Voces

sábado 14 may 2022 | Actualizado a 02:05

Bajas laborales por menstruaciones dolorosas

/ 14 de mayo de 2022 / 02:04

Si los hombres tuviéramos la regla esa baja hubiera llegado hace décadas. Ese es el problema. Literalmente versaba así un tuit el jueves pasado de Íñigo Errejón. No es la opinión de alguien que suele pasar desapercibido, es la de uno de los políticos españoles con mayor reconocimiento internacional por su nivel de ilustración y por su inteligente elocuencia. Sin tornasoles ni matices, sentó una posición clara respecto de una de las medidas más interesantes que a este día ha alcanzado un acuerdo positivo, liderado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos, en el gobierno de Pedro Sánchez.

La discusión se dio en el marco del proyecto de Ley de Aborto escrito por el Ministerio de Igualdad. Obviamente las reacciones abarcaron todas las posiciones políticas en lo que respecta a ampliación de derechos, incluso al interior del gobierno. De hecho, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, del Partido Socialista, se mostró más de una vez públicamente reacio a otorgar permisos laborales a las mujeres por menstruaciones dolorosas, arguyendo variopintos discursos, desde la subjetividad del dolor hasta el efecto discriminador sobre las mujeres, que a su decir provocaría esta medida. Al frente del debate, junto a Montero se encontraba entre otras, Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, quien con una precisión indiscutible elevó la discusión filosófica que algunos pretendían en torno al tema, afirmando que desde ningún punto de vista el derecho laboral puede ser neutro al género.

Finalmente, el proyecto determina que el Estado español, por medio de la seguridad social, se hará cargo de los costes que significan las bajas médicas para mujeres por dolores menstruales. Y por si fuera poco, la ley no prevé un límite de jornadas de baja, pues ésta debe estar determinada por las condiciones particulares de cada mujer. Hoy esta propuesta posiciona a España como el primer país de la Unión Europea que avanza en la materia con tanta contundencia. Mientras, en países como Alemania existe la posibilidad de baja por menstruación, mediada por el criterio médico.

En este lado del mundo, al otro lado del océano, el diputado argentino Lucas Godoy, apoyado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de ese país, presentó el año pasado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados en torno a esta necesidad. En este caso, la propuesta estaba dirigida para estudiantes y buscaba un día mensual de baja permitida. El objetivo era garantizar las condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia de las mujeres en los establecimientos educativos.

Todavía en Bolivia, lamentablemente, no se ha discutido ni someramente el tema. Sin embargo, queda claro que el Estado a través de estas acciones tiene la plena capacidad performativa de cambiar el esquema laboral inequitativo en el que se rige la población, inequitativo enfáticamente con las mujeres. Es preciso insistir en que el Año de la Despatriarcalización decretado por el Gobierno pueda anotar en sus logros más acciones puntuales como ésta.

Por todo esto la claridad del tuit de Errejón es una joya. Claro que la política feminista requiere de posiciones públicas contundentes que no vengan solo de las feministas, que no vengan incluso solo de las mujeres. Mientras más hombres sean capaces de ver hacia el futuro, mirando de frente los privilegios de género que la sociedad les confiere, más posibilidades habrá de fortalecer los derechos; o en términos más sencillos, más cerca estaremos de mejorar el mundo.

Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter: @ValeQinaya

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Despatriarcalizar el Censo

/ 16 de abril de 2022 / 00:36

Los gobiernos necesitan obtener y actualizar datos socioeconómicos de la totalidad de sus habitantes para diseñar o modificar políticas públicas, para eso son los censos. Sin embargo, este ejercicio estadístico estatal es un campo de disputa en tanto contenedor de “números fríos” que expresan la realidad de un país. Por supuesto, la realidad de las mujeres y hombres que habitan el país.

Al país le urge esto porque el Censo mostró tal cosa. En el país se malgasta en esto porque el censo evidenció que no es necesaria tal cosa. Es imprescindible que el Gobierno apunte a esto porque los números del Censo son claros. Muchos etcéteras similares van y vienen luego de conocidos los números oficiales. Es una consecuencia lógica y esperada.

