Con la Constitución de 2009, la otrora Corte Nacional Electoral pasó a ser Tribunal Supremo Electoral (TSE) y éste, junto con los tribunales electorales departamentales, pasó a constituirse en el cuarto poder del Estado Plurinacional. Desde entonces, habiéndose designado vocales nacionales en tres ocasiones, ninguna y ningún vocal nacional ha concluido su mandato. Es decir que no hubo ninguna autoridad nacional que haya ocupado su cargo desde el día 1 de su nombramiento hasta seis años después, como establece la norma. Todos y todas finalizaron el ejercicio de sus cargos por renuncia personal, renuncia “colectiva” o persecución. En la última semana se ha conocido que una más de las vocales designadas durante la crisis política de 2019 ha renunciado a su mandato.
El dato es no solo complejo, sino también elocuente. No faltará quien equipare el mismo al tiempo de gobierno del MAS, un impulso común desde la oposición sin importar de cuál Sala Plena se está hablando. No obstante, queda el registro de que la renuncia colectiva (de 2015) y la persecución contra vocales (nacionales y departamentales, de 2019) fueron situaciones producidas o apoyadas por la oposición ante actuaciones personales de algunos/as vocales o decisiones colegiadas de la Sala Plena nacional. En el otro lado, si bien algunas de las renuncias individuales tuvieron lugar por razones personales, otras varias estuvieron ligadas a condiciones (dentro y/o fuera de la Sala Plena) que imposibilitaban dar continuidad a mandatos establecidos, esto quedó inscrito en algunas de las notas de renuncia. Este panorama, en su generalidad, permite entender de alguna manera que quienes han ejercido esos cargos se han visto continuamente asediados por las facciones políticas que pugnan intereses, muchas de las veces este asedio iniciado incluso durante el periodo de designaciones para estos cargos.
Aunque es verdad que el accionar individual de algunos fue fulminante, en su momento, para la credibilidad del ente colegiado (sobre todo en la primera Sala Plena designada tras la puesta en vigencia de la CPE) lo cierto es que, a la postre, fueron más la cantidad de valiosas y valiosos profesionales que han tenido que dar un paso al costado a su mandato por encontrar sus funciones inviabilizadas por diversas razones, todas de alguna manera relacionadas con el devenir de la política que, desde oficialismo y oposición, no han generado las suficientes condiciones para brindar estabilidad a este poder estatal. Aunque esto suena inquietante, más aún lo es imaginar que mientras esto pasaba, la imagen del OEP (que varias de estas personas trataron de recuperar mediante acciones concretas que fueron mejorando nuestra democracia) ha continuado en declive, un resultado que no se comprende si no es dentro de las perversas lógicas mediante las cuales, en la actualidad, se defenestra o legitima personas e instituciones.
Lo que le toca a la actual Sala Plena es continuar trabajando en urgentes e importantes tareas en aras de procurar el fortalecimiento democrático de nuestro tejido social, pero es cierto que ya se avizoran escenarios riesgosos para la institucionalidad electoral: se los ve venir porque se vivieron anteriormente y ya se los está generando. Si el plan es presionar al TSE desde un lado, y deslegitimarlo, desde el otro, quienes perderemos seremos los y las bolivianas que necesitamos una institución en pleno, silencioso y legitimado trabajo que ofrezca certidumbre ante el proceso de adecuación de los partidos respecto a la norma, la reasignación de escaños tras los resultados del Censo y el reforzamiento de la legitimidad del padrón electoral; todo esto como tareas mínimas de cara a garantizar un tránsito democrático a un nuevo gobierno electo en 2025.
Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.