La guerra en Ucrania tendrá importantes consecuencias sobre el sistema global, y algunas señales ya anuncian la dirección que adoptarán los nuevos acomodos en el orden internacional. En efecto, las medidas adoptadas por los Estados Unidos y la Unión Europea consisten en sanciones económicas destinadas a bloquear el acceso de los bancos rusos al sistema de pagos internacionales, así como la congelación de los activos localizados en el exterior del banco central ruso, y la aplicación de sanciones a decenas de empresas de defensa rusas. Un conjunto de grandes empresas de origen estadounidense ha suspendido por su parte operaciones en Rusia.
Como resultado de dichas medidas, los precios internacionales de algunos cereales, del petróleo y de ciertos minerales han aumentado en magnitudes inusuales, todo lo cual está impulsando una ola inflacionaria, de manera adicional a las presiones inflacionarias derivadas de la liquidez inyectada a las economías para combatir el COVID-19, y también debido a los cuellos de botella en las cadenas internacionales de suministro.
Para contrarrestar la inflación se ha iniciado el alza programada de las tasas de interés por parte de las autoridades monetarias de Estados Unidos y otros países. Esta medida traerá aparejada una reducción del crecimiento económico global y, por consiguiente, también una disminución y reorientación de las corrientes del comercio internacional.
Las señales externas para la gestión económica de corto plazo en Bolivia apuntan por tanto en varias direcciones. El alza de los precios de los hidrocarburos, los minerales y los alimentos parece a primera vista una señal favorable. Para aprovechar ese auge inesperado, Bolivia tendría que disponer de volúmenes considerables de esos productos, a fin de colocarlos prontamente en sus respectivos mercados internacionales. Ocurre, sin embargo, que los mencionados productos requieren ser extraídos, procesados, producidos o preparados para su venta externa. Por consiguiente, los beneficios a corto plazo se derivarán, si acaso, del aumento de los precios, pero no necesariamente de mayores volúmenes exportados.
A mediano y largo plazo, la situación es muy diferente puesto que una de las mayores consecuencias ya anunciadas de la guerra en Ucrania consistirá en la adopción de medidas de seguridad energética y alimentaria por parte de la Unión Europea y otros países, con la correspondiente reconfiguración de los flujos del comercio internacional en dichos rubros, y la eventual instalación de grandes zonas comerciales protegidas.
Como ya se experimentó en el país a partir de 2014, los ciclos internacionales de las materias primas y de los productos básicos, para ser aprovechados en términos estratégicos, requieren ser complementados con políticas contracíclicas e incentivos eficaces para la inversión en las industrias motrices de la transformación productiva.
Esta debería ser en consecuencia la hora propicia para elaborar y consensuar estrategias y políticas de largo aliento, que indiquen los cambios necesarios para los ajustes en el esquema de precios relativos con horizonte estratégico. Un diagnóstico prospectivo certero sobre las tendencias internacionales proporcionaría la necesaria hoja de ruta para la gestión de los ajustes, sin perder de vista los objetivos de la transformación productiva en el mediano y largo plazo.
Una estrategia de tales características no puede ser instrumentada por el Gobierno en solitario. Tiene que ser, en cambio, la resultante de varias consultas con los protagonistas estratégicos de la economía, con los actores del ámbito socio-laboral y con las representaciones políticas, con miras a consensuar una visión de país que pueda desagregarse luego en una serie de pactos parciales sectoriales y regionales, para las siguientes etapas del trayecto hacia el desarrollo sostenible.
Horst Grebe es economista.