Los censos poblacionales y de vivienda en cuanto al sentido común tienen doble carácter: son performativos y son receptores de condiciones sociales existentes. De hecho, después del Censo 2002, ciertamente el debate político público cambió para dolor de cabeza de los conservadores. El 62% de la población que se autoidentificó con los pueblos indígenas significó una constatación de lo que se venía gritando desde las periferias, lo cual básicamente se puede resumir en que la Bolivia a la que representaban los políticos poderosos y trasnochados no existía, excepto en sus clubes sociales.

De ahí que hoy los políticos retrógrados insistan en incorporar la categoría “mestizo” al Censo, con el objetivo de subestimar la plurinacionalidad, objetivo que, dicho sea de paso, está completamente determinado por el racismo y por pretensiones de blanquitud, propias de la estructura patriarcal. Pareciera que aquellos desconocen que inclusive la CEPAL recomienda prescindir de esta categoría por ser poco específica y ambigua y, de hecho, recomienda específicamente registrar la pertenencia (en sentido ampliado) a pueblos indígenas. Sí, otra vez trasnoche conservador.

Sin embargo, llama la atención que ese sea el único debate público promovido por los políticos y patrocinado por los medios de comunicación hegemónicos. El contexto actual demanda una planificación estatal con nuevas perspectivas capaces de encarar la(s) pandemia(s), la virtualidad y por último — aunque no menos importante— las violencias machistas. Al respecto cabe apuntar que hace varios años que ha quedado clara la urgencia de conocer objetivamente los números devenidos de la economía del cuidado. ¿Cuándo será la conferencia de prensa en la que los voceros de los partidos presenten su interés en el tema?

El enfoque de género en el Censo de población es imprescindible. Hoy más que nunca el país requiere diseñar más y mejores políticas públicas que apunten a reducir las inequidades entre hombres y mujeres. Los hombres en 2022 tienen mayores accesos a los recursos, al bienestar y a la autonomía y esto debe ser reconocido en cifras oficiales, como recomienda la CEPAL, pero desde una perspectiva despatriarcalizadora, es decir, con el objetivo de visibilizar la brecha y no de maquillarla. Cambiar la categoría patriarcal de “jefe de hogar” por “jefatura compartida” o “persona de referencia” puede visibilizar una importante realidad encubierta.

El Censo de 2022 es una gran oportunidad para el año de la despatriarcalización determinado por el Gobierno nacional. Es plenamente posible llevar a cabo un censo que evite sesgos sexistas, tanto en la elaboración de preguntas, en las respuestas, en las capacitaciones a las personas encuestadoras para el abordaje de las preguntas y, por supuesto, en la política de difusión que se plantee para preparar a la gente. Las sociedades cambian y los Estados están en la obligación de garantizar derechos de manera progresiva en función de los cambios.

No es necesario ir muy lejos, el vecino país de Argentina ha aprobado la incorporación de la categoría “identidad de género” para su Censo del año en curso. Este es el primer censo después de la promulgación de la Ley de Identidad de Género en ese país y, lógicamente, la incorporación de la categoría corresponde, justo igual que en Bolivia.

No hay dónde perderse, el Censo poblacional y de vivienda es un espacio de disputa, no está mal. Mas se espera que la disputa abarque más de lo nuevo y menos de los debates ya visitados y, de hecho, ya superados.

Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter: @ValeQinaya.

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Más allá del horario: semana laboral de cuatro días

/ 2 de abril de 2022 / 02:48

El tiempo de calidad con la familia es una necesidad urgente, más hoy en día que el dominio de la virtualidad sobre lo cotidiano va en ascenso velozmente. Los altos índices de violencia, la peligrosidad de las redes sociales y los problemas con la salud mental demandan una sociedad más respetuosa y atenta en la crianza. Pero ¿cómo es eso posible si el modelo global de reproducción de la vida es incompatible con la crianza? Está claro que las políticas públicas tienen capacidad performativa en este ámbito, por ejemplo, con el diseño de los horarios para las jornadas laborales.

