La Revolución Nacional de 1952 fue un fracaso. Creo que pocos estarán en desacuerdo con dicha afirmación. Por cada contradicción que resolvía creaba otra, a su vez más compleja, y al final, se puede decir que no cumplió ni con el más básico de sus objetivos, que era el de crear una nación como espacio unificador de una sociedad que corría el peligro de dispersarse en la nada tras su derrota en la Guerra del Chaco. A 70 años del acontecimiento que le dio vida, ninguna reflexión está por demás, mientras contribuya a superar la ambigüedad con la que usualmente se la aborda.
Creo que, como punto de partida, su principal mérito reside en haber desplazado del poder a una clase social que no hacía otra cosa que depredar al resto del país, por muy buenas veladas literarias que hubiera organizado en su momento. Cientos de masacres contra comunidades indígenas y trabajadores de las minas deberían ser suficiente justificativo para aplaudir este primer logro.
El problema es que, a pesar de haber desplazado a los barones del estaño del control del Estado y de haber erradicado a la élite hacendada que cometía atroces abusos contra la población indígena, la Revolución Nacional terminó creando una nueva oligarquía terrateniente en el oriente del país, al mismo tiempo que producía una burguesía estatal no menos racista y colonial que su predecesora. Algunos le llaman a esto la paradoja señorial. Primera falta.
En segundo lugar, a pesar de lo que puede sugerir el término nacionalismo revolucionario, sus principales dirigentes no opusieron mucha resistencia ni mostraron mucho patriotismo para oponerse a las evidentes intenciones del entonces naciente imperio estadounidense, que cosechaba los frutos de haber quedado como la única potencia en pie tras la Segunda Guerra Mundial, de consolidar su hegemonía sobre toda la región.
Las condiciones de su asistencia financiera estaban determinadas por el contexto de la Guerra Fría, que exigía disciplinar a un movimiento obrero sospechoso de inclinaciones comunistas a través del fortalecimiento de los órganos represivos del Estado, lo que al final derivó en la inauguración de un ciclo de dictaduras militares que no deberían resultar difíciles de repudiar.
Pero por encima de todo esto, lo que resulta más frustrante acerca de este episodio de nuestra historia es que no logró resolver la marginalidad de la población indígena, que siguió siendo discriminada a partir de criterios como el apellido, la lengua o el color de la piel. Es decir, por exactamente las mismas razones por las que se la humillaba en el pasado. El mestizaje fue una mentira, tal vez bienintencionada, pero mentira, a fin de cuentas.
Lo paradójico de esta revolución no tiene límites si se toma en cuenta que fueron los mismos dirigentes del MNR los que terminaron por desmontar, uno por uno, los fundamentos del Estado de 1952, privatizando y vendiendo a precio de gallina muerta lo que habían nacionalizado décadas atrás, convirtiéndose en un remedo más grotesco de la oligarquía que contribuyeron a descabezar.
Pero, como dije en otra ocasión, lo trágico y lo cómico siempre irán de la mano. Fue con el Decreto 21060 que el MNR crearía a sus propios enterradores, desplazando a miles de mineros hacia lo que luego sería la ciudad de El Alto y las sofocantes selvas del Chapare, lugares donde culminaría el ciclo de rebeliones que a principios de este siglo pusieron fin a una partidocracia encabezada justamente por el MNR.
Tal vez sí vale la pena celebrar este fracaso histórico.
Carlos Moldiz es politólogo.