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lunes 27 jun 2022 | Actualizado a 14:36

La transparencia en la Subasta Electrónica

/ 18 de mayo de 2022 / 03:08

Según la Constitución Política del Estado, su artículo 232 establece que la administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

El Decreto Supremo 4453, del 14 de enero de 2021, crea la Subasta Electrónica para que las empresas y personas naturales puedan ofertar sus bienes a las entidades públicas, para convocatorias que se publiquen en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

Así es que la transparencia es uno de los principios que se llega a aplicar dentro de los procesos de contrataciones, como en esta subasta que ha tenido elementos importantes para transparentar las compras en el sector público, la lucha contra la corrupción y hacer más competitivas las contrataciones.

La mencionada plataforma ha acelerado procesos que eran tardíos en la presentación de las propuestas de los proveedores y ha trasparentado la gestión pública, además se ha podido tener una mejor participación de proveedores a nivel nacional, ya que pueden hacer la revisión y seguimiento mediante este mecanismo.

Según el Sicoes, en 2021 se publicaron 13.250 convocatorias de bienes, de las cuales 8.353 (es decir que el 62%) se efectuaron a través de la plataforma de la Subasta Electrónica y 5.167 convocatorias sin subasta, razón por la cual el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas vio la necesidad de ampliar la cobertura a Servicios Generales y en el método de evaluación se incorporaron los criterios de calidad propuesta técnica y costo, proyectando que la plataforma en la presente gestión se empleará hasta 97 % en servicios generales y 99% en las contrataciones de bienes.

Con la Subasta Electrónica se automatizan los procesos de contrataciones estatales, se hace evidente que la aplicación de mecanismos electrónicos coadyuva al fortalecimiento de la transparencia en las entidades públicas, al ahorro en gastos administrativos, a la competitividad entre proveedores, entre otros, aspectos que van de la mano con la reactivación económica y la política de austeridad.

Silvia Villalobos Usnayo es licenciada en Contabilidad y Finanzas.

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Recursos para la atención del COVID-19

/ 3 de febrero de 2022 / 02:19

Según el Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, una de las competencias concurrentes entre las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y el nivel central del Estado es la gestión del sistema de salud, es decir que la legislación corresponde a este último y las ETA ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva; por tanto, la prevención, atención y control del COVID- 19 es responsabilidad de todos los niveles del Estado.

Es así que revisada la información, con relación a la asignación de recursos a nivel nacional en el sector público para la atención de la pandemia, se puede observar que inicialmente en la gestión 2021 solo se programó Bs 1.066 millones; sin embargo, en el marco de las políticas del actual gobierno y la priorización del sector salud, se destinaron recursos para la compra de pruebas antígeno nasales, de Proteína C Reactiva (PCR), vacunas, medicamentos, abastecimiento de oxígeno, entre otros. Asimismo, se equiparon hospitales, se emitió normativa para agilizar los procesos de compra y contratación de personal, acciones que hicieron que a finales de dicho año se ejecuten Bs 4.569 millones.

En esta línea de priorización de recursos para la prevención, atención y control del COVID-19, en el Presupuesto General del Estado 2022 se programaron Bs 3.011 millones, de los cuales el nivel central del Estado tiene una representación porcentual del 71%, seguido del 22% de los Institutos de Seguridad Social, 6% de las ETA y el 1% del resto de entidades; asimismo, en esta etapa de la pandemia, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Deportes, implementó medidas basadas en tres pilares: diagnóstico temprano, coordinación a todo nivel y vacunación masiva.

Como se puede evidenciar, el Estado continúa asignando recursos al sector salud, priorizando la prevención, atención y contención del COVID–19, así como para las variantes del mismo, lo cual permite que la población pueda realizar sus actividades de manera regular, lo que coadyuva a la reconstrucción de nuestra economía. En ese entendido, es primordial que las ETA en el marco de sus competencias prioricen sus recursos y realicen un trabajo conjunto, para lograr la reconstrucción de la economía para bien de toda la población.

Silvia Villalobos Usnayo es licenciada en Contabilidad y Finanzas.

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