Las condiciones generadas por la pandemia han dado lugar a la instalación del horario laboral continuo, con duración de ocho horas. El Ministerio de Trabajo ha dispuesto la instrucción tanto para el sector público como para el privado. Pero dicha disposición parece haber llegado a su fin. Los partidarios del horario discontinuo han argumentado que con el retorno a la escolaridad presencial en las unidades educativas primarias y secundarias, esta medida debe darse casi de forma natural. El razonamiento responde a la necesidad que tienen las madres y los padres de recoger a sus hijos de las escuelas para poder almorzar con ellos, es decir, en familia.

El horario discontinuo que opera en Bolivia se acomoda, generalmente, dividiendo la jornada de ocho horas en dos partes cada una de cuatro, con un receso para almuerzo de dos horas. Este esquema funciona correctamente en territorios pequeños y/o sin problemas de tráfico vial, por ejemplo, en ciudades como Tarija o Trinidad. Sin embargo, el hecho de que funcione no necesariamente equivale a que sea la mejor opción. En metrópolis como la sede de gobierno, claramente dos horas no son suficientes para cumplir con el objetivo de llegar a recoger niños, almorzar y volver a trabajar.

Pero además existen otras variables a ser consideradas en esta valoración. El alto tráfico vehicular que está íntimamente relacionado con la contaminación ambiental es un factor que ha influido en varias ciudades a la hora de optar por jornadas laborales continuas. De otro lado, la erogación de gasto que significa la movilización de los trabajadores cuatro veces es, obviamente, menos conveniente para las economías familiares que la movilización de ida y vuelta.

Las bondades del horario continuo, entonces, saltan a la vista fácilmente. Poder disponer de horas día para el tiempo de calidad en la crianza, sin lugar a dudas, es una de las mejores inversiones. No debiera ser necesario recordar que las obligaciones para con los menores no son únicamente materiales. Inclusive si las o los trabajadores no son responsables de la crianza de algún menor, tener la potestad de administrar unas cuantas horas al día en función del ocio, el deporte, la cultura o la recreación puede hacer la diferencia para lograr el bienestar. Pero, claramente las bondades de este esquema se desvanecen absolutamente cuando se pasa del horario continuo al “continuado”.

La reproducción de la vida requiere de mucho más que seres autómatas que vivan solo para gastar sus días en sus fuentes laborales. Hoy en día la denominada flexibilidad en los horarios laborales está logrando conciliar de mejor manera la vida laboral con la vida familiar en países como España. De hecho, la semana laboral de cuatro días y 32 horas semanales ya es una realidad en países como Islandia que luego de un plan piloto exitoso entre 2015 y 2019, optó por caminar hacia la generalización de esa política para la función pública. En la esfera privada, Microsoft en Japón determinó ese mismo esquema para sus empleados y la empresa arguye que con éste su productividad creció en hasta un 40% y aumentaron las ventas, a la vez que redujeron los gastos de electricidad y de tinta y papel, entre otros.

Ha pasado alrededor de un siglo desde que la semana laboral se redujo a cinco de seis días y los tiempos actuales demandan una nueva transición lo antes posible. Probablemente no faltarán los escépticos en este debate que sostengan que el movimiento económico depende de la gente asistiendo a sus espacios laborales más días y más horas, tanto error. El médico y político Paul Lafargue — esposo de Laura Marx y yerno de Karl— ya en 1880 escribió El derecho a la pereza, un ensayo magistral debatiendo tópicos similares a éstos.

Bolivia atraviesa un tiempo de grandes avances en lo que se refiere a la ampliación de derechos. No es una locura pensar que pronto pueda instalarse algún programa piloto en el que la semana laboral sea de cuatro días y 32 horas. A la región le vendría muy bien que este país dé las bases de un nuevo paradigma en este ámbito que tanto bien le haría a la vida cotidiana de las y los habitantes.

Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter: @ValeQinaya

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Un alcalde para Colón, no para La Paz

/ 19 de marzo de 2022 / 01:25

En Virginia, un grupo de manifestantes organizados en repudio al asesinato de George Floyd en manos de la policía, derribó un monumento a Cristóbal Colón; fue en junio de 2020. El destino de la figura fue un lago al que fue arrojado luego de ser arrastrado envuelto en una manta. Simultáneamente, similares hechos sucedieron en Massachusetts, Minnesota, Florida y otras ciudades estadounidenses como denuncia del asesinato racista. El mecanismo de protesta contra el racismo y la colonialidad llegó más allá de las fronteras norteamericanas, pues en esos mismos días, Barcelona fue sede de una protesta similar.

Un año después, en Barranquilla, Colombia, otro grupo de manifestantes decapitaron el monumento de Cristóbal Colón en su ciudad, en el marco de un descontento generalizado por las acciones del gobierno de ese país. El 12 de octubre de ese mismo año en la capital guatemalteca, varios manifestantes intervinieron el monumento a Colón bajo la consigna de “nada que celebrar”.

Cristóbal Colón es el personaje más simbólico de la colonización de América. De hecho, popularmente se considera que la palabra colonia tiene origen en el apellido del explorador italiano, aunque etimológicamente la relación no sea correcta. Pero desde 1992, a 500 años de la llegada del navegante italiano a “territorio de indios”, es decir a este continente, no han cesado las muestras de rechazo a la violencia de la colonización. Se ha erigido una serie de movimientos culturales, académicos y políticos bajo el objetivo decolonial. Está claro que el saldo de la colonización es desfavorable para este lado del mundo. Aún habita en la memoria la sangre derramada en las cruzadas, la represión en la cristianización, el saqueo de los minerales con trabajo esclavo o de pongueaje y muchos otros etcéteras.

Con lo anterior resulta lógico que de cuando en cuando se intervengan monumentos erigidos a la colonia. De hecho, como ya se decía, La Paz no es el único lugar del mundo en el que se haya concretado una intervención contra la figura de Colón. De hecho, la intervención del 2 de agosto de 2021 no fue la primera vez en la ciudad de La Paz. De hecho, el monumento a Colón no es el único que ha sido intervenido en denuncia; por ejemplo, el 12 de octubre de 2020, el monumento a Isabel La Católica, principal sponsor de las exploraciones de Colón, fue brillantemente intervenida convirtiéndose en el monumento a la “chola globalizada”, pues pasó de ser una típica figura de la reina a vestir una pollera, llevar manta de chola y cargar un aguayo como equipaje.

Aquella movida y la del muchacho que vistió poncho y ch’ullo para intervenir el monumento a Colón el año pasado tienen altos niveles conceptuales, artísticos y políticos en torno a la reivindicación, a la denuncia y a la propuesta decolonial. Por eso, entre otras cosas, es un absurdo que las autoridades municipales lleven a este joven a un proceso penal bajo el argumento de daño al ornato público y al patrimonio. Y es aún más absurdo que la administración de justicia sostenga el proceso.

¿Cuánto patrimonio está siendo ahora mismo descuidado por la alcaldía de Iván Arias? ¿Cuántos bienes patrimoniales están siendo destruidos con autorización institucional del Alcalde? ¿Cuánto tiempo más estará ausente la política de conservación del patrimonio en la sede de gobierno? Y finalmente ¿cuándo llegarán al presente las autoridades municipales que siguen concibiendo el mundo, la ciudad y los bienes patrimoniales bajo criterios anacrónicos?

Imaginar el cuadro de los jurídicos de la Alcaldía paceña persiguiendo a un joven manifestante cual si fuera un delincuente, cuando verdaderos delincuentes incluso reciben salarios de su institución, resulta muy vergonzoso.

Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter: @ValeQinaya

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Política presa, no presa política

/ 19 de febrero de 2022 / 03:10

Uno de los mayores expertos en derechos humanos de este tiempo es el brasileño Paulo Abrâo, quien ocupó hasta agosto de 2021 la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Con un doctorado en Derecho, varias cátedras en diferentes países y una amplia trayectoria, Abrâo es hoy un referente internacional indiscutible. En noviembre de 2019 él lideró la misión de la CIDH que atendió las diversas denuncias de vulneración de derechos humanos. Lejos de las apetencias del gobierno de facto recién instalado en aquel entonces, el informe de dicha misión determinó graves vulneraciones a los derechos humanos y ratificó que el gobierno de Áñez, en coordinación con grupos paramilitares, fue el responsable de asesinatos, actos racistas y humillantes, ejecuciones extrajudiciales, etc. En síntesis, el informe refiere a las masacres de las que, en términos institucionales, es responsable Jeanine Áñez.

