En pocos días más se celebrará el Día del Trabajo, y como todos los años en esa oportunidad se anunciarán por parte del Gobierno medidas a favor de los trabajadores, previamente acordadas con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB).
Entre medio de una gran diversidad de aspectos que contiene el pliego de la COB, la cuestión más controvertida es comprensiblemente la que se refiere al aumento general de salarios. Y eso es así porque existen muy diversas situaciones, perspectivas y aspiraciones en la escena laboral. Como se sabe, la COB ha planteado un aumento de 7% al salario básico y 10% al mínimo nacional. Tales incrementos han sido inmediatamente desahuciados por los dirigentes del sector empresarial privado, con el argumento de que pocos sectores económicos ya han recuperado los niveles de actividad de 2019, en tanto que la mayoría no se ha recuperado todavía de los impactos causados por la pandemia del COVID-19 y sus diversas secuelas. Por consiguiente, se arguye que un aumento salarial obligatorio traería aparejado el cierre de cientos de empresas, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Si esto fuera así, el siguiente episodio consistiría en la dictación de resoluciones ministeriales que prohíban el retiro de trabajadores y en su eventualidad, la obligatoriedad de su recontratación.
El escenario descrito no es ciertamente racional ni contribuye a la paz social que se requiere establecer con urgencia en el país. A tales efectos, el conflicto podría fácilmente evitarse mediante procedimientos de diálogo y concertación al menos entre los actores que tienen representación legítima para hacer conocer su situación y sus posibilidades. Obviamente esto no vale para el enorme sector informal, que tampoco es ni mucho menos homogéneo, aunque se necesitan políticas efectivas para su paulatina formalización, a partir de un mejor conocimiento de los indicadores que caracterizan la situación de los trabajadores informales.
Por el lado de las cifras que sustentan las demandas del incremento salarial, la única que se ha aplicado en los años pasados ha sido la tasa anual de inflación. Se trata ciertamente de un indicador que expresa la dimensión de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que es justo y necesario reponer.
Se puede admitir en consecuencia que la inflación es un punto de partida para examinar el incremento salarial, pero en modo alguno es el único indicador a considerar. Por principio de cuentas, debe tomarse en cuenta la enorme heterogeneidad de los sectores de actividad económica, que ostentan una gran disparidad en su desempeño debido a sus características estructurales, el daño desigual sufrido por la pandemia y la desigualdad de sus condiciones de exposición a la competencia externa o, en su caso, de beneficiarse de los aumentos de precios de los productos de exportación.
La situación del mercado laboral es una información importante en el tema que nos ocupa, puesto que las condiciones de la desocupación también son muy diversas por regiones, sectores e industrias. Por último, el indicador que nunca se toma en cuenta en el país es el que se refiere a las tendencias de la productividad. Difícilmente se lograrán aumentos sistemáticos de productividad si es que el esquema de precios relativos favorece a las importaciones legales y al contrabando, y castiga a la producción nacional y las exportaciones, excepto aquellas que son inelásticas a la oscilación de los precios internacionales.
Sin menoscabo de la responsabilidad de las autoridades en la gestión de las políticas públicas, en el ámbito laboral resulta imprescindible introducir un cambio relevante, que está incluido en los convenios de la OIT que ha ratificado Bolivia, y que consiste en la instrumentación del diálogo social y la concertación tripartita de las políticas laborales.
Horst Grebe es economista.