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lunes 27 jun 2022 | Actualizado a 00:17

Despatriarcalizar el Censo

/ 16 de abril de 2022 / 00:36

Los gobiernos necesitan obtener y actualizar datos socioeconómicos de la totalidad de sus habitantes para diseñar o modificar políticas públicas, para eso son los censos. Sin embargo, este ejercicio estadístico estatal es un campo de disputa en tanto contenedor de “números fríos” que expresan la realidad de un país. Por supuesto, la realidad de las mujeres y hombres que habitan el país.

Al país le urge esto porque el Censo mostró tal cosa. En el país se malgasta en esto porque el censo evidenció que no es necesaria tal cosa. Es imprescindible que el Gobierno apunte a esto porque los números del Censo son claros. Muchos etcéteras similares van y vienen luego de conocidos los números oficiales. Es una consecuencia lógica y esperada.

Los censos poblacionales y de vivienda en cuanto al sentido común tienen doble carácter: son performativos y son receptores de condiciones sociales existentes. De hecho, después del Censo 2002, ciertamente el debate político público cambió para dolor de cabeza de los conservadores. El 62% de la población que se autoidentificó con los pueblos indígenas significó una constatación de lo que se venía gritando desde las periferias, lo cual básicamente se puede resumir en que la Bolivia a la que representaban los políticos poderosos y trasnochados no existía, excepto en sus clubes sociales.

De ahí que hoy los políticos retrógrados insistan en incorporar la categoría “mestizo” al Censo, con el objetivo de subestimar la plurinacionalidad, objetivo que, dicho sea de paso, está completamente determinado por el racismo y por pretensiones de blanquitud, propias de la estructura patriarcal. Pareciera que aquellos desconocen que inclusive la CEPAL recomienda prescindir de esta categoría por ser poco específica y ambigua y, de hecho, recomienda específicamente registrar la pertenencia (en sentido ampliado) a pueblos indígenas. Sí, otra vez trasnoche conservador.

Sin embargo, llama la atención que ese sea el único debate público promovido por los políticos y patrocinado por los medios de comunicación hegemónicos. El contexto actual demanda una planificación estatal con nuevas perspectivas capaces de encarar la(s) pandemia(s), la virtualidad y por último — aunque no menos importante— las violencias machistas. Al respecto cabe apuntar que hace varios años que ha quedado clara la urgencia de conocer objetivamente los números devenidos de la economía del cuidado. ¿Cuándo será la conferencia de prensa en la que los voceros de los partidos presenten su interés en el tema?

El enfoque de género en el Censo de población es imprescindible. Hoy más que nunca el país requiere diseñar más y mejores políticas públicas que apunten a reducir las inequidades entre hombres y mujeres. Los hombres en 2022 tienen mayores accesos a los recursos, al bienestar y a la autonomía y esto debe ser reconocido en cifras oficiales, como recomienda la CEPAL, pero desde una perspectiva despatriarcalizadora, es decir, con el objetivo de visibilizar la brecha y no de maquillarla. Cambiar la categoría patriarcal de “jefe de hogar” por “jefatura compartida” o “persona de referencia” puede visibilizar una importante realidad encubierta.

El Censo de 2022 es una gran oportunidad para el año de la despatriarcalización determinado por el Gobierno nacional. Es plenamente posible llevar a cabo un censo que evite sesgos sexistas, tanto en la elaboración de preguntas, en las respuestas, en las capacitaciones a las personas encuestadoras para el abordaje de las preguntas y, por supuesto, en la política de difusión que se plantee para preparar a la gente. Las sociedades cambian y los Estados están en la obligación de garantizar derechos de manera progresiva en función de los cambios.

No es necesario ir muy lejos, el vecino país de Argentina ha aprobado la incorporación de la categoría “identidad de género” para su Censo del año en curso. Este es el primer censo después de la promulgación de la Ley de Identidad de Género en ese país y, lógicamente, la incorporación de la categoría corresponde, justo igual que en Bolivia.

No hay dónde perderse, el Censo poblacional y de vivienda es un espacio de disputa, no está mal. Mas se espera que la disputa abarque más de lo nuevo y menos de los debates ya visitados y, de hecho, ya superados.

Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter: @ValeQinaya.

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¿Qué está sucediendo en Santa Cruz?