Áñez asumió de facto la jefatura del Estado, cartera con la que es la principal responsable de los crímenes durante su gestión. Pero, además, hacerse del poder por una vía no democrática en pleno siglo XXI en la mayoría de las sociedades mundiales no es un acto legal. Creer que hacerlo no vaya a tener consecuencias judiciales es un absurdo, inclusive si los medios de comunicación hegemónicos generan relatos paraestatales. Hacerse de la administración pública, es decir del Gobierno, sin contar con el respaldo popular no es un deporte extremo al que una persona pueda lanzarse solo porque hay quienes por detrás le echan porras. Una senadora y exasambleísta debiera saberlo a la perfección; y no es un pretexto válido el hecho de que Jeanine Áñez haya sido una política sin relevancia y de la periferia conservadora.

Por supuesto que Áñez no es la única responsable de la devastación que sufrió Bolivia, su gente y su institucionalidad. El pretender descargar la justicia solo con procesos hacia ella sería un error histórico por parte de los actuales querellantes. Y a pesar de la necesidad de ampliar la lista de los enjuiciados por el sangriento 2019, —a saber, Carlos Mesa, Fernando Camacho, Tuto Quiroga— no debe relativizarse la responsabilidad de quien se autoproclamó presidenta en una Asamblea Legislativa vacía para después firmar, por ejemplo, un decreto que otorgara carta libre a las Fuerzas Armadas para operar en contra de la gente; más que carta libre, bala libre para matar.

Aún están frescas en la memoria colectiva las hazañas de Jeanine Áñez durante su gobierno de facto. Es difícil olvidar las fiestas familiares auspiciadas por el erario público. Pocos son los que no han visto en redes sociales a los hijos de Áñez y sus amigos derrochando los bienes públicos, por ejemplo, usando el avión presidencial como vehículo privado. Muchas personas conocen a la perfección los salarios que se pagaban para peinadoras, manicuristas y diseñadoras de moda para gestionar la vida cotidiana de Áñez y sus hijos. Fueron incontables los vecinos, compadres y demás advenedizos benianos que se enriquecieron durante el gobierno de facto y se beneficiaron de cargos públicos para los cuales, evidentemente, no estaban preparados. Pensar que todo eso se puede hacer sin que haya consecuencias es ilógico.

Ojalá la familia de Jeanine Áñez no tuviera que pasar por verla presa, ojalá que Áñez nunca hubiera sido Presidenta de facto, ojalá las vidas que ella arrebató pudieran seguir su curso, ojalá que nunca se hubiera roto el orden constitucional en Bolivia. Todo acto tiene su consecuencia.

Hace pocos días, luego de la alta atención mediática que recibió el juicio a Jeanine Áñez, Paulo Abrâo tuiteó: “No es una presa política, es una política presa”. No se debe aceptar que el juzgamiento de los actos ilegales de los políticos siempre puede disfrazarse de persecución política. La bala libre no puede quedar en la impunidad.

Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter: @ValeQinaya.

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¡A dormir con su agresor!

/ 5 de febrero de 2022 / 01:55

Sin derecho a indulto significa, en términos sencillos, sin perdón. Las leyes bolivianas establecen que la condena por feminicidio es de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Richard Choque, feminicida y violador serial, fue liberado del penal y fue favorecido con la detención domiciliaria. Asesinó a varias mujeres y uno de esos asesinatos derivó en Sentencia Ejecutoriada con 30 años de prisión, sin derecho a indulto. Es intencional la reiteración de “sin derecho a indulto”. Pues bien, bajo el favor de contubernios de consorcios de jueces, fiscales y abogados corruptos Choque salió de prisión para vivir en su casa, donde claramente tenía todas las condiciones para seguir arrebatando vidas.

