En una reciente entrevista (Página Siete 04.04.2022) sobre el alarmante problema de la irracional explotación del oro aluvional en el norte-noreste del país proponía, entre otras cosas, prohibir la exportación del metal por un periodo a determinar y con el fin de armar una estructura de control que permita al Estado formalizar la cadena de explotación, beneficio y comercialización del metal; mientras tanto la venta de la producción debería ser rescatada por el Banco Central de Bolivia. Parecería una posición dura y difícil de aplicar pero, cuando nos damos cuenta que la cadena mencionada está ahora controlada casi totalmente por operadores informales y que estamos hablando, según datos del INE, de un valor de las exportaciones que ya alcanza, en números enteros, a $us 2.553 millones para la gestión 2021 y un crecimiento de más del 51% respecto de la gestión precedente, estimo que es hora de tomar medidas de este tipo si no queremos terminar aceptando como “exitosa” la informalidad del sector minero aurífero porque representa el 23% del valor de las exportaciones totales del país o el 45% del valor de la industria manufacturera; mientras que el sector hidrocarburos aporta solo el 20% al valor total de las exportaciones o el sector agroindustrial solo el 3,8%, para citar solo los sectores más importantes.
Es una situación muy delicada la que vivimos, las acciones de hecho, el uso de armas en avasallamientos, los enfrentamientos entre comunarios y mineros, el desapego a las normas y la falta de respeto a las autoridades, están pintando un panorama desolador, que pareciera se soslaya en aras del valor de los números que menciono, importantes para una etapa de reactivación de un modelo basado precisamente en el aporte de los sectores sociales hoy en disputa. Pero, la importancia económica no debe ni puede ocultar los aspectos negativos y su incidencia en el medio ambiente y en el futuro de sectores económicos alternativos (turismo, energías alternativas, selvicultura, etc.) que debieran ser la proyección futura de la economía regional de estas tierras bajas.
El brillo del oro fue la primera locura del hombre, como diría Plinio el Viejo en su obra Naturalis en 79 AC, inspiró las más audaces expediciones y lo buscaron desde tiempos inmemoriales los imperios primigenios de todas las latitudes del planeta; en los Andes Centrales y en su vertiente oriental donde se encuentran los ríos tributarios que drenan sus aguas al gran río Amazonas, se formaron inmensas llanuras aluviales y abruptos piedemontes cuyas terrazas aluviales llevan consigo desde tiempos geológicos pretéritos grandes cantidades de gravas y arenas con importantes contenidos de oro aluvional, que fue buscado y explotado rudimentariamente por los nativos que lo atesoraban como ornamento religioso y adorno festivo. Desde la colonización de estas tierras, esta incesante búsqueda trocó en conquista y desde entonces el oro estuvo de la mano con la violencia, la disputa territorial, los grandes emprendimientos empresariales y también con la informalidad campante y la ilegalidad. Pareciera que hoy estamos viviendo, como en la otredad descrita, una nueva fiebre del oro, todo pareciera normal pero, estamos en el siglo XXI donde el imperio de las normas éticas, medioambientales y morales a nivel personal y en toda relación humana, debiera ser un prerrequisito de todo emprendimiento. Para el caso que nos ocupa, no podemos rifar el futuro de las tierras bajas del país en aras de un coyuntural interés económico, el oro es el único valor perdurable y el administrarlo debiera recaer en las mentes más lúcidas y en los operadores más calificados.
Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.