Una vez más debemos contar muertos y heridos a causa de la irresponsabilidad de los actos realizados en un recinto universitario, y de los cuales seguramente nadie será responsable. Una vez más, la autonomía universitaria será utilizada como coartada para no responder sobre los problemas de fondo que la terrible desgracia ocurrida en la universidad Tomas Frías develan. Una vez más seguramente seremos distraídos para que no nos detengamos a analizar lo que desde hace tiempo no queremos enfrentar: la decadente asociación mafiosa en la que ha devenido el bien intencionado co-gobierno docente-estudiantil de nuestras universidades públicas.
Escucho el relato de lo ocurrido el pasado 9 de mayo en Potosí y solo oigo una serie de excusas para evadir responsabilidades.
El rector de la universidad, Pedro López, refiere que solo “prestó” las instalaciones para una asamblea estudiantil, sin asumir ninguna responsabilidad. Si la máxima autoridad de la comunidad universitaria autoriza un evento donde 5.000 universitarios podrían estar presentes, era su deber asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad del coliseo como, por ejemplo, asegurar las vías de evacuación. Según relata Ruth Velasco en su columna del periódico El Potosí, “las casi 5.000 personas solo podían salir por una puerta de madera de no más de un metro y medio de ancho; luego, los que lograban salir debían transitar por un pasillo de no más de dos metros de ancho por cuatro de largo y luego, para salir a la calle, debían pasar por una puerta de garaje: pero, ‘aleluya’, solo estaba abierta la puerta de menor tamaño o comúnmente llamada ‘puerta de calle’ que es tan angosta o más que la anterior”. La responsabilidad sobre el cuidado y la seguridad de los estudiantes en el recinto universitario, debió ser asumida por las autoridades universitarias.
Por parte de los estudiantes, ocurre lo propio. La convocatoria a la asamblea supuestamente solo había sido redactada por el presidente del comité electoral, y muchos de los restantes integrantes no estaban conformes con esa actitud. Dicha convocatoria conminaba a la asistencia bajo amenaza de multas económicas, e incluso bajo intimidaciones de suspensión de becas y otros beneficios sociales otorgados por la FUL. Esta práctica es recurrente (y no solo en las universidades) y nadie dice nada al respecto, pues se asume como parte de nuestra tradición de “disciplina sindical”.
Estos dirigentes universitarios, y miembros del comité electoral, que ahora son presentados cual cartel de malhechores, parecen estar vinculados a uno de los personajes más oscuros de esta trama: el señor Max Mendoza, quien en sus 52 años de edad lleva cursando en la universidad 33, y ejerciendo por más de 10 como dirigente universitario. Actualmente es presidente de la Confederación Universitaria Boliviana.
El terrible hecho de la universidad Tomas Frías parece tener relación no solo con los conflictos de dirigentes en los centros de estudiantes o en las FUL, sino también en torno a personas del Presídium del XIII Congreso Nacional de Universidades que se suspendió en 2018, y debió ser reinstalado en 30 días, pero no lo hizo pese a las solicitudes de los rectores, docentes y estudiantes. Esa misma instancia decide concederle el cargo de Secretario Ejecutivo Nacional a.i. al representante estudiantil universitario Max Mendoza.
Es indudable que las 11 universidades públicas de Bolivia son fundamentales en los procesos de inclusión social; sin embargo, requieren de manera urgente grandes transformaciones institucionales. Esas universidades públicas, sostenidas con presupuestos del Estado, deben asumir con autonomía y autogobierno esos cambios, antes que la propia sociedad, por agotamiento e indignación, se los imponga desde fuera.
Lourdes Montero es cientista social.