Esta historia escalofriante se convirtió en el epicentro de un movimiento sísmico en la sociedad, caracterizado principalmente por la indignación y la rabia de las mujeres. No se trata pues, de una historia nova, la cual indigna por la impronta de lo nunca antes visto. De hecho, este procedimiento corrupto se ha convertido casi en el modus operandi de rigor que aplican los consorcios de jueces, fiscales y abogados — plus policía— para liberar feminicidas.

En Bolivia el sistema judicial, el sistema penitenciario y la criminalística no han sido capaces de llegar al presente y no terminan de acomodarse a la figura de Feminicidio. Si bien el andamiaje legal erigido para combatir y eliminar las violencias machistas es de última generación y, de hecho, es feminista, no alcanza para modificar la realidad excepto en casos muy puntuales. En esta materia, las disposiciones mandadas por ley no se cumplen por los operadores de la justicia.

Puntualicemos brevemente. La Policía y los funcionarios municipales no han aprendido a tomar denuncias de mujeres víctimas de violencias machistas. Siguen revictimizando, intimidando y hasta responsabilizando a las propias mujeres denunciantes cuando éstas se hacen presentes en las comisarías o SLIMs. No sino en casos contados, han sido incapaces de imponer medidas de protección a las mujeres víctimas. Prueba de todo esto es que casi una generalidad de los feminicidas fueron denunciados anteriormente por violencia. La realidad es que las mujeres luego de ser violentadas y armarse de valor para denunciar a sus agresores, son enviadas a casa a dormir a lado de ellos mismos. Por si fuera poco, con una humillación más encima, esta vez a cargo de las instituciones públicas.

Las medidas de protección que puede —y debe— aplicar un funcionario público al recibir una denuncia son la opción de salvar la vida de la víctima. Estas medidas incluyen, por ejemplo: 1) la salida o desocupación del domicilio donde habita la víctima, independientemente de la titularidad del inmueble. 2) disponer y fijar provisionalmente la asistencia familiar. 3) prohibir el tránsito del agresor por los lugares de recorrido frecuente de la víctima y 4) disponer y fijar provisionalmente la guarda de niñas y niños. La realidad es que casi nadie conoce las posibilidades que brinda la norma y, por otro lado, fruto del sistema patriarcal y del machismo, muchos funcionarios se oponen a la aplicación de las medidas de protección, aun conociendo sus bondades.

Hay más. Los juzgados especializados para atender denuncias por violencia siguen siendo carteras que atienden a la vez la lucha contra la corrupción, es decir, no hay tal especialización. Los certificados médicos forenses siguen siendo casi inalcanzables, sobre todo en las ciudades fuera del eje troncal del país y peor aún en las ciudades intermedias o el área rural. El Instituto de Investigaciones Forenses IDIF posee un limitado número de profesionales especializados quienes ni siendo los más hábiles del universo entero abastecerían para dar cobertura a la demanda. Y de todos modos, son escasos los funcionarios probos de esta institución ya que, como se ha develado en los últimos días, los consorcios corruptos también tienen ahí adentro sus tentáculos operando.

El feminicidio es la parte más intensa de la cadena de violencias machistas. Antes de ser asesinadas, las mujeres víctimas generalmente han sufrido otro tipo de violencia por parte de su agresor. No son frases hechas, es una triste realidad: las mujeres víctimas de feminicidio pudieron haber sido protegidas por el Estado, pero el sistema judicial y la criminalística de Bolivia no están preparados para hacerlo. Y como el drama y el dolor no terminan con el feminicidio, el calvario de las familias de las víctimas está igualmente lleno de obstáculos fuertemente arraigados e intensamente alimentados por jueces, fiscales, policías, abogados corruptos. Y que no se deje de decir: toda esa maquinaria está sostenida por poderes fácticos como los medios de comunicación sangrientos y carentes de ética que se alimentan de la desgracia y del dolor de las víctimas.

Es ahora, las cosas deben cambiar de una vez por todas. Así lo ha instruido el Jefe de Estado y nada menos que eso esperamos las mujeres de este país.

Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter: @ValeQinaya.

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