No dejaban de humear los fusiles, las masas eufóricas frente al Palacio Quemado esperaban al nuevo gobierno. Adentro se discutía ásperamente; el golpe de Estado había fracasado, los militares se habían echado hacia atrás, situación que llevó a sus inspiradores a refugiarse en las embajadas, mientras las masas no dejaban de pelear hasta poner de rodillas al ejército. Siles salió de la Nunciatura para firmar el pacto de Laja en el cual los militares aceptaron su derrota a cambio de su seguridad. Los triunfadores no eran los conspiradores, fueron desplazados por esas masas armadas. Los objetivos cambiaban, ahora no se trataba de respetar los resultados de las elecciones, la estructura señorial se había caído. Desmoronado el Estado oligárquico, surgía el Estado revolucionario; enterradas las leyes que consagraban la propiedad privada, se dieron transformaciones estructurales como la nacionalización de las minas y la reforma agraria.
¿Quién impuso estos objetivos? Eran las masas insurrectas encabezadas por Juan Lechín Oquendo, líder de los mineros, quienes en El Alto y Oruro dieron las batallas decisivas. La sangre de 3.000 personas obligaba a algo más que el cambio de personajes en la silla presidencial.
Desplazados los conspiradores del escenario, surgía la interrogante de quién representaba a esas masas armadas. Así nació la Central Obrera Boliviana (COB) el 17 de abril de 1952. Su fundación delinea sus objetivos: nacionalización de las minas e industrialización, revolución agraria y participación en el gobierno. Será este mínimo programa que le daría aliento para una vida larga de lucha.
La lucha interna se dio casi de inmediato: la demora en la elaboración de la ley fue suficiente para poner a buen recaudo los intereses de los barones del estaño, se nacionalizaron las minas el 31 de octubre de 1952, después de amenazas de huelgas; contra el criterio obrero se comprometió la indemnización; se creó el control obrero como fiscalizador. La reforma agraria se dictó recién el 2 de agosto de 1953, cuando fueron tomadas las haciendas por los sindicatos agrarios.
Así la lucha de la COB se movió entre las tensiones de defender la empresa estatal como germen de la independencia económica, con su extensión a la fundición e industrialización, y la visión reformista de hacer de los recursos del Estado la acumulación originaria del capital para el surgimiento de una burguesía nacional.
Así la lucha de la COB bajo la centralidad minera enfrentó a los planes de estabilización monetaria en 1957, al Plan Triangular en 1961, al Sistema de Mayo en 1965, a las dictaduras militares de Barrientos y Banzer, y finalmente su lucha alentó la reconquista de la democracia en 1982. La centralidad minera no fue un deseo, era la realidad de la sociedad boliviana, su aporte con el 75% del valor de las exportaciones del país lo decía todo. Por eso, para el imperialismo era necesaria su liquidación.
El modelo neoliberal asumió esta tarea. Destruyó todo el aparato productivo estatal, base de la economía del capitalismo de Estado, para privatizarlo y transnacionalizarlo. Los yacimientos petroleros y las minas se quedaron en manos de las transnacionales, al igual que los servicios: agua, comunicaciones, transporte; la nueva oligarquía acumulaba no solo el capital sino el odio de las inmensas masas marginadas.
Quebrado el movimiento minero, quedó la memoria histórica para hacer de los sindicatos y todo espacio de lucha social una acción de resistencia y a medida que crecían los marginados, crecía la lucha en base a un programa antineoliberal: recuperación de los recursos naturales, soberanía nacional, nueva Constitución Política, reconocimiento de los pueblos indígenas, largamente ignorados. Surgió un nuevo sujeto, los movimientos sociales.
La reforma agraria parceló la tierra y creó en el occidente el minifundio, unidad improductiva; mientras en el oriente se desarrolló una agricultura extensiva, con la garantía de un mercado cautivo en las pulperías de las minas y de todo el occidente, crecimiento que lo llevó a mercados internacionales sin preocuparse por la seguridad alimentaria del país.
La participación del pueblo en la conducción del Estado se centró en la universalización del voto que cayó en el pongueaje del MNR o la sumisión al pacto militar-campesino; finalmente se institucionalizó en el sistema de partidos como un mecanismo para votar, sin gobernar.
El proceso de cambio enfrentó estos desafíos sin lograr el plan inicial que planteó la COB hace 70 años: nacionalización de los recursos naturales y su industrialización, revolución agraria para la seguridad alimentaria y democracia directa y participativa. No ha terminado la lucha.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.