomáticos. Sin olvidar que China también es una potencia desafiante del orden internacional de tipo unipolar, existen dos razones que explican el interés de China de que el conflicto acabe lo más pronto posible. A corto plazo, ocurre en efecto que en el último trimestre del año debe llevarse a cabo el congreso del Partido Comunista de China que decidirá la prolongación del mandato presidencial de Xi Jinping. A más largo plazo, está claro que China ha sido uno de los países que más beneficios ha captado de la globalización financiera, de manera que los nuevos acomodos que busca en el orden internacional tienen que ver con la no injerencia en los asuntos internos de los países a título de violaciones a los derechos humanos y las libertades de pensamiento y opinión. Es decir, mientras se admita el funcionamiento de un orden internacional mixto, con varios tipos de capitalismo y diversos sistemas políticos, China no está interesada en dinamitar el actual sistema internacional.

Horst Grebe es economista.