/ 25 de junio de 2022 / 02:49

Es evidente que el mundo está viviendo una arremetida conservadora y fascista muy potente. La homofobia, el racismo y el clasismo son algunos de los principales rasgos que caracterizan esta impronta. Eventualmente hay la sensación de que los derechos y el progresismo van ganando la batalla, esto por los logros puntuales alcanzados en diversas latitudes referidos, por ejemplo, al matrimonio igualitario, a la despenalización del aborto o a la dominante presencia de mujeres en los gabinetes presidenciales. No tengo claro, en términos globales, cuál de estos dos polos es el dominante para esta época. El tira y afloja es constante y controvertido. Pero en ese escenario global hay lugares que se han convertido en trincheras de cada polo. Así, Santa Cruz de la Sierra representa hoy para Bolivia el poder y la vigencia del conservadurismo.

Pasan por tendencias en redes sociales, pero en lo profundo son signos fundamentales del estado de la sociedad cruceña. En un breve punteo se puede señalar los casos de Susana Figueroa, la mujer que hirió en el ojo al cajero de una hamburguesería; o de Paola Cronembold, quien fue filmada en estado de ebriedad agrediendo y amedrentando a policías; o de Andros Cochamanidis, el hombre que golpeó brutalmente en vía pública a un joven repartidor de pedidos. El último caso en los últimos días desató manifestaciones de cientos de trabajadores repartidores autoconvocados, luego de que el agresor haya sido puesto en libertad. Los dos primeros casos, aparentemente fueron olvidados pues no se han viralizado los puertos a los que habrían llegado las respectivas denuncias.

De otro lado, hace unos días fue noticia la destrucción de una exposición de arte en un museo municipal —público— a manos de grupos ultraconservadores. La exposición, ahora respuesta en el mismo museo, es parte de los eventos culturales a propósito del mes del orgullo LGBTTTI. Está claro que la homofobia no es patrimonio de ninguna ciudad, pero también está claro que no es normal ni cotidiano que grupos de personas rompan protocolos en exposiciones museísticas para desterrarlas, bajo discursos de odio. Felizmente, el nivel organizativo de los colectivos que impulsaron dicha exposición, más las adherencias progresistas luego del ataque a la exposición, lograron la reposición completa de las obras; y, de hecho, lo acontecido potenció la visita del público al museo.

No hay parangón ni se trata de cosas que puedan equipararse, pero en este contexto, es necesario pensar el doloroso asesinato de dos sargentos de policía y un voluntario GACIP. Las pericias policiales evidenciaron que los tres hombres fueron heridos de múltiples balas y que, de hecho, murieron estando de rodillas. Además, se hizo público que los asesinos usaron armas de alta tecnología. Este crimen tiene bemoles muy alarmantes. No es fortuito que Misael Nállar sea millonario y no sepa explicar el origen de su fortuna. No es fortuito que un hombre vaya escoltado por personas altamente armadas. Este crimen es otro signo del estado actual de la sociedad en la capital cruceña.

Mientras el mundo alternativo y progresista lucha por sobrevivir, el mundo conservador y fascista despliega sus tentáculos de manera apabullante. Mientras las familias trabajadoras luchan por sobrevivir, las logias cruceñas y las familias “de siempre” abusan, golpean, hieren y matan. ¿Qué está sucediendo en Santa Cruz?

Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter: @ValeQinaya.

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No hay condiciones para maternar

/ 28 de mayo de 2022 / 01:58

Varios países del mundo y algunos de la región han empezado a medir el porcentaje del PIB que ocupa la economía del cuidado. Esto básicamente es contabilizar, a partir del uso del tiempo, cuánto aportan las mujeres desde los hogares a la economía nacional. En Bolivia todavía no sabemos cuánto significa en números fríos el trabajo del cuidado para el PIB.

La reproducción de la vida tiene en los hogares a uno de sus sitios privilegiados. Se gesta, se nace, se piensa, se alimenta, se sanan enfermedades y se soportan emociones al interior de los hogares. Pero todo esto que parece muy obvio casi nunca se lo piensa en el marco de la economía. A cambio, la preferencia generalizada de la sociedad es a hablar de la abnegación de las madres, sobre quienes recae todo el trabajo que implica lo anteriormente mencionado. Deliberadamente el sistema encubre el trabajo de las mujeres en los hogares, mismo que suele ser de doble jornada: trabajo en casa no remunerado y trabajo fuera de casa injustamente remunerado.

Así, se celebró un 27 de mayo más con horas cívicas, tarjetas, flores y chocolates. Tampoco se han dejado extrañar las salutaciones de las autoridades y de las empresas privadas. Sin embargo, no se ha anunciado ninguna mejora a la normativa o a las políticas públicas que protegen los derechos de las madres bolivianas.

