En las últimas semanas, a raíz de la presentación del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) para 2023, en medios de comunicación se entretejieron una serie de comentarios, críticas y opiniones políticas respecto a los datos que el Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa.

Ante esta serie de opiniones vertidas por asambleístas, analistas políticos, etc., me gustaría desarrollar alguna de las temáticas debatidas: cuál es la razón por la que el presupuesto de Bolivia representa uno de los porcentajes más altos respecto al Producto Interno Bruto (PIB) comparado con otros países, lo cual implicaría un importante gasto corriente estatal y que se concentra en el pago de sueldos y salarios de un aparato estatal grande.

Se dice que es un despropósito que el PGE 2023 represente el 78% del PIB, incluso analistas señalan que éste alcanzaría al 83%, muy por encima si se compara este porcentaje con el de otros países como Estados Unidos con 30%, Chile con 25% y Paraguay, 40%. Sin embargo, para realizar esta comparación, debemos conocer las particularidades del presupuesto de Bolivia.

A diferencia de lo mencionado respecto a otros países, Bolivia incorpora en su presupuesto a todas las entidades que administran recursos públicos, es decir, órganos del Estado, entidades de control y defensa, entidades descentralizadas y de seguridad social, empresas y universidades públicas, gobiernos departamentales, municipales, entre otros, lo que impide efectuar una comparación directa con otros presupuestos.

Entonces, si al presupuesto le quitamos las instituciones que otros países no contemplan dentro de sus presupuestos, como empresas públicas, universidades y entidades territoriales autónomas, el porcentaje respecto al PIB se encuentra alrededor del 40%, cifra ahora útil para un análisis comparativo.

Un segundo aspecto también cuestionado está relacionado a la composición del presupuesto de gasto corriente, que para 2023 se proyecta con Bs 144.485 millones, lo cual implica un 59,2% del total, una cifra elevada para algunos analistas.

Pero si vamos descomponiendo este dato comprenderemos que Bs 62.799 millones se destinan a la compra de bienes y servicios, donde se concentra principalmente los gastos que YPFB realiza por la importación y comercialización de gasolina y diésel; otro componente importante es aquel vinculado a los gastos de operación de las empresas públicas.

Un tercer elemento de este análisis que forma parte de los gastos corrientes son aquellos destinados a sueldos y salarios, los cuales se cuestionan enfáticamente al señalar que la razón es porque se tiene un aparato estatal demasiado grande, aseveración que nuevamente puede refutarse si nos interiorizamos y entendemos qué es lo que implica este pago.

Para 2023, el Gobierno destinará Bs 47.253 millones a sueldos de los más de 188.000 ítems de maestros y administrativos del magisterio fiscal y de las direcciones departamentales de Educación, más de 70.000 ítems que se encuentran en los servicios departamentales de Salud, programas de salud, entidades de seguridad social y aquel personal de salud con el que cuentan las gobernaciones y municipios, y los 61.700 efectivos policiales y militares.

Solamente el gasto en sueldos de los cuatro sectores mencionados representa el 58,1%, es decir Bs 27.472 millones, entre las entidades territoriales autónomas y las universidades se suma Bs 8.302 millones, las cajas de salud con Bs 3.526 millones, las empresas públicas tienen Bs 3.177 millones y en el resto de entidades públicas se concentran Bs 4.776 millones.

Como se pudo apreciar, es sumamente importante profundizar el análisis respecto a la composición del PGE que se encuentra en tratamiento y debate en la Asamblea Legislativa, lo que permite comprender el destino de la política fiscal que el Gobierno plantea en el marco del Modelo Económico Social Productivo.

Rodolfo Perales Arce es economista.

Uno de los retos dentro las políticas públicas que tienen los países en desarrollo y sobre todo los de América Latina y el Caribe es seguir impulsando los programas y proyectos implementados con el objetivo de reducir la pobreza, distribución de ingresos y estabilidad macroeconómica.

En lo que conciernen a la reducción de la pobreza, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la tasa de pobreza de América Latina en 2013 fue de un 28,1% de la población, en tanto que la indigencia, o pobreza extrema, alcanzó el 11,7%, lo que en términos reales representa cerca de 165 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales 69 millones viven en la extrema pobreza.

En lo que corresponde a Bolivia, el panorama social mostró avances importantes a partir de 2006, aspecto que es respaldado por diferentes organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este último en una de sus publicaciones destaca los importantes avances que se tuvo en la reducción de la pobreza y en particular de la extrema pobreza, reduciéndose de manera continua desde 2000 y de manera más acelerada a partir de 2006. El organismo internacional destaca que a nivel nacional la pobreza moderada, medida a través de la línea de pobreza absoluta, se redujo de 66% a 39%, y la pobreza extrema, clasificada según la metodología utilizada por el Banco Mundial, de 40% a 38% en el periodo 2000-2005, y de 38% a 18,8% entre 2006 y 2013.

Para definir estos indicadores, en el país se adoptó la definición de las líneas de pobreza según el costo de necesidades básicas, que consiste en la construcción de canastas básicas con alimentos específicos a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares para el área urbana, y la Encuesta de Evaluación de Impacto para el área rural. Se entiende como línea de pobreza el nivel de ingreso mínimo de un país según sus costumbres, tradiciones y creencias necesario para adquirir un adecuado estándar de vida. En Bolivia, entre 2012 y 2015 esta línea osciló entre Bs 526 y Bs 551, y la línea de pobreza extrema, entre Bs 299 y Bs 314; lo que quiere decir que las personas que se encuentran por debajo de esos parámetros se consideran pobres o pobres extremos.

Es evidente que estos resultados reconocidos por organismos internacionales son un reflejo del gran desempeño económico que se registró en los últimos años, con la implementación del nuevo modelo económico social comunitario productivo, el cual, con base en el aprovechamiento de los excedentes económicos, la redistribución de los ingresos y la reducción de la desigualdad social, obtuvo logros innegables.