Mayo se ha convertido en el mes de pronósticos, es normal escuchar año tras año por parte de los empresarios y algunos analistas económicos que los incrementos salariales generan aumento de precios (inflación) y desempleo.

En el tema de precios debemos estar tranquilos porque el Gobierno siempre está velando por la estabilidad de la canasta familiar, como ejemplo puedo citar la reciente promulgación del Decreto 4702, que libera el arancel aduanero para importar agroquímicos y tiene un impacto beneficioso para las familias por el precio de los alimentos. También tenemos a entidades públicas que velan por la estabilidad de precios, tal es el caso del Banco Central de Bolivia, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y la nueva Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria.

En cuanto al desempleo, vincularlo solo con el incremento salarial es un análisis parcial, la peor experiencia la vivimos a finales de 2019 por las convulsiones políticas y en 2020, por los efectos de la pandemia y las desacertadas medidas económicas que generaron una ola de despidos que no solo afectó al sector privado, sino que también tuvo su alcance en el público.

En 2020, en el sector público se realizó la reducción del gasto corriente cuando se aprobó el “Programa nacional de reactivación del empleo” mediante el Decreto 4272; aunque el título dice reactivación, con sus artículos 82 y 83 se realizó lo contrario, toda vez que las instituciones del nivel central bajaron en 15% los saldos presupuestarios no ejecutados, en el tema salarial redujeron todas las acefalías que tenían de tres meses, y también en 20% los recursos destinados para la contratación de personal eventual y consultores individuales de línea.

Si bien existió esta reducción de gastos, no fue reasignada para otro fin, pues el panorama era preocupante porque la recaudación tributaria nacional sin IDH, ni el IEHD, disminuyó drásticamente: en 2020 se recaudó Bs 34.476 millones, inferior en 20% respecto a 2019, cuando se registró Bs 46.653 millones. Es más, en julio de 2020 la tasa de desempleo llegó a registrar un incremento de 11,6%, la más alta después de muchos años.

Mientras tanto, en 2021 se aprobó en el tema salarial un Presupuesto General del Estado con un recorte de hasta 30% del personal administrativo, en el marco de una política de austeridad, y también se aprobó el aumento de 2% al salario mínimo nacional (Bs 2.164), sin afectar la estabilidad macroeconómica del país. Cabe señalar que con las medidas citadas y muchas otras políticas de reactivación económica que priorizaban la inversión pública, en octubre de 2021 el desempleo bajó a 5,2%. En este contexto, los discursos de desempleo masivo y alza de precios a raíz del aumento del salario mínimo y el haber básico quedan superficiales, porque hablar de desempleo y precios implica evaluar diversas medidas que inciden en las principales variables macroeconómicas.

Hoy estamos viviendo una nueva etapa en la que debemos replantear el análisis del incremento salarial acorde con la realidad, no solo ver desde el lado del desempleo y precios, sino desde el punto de vista del trato laboral que nos merecemos. La metodología aplicada en Bolivia para el aumento salarial responde a la reposición del poder adquisitivo del año anterior, mientras que en países como Costa Rica, el salario se define de acuerdo con la ocupación, en Salvador y Guatemala según la actividad económica, en Honduras según la rama de actividad económica y al tamaño de la empresa, considerando el número de trabajadores y en Panamá, por hora, según la región, actividad económica, ocupación y tamaño de las empresas.

Con la modernización de las ventas por internet se ha generado un nuevo sector laboral, el de los freelancers, que es aprovechado por las empresas. Con esta modalidad no se amerita establecer un contrato laboral que implique la incorporación en planillas porque no implica un trabajo de ocho horas y además no existe un marco legal. En este nuevo sector está la mayoría de los jóvenes y adultos apasionados por las redes sociales que trabajan vendiendo productos o servicios “por comisión”, según porcentajes que definan las empresas. Urge una COB moderna y analistas que también se preocupen por el trato laboral.

Por último, ¡feliz día del trabajador! Merecemos un trato digno.

Silvia Huanca Calle es economista.