Existen muchos pendientes, muchas insuficiencias y muchos otros vacíos en lo que respecta a la garantía de los derechos de las mujeres madres. La mortalidad materna, que indudablemente ha sido combatida con éxito en los últimos años, sigue registrando números alarmantes. La falta de seguridad social para las mujeres madres que laboran en el ámbito informal es apabullante, a pesar de que el Sistema Único de Salud (SUS) ha llenado algunos vacíos. El incumplimiento casi absoluto de la Ley de Fomento a Lactancia Materna deviene en una serie de problemas tanto de salud como económicos para las mujeres madres. Estos son solo algunos de los varios puntos críticos.

Los permisos de maternidad y de paternidad que rigen en Bolivia hoy mismo corresponden a paradigmas añejos ya superados por caducidad. El hecho de que la norma indique que el padre goza de un permiso de tres días posnacimiento de su descendiente, mientras que la madre obtenga 45, demuestra que el esquema es inequitativo. Es más, demuestra que el patrón social todavía ordena que la crianza es un asunto de las madres.

Maternar es el trabajo que exige mayor dedicación y, tristemente, ni siquiera es reconocido como un trabajo por la sociedad. Las condiciones para conciliar el trabajo materno con los proyectos personales son ciertamente precarias por no decir inexistentes. La sociedad boliviana no es solidaria ni soporta a las mujeres madres. Cuando los empresarios reclaman mejores condiciones para sus inversiones, el Estado las garantiza. Cuando los trabajadores reclaman mejores condiciones para ellos, el Estado las garantiza. Cuando un bosque clama auxilio por un incendio, el Estado actúa. ¿Si las madres reclamamos mejores condiciones para maternar, actuará el Estado?

Ojalá estemos cada vez más cerca del tiempo en el que caminar por las calles con un bebé de brazos provoque que la gente ceda el paso en lugar del empujón. Ojalá el transporte público aprenda a priorizar el cuidado y la seguridad de las madres que viajan con sus hijos, determinando la cesión de asientos o las paradas tolerantes y cautelosas. Ojalá la sociedad boliviana caiga pronto en cuenta del valor real y no solo simbólico de las mujeres madres.

Valeria Silva Guzmán es mamá feminista. Twitter: @ValeQinaya.

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Bajas laborales por menstruaciones dolorosas

/ 14 de mayo de 2022 / 02:04

Si los hombres tuviéramos la regla esa baja hubiera llegado hace décadas. Ese es el problema. Literalmente versaba así un tuit el jueves pasado de Íñigo Errejón. No es la opinión de alguien que suele pasar desapercibido, es la de uno de los políticos españoles con mayor reconocimiento internacional por su nivel de ilustración y por su inteligente elocuencia. Sin tornasoles ni matices, sentó una posición clara respecto de una de las medidas más interesantes que a este día ha alcanzado un acuerdo positivo, liderado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos, en el gobierno de Pedro Sánchez.

La discusión se dio en el marco del proyecto de Ley de Aborto escrito por el Ministerio de Igualdad. Obviamente las reacciones abarcaron todas las posiciones políticas en lo que respecta a ampliación de derechos, incluso al interior del gobierno. De hecho, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, del Partido Socialista, se mostró más de una vez públicamente reacio a otorgar permisos laborales a las mujeres por menstruaciones dolorosas, arguyendo variopintos discursos, desde la subjetividad del dolor hasta el efecto discriminador sobre las mujeres, que a su decir provocaría esta medida. Al frente del debate, junto a Montero se encontraba entre otras, Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, quien con una precisión indiscutible elevó la discusión filosófica que algunos pretendían en torno al tema, afirmando que desde ningún punto de vista el derecho laboral puede ser neutro al género.

Finalmente, el proyecto determina que el Estado español, por medio de la seguridad social, se hará cargo de los costes que significan las bajas médicas para mujeres por dolores menstruales. Y por si fuera poco, la ley no prevé un límite de jornadas de baja, pues ésta debe estar determinada por las condiciones particulares de cada mujer. Hoy esta propuesta posiciona a España como el primer país de la Unión Europea que avanza en la materia con tanta contundencia. Mientras, en países como Alemania existe la posibilidad de baja por menstruación, mediada por el criterio médico.

En este lado del mundo, al otro lado del océano, el diputado argentino Lucas Godoy, apoyado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de ese país, presentó el año pasado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados en torno a esta necesidad. En este caso, la propuesta estaba dirigida para estudiantes y buscaba un día mensual de baja permitida. El objetivo era garantizar las condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia de las mujeres en los establecimientos educativos.

