DIBUJO LIBRE

Quedan pocos días para que los “juristas independientes” presenten sus firmas al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), para pedir que se abra la posibilidad constitucional de una “reforma” de la justicia. Sin embargo, no queda claro qué es lo que se pide o pretende reformar de la misma. El problema de este tipo de “iniciativas” políticas es que muchas veces, si no todas, es para ejercer una vieja práctica del ámbito político que se conoce como el gatopardismo: cambiar todo para que nada cambie.

Cuál es, entonces, el verdadero problema y la verdadera finalidad de quienes en la actualidad estarían pidiendo una supuesta “reforma de la justicia”. No olvidemos el contexto en el que se pide este cambio estructural: prisión de los involucrados en los casos Golpe de Estado I y II. Llama la atención que en este grupo de “activistas” existan docentes universitarios que tienen la potestad de inocular su ideología en universidades públicas.

Es necesario recapitular cómo era el antiguo sistema judicial y en qué se diferencia con el vigente.

En el antiguo sistema político “republicano” había un sistema de elección de magistrados judiciales en el que se ejercía la “democracia pactada”; es decir, los partidos políticos se ponían de acuerdo para hacer la selección de los mismos; es decir, los cargos de la administración judicial del país eran “cuoteados” por los partidos. Habría que preguntar a los “juristas independientes” si sus verdaderas intenciones son retornar a ese sistema.

Con la nueva Constitución se modificó el sistema de elección de magistrados y se le dio la potestad al pueblo boliviano de conocer y elegir a los administradores de justicia del país, previo filtro de la Asamblea Legislativa, compuesta por partidos políticos. Es decir, se habría “democratizado” la forma de selección de los jueces.

La pregunta que debemos hacernos es si esta modificación que hubo del sistema de elección modificó nuestras vidas, y si una reforma del mismo sistema para volver al antiguo mejoraría o cambiaría en algo nuestro transcurrir de los días.

Cada vez es más claro que la “reforma judicial” que se plantea, se circunscribe e incumbe más a las élites políticas que al ciudadano común.

Una verdadera reforma de la justicia no solo plantearía un cambio de la forma de selección de los administradores de la justicia, sino una revolución de la aplicación de la misma. Por ejemplo, hace poco se conoció que el responsable de la muerte de una madre por conducir en estado de ebriedad solo recibiría 8 años de cárcel como máximo, lo que generó una extendida indignación; al mismo tiempo, hace pocos días un turista de un país donde el consumo de marihuana es legal y forma parte de su cultura, fue condenado a 10 años de prisión por detentar una cantidad mínima para su propio consumo en Bolivia.

Este tipo de problemas tiene que ver con el sistema penal boliviano, regulado por una ley promulgada en la dictadura de Hugo Banzer, o por otra aplicada a petición de la intervención extranjera para contener políticamente a una región productora de coca. Justos pagan por pecadores, dice un dicho.

No solo tenemos un código penal aprobado durante un gobierno de facto, sino también uno civil. Habría que preguntarse si los mismos responden a las demandas de la tan cambiante sociedad en la que hoy vivimos; por ejemplo, el tema del aborto, polémico y muy poco abordado desde el ámbito jurídico. Podríamos decir que incluso el Código Santa Cruz es mucho más “liberal”, por no decir “progresista”, respecto a la actual ley (aprobada en 1976) que regula la relación entre las personas y las cosas.

Por último, tenemos un sistema legal administrativo demasiado entrampado, donde un paso en falso impide a cualquier autoridad administrativa servir de la mejor manera y voluntad en favor del país. Si bien leyes, como la Marcelo Quiroga Santa Cruz, buscaban castigar la corrupción en la función pública, penalizan cualquier actividad que busque el normal desenvolvimiento del servicio estatal en favor de la ciudadanía en general.

Estos ejemplos, entre otros, como la pérdida de la presunción de la inocencia en algunos ámbitos jurisdiccionales, sino en todos, han hecho de nuestro sistema judicial un entramado penal donde existen leyes que violan incluso convenios internacionales, que protegen los derechos de los individuos in bonam partem (cuando el resultado del análisis es más favorable al condenado) para cualquier tipo de persecución con fines inquisitivos que haya prescrito. Prerrogativas que son violadas por dogmas que se nos presentan “progesistas”, pero que no logran el fin que dicen tener; al contrario, sirven para perseguir, incluso políticamente, aplicando el maleus meleficarum, que significa instalar una emergencia en la sociedad para justificar aprehensiones en función del poder.

Una verdadera reforma no buscaría solo una reforma, buscaría una revolución de toda la justicia. Incluso desde las aulas de la universidad, donde se enseñan dogmas vetustos, sin reflexión alguna, donde los estudiantes no se cuestionan la parte reflexiva de la ciencia jurídica, sino que repiten las leyes como si fueran el Corán. Esto establece una lógica en los futuros juristas: terminan pensando que al fabricar más leyes solucionaran los problemas de la sociedad, cuando la realidad nos demuestra que tenemos una sobrecarga legislativa, contradictoria, de poca efectividad y que si se aplica no logra sus verdaderos fines.

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Los “juristas independientes” en vez de criticar a presidentes como Nayib Bukele, deberían ponderarlo por crear nuevas y grandes cárceles que no solo evitan el hacinamiento de las prisiones, sino que brindan condiciones más salubres para los mismos reos. Dicen defender los derechos humanos de los detenidos; sin embargo, no les interesan los derechos de las víctimas de los reos.

Cuando se pretendió reformular los códigos redactados en el régimen dictatorial de Banzer, se erigió una conspiración para impedirlo. Esto explica que hasta hoy en nuestro sistema penal un joven de 16 años es imputable, pero, según el sistema civil, no es sino hasta los 18 años que no es capaz de obrar por cuenta propia.

Esperamos que nuestros futuros juristas y destacados estudiosos del derecho puedan debatir estos temas antes de llevarlos al plano de la disputa política. Tenemos buenos cientistas de la justicia, solo tienen que salir de las cuevas donde están escondidos.

(*)Nicolás Melendres es politólogo.