Todavía en Bolivia, lamentablemente, no se ha discutido ni someramente el tema. Sin embargo, queda claro que el Estado a través de estas acciones tiene la plena capacidad performativa de cambiar el esquema laboral inequitativo en el que se rige la población, inequitativo enfáticamente con las mujeres. Es preciso insistir en que el Año de la Despatriarcalización decretado por el Gobierno pueda anotar en sus logros más acciones puntuales como ésta.

Por todo esto la claridad del tuit de Errejón es una joya. Claro que la política feminista requiere de posiciones públicas contundentes que no vengan solo de las feministas, que no vengan incluso solo de las mujeres. Mientras más hombres sean capaces de ver hacia el futuro, mirando de frente los privilegios de género que la sociedad les confiere, más posibilidades habrá de fortalecer los derechos; o en términos más sencillos, más cerca estaremos de mejorar el mundo.

Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter: @ValeQinaya

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Más allá del horario: semana laboral de cuatro días

/ 2 de abril de 2022 / 02:48

El tiempo de calidad con la familia es una necesidad urgente, más hoy en día que el dominio de la virtualidad sobre lo cotidiano va en ascenso velozmente. Los altos índices de violencia, la peligrosidad de las redes sociales y los problemas con la salud mental demandan una sociedad más respetuosa y atenta en la crianza. Pero ¿cómo es eso posible si el modelo global de reproducción de la vida es incompatible con la crianza? Está claro que las políticas públicas tienen capacidad performativa en este ámbito, por ejemplo, con el diseño de los horarios para las jornadas laborales.

Las condiciones generadas por la pandemia han dado lugar a la instalación del horario laboral continuo, con duración de ocho horas. El Ministerio de Trabajo ha dispuesto la instrucción tanto para el sector público como para el privado. Pero dicha disposición parece haber llegado a su fin. Los partidarios del horario discontinuo han argumentado que con el retorno a la escolaridad presencial en las unidades educativas primarias y secundarias, esta medida debe darse casi de forma natural. El razonamiento responde a la necesidad que tienen las madres y los padres de recoger a sus hijos de las escuelas para poder almorzar con ellos, es decir, en familia.

El horario discontinuo que opera en Bolivia se acomoda, generalmente, dividiendo la jornada de ocho horas en dos partes cada una de cuatro, con un receso para almuerzo de dos horas. Este esquema funciona correctamente en territorios pequeños y/o sin problemas de tráfico vial, por ejemplo, en ciudades como Tarija o Trinidad. Sin embargo, el hecho de que funcione no necesariamente equivale a que sea la mejor opción. En metrópolis como la sede de gobierno, claramente dos horas no son suficientes para cumplir con el objetivo de llegar a recoger niños, almorzar y volver a trabajar.

Pero además existen otras variables a ser consideradas en esta valoración. El alto tráfico vehicular que está íntimamente relacionado con la contaminación ambiental es un factor que ha influido en varias ciudades a la hora de optar por jornadas laborales continuas. De otro lado, la erogación de gasto que significa la movilización de los trabajadores cuatro veces es, obviamente, menos conveniente para las economías familiares que la movilización de ida y vuelta.

Las bondades del horario continuo, entonces, saltan a la vista fácilmente. Poder disponer de horas día para el tiempo de calidad en la crianza, sin lugar a dudas, es una de las mejores inversiones. No debiera ser necesario recordar que las obligaciones para con los menores no son únicamente materiales. Inclusive si las o los trabajadores no son responsables de la crianza de algún menor, tener la potestad de administrar unas cuantas horas al día en función del ocio, el deporte, la cultura o la recreación puede hacer la diferencia para lograr el bienestar. Pero, claramente las bondades de este esquema se desvanecen absolutamente cuando se pasa del horario continuo al “continuado”.

La reproducción de la vida requiere de mucho más que seres autómatas que vivan solo para gastar sus días en sus fuentes laborales. Hoy en día la denominada flexibilidad en los horarios laborales está logrando conciliar de mejor manera la vida laboral con la vida familiar en países como España. De hecho, la semana laboral de cuatro días y 32 horas semanales ya es una realidad en países como Islandia que luego de un plan piloto exitoso entre 2015 y 2019, optó por caminar hacia la generalización de esa política para la función pública. En la esfera privada, Microsoft en Japón determinó ese mismo esquema para sus empleados y la empresa arguye que con éste su productividad creció en hasta un 40% y aumentaron las ventas, a la vez que redujeron los gastos de electricidad y de tinta y papel, entre otros.

Ha pasado alrededor de un siglo desde que la semana laboral se redujo a cinco de seis días y los tiempos actuales demandan una nueva transición lo antes posible. Probablemente no faltarán los escépticos en este debate que sostengan que el movimiento económico depende de la gente asistiendo a sus espacios laborales más días y más horas, tanto error. El médico y político Paul Lafargue — esposo de Laura Marx y yerno de Karl— ya en 1880 escribió El derecho a la pereza, un ensayo magistral debatiendo tópicos similares a éstos.

Bolivia atraviesa un tiempo de grandes avances en lo que se refiere a la ampliación de derechos. No es una locura pensar que pronto pueda instalarse algún programa piloto en el que la semana laboral sea de cuatro días y 32 horas. A la región le vendría muy bien que este país dé las bases de un nuevo paradigma en este ámbito que tanto bien le haría a la vida cotidiana de las y los habitantes.

Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter: @ValeQinaya

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Un alcalde para Colón, no para La Paz

/ 19 de marzo de 2022 / 01:25

En Virginia, un grupo de manifestantes organizados en repudio al asesinato de George Floyd en manos de la policía, derribó un monumento a Cristóbal Colón; fue en junio de 2020. El destino de la figura fue un lago al que fue arrojado luego de ser arrastrado envuelto en una manta. Simultáneamente, similares hechos sucedieron en Massachusetts, Minnesota, Florida y otras ciudades estadounidenses como denuncia del asesinato racista. El mecanismo de protesta contra el racismo y la colonialidad llegó más allá de las fronteras norteamericanas, pues en esos mismos días, Barcelona fue sede de una protesta similar.

Un año después, en Barranquilla, Colombia, otro grupo de manifestantes decapitaron el monumento de Cristóbal Colón en su ciudad, en el marco de un descontento generalizado por las acciones del gobierno de ese país. El 12 de octubre de ese mismo año en la capital guatemalteca, varios manifestantes intervinieron el monumento a Colón bajo la consigna de “nada que celebrar”.

Cristóbal Colón es el personaje más simbólico de la colonización de América. De hecho, popularmente se considera que la palabra colonia tiene origen en el apellido del explorador italiano, aunque etimológicamente la relación no sea correcta. Pero desde 1992, a 500 años de la llegada del navegante italiano a “territorio de indios”, es decir a este continente, no han cesado las muestras de rechazo a la violencia de la colonización. Se ha erigido una serie de movimientos culturales, académicos y políticos bajo el objetivo decolonial. Está claro que el saldo de la colonización es desfavorable para este lado del mundo. Aún habita en la memoria la sangre derramada en las cruzadas, la represión en la cristianización, el saqueo de los minerales con trabajo esclavo o de pongueaje y muchos otros etcéteras.

Con lo anterior resulta lógico que de cuando en cuando se intervengan monumentos erigidos a la colonia. De hecho, como ya se decía, La Paz no es el único lugar del mundo en el que se haya concretado una intervención contra la figura de Colón. De hecho, la intervención del 2 de agosto de 2021 no fue la primera vez en la ciudad de La Paz. De hecho, el monumento a Colón no es el único que ha sido intervenido en denuncia; por ejemplo, el 12 de octubre de 2020, el monumento a Isabel La Católica, principal sponsor de las exploraciones de Colón, fue brillantemente intervenida convirtiéndose en el monumento a la “chola globalizada”, pues pasó de ser una típica figura de la reina a vestir una pollera, llevar manta de chola y cargar un aguayo como equipaje.

Aquella movida y la del muchacho que vistió poncho y ch’ullo para intervenir el monumento a Colón el año pasado tienen altos niveles conceptuales, artísticos y políticos en torno a la reivindicación, a la denuncia y a la propuesta decolonial. Por eso, entre otras cosas, es un absurdo que las autoridades municipales lleven a este joven a un proceso penal bajo el argumento de daño al ornato público y al patrimonio. Y es aún más absurdo que la administración de justicia sostenga el proceso.

¿Cuánto patrimonio está siendo ahora mismo descuidado por la alcaldía de Iván Arias? ¿Cuántos bienes patrimoniales están siendo destruidos con autorización institucional del Alcalde? ¿Cuánto tiempo más estará ausente la política de conservación del patrimonio en la sede de gobierno? Y finalmente ¿cuándo llegarán al presente las autoridades municipales que siguen concibiendo el mundo, la ciudad y los bienes patrimoniales bajo criterios anacrónicos?

Imaginar el cuadro de los jurídicos de la Alcaldía paceña persiguiendo a un joven manifestante cual si fuera un delincuente, cuando verdaderos delincuentes incluso reciben salarios de su institución, resulta muy vergonzoso.

Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter: @ValeQinaya

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